Es necesario que se denuncie de una vez el Concordato con la Santa Sede y que se someta a la iglesia católica al mismo régimen fiscal y social que a las demás confesiones con una ley moderna y democrática

CTXT-Editorial, 31 de octubre de 2023
Era un secreto a voces. Era un escándalo en diferido. Sólo a la intercesión divina se podía atribuir que en los más destacados baluartes del catolicismo como Francia o Irlanda salieran a la luz escándalos de pederastia y abusos a menores, en cuantías dramáticas, mientras en la muy católica España no había sino un grupo simbólico de víctimas. ¿Milagro? No. Una gigantesca labor de obstrucción, ocultación y connivencia criminal de quienes tenían que disciplinar a los sacerdotes en el seno de la iglesia, y también de quienes tenían que disciplinar a la iglesia, como a cualquier otra institución, desde el poder civil.

1º los informes periodísticos de El País; luego los casos aflorados en la fiscalía, y finalmente el trabajo de la comisión de la Defensoría del Pueblo han acabado con el olor a agua bendita y han sacado a la luz la sucia realidad. El 27 de octubre, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dio en el Congreso una cifra estimativa extraída de una encuesta a 8.000 personas, según la cual unos 440.000 ciudadanos han sufrido abusos sexuales desde 1945 en centros educativos y otras instituciones dependientes de la iglesia católica antes de cumplir dieciocho años. La mitad de las agresiones fueron obra de sacerdotes y religiosos, la otra mitad de laicos. Son unas cifras brutales, mayores que ninguna registrada hasta ahora en ningún país, que resumen décadas de ocultación e impunidad sistemática, y un volumen de delitos de una escala industrial.
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