El depredador que marcó la vida de un grupo de amigos en los carmelitas de Vila-real: “Cada noche se llevaba a un niño”

septiembre 21, 2022

Cuatro testimonios acusan a Francisco Armell, rector del internado en los setenta: “Me dio una pastilla y me desperté al día siguiente en su cama”. Tras ser denunciado por un alumno, fue enviado 30 años a República Dominicana y Puerto Rico

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Íñigo Domínguez, El País, 21 de septiembre de 2022

Esta es la historia de tres amigos y de cómo su vida quedó marcada por los abusos que dos de ellos sufrieron en el internado del seminario menor de los carmelitas en Vila-real (Castellón) en los años setenta, a manos del rector del centro, Francisco Armell Benavent, ya fallecido. Los tres han contado su historia a EL PAÍS entre 2018 y 2022. Pero de los tres amigos solo queda uno. Los otros dos han fallecido. Muchas personas que escribieron a este diario desde que empezó su investigación de la pederastia en la Iglesia española, en 2018, no superaron la pandemia o una enfermedad y no les dio tiempo a ver su caso publicado, como era su deseo, pues a este diario llegaron cientos de mensajes y el trabajo para publicarlos ha sido ingente. El último de esos tres amigos, que aún mantiene la memoria de lo que pasó, se llama Juan Luis Chueca. Él no sufrió abusos, pero sus amigos se lo contaron. Ahora es el que recuerda por los otros dos, Emilio Alventosa y Julián Sarrión, para que se sepa la verdad y por la memoria de sus compañeros. Además, EL PAÍS ha recabado un cuarto testimonio de otro exalumno. Chueca fue el primero que lo denunció a la orden en 2021. Acusó también a un segundo religioso, de iniciales L. G., que llegó a ser superior de los carmelitas. Se encontraba el año pasado en una parroquia del centro de Madrid y fue apartado del contacto con menores como medida cautelar.

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La Generalitat Valenciana prepara un decreto para obligar a la Iglesia a abrir sus archivos sobre bebés robados

abril 6, 2022

El borrador de proyecto de decreto que desarrolla la ley autonómica de memoria democrática también regula el censo de víctimas y el banco de ADN que almacena las muestras genéticas

Manifestación por bebés robados / EFE

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Lucas Marco, El Diario, 6 de abril de 2022

“Con prontitud y diligencia”. Así pretende la Generalitat Valenciana obligar a las instituciones o congregaciones religiosas a abrir sus archivos en materia de bebés robados, según el borrador de proyecto de decreto que desarrolla la ley autonómica de memoria democrática al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que dirige Rosa Pérez Garijo, “garantizará” el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en peticiones sobre “personas desaparecidas con ocasión de la Guerra Civil y el franquismo”. Además, el borrador pretende garantizar “el derecho de toda persona a conocer sus orígenes así como el pleno acceso a los datos que conciernen a su propia vida”.

El Ejecutivo autonómico responde así a las demandas sobre acceso a archivos eclesiásticos de las asociaciones de víctimas del robo de bebés. Unos archivos relevantes dada la participación de la Iglesia en la sustracción de recién nacidos desde la posguerra, en un contexto marcado por las teorías sobre el supuesto ‘gen rojo’ del psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera.

Así, las instituciones o congregaciones religiosas tendrían un plazo máximo de un mes para atender las peticiones, “sin que pueda existir más oposición en esta solicitud que las causas recogidas en la ley”. El borrador, dadas las peculiares características del robo de bebés en clínicas y prisiones durante la dictadura y hasta bien entrada la democracia, también prevé el acceso a archivos privados “cuando exista relación directa acreditada entre la información contenida” y la persona “desaparecida o sustraída”, todo ello garantizando la “adecuación” a la legislación sobre protección de datos.

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El campanario de Benicarló es del pueblo, no de la Iglesia

octubre 20, 2021

Un juzgado da la razón en primera instancia al Ayuntamiento castellonense en su demanda contra el Obispado de Tortosa que registró en 2015 como propia la torre exenta del templo de Sant Bartomeu

El campanario exento de Benicarló y fachada principal templo

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Ferrán Bono, El País, 20 de octubre de 2021

El campanario es del pueblo. El sentir que muchos vecinos de Benicarló expresaban por las calles de la localidad castellonense hace nueve meses, con motivo del juicio sobre la propiedad de la torre exenta, ha sido refrendado por la justicia. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de la cercana Vinaròs ha dado la razón al Ayuntamiento de Benicarló en su demanda contra el Obispado de Tortosa, que en 2015 la inscribió en el Registro de la Propiedad como parte de la popular iglesia de Sant Bartomeu.

La sentencia reconoce la propiedad municipal del campanario barroco de 37 metros de altura y de la vía pública que lo separa del templo (por lo que recibe la denominación arquitectónica de torre exenta), según afirma el Consistorio presidido por la socialista Xaro Miralles. El fallo señala que tanto el uso como el mantenimiento del edificio han sido responsabilidad del Ayuntamiento “sin oposición por parte del Obispado”. “Su uso y mantenimiento han ido a cargo del Ayuntamiento, lo que demuestra su posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años”, añade la sentencia. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Castellón en un plazo de 20 días.

La jueza estima así la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de esta localidad contra el Obispado de Tortosa (Tarragona) y ha ordenado la cancelación de la inscripción del bien a nombre de esa diócesis en el Registro de la Propiedad, según informa este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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La Iglesia puso a su nombre 212 bienes en la provincia de Castellón entre los años 1998 y 2015

septiembre 29, 2021

Entre ellos, parcelas, templos, ermitas o varias casas. Cinctorres, Albocàsser, Zucaina o Artana son las localidades donde la diócesis cuenta con más propiedades.

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Iglesia Sant Bartomeu y campanario de Benicarló / Radio Castellón/Javier Quesada

Jaume Macas, Cadena SER, 29 de septiembre de 2021

La Iglesia puso a su nombre 212 bienes en la provincia de Castellón entre los años 1998 y 2015. Entre ellos, parcelas, templos, ermitas o varias casas. Cinctorres, Albocàsser, Zucaina o Artana son las localidades donde la diócesis cuenta con más propiedades.

El listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica incluye más de 34.000 fincas a nombre de las diócesis en toda España. La Iglesia católica pudo inmatricular miles de propiedades gracias a una ley de 1946 y a la reforma posterior del Gobierno en el año 1998. Bastaba con que la propia diócesis dijera que era su titular para poner los bienes a su nombre. La reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 impidió que la Iglesia continuara con este tipo de inmatriculaciones prácticamente sin certificación.

En la provincia de Castellón, la diócesis puso a su nombre 212 propiedades, entre ellos cementerios, solares rústicos, casas, ermitas, locales de uso religiosos e incluso la Basílica Catedral de Segorbe. Entre los municipios, Cinctorres encabeza con 14 el listado de propiedades. Le siguen localidades como Albocàsser con siete, o Artana y Zucaina, con seis bienes inmatriculados.

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Documentos del siglo XIX abren la lucha por la propiedad de un icónico santuario medieval del territorio valenciano

septiembre 29, 2021

«No es lo mismo ser el propietario que gestionar, la propiedad es de la diócesis», señala el delegado de medios del obispado. Documentos del siglo XIX señalan al Ayuntamiento de Vistabella como propietario de Sant Joan de Penyagolosa

Sant Joan de Penyagolosa, joya patrimonial valenciana de origen medieval y con posteriores ampliaciones neoclásicas y barrocas / TURISME CASTELLÓ

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Lucas Marco, El Diario, 29 de octubre de 2021

La ermita de Sant Joan de Penyagolosa, uno de los centros espirituales más importantes del territorio valenciano, está inmatriculado a nombre del Obispado de Segorbe-Castellón. Sin embargo, unos documentos de mediados del siglo XIX hallados en los archivos del Ayuntamiento de Vistabella apuntan a una disputa por la propiedad municipal de un ermitorio situado a los pies de la mítico pico del Penyagolosa. La diócesis y el consistorio no se ponen de acuerdo en la interpretación de los documentos.

El expediente, disponible en el repositorio de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, se refiere al «arriendo de la masía de San Juan de Peñagolosa». Entre la documentación figuran las «bases propuestas al Magnífico Ayuntamiento de Vistabella para la buena administración del Santuario de san Juan de Peñagolosa».

El alcalde de Vistabella del Maestrat, Jordi Alcón, sostiene que en la localidad «siempre ha existido la creencia de que Sant Joan era del pueblo». «No tenemos ninguna escritura pero todo lo que es público no tiene escritura», lamenta el primer edil, de Compromís, en una conversación telefónica con elDiario.es.

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Las cuentas de la iglesia valenciana: Segorbe-Castellón la que menos destina a gasto asistencial, 32.485 euros de los 19,6 millones que ingresa

agosto 2, 2021

Los obispos valencianos disparan sus ingresos anuales hasta los 109,5 millones

El arzobispo Antonio Cañizares, el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, y el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente.

Lucas Marco, El Diario, 2 de agosto de 2021

La contabilidad de la Iglesia valenciana presenta una buena salud de hierro en materia financiera. Sin obligación de pagar IBI y con numerosos bienes públicos inmatriculados, los obispos valencianos han cerrado las últimas cuentas con unos ingresos en los que destacan los fondos obtenidos por alquileres de bienes inmuebles y las herencias y legados embolsados. En total, las diócesis y la archidiócesis han ingresado 109,5 millones de euros en 2019, el último ejercicio disponible.

Valencia

La Archidiócesis de Valencia ingresó 49 millones de euros. El grueso de sus ingresos proviene de las aportaciones de los fieles mediante colectas (23,7 millones de euros), seguido por la asignación tributaria del Fondo Común Interdiocesano (12,6 millones). En materia de ingresos por patrimonio y otras actividades, Cañizares ha ingresado 474.113 euros por ingresos financieros y 3,5 millones por actividades económicas. Los ingresos por servicios ascienden a cuatro millones, mientras que las subvenciones públicas corrientes suponen un millón de euros. 

Las cuentas de la Archidiócesis de Valencia reflejan ingresos de 1,3 millones de euros por alquileres de inmuebles. La Iglesia Católica cuenta con una singular ventaja en materia inmobiliaria: está exenta del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que abona religiosamente cualquier propietario ajeno a la poderosa institución.

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El Micalet a nombre de la iglesia desde 2014

junio 9, 2021

La Iglesia aprovechó la ley de Aznar para poner a su nombre en 2014 la torre del Micalet en València pese a su histórico uso civil

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Fotograma reportaje de Zoom, Á Punt

Laura Martínez, El Diario / À Punt, 9 de junio de 2021

En 2014, en vísperas de concluir el periodo legal, la Iglesia incluyó en su lista uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad de Valencia: la torre del Micalet. El programa de investigación Zoom de À Punt Media, que abordó las inmatriculaciones eclesiásticas en la Comunidad Valenciana, reprodujo este pasado lunes el documento del registro en el que se inscribe «la torre campanario, denominada Miguelete», un edificio que tradicionalmente ha unido su uso religioso y civil. El histórico campanario construido a finales del siglo XIV sirvió de torre vigía, de advertencia ante la llegada de barcos a la ciudad, para marcar el toque de queda a los habitantes de murallas hacia dentro y de alerta antiaérea durante la Guerra Civil.

Subir los 214 escalones de uno de los edificios emblemáticos de València cuesta dos euros que se han de pagar en efectivo. Multiplicar esa cifra por los miles de visitantes que la torre recibe al año y aplicarle los impuestos correspondientes supondría no solo un ingreso para el Estado, sino equiparar las posesiones eclesiásticas con las del resto de los mortales.

Más allá del debate sobre la propiedad de un inmueble anexo a un edificio religioso, cabe recordar que la construcción de la torre fue un proyecto compartido del Consell de la ciudad y el cabildo de la catedral, se erigió sobre suelo municipal y estaba inicialmente aislado hasta que una ampliación del conjunto catedralicio lo absorbió. Es decir, que se pagó con dinero público.

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