En una misiva enviada a finales de julio, la Conselleria de Transparencia solicita al Gobierno de España un listado de los bienes inmatriculados por las autoridades eclesiásticas en el País Valenciano. El objetivo: la recuperación del patrimonio público expoliado. Movimientos ciudadanos siguen denunciando los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Catedral de Valencia
Héctor Serra, Público, 10 de agosto de 2020
Un listado de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica en territorio valenciano desde 1996 hasta 2015. La demanda es clara y la firma la Generalitat Valenciana. A través de una carta dirigida a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encuadrada en el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Transparencia del Gobierno valenciano solicita una relación de los bienes inmuebles y patrimonio histórico del que se hayan podido apropiar las instituciones eclesiásticas.
En la misiva, el departamento dirigido por la consellera Rosa Pérez Garijo advierte que “durante el período democrático entre 1996 y 2015 el patrimonio público de la Comunitat Valenciana ha podido verse afectado bajo preceptos presumiblemente inconstitucionales, privando a las valencianas y valencianos de su uso, y en su caso, de la rentabilidad patrimonial que pudiera derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas”.
“Es totalmente inexplicable que esto haya podido pasar y es fruto de la situación privilegiada que ha vivido la institución eclesiástica en este país; aún nos falta mucho para ser una democracia”, declara para este artículo Pérez Garijo. La consellera espera cuanto antes una respuesta por parte del Ministerio con el propósito de poder determinar posibles apropiaciones ilegítimas y retornar estos bienes a su propiedad original.
“Deberíamos ver los casos que afectan a los ayuntamientos para que las administraciones locales pudieran emprender también las acciones que consideraran necesarias. En el caso de las propiedades autonómicas, nos pondremos en contacto con la Abogacía de la Generalitat para abordar una hoja de ruta que marque acciones legales con el objetivo de recuperar esos bienes”, detalla la consellera.