Pese al acuerdo entre el Estado y la Santa Sede hace 47 años que preveía su autonomía económica, la institución católica continúa dependiendo del Estado
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Ángel Munárriz, El País, 10 de junio de 2026
En contraste con un sinfín de datos que ilustran la pérdida de peso de la Iglesia católica, hay una estadística que año tras año da a los obispos españoles un motivo para la alegría. ¿Cuál? La que muestra el dinero que sale del Estado rumbo a las diócesis. En 2025, la institución católica tenía previsto ingresar casi 430 millones de euros de lo recaudado por Hacienda del IRPF en la campaña del año anterior, su cuarto récord seguido, según las memorias de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Es uno de los números que evidencian que León XIV se ha encontrado durante su visita una Iglesia que está lejos de cumplir el propósito de autofinanciación recogido en el acuerdo económico entre España y el Vaticano de 1979.
Esté en Roma Juan Pablo II o Benedicto XVI, esté Francisco o León XVI, la dependencia del Estado se mantiene como una constante inmutable de la Iglesia española. Su autonomía no solo es una idea que “duerme el sueño de los justos”, sino que “nada apunta a que sea un objetivo que de verdad se vaya a perseguir”, afirma Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra y experto en derecho eclesiástico y relaciones Iglesia-Estado. “Ni la Iglesia avanza, ni el Gobierno se lo exige”, remata José Antonio Naz, presidente de la asociacion Europa Laica.
Un acuerdo hace 47 años
Aunque nadie lo ha citado como uno de los motivos de la visita de León XIV, la casualidad ha querido que caiga cerca del 50º aniversario de un acontecimiento de máxima importancia para la Iglesia española: la firma, en julio de 1976, del acuerdo marco entre España y la Santa Sede para renovar su relación bilateral, dejando atrás el Concordato confesional de 1953. Dicho acuerdo, que mantiene aún hoy en el BOE la afirmación “la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica”, es la percha de la que cuelgan los cuatro acuerdos temáticos de 1979, uno de ellos sobre asuntos económicos.
Estableciendo como premisa que el Estado no puede “ni desconocer ni prolongar indefinidamente” las “obligaciones” contraídas con la Iglesia en el pasado, el pacto compromete en su artículo 2.1 a las arcas públicas a “colaborar” en el “sostenimiento” de la Iglesia. Primero, con dinero de los presupuestos. Después, con una “asignación tributaria”. El 2.5 establece la contrapartida de la Iglesia, que declara su “propósito” de lograr “por sí misma” los “recursos suficientes” para atender “sus necesidades”, paso previo a lo que quedaba fijado como la estación final de la relación: la “sustitución” de la “asignación tributaria” por otras formas de “colaboración”.
Pero esta fase no ha llegado. En vez de eso, el sistema de “asignación tributaria” se ha ido construyendo y consolidando a base de decisiones alineadas con los intereses episcopales. En 1988, con Felipe González en La Moncloa, se fijó la fórmula de la casilla de la Iglesia. Atendiendo al modelo que querían los obispos, no se impone un recargo a quien marca la cruz —como en Alemania—, sino que se detrae del total recaudado una cuantía calculada a partir del número de equis marcadas y la cuota íntegra de quienes las marcan. Es decir, se trata de una minoración de ingresos públicos por la que pagan todos, marquen o no. Desde 2000, con José María Aznar, se permite compatibilizar la cruz de la Iglesia con la de fines sociales, evitando una disyuntiva que desagradaba a la Conferencia Episcopal. La serie de acuerdos favorables a la Iglesia culminó en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cada equis pasó de suponer un trasvase del 0,5239% a un del 0,7% de la cuota del declarante.
Casi 430 millones
Gracias a todo este diseño, la subsistencia de la Iglesia sin ayuda del Estado ni está, ni se la espera. Transcurridos 47 años desde el acuerdo, no hay dato oficial del montante total de dinero que de un modo u otro la Iglesia recibe o deja de pagar al Estado, un cómputo que obligaría a sumar conceptos tan dispares como exenciones fiscales, mantenimiento de templos, subvenciones y conciertos a beneficio de entidades de la Iglesia, retribuciones a profesores de Religión o capellanes carcelarios… Pero solo con la cifra que deja un rastro más claro, la asignación por la casilla de la Iglesia, se observa que el caudal de dinero que va del Estado a la Iglesia crece con fuerza. En 2025, la institución preveía que esta cantidad alcanzara los 429,3 millones. Entre 2014 y 2024, han sido más de 3.400 millones.
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La Iglesia bate récords de recaudación vía IRPF apoyándose en una subida del número de declarantes que marcan la equis, de 7,3 millones a 7,9 entre 2014 y 2024, una alza de un 8,2%. No obstante, se trata de un incremento mucho menor que el de los ingresos en el mismo periodo, de un 70%, una diferencia que una fuente de la Agencia Tributaria vincula con la subida global de la recaudación, que convierte en beneficiaria del contexto macroeconómico favorable. Aunque en números brutos hay un crecimiento de las equis en la casilla católica, el porcentaje con respecto al total de declarantes dibuja una curva descendente. De nuevo tomando como referencia los años 2014 y 2024, hay una bajada desde cerca del 35% hasta poco más del 30%.
El incremento de la recaudación se produce mientras la Iglesia adelgaza. Entre 2014 y 2024, mientras los ingresos subían un 70%, el número de sacerdotes caía más de una quinta parte, de 18.813 a 14.994. Los que salen de la casilla suponen cerca de una cuarta parte del total de los ingresos de la Iglesia, según la memoria de 2024, última publicada, a lo que hay que añadir que el resto de sus principales fuentes de financiación —aportaciones de los fieles, ingresos por patrimonio— también se ven beneficiadas por su ventajoso régimen fiscal, señala Alejandro Torres, autor de Iglesia y fisco en la historia de España(UCM, 2000). Los llegados vía IRPF son unos ingresos destinados a sufragar gastos imprescindibles para la Iglesia, básicos para su funcionamiento. En 2024, cerca del 84% fue al “sostenimiento” de las diócesis, que a su vez retribuyen al clero y al personal seglar. Otro 8,3% va destinado a pagar la seguridad social del clero y el salario de los obispos.
“El acuerdo [de 1979] es tan claro como su incumplimiento. Aunque la asignación tributaria debía ser provisional, la Iglesia sigue dependiendo de ella para cubrir necesidades básicas, continuando una financiación estatal con origen en la Constitución de 1837. Entonces, se compensaba a la Iglesia por las desamortizaciones. Pero, ¿qué clase de compensación sigue deparando 429 millones en un año casi dos siglos después?”, añade Torres, para quien el actual sistema es “un privilegio” para el catolicismo y una “discriminación” del resto de confesiones, algunas de las cuales, como la evangélica y la musulmana, han intentado sin éxito contar con su propia casilla en el IRPF. Torres cree que el modelo de apoyo público “más neutral” sería uno basado solo en deducciones a las aportaciones de los fieles de todas las confesiones sin excepción.
María del Mar Martín García, catedrática de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Almería, ve las cosas de diferente manera. A su juicio, tal y como está redactado el acuerdo, la autofinanciación es “una declaración unilateral” que sirve para “concienciar” a los fieles de la necesidad de su aportación y que obliga a “trabajar para llegar” al objetivo. Sobre si se ha cumplido al menos el propósito de avanzar en esa línea, afirma que corresponde a la Iglesia responder, como parte que realizó la “declaración”. Lo que la jurista sí cree es que la autofinanciación, incluso como objetivo, “no puede interpretarse en sentido estricto, absoluto”, de forma que la ayuda económica del Estado a la Iglesia se quede en “cero”. Y añade que la asignación tributaria es una forma de cooperación económica entre la Iglesia y el Estado que no supone un sistema cualitativamente peor que las desgravaciones. “El dinero público se ve mermado sea a través de deducciones o de asignación tributaria”, añade Martín García, que sí cree que la casilla debería extenderse a otras confesiones.
Sin cuestionamiento
La hemeroteca atestigua numerosos amagos de poner fin a la millonaria ayuda pública anual, que los obispos defienden con el argumento de que si el dinero llega a la Iglesia, es porque hay fieles que marcan la casilla, a lo que sus detractores responden que lo justo sería que quienes marcan pagaran más, o se les devolviera menos, para que así no se viera mermada la recaudación pública.
El último cuestionamiento relevante del sistema fue de Carmen Calvo, en 2020, siendo vicepresidenta del Gobierno, cuando afirmó que había un “espacio de reflexión abierto” sobre esta fórmula de financiación de la Iglesia. Pero finalmente no hubo cambios en el sistema, y ello a pesar de que solo unos meses después el Tribunal de Cuentas publicó una fiscalización de su funcionamiento que detectaba falta de control del Estado sobre el destino final de los fondos entregados a la Iglesia, escasez de detalle sobre el empleo de los mismos en la memoria anual de la CEE y también prácticas de la institución católica —que ya han dejado de realizar, según la última memoria— como obtención de superávit gracias a la aportación pública y envío de dinero llegado del Estado a la televisión Trece.
En respuesta por escrito a preguntas de EL PAÍS, un portavoz del Ministerio de Presidencia, responsable de las relaciones con la Iglesia, recalca que el acuerdo económico prevé que la “asignación tributaria” acabe llegando a su fin, si bien evita responder si considera que la institución católica ya está incurriendo en un incumplimiento y si eso podría llevar a una denuncia del pacto por parte del Gobierno. Presidencia destaca que el Ejecutivo sí ha dado “pasos importantes en materia fiscal”, al lograr que la Iglesia renunciase dos exenciones sobre impuestos de las que disfrutaba hasta 2023. La Conferencia Episcopal no respondió a este periódico.
