Zaragoza lleva al arzobispado al Supremo por un beneficio fiscal del concordato

agosto 25, 2020

El consistorio intenta evitar la devolución de 82.000 euros de la licencia de obras del museo diocesano que dos tribunales han avalado tras considerar que los acuerdos jurídicos de 1979 amparan la exención del pago de ese impuesto para instituciones eclesiásticas.

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

Las obras de remodelación del Museo Diocesano de Zaragoza generaron una factura de 77.790 euros, intereses aparte / Catálogo de Turismo de Zaragoza

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Eduardo Bayona, Público, 25 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado ante el Supremo al arzobispado de la ciudad para tratar de impedir que un beneficio fiscal derivado del llamado concordato, los acuerdos jurídicos de 1979 entre España y el Vaticano, obligue al consistorio a devolver a la diócesis los 82.319 euros (77.790 de principal y 4.529 de intereses) que esta pagó por la licencia de obras de la reforma de su museo diocesano tras haber alcanzado un acuerdo con la Inspección Tributaria municipal.

La historia se remonta al periodo 2007-2011, cuando el arzobispado remodeló con una fuerte inyección de dinero público (2,8 millones de 6,9) su museo, por cuyo acceso cobra a una tarifa estándar de tres euros de cuyo pago solo quedan eximidos los curas diocesanos, los menores de siete años y los parados.

El hecho de obtener beneficios económicos por la gestión del museo no impidió que las obras generaran un conflicto entre el arzobispado y el consistorio que ha afectado ya a cuatro equipos de gobierno municipales: dos del PSOE, uno con el Par y otro en minoría; el de ZeC y el de PP-C`s, una de cuyas primeras decisiones, tomada solo cuatro días después de que Jorge Azcón fuera investido alcalde con el apoyo de Vox, fue la de respaldar el criterio de sus antecesores en este asunto. Read the rest of this entry »


La objeción de conciencia coarta el derecho al aborto en Cataluña

agosto 25, 2020

En 2018, 482 mujeres tuvieron que desplazarse de sus comarcas para abortar. Una de las causas es que numerosos hospitales están controlados por la Iglesia. Asociaciones feministas denuncian que la Generalitat debe garantizar que se pueda abortar en todo el territorio.

Hospital San Juan de Dios de Manresa. ACN / Estefanía Escolà

Hospital San Juan de Dios de Manresa. ACN / Estefanía Escolà

Paula Ericcson, Público, 25 de agosto de 2020

Abortar en Cataluña (y en el resto de España) es legal desde 1985. Pero que sea legal no significa que sea fácil. La ley de 2010 establece que, cuando se autoriza el aborto en España, la mujer debe someterse a tres días de reflexión. Las dos modalidades más comunes son el aborto farmacológico -posible hasta las nueve semanas- y el quirúrgico -legal más allá de la semana 22 si un comité clínico confirma que el feto tiene una enfermedad incurable-.

En el territorio catalán, los establecimientos para practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se dividen básicamente en dos tipos de centros: clínicas privadas acreditadas -la mayoría situadas en Barcelona- y hospitales.

A pesar de ello, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos indica que en 2018 al menos 482 mujeres tuvieron que desplazarse para abortar porque en sus comarcas no pueden hacerlo. Según los datos proporcionados por el Departamento de Salud no se notificó ningún IVE en 16 comarcas catalanas (Valle de Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, Terra Alta, Montsià, Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l’Estany, Cerdanya, Alt Urgell y Berguedà). “No me creo que las mujeres en el Montsià no aborten”, sospecha la coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Sílvia Aldavert Garcia.

Una de las principales razones de esta cifra es la objeción de conciencia. El artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 establece que puede haber ginecólogos objetores de conciencia -que se nieguen a practicar abortos por creencias religiosas pero los centros médicos deben garantizar que haya algún profesional dispuesto a hacerlo. Esto no ocurre en gran parte del territorio catalán. “El sistema de salud en Cataluña es absolutamente perverso, porque muchos de los hospitales catalanes son concertados con la Iglesia católica, como el Hospital de Sant Pau, el de Manresa o el de la Seo de Urgel. Se definen objetores porque los jefes del hospital son los obispos “, denuncia Aldavert. Read the rest of this entry »


Los colectivos de defensa del patrimonio temen que el Gobierno pacte con los obispos no tocar las inmatriculaciones a cambio de pagar el IBI

agosto 25, 2020

La asociación Recuperando exige al Ejecutivo una “solución global” para los 100.000 bienes puestos a nombre de la Iglesia desde 1946

Catedral de Sevilla

Jesús Bastante, El Diario, 25 de agosto de 2020

En septiembre, el Gobierno y la Conferencia Episcopal comenzarán, por fin, a abordar el nuevo modelo de fiscalidad de la Iglesia española. Con el dictamen del Tribunal de Cuentas en las manos, que recomienda al Estado un mayor control de las finanzas del clero, el departamento dirigido por Carmen Calvo también quiere que en la negociación entre la polémica cuestión de las inmatriculaciones.

Aunque todavía no se ha hecho público el listado oficial encargado, en tiempos de Rajoy, al Colegio Oficial de Registradores, la cifra de bienes puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015 en virtud de la llamada ‘ley Aznar’ alcanzaría los 35.000 inmuebles, entre iglesias, casas rectorales, garajes, frontones, prados y plazas.

Algunas, tan relevantes como la Mezquita de Córdoba, la catedral de Burgos o la Giralda de Sevilla. De lo poco que se sabe (el Gobierno aún no se ha decidido a hacer público el listado final, pese a que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno así se lo indicó hace año y medio) es que algo más de la mitad de los bienes, unos 18.500, corresponden a templos y dependencias parroquiales, mientras que otros 15.000 son fincas variadas, donde entra cualquier inmueble no dedicado al culto.

En este sentido, la coordinadora estatal Recuperando, que engloba a una veintena de colectivos patrimonialistas en defensa de la recuperación popular de los bienes enajenados por la Iglesia con la única firma del obispo (que, según la ley, actuaba como si de un notario se tratase) ha mostrado su temor ante la posibilidad de que el Gobierno esté utilizando la cuestión de las inmatriculaciones para negociar un nuevo modelo fiscal para la Iglesia. Esto es: no pleitear por los bienes inmatriculados a cambio de que la Iglesia acepte modificaciones en sus exenciones fiscales, especialmente en lo tocante al pago del IBI, del que los obispos están exentos. Read the rest of this entry »