Es la primera vez en España que se toma la iniciativa en una institución nacional para seguir el ejemplo de otros países y abordar el escándalo
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El País (Julio Núñez-Íñigo Domínguez)/ Religión Digital (Jesús Bastante), 26 de enero de 2022
Unidas Podemos, ERC y EH Bildu presentarán este miércoles por la mañana en el Congreso una petición para la creación de una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia católica española, según confirman fuentes de Unidas Podemos. Este grupo había ya anunciado su intención de dar este paso el pasado mes de octubre, en una ronda de consultas de este periódico a los principales partidos sobre la cuestión, y era el único dispuesto a hacerlo. Desde entonces, UP ha hablado con otras fuerzas y finalmente tomará la iniciativa con las formaciones catalana y vasca para “investigarlas agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia cometidas por miembros de la Iglesia católica” y con el propósito de conseguir “información necesaria para poder planificar políticas públicas de reparación, prevención y la atención a las víctimas de esta lacra”, según aparece en el borrador de la proposición al que ha tenido acceso EL PAÍS. Según el reglamento de la Cámara, las comisiones de investigación pueden ser “sobre cualquier asunto de interés público”.
La comisión, que para ser propuesta requiere de al menos dos grupos, aún deberá ser aprobada por mayoría para hacerse realidad y, en la práctica, queda en manos del PSOE. De prosperar, sería la primera vez que una institución de alcance nacional emprendiera medidas para aclarar el escándalo de los abusos en el clero. De este modo, España rompería su inacción ante la cuestión y seguiría el ejemplo de países como Irlanda o Australia, donde el Estado asumió la investigación de los casos del pasado. Hasta ahora, solo han surgido iniciativas a nivel regional, en el Gobierno de Navarra o del Síndic de Greuges, el defensor del pueblo, en Cataluña.
“Las responsabilidades políticas son evidentes en cuanto el poder público es el último responsable de garantizar a los menores la protección plena en todos los espacios de su vida, en especial, en los centros públicos y de instituciones concertadas con la administración”, dice el documento. De aprobarse, la comisión investigará, entre otras cuestiones, el alcance del encubrimiento de dicho delitos en el seno de la Iglesia, el grado de conocimiento en organismos públicos de la existencia de estas prácticas y el número aproximado de víctimas y abusadores.
Este movimiento en el Congreso llega tras la puesta en marcha de una investigación sin precedentes en la Iglesia española, a raíz de un informe de EL PAÍS con 251 casos inéditos entregado al Papa y a la Conferencia Episcopal el pasado mes de diciembre. En todo caso, en este proceso la Iglesia española se está investigando a sí misma, sin ninguna transparencia y de forma fragmentada, no centralizada. Entre diócesis y órdenes, hay unas 70 entidades distintas que están investigando sus propios casos, cada una con sus criterios. La Iglesia española siempre se ha negado a revisar el pasado, revelar los casos que conoce y crear una comisión independiente que haga este trabajo, como han hecho los obispos de Francia o Alemania. La única contabilidad de casos existente en España es la que lleva este periódico, suma de sus investigaciones y de las sentencias e informaciones de otros medios, y asciende ya a más de 600 casos con más de 1.300 víctimas desde los años cuarenta.
El grupo parlamentario Unidas Podemos fue el único del Congreso que, preguntado por este diario en octubre, se mostró a favor de instaurar una comisión de la verdad desde el propio Estado, al estilo de las instituidas hace años en países como Australia. “Por dignidad y derechos humanos esto debería contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Nuestra postura es que si la Fiscalía no inicia las investigaciones, el Estado tendría que abrir un procedimiento para las víctimas. Porque mantener y apuntalar el silencio es una merma democrática importante”, afirmó Sofía Castañón, portavoz del grupo de UP. Entonces, el resto de los principales partidos del Congreso (PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Vox y ERC) guardaron silencio. Consultados al respecto, también el Gobierno y los ministerios de Justicia, Presidencia y Derechos sociales, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo alegaron no ser competentes para abordar la cuestión.
Fuentes episcopales la califican como “un brindis al sol”, pues en caso de aprobarse, la comisión “nacería muerta” al no poder tener acceso a los archivos eclesiásticos. Hay que recordar que dichos archivos son inviolables en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado, firmados en 1979 y ahora en pleno proceso de revisión.
Comisión de investigación sobre agresiones sexuales en infancia y adolescencia cometidos por miembros de la iglesia
El objeto de la comisión será “investigar las agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia cometidas por miembros de la Iglesia católica en España”, en concreto “la existencia de redes y estructuras” de encubrimiento, “el grado de conocimiento” de estas prácticas por parte de los organismos públicas, “el número de víctimas y victimarios” y “todos los elementos necesarios para planificar políticas públicas de reparación, prevención y atención a las víctimas”
En virtud de la ‘Ley Rhodes’ se reclama “tener la información necesaria para poder planificar política publica de reparación, prevención y la atención a las víctimas de esta lacra, a la qvez que el poder público opera como garante y catalizador de una investigación política de los hechos que, en España, no se ha llevado a cabo hasta ahora”.
Citando los resultados del ‘informe Sauvé ‘ en Francia, la propuesta incide que “España necesita, también, dar un paso más en la investigación de una situación análogo a la de Francia, y que puede destapar unas cifras alarmantes de víctimas y victimarios, a la par que la necesidad urgente de políticas de prevención y reparación asociadas”.
“Es necesaria una interlocución con los representantes de las congregaciones religiosas, que deben aportar información sobre los procedimientos y actuaciones internas” así como una reparación, que “incluye facilitar a las víctimas un espacio donde puedan expresar su experiencia con libertad y una vía par solicitar una reparación por parte de la Iglesia católica, que debe por su parte reconocer los hechos y sus efectos”. Además, “la reparación incluye también asumir la responsabilidad institucional”.
La actuación de la comisión, caso de aprobarse, será de seis meses, e incluiría la comparencia de responsables eclesiásticos, posibles abusadores y víctimas, así como la documentación pertinente.
Los precedentes de Australia e Irlanda
Muchos países han ensayado distintas fórmulas para conocer la magnitud del fenómeno de la pederastia en la Iglesia católica. Australia es uno de los ejemplos de referencia. Por petición de la primera ministra Julia Gilliard, el gobernador general de la Commonwealth de Australia creó en 2013 una comisión real. En 2017, presentó un informe donde señaló casi 5.000 casos cometidos por 1.800 clérigos. El Gobierno destinó 40 millones de dólares (unos 34,5 millones de euros) y la Iglesia se comprometió a reparar a las víctimas con indemnizaciones de hasta 150.000 dólares australianos (algo más de 94.000 euros).
En Irlanda, uno de los primeros Estados en actuar, el Gobierno formó una comisión en 1999. En total, más de 1.300 sacerdotes irlandeses han sido acusados de abusos de menores. En Alemania, el Gobierno puso en marcha en 2010 una comisión independiente para apoyar a las víctimas de pederastia de cualquier institución, recopilar información y dialogar con los políticos sobre posibles reformas. En Bélgica, el Parlamento creó la Comisión para el Tratamiento de las Quejas por Abusos Sexuales en la Relación Pastoral de Bélgica, un ente independiente fundado en 2001 y presidido por el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens, que recopiló los casos de 475 víctimas de pederastia desde 1960, de las que 13 acabaron suicidándose. Durante la investigación, las autoridades belgas realizaron un registro en la sede episcopal de Malinas (Amberes) para confiscar archivos relevantes para la investigación, aunque al poco tiempo un tribunal belga lo declaró ilegal.
En Estados Unidos, en cambio, fue la Universidad de Justicia Criminal John Jay de Nueva York la que abrió una investigación en 2004 que concluyó que, entre 1950 y 2002, al menos 4.392 clérigos habían abusado de más de 10.600 personas. Más de una década después, en agosto de 2018, un informe de un gran jurado de Pensilvania reveló que 300 sacerdotes abusaron de unos 10.000 niños en las últimas siete décadas. El fiscal general del Estado, Josh Shapiro, concluyó que hubo “un encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”.
