El primer informe oficial en España sobre las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes permite trazar el ‘modus operandi’ de los religiosos: se perpetraban de manera repetida y sobre todo en menores de entre 6 y 12 años: “Él iba pasando por las mesas y, al que le apetecía, pues le hacía sus cosas”
Escuela __________________
Sofía Pérez Mendoza, El Diario, 29 de agosto de 2025
El informe elaborado por el Defensor del Pueblo permite una primera aproximación oficial -e institucional– al modus operandi de los abusadores sexuales dentro de la Iglesia. Y lo hace a través de los testimonios de supervivientes que fueron escuchados por los miembros del grupo de trabajo creado para la investigación.
Después de 15 meses de trabajo y la entrevista pormenorizada a 487 personas que relataron ser víctimas, el análisis de la información recogida revela que lo más habitual eran abusos “episódicos”, es decir, que ocurrían varias veces. También deja claro que el escenario más habitual de las agresiones fueron con mucha diferencia, los centros de enseñanza (63,2%).
En el 84% de los casos afectaron a varones y casi la mitad tenían entre 6 y 12 años. El segundo grupo más numeroso eran adolescentes o preadolescentes de hasta 18 años. El grueso de los testimonios se refieren a abusos cometidos entre las décadas de 1960 y de 1980, pero se han registrado también episodios más recientes, de la década de 2010.
El relieve, instalado en el colegio de La Inmaculada, exalta la memoria de los sublevados en julio de 1936 en el Cuartel de Simancas
La escultura «Héroes del Simancas», (Manuel Álvarez Laviada,1958) adosada a una de las fachadas del colegio de La Inmaculada. Incluye la inscripción «Caídos por Dios y por la patria. ¡Presentes!» _____________________
El Defensor del Pueblo ha comunicado oficialmente la apertura de actuaciones con el Ayuntamiento de Xixón ante la denuncia presentada por la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) por la “inacción” del consistorio y el Gobierno regional al mantener el monumento de “Los héroes de Simancas”, ubicado en el colegio de La Inmaculada, y dedicado a los militares sublevados en la ciudad en julio de 1936.
Famyr ha lamentado en un comunicado[1] que “más de un año después” de la solicitud de la entidad a este respecto, “la simbología franquista sigue sin retirarse de un centro educativo”.
La federación, no obstante, ha celebrado que, tras meses de “persistencia y presión social”, dos instituciones como la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo hayan decidido intervenir ante la “inaceptable permanencia de simbología franquista” en el edificio que un día ocupara el cuartel de Simancas.
¿Actuarán ahora las Administraciones asturianas o seguirán en la inacción? Nota de prensa de FAMYR
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Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) Nota de prensa, 2 de agosto de 2025
La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) celebra que, tras meses de persistencia y presión social, dos instituciones clave del Estado —la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo— hayan decidido intervenir ante la inaceptable permanencia de simbología franquista en el antiguo cuartel de Simancas, actual Colegio de la Inmaculada de Gijón.
Primero fue la Fiscalía General del Estado[1], que ha trasladado el caso a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Principado de Asturias, reconociendo la gravedad de los hechos denunciados y la posible vulneración de la Ley de Memoria Democrática.
Ahora, se suma el Defensor del Pueblo, que ha comunicado oficialmente la apertura de actuaciones con el Ayuntamiento de Gijón para esclarecer por qué más de un año después de la solicitud de FAMYR, la simbología franquista sigue sin retirarse de un centro educativo concertado propiedad de los jesuitas.
La Junta de Andalucía ha aprobado una línea de subvenciones por valor de 2,2 millones de euros destinada exclusivamente a entidades religiosas para la conservación del patrimonio mueble cultural de carácter religioso, una medida que ha sido duramente criticada por Andalucía Laica
Andalucía Laica pide a la Fiscalía que “evalúe” la constitucionalidad de las ayudas para el patrimonio religioso / ANDALUCIA LAICA / Europa Press ______________________
La organización Andalucía Laica ha trasladado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo “el detalle” de las subvenciones otorgadas por el Gobierno andaluz para la conservación y restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso para que “se evalúe su posible inconstitucionalidad y si podrían haber constituido un eventual supuesto de prevaricación”.
En una nota de prensa, Andalucía Laica ha acusado a la Junta de Andalucía de “discriminar al patrimonio cultural andaluz” para “sobrefinanciar a la Iglesia católica”. En este punto, ha recordado que la Administración autonómica va a destinar para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso en Andalucía un importe de 2,2 millones de euros, con una cantidad de hasta 40.000 euros por entidad.
La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) ha denunciado la “inacción” y el silencio administrativo del ayuntamiento gijonés y el Gobierno de Asturias por no retirar el monumento en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática
Famyr ha denunciado a las administraciones asturianas ante la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Ángel Gabilondo / elDiario.es _________________
La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) ha presentado una denuncia[1]contra el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno de Asturias ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Estado y ante el Defensor del Pueblo por su “inacción” al mantener el monumento de “Los héroes de Simancas” que está ubicado en el colegio de La Inmaculada, conocido popularmente como “el de los jesuitas”.
Famyr sostiene que tanto la administración local como la regional incurren en un “flagrante incumplimiento” de sus obligaciones legales en materia de memoria democrática.
Exaltación franquista
La permanencia del monumento en el Colegio de La Inmaculada, antiguo Cuartel de Simancas de Gijón, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la federación que ha solicitado su retirada por lo que implica de exaltación franquista, “al estar dedicado a los caídos por Dios y por España, en homenaje a los golpistas que asaltaron la legalidad republicana en 1936”.
Ángel Gabilondo afirma que ha podido romper, al fin, los escollos que impedían la investigación, además de la gran reivindicación del Banco Nacional genético que acogerá a TODAS las víctimas sin necesidad de diligencia fiscal o judicial.
Reunión del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la presidenta, y secretario, de la Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía (ALUMBRA) y fundadora de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles `Te estamos buscando´, María de las Mercedes Bueno. (diciembre de 2024) / Fuente _____________________________
Después de décadas de lucha por parte de madres, familiares y asociaciones de víctimas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha emitido una recomendación histórica al Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes: la creación de un banco estatal de ADN, centralizado e integral, que permita identificar a las personas afectadas por la sustracción ilegal de recién nacidos en España.
Esta medida, largamente reclamada por los colectivos de víctimas, representa un avance decisivo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
La iniciativa responde a la queja formal presentada por la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles “Te estamos buscando”, respaldada por una investigación de más de mil páginas realizada por la asociación ALUMBRA, entidad pionera en la lucha por el reconocimiento y la visibilización de estos crímenes.
Un avance sin precedentes en la reparación a víctimas de bebés robados
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha desbloqueado un asunto que llevaba décadas sin avances efectivos: la reparación a las víctimas de la sustracción ilegal de recién nacidos. Tras años de obstáculos administrativos y legales, la institución ha respondido de forma contundente a la queja presentada por la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles Te estamos buscando, proponiendo medidas concretas y urgentes que facilitan el acceso de las víctimas al sistema estatal de identificación genética.
Esta respuesta llega tras un proceso exhaustivo de investigación, impulsado por la asociación ALUMBRA -Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados-, que entregó un informe de más de mil páginas. El documento recoge el impacto devastador de las desapariciones forzadas sobre miles de madres y familias, muchas de las cuales siguen sin conocer el paradero de sus hijos e hijas, ni haber tenido acceso a la verdad o la justicia.
La institución considera “prácticas irregulares” el examen específico que el Cabildo exige a los profesionales para poder realizar visitas guiadas al monumento patrimonio de la humanidad
El Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una recomendación a la Junta de Andalucía para que permita a los guías profesionales de turismo, acreditados y habilitados por la comunidad, que puedan acceder a la mezquita catedral de Córdoba “sin condiciones ni requisitos ajenos” a la normativa que regula sus funciones. Se refiere esta institución andaluza al examen adicional que el Cabildo de la localidad exige -y realiza- a estos profesionales para poder hacer visitas guiadas a este monumento patrimonio de la humanidad, una prueba que el Defensor considera “una práctica irregular” por entender que limita su ejercicio profesional, que les permite desarrollar su actividad en todo el territorio andaluz sin ningún otro requisito.
Según la Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía, los guías de turismo son profesionales que prestan “información turística de forma habitual y retribuida” a los visitantes de bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Para ejercer esta actividad, deben estar habilitados por la Administración turística de Andalucía. Esta habilitación se obtiene mediante la acreditación de requisitos como cualificación profesional y competencias lingüísticas, el reconocimiento de cualificaciones de otros estados de la UE, o la superación de pruebas de aptitud convocadas por la Consejería competente. La normativa andaluza y la europea garantizan el “libre desarrollo de la actividad” en Andalucía para los guías habilitados, incluso aquellos procedentes de otras Comunidades Autónomas, “sin necesidad de someterse a requisitos adicionales.
Víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial han discrepado sobre la comparecencia este jueves ante el Pleno del Congreso, del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para presentar el informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia –para algunas, un acto para «aplaudir» » y para otras, una comparecencia «desangelada»–, aunque han coincidido en que, si se decide que haya una indemnización a las víctimas, los fondos tienen que salir exclusivamente «de las arcas de la Iglesia».
«Si hay algún tipo de reparación, por supuesto, tiene que salir de las arcas de la Iglesia. Jamás el pueblo tiene que pagar por esto, ya hemos pagado nosotros, a nosotros ya no nos pueden hacer más daño del que ya nos hicieron. Quien tiene que pagar es quien lo hizo y la Iglesia es la responsable porque estábamos bajo su techo y bajo su cuidado y son los únicos responsables», ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra y víctima en el colegio de los Reparadores de Puente la Reina, José Luis Pérez.
Así se ha pronunciado Pérez después de que este jueves varios grupos parlamentarios como ERC, Sumar o EH Bildu hayan abogado por crear un fondo de indemnizaciones «exclusivamente financiado por la Iglesia».
La Conferencia Episcopal evita colaborar con el Estado y sigue aferrada a un plan de reparación propio que se apoya en una comisión nombrada por ellos. «Es como poner al zorro a cuidar a las gallinas», apunta Miguel Hurtado, un referente entre las víctimas de los abusos en la Iglesia
Las manos del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello / EP _______________________
Álvaro Sánchez Castillo, InfoLibre, 19 de noviembre de 2024
«Las víctimas ya no pueden esperar más». Así de contundente se mostró el pasado otoño el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una abarrotada sala del Congreso. Durante la presentación de la primera gran investigación oficial sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que recogió centenares de testimonios, el exministro avisó de que íbamos tarde en la reparación a quienes habían sufrido en sus propias carnes esta lacra. E hizo una serie de recomendaciones para intentar cerrar una herida que lleva décadas abierta. Pero un año después, sin embargo, las víctimas siguen esperando. La Conferencia Episcopal insiste en su propio mecanismo de reparación. Un plan que aún no se ha concretado y que no cuenta con el respaldo de los afectados.
El Alto Comisionado de las Cortes encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas planteó como «opción más deseable» para compensar a las víctimas el establecimiento de un «modelo mixto» entre Iglesia y Estado. En este sentido, proponía la puesta en marcha de un «órgano especial de carácter temporal» que tenga como finalidad la reparación en aquellos casos en que, por prescripción o por defunción del victimario, no se hubiese podido seguir un procedimiento penal. La propuesta se inspira en el Centro de Arbitraje belga, del que la Iglesia asumió dos tercios de sus costes –además de las indemnizaciones acordadas por el órgano–.
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