El histórico informe sobre los abusos en el clero, muy duro con la institución, convierte a España en el país con la proyección oficial de víctimas más alta. Gabilondo propone un fondo estatal de compensación para las víctimas en el que considera que la Iglesia, “inevitablemente”, debe colaborar y denuncia “el silencio de quienes pudieron hacer más para evitar” la pederastia en la Iglesia
__________________
Fuentes: InfoLibre (Álvaro Sánchez castillo) / El País, 27 de octubre de 2023
Año y medio después de comenzar con los trabajos, el Defensor del Pueblo ha puesto este viernes sobre la mesa del Congreso de los Diputados los resultados de la primera gran investigación oficial sobre los abusos en el seno de la Iglesia católica. El documento [se puede consultar íntegro en este enlace], que se apoya en buena medida sobre las entrevistas mantenidas con 487 víctimas, estima en más de 400.000 el número de adultos que pudieron haber sufrido abusos en el ámbito religioso. Y pone de relieve que la jerarquía eclesiástica miró durante décadas hacia otro lado y minimizó el problema. “Lo que ha ocurrido ha sido posible por el silencio”, ha señalado en rueda de prensa el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. También tira de las orejas a los propios poderes públicos por carecer durante años de los procedimientos adecuados para “prevenir, detectar y reaccionar” contra esta lacra en los centros escolares de la Iglesia. Y plantea la creación de un “fondo estatal” para el “pago de compensaciones a favor de las víctimas”.
España pasa hoy de ser una excepción mundial entre los países católicos, sin casos de pederastia en la Iglesia reconocidos oficialmente, a ser el país con la estimación de víctimas más alta del mundo: un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según una encuesta a gran escala, la primera de este tipo en el país, que ha realizado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El Defensor ha eludido hacer el cálculo en números redondos en su comparecencia en el Congreso, algo que tampoco figura en el informe. Pero, según los cálculos de EL PAÍS, ese 1,13% de los 38,9 millones de empadronados en España en 2022, de entre 18 y 90 años (franja de edad que abarca la encuesta), se corresponde con unas 440.000 personas. Más en concreto, de ese 1,13%, el 0,6%, unas 233.000 personas, afirma haber sufrido abusos de un sacerdote o religioso, y el resto, de laicos. Para la encuesta se ha entrevistado a más de 8.000 personas.
Estas abrumadoras cifras, que superan las 330.000 víctimas que calculó Francia en 2021, suponen un vuelco histórico tras décadas de silenciamiento de los abusos y, desde que estalló el escándalo en otros países a partir de 2002, años de negación y encubrimiento de la Iglesia española. Hasta hace dos años afirmaba que conocía “cero o muy pocas” denuncias, en palabras del entonces portavoz de los obispos, Luis Argüello, en 2021. Ha sido el impacto de la investigación que emprendió EL PAÍS en 2018, que ha hecho aflorar las voces de cientos de víctimas, lo que finalmente forzó al Congreso en 2022 a querer saber la verdad de lo ocurrido. Hoy se ha dado el primer paso. Este diario ha colaborado en el trabajo de la comisión del Defensor, con todos sus datos disponibles, y Gabilondo ha resaltado este viernes que ha sido una de las fuentes de información del estudio. La otra, la propia Iglesia, por primera vez ha accedido a revelar datos propios, aunque incompletos y descoordinados: diócesis y órdenes admiten 1.140 casos, un dato nuevo que es la cifra más alta conocida hasta ahora.
El exhaustivo estudio tiene 779 páginas y se ha titulado Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria. Es un trabajo muy meticuloso y durísimo con la Iglesia católica, a la que reprocha la falta de colaboración en la investigación, sobre todo de algunas diócesis, no tanto de las órdenes religiosas. “La respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema”, señala el informe. La propia respuesta de la Conferencia Episcopal (CEE) a la petición de información de la comisión de investigación “refleja todavía una actitud caracterizada por las cautelas y reticencias”. “Por encima de una declarada voluntad de colaboración, los datos han sido presentados de una forma que tiende a minimizar el fenómeno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la institución, enfatizando la dimensión social del problema y rehuyendo abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y de encubrimiento”.
El Defensor ha explicado su informe con emotividad y ha sido muy severo con la Iglesia, a la que ha invitado a cambiar de actitud: “Quiero creer que ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar con esta sociedad que quiere saber”
“Hay gente que se ha suicidado por estas cosas, gente que no ha recompuesto su vida jamás”. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha explicado este viernes con intensidad y emotividad en el Congreso, durante más hora y media de intensa comparecencia ante la prensa, los detalles de su informe, que señala que un 1,13% de la población, 440.000 personas, ha sufrido abusos en ámbito religioso. Empezando por su prioridad, la necesidad de dar una respuesta: “Las víctimas ya no pueden esperar. Algunas han declarado varias veces, están revictimizadas, y dicen: ‘Por favor, ahora lo que queremos es medidas y reparación”. El casi medio millar de testimonios que ha recogido su oficina “revela el impacto devastador que los abusos han tenido en personas concretas”.
________________
El estudio del órgano constitucional surgió de un gran acuerdo político. En marzo de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría que el Defensor del Pueblo abriese una investigación sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Solo Vox se pronunció en contra, y los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) decidieron abstenerse. Una vez recibido el encargo, el órgano que dirige Gabilondo comenzó a trabajar en varias direcciones. Por un lado, se creó una Unidad de Atención a las Víctimas. Por otro, una Comisión Asesora compuesta por diecisiete expertos externos, algunos de ellos con conocimientos jurídicos. Un grupo que se ha reunido hasta en diecisiete ocasiones.
El informe concluye que durante décadas la respuesta de la Iglesia católica contra esta lacra ha estado caracterizada por la negación y la minimización del problema. “Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos”, señala el Defensor del Pueblo en una nota de prensa. “No es verdad que nadie lo sabía”, ha apuntado Gabilondo en la Cámara Baja, al tiempo que ha recordado que ha habido “voluntad de ocultamiento” de los abusadores en algunas instituciones de la Iglesia. “Se les ha trasladado a otras parroquias o centros docentes, así como a otros países. “Es el ejemplo de mala practica realizada de modo reiterado por muchas instituciones de la Iglesia“, ha señalado Gabilondo.
En el informe también se tira de las orejas a unos poderes públicos que carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia. “Sólo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de detección y prevención”, añade.
El estudio, con más de siete centenares de páginas, se apoya, en parte, en los testimonios recopilados por la Unidad de Atención a las Víctimas. Durante más de un año, este órgano ha recogido información relevante sobre 487 víctimas en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. La inmensa mayoría de ellas, en concreto el 84%, eran hombres. Todas ellas recalcaron los “problemas emocionales y de conducta” que padecen como consecuencia de dichas agresiones. “Un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y acción suicida”, recalca el Defensor del Pueblo en el comunicado.
El Defensor del Pueblo no pone sobre la mesa una cifra cerrada de víctimas. Ahora bien, sí incluye una encuesta de la que podría hacerse una extrapolación. El sondeo, realizado por la empresa Gad3 sobre una muestra de 8.013 personas, concluye que el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13% de las personas adultas. Si ese dato se extrapola a los 38,9 millones de adultos, estaríamos hablando de más de 400.000 personas. Por otro lado, un 0,6% dijeron que habían sido víctimas de abuso por parte de un sacerdote o religioso católico, lo que extrapolando de nuevo situaría la cifra en algo más de 200.000.
Y luego están las cifras concretas, los casos detectados. Datos que tampoco terminan de ser cerrados. Así, Gabilondo ha explicado que por dos fuentes diferentes de la Iglesia se han obtenido datos con una diferencia de casi cuatro centenares de víctimas. No obstante, en ambos casos se mueve en el entorno del millar. Y luego está la investigación del diario El País, que ya ha identificado 2.206 víctimas.
Víctimas que, en la mayor parte de los casos, no han sido reparadas. La mayoría de los hechos denunciados, sostiene el órgano constitucional, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.
El informe, además, propone una veintena de recomendaciones. Una de ellas es “la creación de un órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas (…) en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal”. Para ello, recomienda “la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones”, en colaboración con la Iglesia para el “pago de compensaciones a favor de las víctimas”. Además, plantea que un “órgano administrativo especial” creado para la ocasión sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia. Y propone celebrar un “acto público” de “reconocimiento y reparación simbólica” a las víctimas por el prolongado período de desatención y de inactividad. “Es inevitable que la Iglesia colabore económicamente a la hora de reparar. Y creo que a estas alturas ya debe ser consciente de eso“, ha aseverado Gabilondo.
Además, se recomienda a la Iglesia católica que ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.
Parte del interés, y el éxito, del trabajo estribaba en la colaboración de la Iglesia española, que hasta ahora siempre se ha negado a revelar lo que sabe sobre los abusos y los casos que conoce del pasado. Pero esa respuesta sigue pendiente, pues la información facilitada ha sido muy parcial. El Defensor ha usado tres vías para pedir datos: los de las 70 diócesis españolas, 410 órdenes religiosas y las cifras globales de la CEE. Este organismo ha respondido con datos ya conocidos: las oficinas de atención creadas en 2019 han recibido hasta el 31 de diciembre de 2022 un total de 728 testimonios de abusos, con 927 víctimas. Las diócesis han admitido 354 casos. Las órdenes, 786. En total, 1.140. Esta cifra no coincide con la global de la CEE y tampoco hay manera de saber si hay casos duplicados o son distintos. En todo caso, este dato es nuevo y supera los casos registrados en este momento por la base de datos de EL PAÍS, 1.036, con 2.206 víctimas. Otro problema es que las respuestas de la Iglesia solo han aportado datos anónimos, que imposibilitan cruzarlos con los obtenidos a través de EL PAÍS y los testimonios recogidos por el Defensor y obtener una cifra única.
Pero además, destaca el informe, estos datos son muy incompletos. El documento es crítico con obispos que en algunos casos ni siquiera han contestado a los requerimientos de la comisión del Defensor del Pueblo: “Hay obispos que parecen haber decidido evitar el tema, que quieren pasar página, más preocupados por las consecuencias para la institución que por las que los abusos han tenido para las víctimas, lo cual les lleva a reconocer un mínimo de casos o ninguno, incluso pese a la existencia de indicios”. Ha sido “muy alto” el número diócesis que manifestaron no haber recibido ninguna denuncia o comunicación de abusos, 20 de un total de 70, con el añadido de la de Vic, que nunca respondió. El documento destaca a tres diócesis que dieron una información completa desde el primer momento: Girona, Santiago de Compostela y Tarragona.
En las contestaciones, por otro lado, “no se deduce un criterio claro y compartido sobre los casos de abusos sexuales”. En cuanto al encubrimiento, las diócesis no han hecho comentarios, “ni siquiera de los que han sido señalados expresamente de una forma pública por parte de víctimas o de testimonios indirectos”. Tan solo un obispado ha señalado a un posible encubridor.
Pocas diócesis afirman haber pagado indemnizaciones. Sí las han reconocido, la mayoría en juicios civiles, las de Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 100.000 y 25.000) y Vitoria (5.000). El informe destaca la falta de datos en este apartado, “sobre todo si se compara con la información que proporcionaron las víctimas” que acudieron al Defensor, “que relataron muchos más casos de indemnizaciones por parte de las órdenes en comparación con las que han pagado las diócesis”.
La Conferencia Episcopal Española ha convocado una asamblea el 30 de octubre para valorar el informe, que incluye 100 páginas de testimonios de víctimas y supone el primer relato oficial sobre la pederastia y Sánchez se compromete a dar una respuesta institucional a la lacra de los abusos a menores en la sociedad.
____________
Rueda de prensa
