Los prelados españoles han iniciado esta mañana su Asamblea Plenaria(1) para ultimar su modelo de reparación a espaldas a las víctimas, y sin que el discurso inaugural Luis Argüello haya hecho una sola referencia a las víctimas de pederastia. Ángel Gabilondo defenderá este jueves en el Congreso las conclusiones y recomendaciones de su informe sobre los abusos clericales
Pleno 2024 / Conferencia Episcopal Española _____________________
La que empieza esta lunes es la semana clave para las víctimas de pederastia en la Iglesia católica. Tras un año de finalizar y entregar su informe sobre los abusos sexuales a menores en el clero, el Defensor del Pueblo defenderá este jueves en el Congreso de los Diputados, ante los grupos parlamentarios, las conclusiones y las recomendaciones para frenar esta lacra y ofrecer justicia a los afectados. La más importante: aprobar un modelo para pagar indemnizaciones. El titular de la entidad, Ángel Gabilondo, que ya expuso en octubre su trabajo en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con su institución, ha insistido repetidamente desde entonces que las víctimas necesitan ser reconocidas y reparadas, que “están a la espera”. Su proposición será la creación de un fondo estatal “para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial, creado para la ocasión, sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas”. Un fondo en el que la Iglesia debe colaborar aportando recursos. Los grupos parlamentos tendrán que debatir y marcar sus posturas sobre cómo España abordará el escándalo.
La investigación de Gabilondo, encargada por el Parlamento en marzo de 2022, ha sido de las pocas iniciativas aprobadas por una amplia mayoría, solo Vox votó en contra. Los trabajos se alargaron un año y medio y los resultados fueron demoledores: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. El Defensor lanzará este jueves la pelota al tejado del Parlamento: “Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas”.
FAMYR presentará una queja al Defensor del Pueblo ante la inacción administrativa para retirar el monumento situado en la facha del colegio de los jesuitas, la Inmaculada, de Gijón
El monumento a los «Héroes del Simancas», de Manuel Álvarez Laviada, 1958, con la inscripción «Disparad sobre nosotros. Simancas 18 julio 1936-21 agosto 1936. Caídos por Dios y por la Patria ¡Presentes!» / Foto- montaje Asturias Laica ____________________
La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) presentará una queja ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para criticar la «inacción» administrativa que, según la entidad, permite que no se haya eliminado el monumento «Héroes del Simancas»
FAMYR instará al Defensor del Pueblo a que «garantice el cumplimiento de la legislación en materia de Memoria Democrática». Recuerdan desde FAMYR que se presentaron solicitudes ante Ayuntamiento y Principado para eliminar el monumento y que esas peticiones no se han contestado. «Es una inacción injustificable y un funcionamiento anormal», lamentan.
Por otro lado, FAMYR valora «positivamente» que la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado haya rechazado, tras el informe desfavorable del Consejo de Patrimonio Cultural, la declaración del «Héroes del Simancas» como Bien de Interés Cultural (BIC). «La administración autonómica debería actuar ya de forma definitiva exigiendo y haciendo cumplir la retirada del monumento, que sigue siendo un insulto a la dignidad de las víctimas del franquismo», esgrimen la federación.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha trasladado el compromiso de los socialistas a «recoger el guante» de las indicaciones del Defensor del Pueblo en su informe, presentado esta mañana en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, para llevarlas a la práctica.
«Desde el grupo socialista lo que vamos a hacer es recoger el guante de las recomendaciones que efectúa el Defensor del Pueblo, que aparecen en ese informe y nos pondremos a trabajar en la parte que nos corresponda para llevarlas a la práctica», ha asegurado López este martes en rueda de prensa en el Congreso.
Durante el turno de portavoces casi todos los grupos parlamentarios presentes han avalado el trabajo de Ángel Gabilondo. El diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho ha asegurado que «en todo momento» el Gobierno «se ha preocupado por las víctimas» y ha recordado que Pedro Sánchez expresó el pasado viernes al Papa su voluntad de «llegar a una acuerdo con la Iglesia católica». Además, el senador socialista José María Oleaga ha dicho que el objetivo es «resarcir» a las víctimas y que «no vuelva a suceder una ignominia como esta».
El Defensor del Pueblo ha recibido 144 nuevos casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica un año después de publicar su informe. De esta manera, la unidad de atención a las víctimas de este órgano suma en 674 el número de víctimas desde 1960 hasta hoy
Foto web Defensor del Pueblo ______________________
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria.
Ángel Gabilondo ha recordado que la institución Defensor del Pueblo registró y entregó el 27 de octubre de 2023 el Informe a la presidenta del Congreso de los Diputados y días después, el 2 de noviembre, al presidente del Gobierno. “Es la hora del Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este Informe. Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas”, ha señalado el Defensor del Pueblo.
El Informe, de 777 páginas, da cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con una amplia mayoría: 286 síes, 51 noes y 2 abstenciones.
El tribunal considera “espuria” la imputación de delitos de odio, malversación y prevaricación que atribuía la asociación al Defensor del Pueblo
Presentación informe del Defensor del Pueblo del del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos” / Foto web Defensor del Pueblo _________________
El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite, al no apreciar ningún delito, una querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por la elaboración y publicación del informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia. La querella atribuía a Gabilondo delitos de provocación a la discriminación y el odio, prevaricación y malversación, pero los magistrados, en un auto notificado este miércoles, descartan uno por uno la existencia de indicios sobre alguno de los tres delitos. El tribunal que ha dictado el auto de archivo está formado por Manuel Marchena (presidente), Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo (ponente), Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
El Defensor del Pueblo presentó en octubre pasado en el Congreso de los Diputados el informe encargado por la cámara sobre los abusos a menores en el clero. Según la encuesta demoscópica para conocer la realidad de los abusos incluida en el documento, con entrevistas a más de 8.000 personas, el 1,13% de la población adulta actual —unas 440.000 personas de 38,9 millones de adultos, aunque Gabilondo eludió hacer el cálculo—, ha sufrido abusos en el ámbito religioso. Abogados Cristianos llevó al Supremo ese informe apuntando, entre otras irregularidades, que, al centrarse en la Iglesia, “excedía las competencias” de Gabilondo porque la Iglesia es una institución de carácter civil y las normativas que regulan el funcionamiento del defensor del Pueblo establecen que debe limitar su función a la supervisión de la Administración. Pero los magistrados argumentan que la actuación del defensor, a partir de la encomienda que recibió del Parlamento, “es plenamente congruente” con las funciones que corresponden a esta institución en la defensa de los derechos humanos.
Jiménez Güeto, canónigo portavoz: “Nunca nos hemos sentido más indefensos. ¿Cómo vas a exigir a una institución que fomente la participación cuando tú mismo no nos das participación?”
Cruz en la Mezquita de Córdoba / Aristóteles Moreno ______________
Aristóteles Moreno, Cordópolis, 28 de febrero de 2024
A la Iglesia católica no le ha gustado el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el Conjunto Monumental Mezquita Catedral. El canónigo portavoz del Cabildo catedralicio, José Juan Jiménez Güeto, lanzó días atrás abiertas reproches contra Jesús Maeztu por las recomendaciones vertidas en un dictamen sobre el Plan Director del universal monumento cordobés. En aquel documento, hecho público el pasado 15 de enero, el Defensor Andaluz aseguró que en el excepcional edificio omeya se producen “actuaciones que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto”, en clara alusión a la gestión del Cabildo eclesiástico.
Como ejemplo de las distorsiones causadas por la Iglesia en el monumento omeya, el Defensor Andaluz cita la instalación de un facistol en “pleno escenario del Mihrab”, el elemento central del templo islámico, lo que “no facilita la contemplación de espacios únicos por su belleza”. Asimismo, Maeztu solicitó en su informe dirigido a la Consejería de Cultura una “cuidada aplicación de los principios de participación y audiencia desde la ciudadanía y sus movimientos asociativos”, en referencia a la desatención de las alegaciones presentadas por la Plataforma Mezquita Catedral en la tramitación. del Plan Director y los nulos mecanismos participativos del monumento, tal como recomiendan las directrices de la Unesco.
En una resolución de once páginas firmada el pasado 15 de enero reconocía que en la Mezquita Catedral, si bien “es discutible” afirmar que en el Plan Director haya contenidos que “tengan como resultado inapelable la destrucción identitaria de los elementos andalusíes”, sí se habían producido en los últimos años “actuaciones que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto”.
Daba, además, un mes de plazo a la Delegación de Cultura para adoptar las medidas solicitadas en su resolución.
Sobre esa noticia, en Canal Sur Córdoba entrevistaron a Miguel Santiago, portavoz de la Plataforma
Pide una “comprensión integradora” de los valores culturales de la Mezquita y más participación ciudadana. Da un mes de plazo a la Delegación de Cultura para adoptar las medidas solicitadas en su resolución
Una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) admite significativos déficits en la protección de los valores históricos y artísticos declarados por la Unesco en la Mezquita de Córdoba y propone a la Delegación provincial de Cultura varias recomendaciones en la redacción del Plan Director del universal monumento, cuyo documento afronta su recta final.
Considera que el Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba, el documento que debe velar por la protección del enclave y que ha redactado de manera preliminar el cabildo, adolece de las garantías suficientes que aseguren que la Junta de Andalucía pueda velar por que la gestión y el uso que se haga del recinto cumplan con los valores históricos, culturales y artísticos reconocidos por la Unesco. Así se señala en una resolución en la que esta institución recomienda a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte que “potencie las funciones de adecuación y supervisión a la legalidad de las actuaciones de gestión y uso del conjunto mezquita-catedral”.
El diario El País emprendió en 2018 una gran investigación sobre la pederastia en el clero que ha dado voz a cientos de víctimas ocultas (por ahora ya ha identificado 2.206 víctimas y 1036 acusados). Finalmente, en 2022, con su presentación de resultados al Papa, forzó una auditoría en la Iglesia y que el Parlamento encargase un informe al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los abusos a menores en la iglesia católica.
Dicho informe fue presentado el 27 de octubre en el Congreso de los Diputados y contiene una encuesta a más de 8.000 personas de GAD3 de la que se colige que el 1,13% de la población adulta actual, unas 440.000 personas, han sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6% (unas 233.400) lo han sido por sacerdotes.
El informe incluye 20 recomendaciones, pero serán las Cortes Generales las que tendrán que decidir qué valoración hacen del informe y qué medidas adoptan, si consideran necesario adoptar alguna para que por fin haya justicia y reparación para los y las abusadas.
«Algunas asociaciones como Europa laica, advertimos de las lagunas que contenía esa ley, y una de estas omisiones fue la prevención de estos abusos sexuales en el interior de las instituciones religiosas y particularmente en las instituciones católicas»
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Antonio Gómez Movellán, Nueva Revolución, 17 de diciembre de 2023
Ante el denso y poco claro informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la iglesia católica muchos de los afectados han levantado la voz sobre la falta de recomendaciones del informe ya que la única y clara es la creación de un fondo estatal para pagar posibles indemnizaciones; trasladar la responsabilidad del pago de indemnizaciones al Estado eximiendo de responsabilidad directa a la Iglesia, parece más bien una broma. Hasta la propia Iglesia católica ha tenido que salir a declarar que las organizaciones religiosas asumirán responsabilidades ante las indemnizaciones incluso en las que no haya sentencia judicial y sin embargo se tenga una conciencia moral del daño producido. Todo esto es confuso como más confuso es aun el rifi rafe que se trae la Conferencia episcopal y el gabinete jurídico de Cremades al cual encargó un estudio auditorio sobre el caso y del cual no se ha vuelto a saber nada excepto que existen discusiones entre la iglesia y el bufete Cremados(1). La Iglesia ha declarado que la extrapolación de abuso de unas 45.0000 personas por parte del informe del Defensor del Pueblo es una exageración y ha comenzado a intentar minimizar el alcance de las cifras.
Posted by asturiaslaica 
