La Generalitat pondrá en marcha en septiembre el primer órgano de arbitraje de toda España para intentar acuerdos bilaterales en el polémico caso de los miles de bienes inscritos a nombre de los obispos.
Cartel a la entrada del edificio de la Conferencia Episcopal en Madrid / Europa Press.
A.Moreno, Público, 22 de agosto de 2020
La Generalitat de Catalunya pondrá en marcha en septiembre una oficina de mediación para intentar resolver por la vía del acuerdo las reclamaciones de bienes inmatriculados por la Iglesia católica que presenten particulares o ayuntamientos. Se trata del primer instrumento administrativo arbitrado por una comunidad autónoma en el espinoso asunto de las más de 100.000 inscripciones eclesiales registradas en toda España, muchas de las cuales afectan a buena parte del valioso patrimonio histórico, pero también a huertos, casas, plazas públicas, cementerios y hasta frontones. Pero, ¿es esta la solución adecuada? ¿La oficina de mediación dará respuesta al aluvión de casos detectados en todo el país? ¿Qué pasa con los bienes de dominio público? ¿Y si la Iglesia se cierra en banda y se niega a negociar?
No hay una contestación concluyente para todas las incógnitas planteadas. Las dudas son innumerables y las opiniones sobre su eficacia difieren notablemente según los actores implicados. Por lo pronto, la oficina ya ha empezado a recibir numerosas consultas preliminares de particulares y ayuntamientos catalanes. Así lo ha revelado a Público su directora, Rosa Creus, que coordina un equipo de doce expertos. «Estamos recibiendo ya muchas preguntas y se están respondiendo, pero hasta septiembre la oficina no se pondrá en marcha», afirma en conversación telefónica.
La Generalitat hizo público el pasado 23 de julio el listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica, que incluye 3.722 bienes inscritos a su nombre a través del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado en 2015 por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, debido a sus visos de inconstitucionalidad. El artículo abolido permitía a los obispos autocertificar la propiedad de fincas e inmuebles sin aportar título escrito de dominio, gracias a una prerrogativa especial aprobada por el régimen confesional de Franco que los equiparaba a funcionarios públicos. El Govern ha habilitado un portal interactivo para que particulares y ayuntamientos puedan reclamar la inmatriculación de bienes que pudieran pertenecerles. Del total de propiedades, 1.855 son templos de culto; 1.518 fincas rústicas; y 349 edificios de carácter civil. Algunas de las casas, ermitas y cementerios inmatriculados se encuentran en el interior de fincas agrícolas privadas, cuyos propietarios protagonizaron en Catalunya la movilización contra las inscripciones eclesiales a través del sindicato agrario mayoritario Unió de Pagesos. Read the rest of this entry »
Posted by asturiaslaica 
