Vuelta al cole, confusión e incertidumbres

agosto 31, 2020

Escribe Francisco Delgado, coordinador del área de Educación de Europa Laica. Francisco Delgado fue miembro del Consejo Escolar del Estado, presidente de CEAPA y es autor de diversas publicaciones sobre gestión de las políticas educativas

Imagen: Internet

Imagen: Internet

Francisco Delgado, Nueva Tribuna, 31 de agosto de 2020

Lo peor que está pasando, días antes del pretendido inicio del curso 2020-21, es haber sembrado la desconfianza, lo que está provocando cierto temor entre una gran parte de las familias, el alumnado y el profesorado. Ello es como consecuencia de informaciones contradictorias y falta de claridad, de no tener -de forma generalizada- los recursos adecuados para una apertura segura de los centros.

Antes de seguir, expreso mi aplauso a todos los niños, niñas y adolescentes, que desde marzo hasta final del curso estuvieron encerrados en casa, la mayoría con la educación online, en muchos casos con enormes dificultades y sin embargo, muy generalizadamente, tuvieron un comportamiento más que ejemplar, también a las familias y al profesorado que se implicó en ello, en ocasiones sin apenas medios.

Para que se tenga clara la enorme dimensión de este hecho es necesario indicar (de forma cuantitativa) que en España hay más de ocho millones de alumnas y alumnos en las enseñanzas no universitarias, de los cuales casi 5 millones están en las enseñanzas obligatorias (es decir en primaria y ESO). Alrededor del 65% asisten a centros de titularidad pública, el 30% están en la enseñanza privada concertada y el 5% en centros privados, no concertados. El alumnado de educación infantil de primer y segundo ciclo (enseñanza no obligatoria), son alrededor de 1,7 millones de niños y niñas de 0-3 y 3-6. De estos últimos, 1,3 millones -aproximadamente- asisten a centros de infantil y primaria, e, incluso, a centros privados, de enseñanzas completas. El alumnado de bachillerato y formación profesional, que son enseñanzas no obligatorias, son aproximadamente 1,5 millones.

El número de centros escolares no universitarios es de aproximadamente unos 29.000, de los cuales algo más de 19.000, son de titularidad pública. Es decir que cerca de 10.000 son privados concertados y no concertados. Y en este caso que nos ocupa, más allá del debate enseñanza pública – privada, la atención sanitaria y la seguridad que ha de proporcionar el Estado se ha de extender a todo el alumnado, independientemente del centro al que asista.

La inversión y gasto total en educación actualmente es inferior que en el año 2009, en casi 2.000 millones de euros

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La Justicia y el Tribunal de Cuentas ponen los negocios de la Iglesia bajo la sospecha de beneficiarse de ayudas ilegales

agosto 31, 2020

El órgano fiscalizador apunta a un posible incumplimiento de la legislación europea sobre ayudas de Estado por la financiación de Trece TV vía IRPF

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española / Europa Press

Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de agosto de 2020

Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas, el órgano de fiscalización de las administraciones en España, han comenzado a cuestionar que la Iglesia católica haga negocios beneficiándose del dinero público, sea en forma de exención fiscal o de inyección económica.

Puede sonar raro que la Iglesia participe en el juego del mercado. Pero lo hace. Desarrolla actividades lucrativas. Y hace caja. Un ejemplo: la Iglesia, que no es una institución monolítica sino una suma de miles de entidades, pone en alquiler locales por los que no paga impuestos. Además, financia su televisión con dinero salido de las arcas públicas.

Esta última actividad, la que financia a la televisión Trece, acaba de llamar la atención del Tribunal de Cuentas, que la ha puesto bajo sospecha de ser una ayuda de Estado, y por lo tanto ilegal, al dinero salido del bolsillo de los contribuyentes que acaba en las cuentas de esta emisora.

Pero no es el único frente abierto para las actividades comerciales de la Iglesia, que también los tiene en los tribunales españoles y europeos, donde se abren paso los primeros fallos contra sus privilegios económicos. Pese a estos cuestionamientos, las reformas legales en España para que las ayudas a la Iglesia sólo cubran la actividad religiosa y caritativa siguen pendientes.

Del IRPF a Trece

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Monarquía, Ejército e Iglesia, ¿por qué son las tres instituciones privilegiadas y blindadas en la Constitución de 1978?

agosto 30, 2020

Foto Nueva Tribuna

Cándido Marquesán Millán, Nueva Tribuna, 30 de agosto de 2020

Llama poderosamente la atención que en nuestra Carta Magna hubo tres instituciones  a las que se les concedieron grandes privilegios y que quedaron blindadas: Monarquía, Iglesia y Ejército.

Una fue la Monarquía –especialmente blindada frente a eventuales reformas por el artículo 168, que para su revisión o eliminación se requiere aprobación por 2/3 de ambas Cámaras y disolución de las Cortes; las nuevas Cámaras deberán ratificar y estudiar la revisión por 2/3, y posteriormente referéndum.

Y la segunda, la explícita atribución al Ejército de la tutela de la “integridad territorial” y del propio “orden constitucional” (artículo 8), con un doble objetivo. Por una parte, sancionar el olvido de los crímenes franquistas. Por otro, convertir a la jerarquía militar en guardiana de la “indisoluble unidad de la Nación española” y en factor disuasorio frente a las reivindicaciones de autonomía de las “nacionalidades y regiones”.

La tercera, la Iglesia Católica, a la que se le reconocieron sus intereses básicos en materia educativa (artículo 27) y  la renuncia al reconocimiento del carácter laico –y no simplemente aconfesional– del Estado (artículo 16.3), aunque la aconfesionalidad se incumple  ya que en dicho artículo “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.  Un Estado aconfesional no debe hacer una cita expresa a una religión concreta, ya que esto significa privilegiarla sobre las demás e incumplir el artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación alguna ni por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión…”

Tales privilegios a estas tres instituciones, quizá sea, por el peso de la historia, de la que hablaré luego. Han tenido un protagonismo clave. Las tres son instituciones conservadoras, mejor reaccionarias, jerárquicas, verticales, cuyo poder va de arriba hacia abajo, del centro a la periferia. Y lógicamente han contribuido en gran parte, no sé cuál es su alcance, a determinar y configurar nuestra visión política, social, religiosa, económica de acuerdo con determinados valores. Pero además entre ellas ha habido en general un perfecto ensamblaje, o lo que es lo mismo una Triple Alianza. Se han apoyado siempre. Los roces entre ellas  han sido escasos. Lee el resto de esta entrada »


Europa Laica: Informe sobre de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2018 presentada por la Conferencia Episcopal Española

agosto 28, 2020

Elaborado por Enrique Ruiz del Rosal, Europa Laica

presentacion informe analítica web

Europa Laica, 28 de agosto de 2020

La asignación tributaria del IRPF a la iglesia católica: un cúmulo de opacidad en la subvención con dinero público

Europa Laica, como todos los años, ha hecho un INFORME detallado (120 páginas) analizando la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica que fue publicada el pasado mes de junio.

Esta Memoria eclesial debería tener por objeto cumplir con el compromiso adquirido por la Iglesia Católica de dar cuenta de la financiación pública que recibe a través de la casilla del IRPF. 285 millones de euros en el ultimo ejercicio fiscal.

Pero nada más lejos de la realidad.

Europa Laica denuncia que esta Memoria es cualquier cosa menos lo que debería ser, sino un cumulo de opacidades, medias verdades y pura propaganda eclesial, pero sin dar cuenta real de este dinero público entregado a la Iglesia Católica, que es de lo que se trata justificar.

En las Conclusiones del INFORME, apuntamos:

– Es de todo punto antidemocrático que sigan sin denunciarse los Acuerdos con la Santa Sede que amparan esta subvención a la Iglesia católica, y que no se respete en su integridad la aconfesionalidad formal del Estado.

– Es aun menos admisible la comodidad y connivencia de los Gobiernos de turno en no hacer cumplir siquiera lo acordado, manteniendo el despropósito de falta de control y publicidad sobre los dineros públicos de los que es el principal. responsable.

– La Memoria de Actividades publicada por la Iglesia católica no cumple de forma manifiesta con el compromiso adquirido de dar cuenta de la financiación pública recibida a través del IRPF.

– Es imprescindible una completa y amplia fiscalización de las cuentas de la Iglesia Católica. El Tribunal de Cuentas ha determinado recientemente esta misma necesidad a la vez que sobre las carencias e incumplimientos mencionados.

– La Memoria de Actividades de la Iglesia católica es un burdo documento de pura propaganda eclesial, carente de transparencia  debida, con mucha opacidad y lleno de triquiñuelas y medias verdades contables con el único objetivo de ocultar sus privilegios.

Europa Laica, para mayor claridad,  ha elaborado un compendio de PREGUNTAS SIN RESPUESTA que dan cuenta de las denuncias, medias verdades y opacidades mencionadas en el INFORME**. En dos series, una sobre la Asignación Tributaria, otra sobre las Actividades eclesiales relacionadas. Lee el resto de esta entrada »


IUCyL y la Coordinadora Recuperando piden a Junta y Estado se personen en el procedimiento para la titularidad pública iglesia San Francisco de Palencia

agosto 28, 2020

IUCyL y Recuperando defienden que la iglesia de San Francisco es un bien de dominio público y exigen a las Administraciones la defensa del patrimonio público.

Rueda de prensa de Juan_Gascon, Coordinador de IUCyL, el diputado Eduardo Hermida y Alberto Blanco, abogado de Recuperando frente a la iglesia de San Francisco de Palencia / Foto IUCyL

Fuentes: IU Castilla y León  / Cadena SER,  28 de agosto de 2020

Tras conocerse que el juzgado de primera instancia número 6 de Palencia ha admitido a trámite una demanda presentada por la diócesis en la que solicita el registro oficial a su nombre de la iglesia de San Francisco, IU, a través de su coordinador regional, Juan Gascón, contra el que se dirige el procedimiento judicial, se ha afianzado en su defensa de la titularidad pública del templo.

Por ello, IUCyL y la Coordinadora Recuperando se han dirigido escritos al Gobierno y a la Junta para que defiendan la titularidad pública del mencionado templo frente a los intereses particulares de la diócesis palentina.

Como partes demandas por la diócesis se señala:

1 De un lado, a la Fraternidad Franciscana de San Francisco de Asís, cofradía propietaria de una décima parte del inmueble y que fue la causante de que la Diócesis no pudiera inmatricular el bien a su nombre anteriormente al no poder inscribirse un bien registrado por otro propietario

2 Y por otro, a cuantas ignoradas personas creyeran tener algún derecho sobre la finca descrita en el hecho primero de esa demanda.

Se notifica a quienes realizaron la solicitud de paralización de la inmatriculación de la Iglesia de San Francisco a nombre de la Diócesis de Palencia en 2018: las personas responsables de Izquierda Unida de Castilla y León a nivel autonómico, provincial y local y a la Plataforma Recuperando de Castilla y León que se dedica a la recuperación de patrimonio de bienes de dominio público de los que la Iglesia se apropia. Lee el resto de esta entrada »


Más de 2.500 centros católicos se preparan para empezar curso.

agosto 27, 2020

Los datos que ofrece la CEE de cara al próximo curso son los ofrecidos en su Memoria Anual de Actividades 2018

Foto C.E.E.

27 de agosto de 2020

La Iglesia española saca pecho por su labor educativa, titula hoy Infovaticana la noticia que publicaba la Conferencia Episcopal Española en su página web, con fecha del 26 de agosto: Más de 2.500 centros católicos se preparan para empezar curso.

Independientemente de ese “sacar pecho” a que se alude en Infovaticana: “En el día en que el Ministerio de Educación tiene la importante reunión con las diferentes Comunidades Autónomas para coordinar la vuelta al cole -a 10 días del inicio del curso-, la Conferencia Episcopal Española ha sacado pecho respecto a su papel en la educación”, lo interesante son los datos que la propia CEE ofrece sobre la escolarización en centros católicos aunque, como se indica en la web de la CEE, se recogían ya en la Memoria Anual de Actividades 2018 (páginas 52 a 57).

¿Ningún cambio, al menos en alumnado que acude a los centros o en el que recibe clase de religión católica?

No obstante, y aunque los datos puedan no ser exactos merece la pena recordarlos para tener presente el peso de la iglesia católica en la educación de nuestro país.

Los datos que ofrecen nos recuerdan que cuentan con  2.586 centros educativos de inspiración católica que se preparan para afrontar el nuevo curso. La formación integral de las personas en todas las edades es una una actividad fundamental de la Iglesia. De ellos, 2.455 son centros católicos concertados, con lo que, insisten, el Estado ahorra 3.532 millones de euros. Lee el resto de esta entrada »


El obispado de Palencia reclama “registrar a su nombre” la iglesia de San Francisco y demanda a IU

agosto 27, 2020

El juzgado número 6 admite a trámite el procedimiento.
La Iglesia de San Francisco fue declarada en 1992 como Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional, y formaba parte de un convento desamortizado (que fue sede de las Cortes de Castilla y residencia real). El valor catastral del inmueble supera el millón de euros

Imagen de archivo de un acto convocado en septiembre de 2019 por IU que reclamaba que la iglesia de San Francisco fuera patrimonio público / Foto Óscar Navarro

Diario Palentino, 27 de septiembre de 2020

El juzgado de primera instancia número 6 ha admitido a trámite una demanda presentada por la diócesis por la que solicita el registro oficial a su nombre de la propiedad de la iglesia de San Francisco.

El procedimiento judicial, al que ha tenido acceso Diario Palentino, está dirigido contra la Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar y contra la formación de Izquierda Unida, tanto regional como provincial, incluido el propio coordinador regional Juan Gascón, «y frente a cuantas ignoradas personas creyeran tener algún derecho sobe la finca», subraya el texto legal, que está acompañado de abundante documentación histórica y jurisprudencial. La acción ejercida contra la Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar se enmarca en el hecho de que, al parecer, la Fraternidad tiene una propiedad registrada oficialmente de unos 300 m2, que podría corresponder a la capilla que posee junto a dicha iglesia, registro que ya en 2015 supuestamente imposibilitó al obispado inscribir este templo a su nombre. Asimismo, la acción dirigida contra varios particulares y la coalición de izquierdas se circunscribe a que presentó alegaciones, supuestamente sin documentar a juicio del organismo religioso, al expediente de dominio presentado en el juzgado por la diócesis, cuyos intereses legales son ejercidos por el abogado palentino Trinidad Infante, para inmatricular dicha iglesia hace ahora poco más de dos años.

Dudas de la propiedad. 

De hecho, en abril de 2018 la entonces titular del juzgado de primera instancia número 6 frenó dicha inmatriculación al decidir archivar el procedimiento, ya que, a su entender, «existían dudas de la propiedad que se pretendía inmatricular, debiendo ser ésta declarada a través del juicio contradictorio pertinente», según reflejaba en el auto dictado. De esta forma, se cerró inicialmente la puerta a la inmatriculación a través de un expediente de dominio y se derivó el caso a un «procedimiento declarativo» para dar oportunidad de personación, así como de contradicción a las partes en conflicto en este asunto. Lee el resto de esta entrada »


Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Llevar al Supremo el pleito por la licencia de obras y el concordato fue una de las primeras decisiones del equipo de gobierno de PP y C’s / Twitter de Jorge Azcón

Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto.

El arzobispado sostiene que las obras del museo diocesano deberían estar exentas del pago del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la aplicación del llamado concordato de 1979, que determina una serie de beneficios fiscales para las instituciones eclesiásticas, mientras que la Inspección Tributaria municipal mantenía lo contrario, ya que así lo establecía la orden por la que el Ministerio de Hacienda redujo en 2009 la exención general del ICIO para los edificios de la iglesia católica aprobada en 2001 a “aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”.

Una denegación basada en la ley

Si el ICIO no existía cuando se firmaron los acuerdos, mal podría incluirse ese impuesto entre aquellos de cuyas exenciones puede beneficiarse la iglesia católica, señalaba la orden, en la que, no obstante, se le asignaba una amplia rebaja. Algunos estudios cifran en 900 millones anuales los beneficios fiscales de las instituciones católicas, entre los que destaca el de no pagar el IBI de su amplio patrimonio inmobiliario.

Aunque el museo se encuentra en el mismo edificio que el arzobispado, exento del IBI por tratarse de una sede episcopal, sus responsables acabaron bendiciendo el criterio de la Inspección Tributaria y en abril de 2011, dos meses después de haber abierto sus puertas al público, firmaban un acta de conformidad por la que aceptaban pagar 77.790,22 euros por el ICIO y otros 4.528,88 en concepto de intereses de demora.

El pleito comenzó tres años después. A principios de 2014, y después de que la Audiencia Nacional revocara provisionalmente la orden de 2009, el arzobispado solicitó la devolución de los 82.000 euros al considerarlos un ingreso indebido, petición que el consistorio le denegó en dos ocasiones, en enero y en junio de ese año. La norma vigente era entonces la que restringía las exenciones, ya que el Supremo no confirmaría hasta noviembre la sentencia de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el arzobispado recurrió las denegaciones del ayuntamiento y el Juzgado Contencioso número 2 de Zaragoza le dio la razón después de que se pronunciara el Supremo y en una sentencia que posteriormente ratificó la sala de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuyos magistrados señalaron, no obstante, que “no puede entenderse” que el acta o la negativa a devolver los 82.000 euros “sean subsumibles en el concepto de ‘infracción manifiesta de la ley”, puesto que la orden de 2009 “aún no había sido afectada por las aludidas sentencias”.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

“Es otro privilegio que se mantiene de manera irracional”

El Supremo, que advierte que no va a pronunciarse sobre “la improcedencia de aplicación de la exención” por no haber sido planteada al comienzo del pleito, sí lo hará acerca de si, como en este caso, “la anulación sobrevenida, por sentencia, de la norma” que obliga a pagar un impuesto “constituye un motivo válido para acceder a la revocación de una liquidación firme”.

También determinará si un juzgado puede revisar el pago de un impuesto cuando el pagano pide ser eximido o si, por el contrario, “debe limitarse” a “ordenar la tramitación del procedimiento” sobre ese asunto a la Administración.

“Este es otro privilegio que se está manteniendo de una manera irracional: la iglesia católica debe pagar el IBI y el ICIO“, sostiene Juanjo Picó, de Europa Laica, que recuerda cómo la justicia comunitaria ya ha determinado que las exenciones fiscales, que no dejan de ser un tipo de ayudas de Estado, deben regirse por la normativa de la UE.

Picó lamenta que “esa norma se traspone en España de una forma muy laxa. Debería haber una trasposición inequívoca, de manera que todo el mundo pague los impuestos que debe, algo que debe ocurrir especialmente cuando se trata de actividades que generan rendimientos económicos”.

La justicia comunitaria ve irregulares las exenciones a las iglesias

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estableció hace ya tres años en una sentencia que la exención del ICIO (23.730 euros) que reclamaban al Ayuntamiento de Getafe las Escuelas Pías de esa ciudad madrileña “puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107” del Tratado Fundacional de la Unión ya que “se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa”.

Los planteamientos del TJUE son diáfanos cuando señala que “el ICIO es un impuesto normalmente adeudado por todos los contribuyentes” en el que, en el caso de Getafe a las Escuelas Pías, “es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica” al tener “por efecto aliviar las cargas que recaen sobre el presupuesto de la congregación”.

Paralelamente, añade, el beneficio fiscal derivado del llamado concordato “no es una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino una medida a priori selectiva“, por lo que “procede considerar que, en el presente asunto, puede cumplirse el requisito de la existencia de una ventaja económica selectiva”.

“Hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia” que consagra la normativa comunitaria.

En el caso del ICIO, añade, el impuesto se estableció “después de la adhesión” de España a la UE y la exención se aprobó en junio de 2001, por lo que su aplicación “sólo podría tratarse de una nueva ayuda”, algo vetado en el espacio comunitario.

Un ahorro de más de 118 millones al año

En cualquier caso, las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos jurídicos de 1979 de las que se beneficia la iglesia católica son amplias. Tanto como para que el Tribunal de Cuentas señalara en su reciente informe de fiscalización sobre las relaciones económicas del Estado y las confesiones religiosas que el 91,6% de las 27.073 entidades religiosas registradas en España (salvo Navarra y Euskadi) ni siquiera tienen la obligación de declarar el Impuesto de Sociedades.

De las 2.269 restantes, poco más de la mitad (1.332) lo hizo en el periodo analizado por el Tribunal de Cuentas pese a estar obligadas. Y, de estas últimas, 1.153 se acogieron a las exenciones totales de la Ley de Mecenazgo y otras 111 a las parciales que contempla la regulación de ese tributo.

El informe calcula que ese régimen tributario del Impuesto de Sociedades acarrea unos beneficios fiscales de algo más de 118 millones de euros anuales para las entidades religiosas, que tienen como principal agraciado a las católicas, en menor medida a las islámicas, las hebreas y las evangelistas y de manera residual al resto.


La objeción de conciencia coarta el derecho al aborto en Cataluña

agosto 25, 2020

En 2018, 482 mujeres tuvieron que desplazarse de sus comarcas para abortar. Una de las causas es que numerosos hospitales están controlados por la Iglesia. Asociaciones feministas denuncian que la Generalitat debe garantizar que se pueda abortar en todo el territorio.

Hospital San Juan de Dios de Manresa. ACN / Estefanía Escolà

Hospital San Juan de Dios de Manresa. ACN / Estefanía Escolà

Paula Ericcson, Público, 25 de agosto de 2020

Abortar en Cataluña (y en el resto de España) es legal desde 1985. Pero que sea legal no significa que sea fácil. La ley de 2010 establece que, cuando se autoriza el aborto en España, la mujer debe someterse a tres días de reflexión. Las dos modalidades más comunes son el aborto farmacológico -posible hasta las nueve semanas- y el quirúrgico -legal más allá de la semana 22 si un comité clínico confirma que el feto tiene una enfermedad incurable-.

En el territorio catalán, los establecimientos para practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se dividen básicamente en dos tipos de centros: clínicas privadas acreditadas -la mayoría situadas en Barcelona- y hospitales.

A pesar de ello, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos indica que en 2018 al menos 482 mujeres tuvieron que desplazarse para abortar porque en sus comarcas no pueden hacerlo. Según los datos proporcionados por el Departamento de Salud no se notificó ningún IVE en 16 comarcas catalanas (Valle de Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, Terra Alta, Montsià, Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l’Estany, Cerdanya, Alt Urgell y Berguedà). “No me creo que las mujeres en el Montsià no aborten”, sospecha la coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Sílvia Aldavert Garcia.

Una de las principales razones de esta cifra es la objeción de conciencia. El artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 establece que puede haber ginecólogos objetores de conciencia -que se nieguen a practicar abortos por creencias religiosas pero los centros médicos deben garantizar que haya algún profesional dispuesto a hacerlo. Esto no ocurre en gran parte del territorio catalán. “El sistema de salud en Cataluña es absolutamente perverso, porque muchos de los hospitales catalanes son concertados con la Iglesia católica, como el Hospital de Sant Pau, el de Manresa o el de la Seo de Urgel. Se definen objetores porque los jefes del hospital son los obispos “, denuncia Aldavert. Lee el resto de esta entrada »


Los colectivos de defensa del patrimonio temen que el Gobierno pacte con los obispos no tocar las inmatriculaciones a cambio de pagar el IBI

agosto 25, 2020

La asociación Recuperando exige al Ejecutivo una “solución global” para los 100.000 bienes puestos a nombre de la Iglesia desde 1946

Catedral de Sevilla

Jesús Bastante, El Diario, 25 de agosto de 2020

En septiembre, el Gobierno y la Conferencia Episcopal comenzarán, por fin, a abordar el nuevo modelo de fiscalidad de la Iglesia española. Con el dictamen del Tribunal de Cuentas en las manos, que recomienda al Estado un mayor control de las finanzas del clero, el departamento dirigido por Carmen Calvo también quiere que en la negociación entre la polémica cuestión de las inmatriculaciones.

Aunque todavía no se ha hecho público el listado oficial encargado, en tiempos de Rajoy, al Colegio Oficial de Registradores, la cifra de bienes puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015 en virtud de la llamada ‘ley Aznar’ alcanzaría los 35.000 inmuebles, entre iglesias, casas rectorales, garajes, frontones, prados y plazas.

Algunas, tan relevantes como la Mezquita de Córdoba, la catedral de Burgos o la Giralda de Sevilla. De lo poco que se sabe (el Gobierno aún no se ha decidido a hacer público el listado final, pese a que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno así se lo indicó hace año y medio) es que algo más de la mitad de los bienes, unos 18.500, corresponden a templos y dependencias parroquiales, mientras que otros 15.000 son fincas variadas, donde entra cualquier inmueble no dedicado al culto.

En este sentido, la coordinadora estatal Recuperando, que engloba a una veintena de colectivos patrimonialistas en defensa de la recuperación popular de los bienes enajenados por la Iglesia con la única firma del obispo (que, según la ley, actuaba como si de un notario se tratase) ha mostrado su temor ante la posibilidad de que el Gobierno esté utilizando la cuestión de las inmatriculaciones para negociar un nuevo modelo fiscal para la Iglesia. Esto es: no pleitear por los bienes inmatriculados a cambio de que la Iglesia acepte modificaciones en sus exenciones fiscales, especialmente en lo tocante al pago del IBI, del que los obispos están exentos. Lee el resto de esta entrada »