Enrique Ortega, Foro Ágora Salud, Público, 13 de agosto de 2020
Estamos inmersos en una nueva eclosión del coronavirus, con brotes que se producen por doquier y con un número de positivos equiparables a los del mes de abril. El mayor porcentaje de nuevos casos se está dando en Aragón, Cataluña, Madrid y Navarra. Son, probablemente, frutos de la estupidez humana y de estrafalarias teorías negacionistas que acaban produciendo un daño irreparable en vidas, y también acrecentando el daño económico y social. Ocurre también que, en algunas de las comunidades autónomas, como Madrid y Cataluña, a fecha de hoy no se ha contratado el personal de rastreo necesario para abortar los rebrotes realizando un seguimiento de los contactos de cada persona diagnosticada.
En este contexto, la presidenta de la comunidad de Madrid se ha aprestado a contratar un total 73 capellanes, uno por cada 100 camas hospitalarias, en una operación que costará anualmente un millón de euros, «para garantizar el derecho a la asistencia religiosa». Se refiere a la religión católica, desde luego, y así se especifica: «reconocer, proteger y posibilitar el ejercicio garantizado constitucional, legal y convencionalmente, del derecho a la asistencia religiosa de los enfermos católicos y sus familiares o allegados en los centros hospitalarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud». Y al resto de la ciudadanía de Madrid que profese otras religiones, que la zurzan; no cabe ni el reconocimiento, ni la protección, ni posibilitar el ejercicio garantizado constitucionalmente en estos casos, a no ser que la ingeniosa presidenta nos sorprendiera ofertando igualmente, rabinos, imanes, pastoras o sacerdotes budistas, etc. ¿Y qué pasa con los agnósticos?
No es que estemos abogando porque todas las confesiones y sectas deban disfrutar de las prebendas que se ha otorgado a la católica, más bien parece justo que sean las propias organizaciones las que sufraguen, formen, aconsejen y conforten espiritualmente a quien lo demande, pero con sus propios medios.