El sindicato agrario que destapó las inscripciones eclesiales rechaza la oficina de mediación impulsada por la Generalitat para solucionar el conflicto originado por el registro a nombre de los obispos de más de 3.720 propiedades en toda la comunidad autónoma. La Unión de Payeses reclama la intervención directa de la administración del Estado
Iglesia Sant Pere de Castellfollit del Boix / Wikipedia
A. Moreno, Público, 17 de agosto de 2020
Joan Casajoana, agricultor catalán, descubrió un buen día que una casona familiar, una ermita románica y un pequeño cementerio, ubicados en una finca de su propiedad desde hace siglos, habían sido inmatriculados por el obispo a su nombre. Atónito por la usurpación de bienes que habían pertenecido a sus antepasados desde tiempo inmemorial, se presentó en el Obispado para aclarar la confusión. El prelado se cerró en banda y reclamó documentación que acreditara su propiedad. Es decir: invirtió la carga de la prueba.
Casajoana logró documentos fiables. Y, después de meses de litigios, el obispo admitió en un acto de conciliación propiciado por el registrador de la propiedad, que la casa y el terreno usurpados habían sido inmatriculados por error. Con la iglesia románica y el cementerio, en cambio, no transigió. “He presentado hasta 40 documentos. Y el obispo dice que ni el templo ni el cementerio los devuelve porque tienen derecho de custodia de los difuntos. ¡Pero si son mis difuntos!”. La iglesia se aferra a la posesión en el tiempo de ambos edificios como argumento para reclamar su propiedad, aunque ni los construyó, ni los rehabilitó, ni jamás puso un euro para su mantenimiento.
Esta fue la chispa que desencadenó en Catalunya hace más de tres años la primera investigación del controvertido caso de las inmatriculaciones de la Iglesia. Joan Casajoana había formado parte durante 25 años de la ejecutiva de la Unión de Payeses, el sindicato mayoritario de agricultores, y en su nombre inició un exhaustivo estudio en varias comarcas catalanas que, a día de hoy, ya ha aflorado más de 800 inmatriculaciones. Muchas de ellas resultaron ser inscripciones de casas rectorales e iglesias privadas construidas por los payeses desde el siglo X en sus propias fincas. Pero la jerarquía eclesiástica, al tratarse de templos católicos y haber cedido un sacerdote para la liturgia, los ha ido registrando a su nombre sin informar al dueño y al amparo del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria que permitía a los obispos autocertificar propiedades sin aportar pruebas de titularidad por escrito.
“Me di cuenta entonces de que las ermitas o cementerios privados de payeses representaban solo un 2% o un 3% del total de las inmatriculaciones”, argumenta Casajoana. El resto se trataba, en su mayoría, de bienes pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de los pueblos. “Todos esos edificios han sido pagados históricamente por los agricultores. ¿Cómo? Los documentos antiguos prueban que se construían para beneficio de todos. Los agricultores que tenían dinero aportaban dinero. Y quien no tenía dinero aportaba trabajo. Así se edificaron durante siglos las iglesias rurales, las casas pastorales o los cementerios”. En 2018, el trabajo tenaz de Joan Casajoana ya había logrado identificar 430 propiedades inmatriculadas en tres comarcas catalanas: Bages, Berguedà y L’Anoia. Un total de 203 ermitas, iglesias y capillas; 52 casas rectorales; 95 terrenos; y 50 cementerios, además de huertos y otro tipos de propiedades. Hoy la lista ya suma más de 800 inmatriculaciones, que la Unión de Payeses entregará a la Generalitat. Lee el resto de esta entrada »
Escrito por asturiaslaica 
