Los obispos, abiertos a pagar el IBI de los inmuebles no destinados al culto y a analizar qué bienes inmatriculó irregularmente

Manifestación contra las inmatriculaciones de la Iglesia / EFE
La pasada semana se produjo un discreto encuentro entre responsables de la Conferencia Episcopal y del Ejecutivo que evidenció algunas diferencias. Así, mientras el departamento de Carmen Calvo incidió en que habría un acuerdo a partir de septiembre para retomar las conversaciones sobre fiscalidad y los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, el comunicado de la CEE despachó la cuestión con un “compartieron la oportunidad de poner en marcha las conversaciones en torno algunas cuestiones económicas en el próximo mes de septiembre” y apuntaba a la “preocupación” de los obispos por las cuestiones educativas y antropológicas. Los obispos están sumamente preocupados por la reforma de las leyes de Educación y la posible aprobación de la eutanasia. Dos temas que, como ya adelantó este diario, el Gobierno no va a negociar con ellos al no considerarles interlocutores válidos, especialmente en lo referente a la regulación de la muerte digna.
Reformas económicas
El Gobierno abrirá en septiembre el ‘melón’ de la nueva fiscalidad de la Iglesia. El conflicto puede desatarse una vez sea público el listado definitivo de inmatriculaciones (bienes que la Iglesia registró como propios sin tener que demostrar su propiedad), según han confirmado a elDiario.es fuentes de Vicepresidencia.