Escribe Francisco Delgado, coordinador del área de Educación de Europa Laica. Francisco Delgado fue miembro del Consejo Escolar del Estado, presidente de CEAPA y es autor de diversas publicaciones sobre gestión de las políticas educativas

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Francisco Delgado, Nueva Tribuna, 31 de agosto de 2020
Lo peor que está pasando, días antes del pretendido inicio del curso 2020-21, es haber sembrado la desconfianza, lo que está provocando cierto temor entre una gran parte de las familias, el alumnado y el profesorado. Ello es como consecuencia de informaciones contradictorias y falta de claridad, de no tener -de forma generalizada- los recursos adecuados para una apertura segura de los centros.
Antes de seguir, expreso mi aplauso a todos los niños, niñas y adolescentes, que desde marzo hasta final del curso estuvieron encerrados en casa, la mayoría con la educación online, en muchos casos con enormes dificultades y sin embargo, muy generalizadamente, tuvieron un comportamiento más que ejemplar, también a las familias y al profesorado que se implicó en ello, en ocasiones sin apenas medios.
Para que se tenga clara la enorme dimensión de este hecho es necesario indicar (de forma cuantitativa) que en España hay más de ocho millones de alumnas y alumnos en las enseñanzas no universitarias, de los cuales casi 5 millones están en las enseñanzas obligatorias (es decir en primaria y ESO). Alrededor del 65% asisten a centros de titularidad pública, el 30% están en la enseñanza privada concertada y el 5% en centros privados, no concertados. El alumnado de educación infantil de primer y segundo ciclo (enseñanza no obligatoria), son alrededor de 1,7 millones de niños y niñas de 0-3 y 3-6. De estos últimos, 1,3 millones -aproximadamente- asisten a centros de infantil y primaria, e, incluso, a centros privados, de enseñanzas completas. El alumnado de bachillerato y formación profesional, que son enseñanzas no obligatorias, son aproximadamente 1,5 millones.
El número de centros escolares no universitarios es de aproximadamente unos 29.000, de los cuales algo más de 19.000, son de titularidad pública. Es decir que cerca de 10.000 son privados concertados y no concertados. Y en este caso que nos ocupa, más allá del debate enseñanza pública – privada, la atención sanitaria y la seguridad que ha de proporcionar el Estado se ha de extender a todo el alumnado, independientemente del centro al que asista.
La inversión y gasto total en educación actualmente es inferior que en el año 2009, en casi 2.000 millones de euros