La asociación Europa Laica, encabezada por su presidente José Antonio Naz Valverde, mantuvo un encuentro con el grupo parlamentario de Compromís en las Corts Valencianes para impulsar políticas laicistas en el ámbito educativo e institucional.
Un momento de la reunión. En la mesa Rafael Cuesta y José Antonio Naz (izda.)- Isaura Navarro y Llum Quiñonero (drcha) _______________
Una delegación de la Europa Laica, encabezada por su presidente, José Antonio Naz Valverde, se reunió el pasado miércoles 22 de octubre con el grupo parlamentario de Compromís en las Corts Valencianes. Desde la asociación se trasladó la importancia de impulsar el laicismo en un contexto de crisis democrática: «frente al auge de los movimientos integristas necesitamos poner en valor los principios de convivencia democrática de la laicidad», afirmó Naz.
Por su parte, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, puso de relieve la importancia de avanzar en materia de laicidad escolar e impulsar la educación pública frente a la concertada. Navarro señaló los peligros de la educación concertada, mayoritariamente católica, y en muchos casos vinculada a organizaciones ultraconservadoras: «son su gran cantera», subrayó la parlamentaria.
El Ministerio Público abre diligencia de investigación penal tras una denuncia contra la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos. Compromís urge al Arzobispado y a la Generalitat a actuar
La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación a la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos a raíz de la denuncia de Compromís contra las «pseudoterapias de conversión homófobas» en 60 centros educativos diocesanos pertenecientes a esta entidad, al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de posibles delitos de odios, asociación ilícita y organización criminal.
Así lo ha anunciado el portavoz de políticas LGTBI de Compromís en Les Corts, Francesc Roig, quien denunció que estos centros impartían cursos a profesores para transmitir a los alumnos «una imagen patologizante e indigna de la homosexualidad» y proponer «la intervención pastoral y terapéutica para atajar las causas de esta sexualidad».
Los hechos investigados, según el fiscal instructor designado en las diligencias, podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de odio, asociación ilícita y grupo criminal. Se trata de una fundación pía autónoma, de carácter público, erigida canónicamente por el entonces arzobispo Agustín García Gasco en 1994 que agrupa a los colegios diocesanos, cuya titularidad ostenta bien directamente el Arzobispado o a través de las parroquias.
El Ministerio Fiscal investiga a la entidad por “promover formaciones en pseudoterapias de conversión homófobas en 60 centros educativos diocesanos”, según ha dicho este jueves el diputado de Compromís Francesc Roig.
🔴 ÚLTIMA HORA
Aconseguim que Fiscalia investigue a la Fundació Sant Vicent Màrtir per pseudoteràpies homòfobes a 60 centres diocesans.@cescroigo: "És flagrant la inacció de l’Arquebisbat de València i el govern de Mazón per a parar estes tortures a adolescents LGTBI." pic.twitter.com/BM3YtTMPRa
En el escrito, fechado el pasado 20 de noviembre y consultado por Europa Press, Fiscalía acuerda abrir diligencias de investigación para practicar las actuaciones que sean necesarias que permitan determinar los hechos denunciados.
En rueda de prensa, el diputado de Compromís ha celebrado que el ministerio público investigue estos hechos, al considerar que es necesario «sobre todo para proteger a los jóvenes LGTBI».
Según ha expuesto, la Fundación San Vicente Mártir depende del Arzobispado de Valencia y opera en 60 centros educativos concertados diocesanos que «pagamos entre todos» y «forma parte de la extensa trama de pseudoterapias de conversión homófobas practicadas en nuestras comarcas».
El portavoz de Compromís ha advertido que «se queda corto» el anuncio del Arzobispado, de hace dos días, de paralizar la actividad del Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordiae y admitir la renuncia de su director, Federico Mulet, denunciado por presuntamente practicar terapias de conversión. A su juicio, el arzobispo Enrique Benavent adopta esta decisión por «presión» y porque «no le quedaba otra que hacer algo»
«Esto tiene nombres y apellidos que apuntan al Arzobispado y a la Fundación San Vicente Mártir», ha aseverado, para lamentar que «está en juego la integridad física y la salud emocional y mental de estos niños y niñas».
Compromís critica la inacción del Consell
Compromís denuncia la “inacción” del Arzobispado de València y de varios departamentos del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, tales como Educación e Igualdad —en manos de los consellers José Antonio Rovira y Susana Camarero— “por no hacer nada” ante las denuncias de la formación y de las asociaciones que investigan las terapias de conversión sexual. “Desde Mazón a Rovira, pasando por Susana Camarero, aquí nadie ha movido ni un dedo y es una auténtica vergüenza que esto esté pasando”, ha dicho Francesc Roig.
El parlamentario de Compromís ha vinculado a la fundación con el Arzobispado de València y ha recordado que la entidad “opera en 60 centros educativos concertados diocesanos” pagados “entre todos y todas”. “Forma parte de la extensa trama de pseudoterapias de conversión homófobas practicadas en nuestras comarcas”, ha añadido.
Elprofesor y presidente del COF, Federico Mulet, denunciado por exalumnos por someterles a estas controvertidas prácticas __________________
La situación exige «valentía» y «reacciones inmediatas»
Ante esta situación, ha exigido una mayor «valentía» y «reacciones inmediatas» por parte del Arzobispado y de la Generalitat. «Desde Mazón a Rovira pasando por Camarero, aquí nadie ha movido un dedo y es una auténtica vergüenza», ha denunciado en alusión al ‘president’, Carlos Mazón, y a los consellers de Educación e Igualdad, José Antonio Rovira y Susana Camarero.
«Aquí hay un problemón, hay mucha gente que está mirando hacia otro lado y nos gustaría saber por qué», ha recalcado el diputado de Compromís, quien la próxima semana preguntará al respecto al conseller de Educación en el pleno de Les Corts.
Roig también ha emplazado al Arzobispado de València a “ser más valientes” ante presuntos delitos “que son muy graves”. “Sobre todo esperamos que Rovira, Camarero y Mazón actúen de una santa vez, porque está en juego la integridad física y la salud emocional y mental de estos niños y niñas, porque los centros educativos tienen que ser espacios seguros”, ha concluido el diputado.
Por otro lado, Compromís registrará la próxima semana en el Congreso una iniciativa para tipificar las terapias de conversión como delito en el Código Penal, tras acordarlo el mes pasado con la asociación No Es Terapia.
Web ‘No estem malaltes‘
Por otra parte, la coalición valencianista tiene activo el portal web ‘www.noestemalaltes.com‘ / ‘www.noestamosenfermas.com‘, que aporta información sobre las organizaciones y los responsables de estas prácticas y cursos, presentado por el diputado de Compromís en Les Cort, Francesc Roig, en Alicante.
La campaña y web ‘No estem malaltes‘ se crea para denunciar casos de terapias de conversión sexual «inhumanas» y con el propósito de ayudar a las víctimas que las han sufrido. También dispone de un canal de colaboración ciudadana para que cualquier persona se pueda poner en contacto para poder ayudar a las víctimas, «con tratamiento completamente confidencial y para seguir destapando estos hechos».
El grupo parlamentario pregunta en el Congreso si el Gobierno va a reclamar los terrenos de los que la parroquia se apropió y por los que el ayuntamiento va a litigar
La zona aledaña a la ermita de Sant Josep que la iglesia de Xàtiva puso a nombre del Arzobispado _______________________
Laura Martínez, El Diario, 24 de septiembre de 2024
El grupo parlamentario de Compromís-Sumar pregunta al Gobierno si piensa mediar entre la Iglesia Católica y el Ayuntamiento de Xàtiva por la inmatriculación de 8.000 metros cuadrados que la parroquia se autoadjudicó. El diputado Alberto Ibáñez ha registrado una serie de iniciativas para conocer el interés del Ejecutivo central en “recuperar los bienes usurpados”, entre los que figura la parcela que rodea la ermita de Sant Josep y el mirador Bellveret, dos espacios emblemáticos del municipio.
El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para demandar a la Iglesia y recuperar los 8.000 metros cuadrados de suelo público que el abad responsable en 2004 inscribió como terrenos eclesiásticos. Una parte de la superficie se alquila a un restaurante, mientras que de la manutención del resto se encarga el consistorio, gobernado por el PSOE. Se considera que la actuación del abad de Xàtiva en 2004, Arturo Climent Bonafé, no fue acorde a la legalidad y los terrenos eran del pueblo y no de la Iglesia.
La portavoz Esther Díez elevará una moción al pleno para reivindicar que se respete la aconfesionalidad del Ayuntamiento tras haberse inaugurado espacios municipales con la bendición de un párroco y ofrendar la patrona en la investidura
Esther Díez (Compromís) en uno de los últimos plenos de Elche / Áxel Álvares ________________
Compromís acusa a PP y Vox de incumplir la Constitución por no respetar la aconfesionalidad del Ayuntamiento. La formación elevará al pleno una moción para, precisamente, pedirle al equipo de gobierno que tome nota del Código de Buen Gobierno de la Generalitat para que la administración mantenga neutralidad «para asegurar la convivencia pacífica de las diferentes convicciones que existen en una sociedad plural y democrática”.
Incumplimientos
Reiteran que se han producido múltiples incumplimientos contra el artículo 16.3 de la Carta Magna en la que se regula la aconfesionalidad de las instituciones públicas. La portavoz, Esther Díez, critica que el alcalde, Pablo Ruz (PP), «integra su religiosidad personal en la institución que representa» y trasladan desde la coalición algunas decisiones políticas que se mezclan con la religión durante este mandato como hacerle una ofrenda a la patrona en la toma de posesión o que el salón de plenos esté presidido por la Mare de Déu.
La periodista y escritora Llum Quiñonero recibió en la noche del jueves, en un acto celebrado en el salón de actos del sindicato CCOO en Alicante., el décimo premio «9 d’octubre Miquel Grau», organizado por Compromís Alacant, según han informado fuentes de la coalición valencianista, a través de un comunicado.
Compromís Alacant organiza este acto desde 2013, como homenaje a unas generaciones que trabajaron, incluso poniendo en peligro su vida, como el caso de Miquel Grau, para ganar la democracia, la libertad y el autogobierno. Tan solo se interrumpió en 2020 por las restricciones sanitarias.
Durante el acto, presentado por el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, y la concejala Sara Llobell, se reconoció la trayectoria de la periodista, escritora y guionista Llum Quiñonero. Algunos de sus últimos libros publicados: Nosotras que perdimos la Paz, La soldado Quiñoà, Las luces del Mar o Miquel Grau 53/1977, un libro en el que explica en primera persona cómo vivió el atentado que acabó con la vida del joven Miquel Grau.
La Iglesia se ha llevado 126 millones de euros de dinero público en las dos últimas décadas sin contar el procedente de otras administraciones u otros conceptos que no sea el programa del 1,5% cultural. El partido político Compromís, impulsor de la consulta parlamentaria, denuncia el cobro de entradas a estos edificios teniendo en cuenta la inversión pública, así como la desigualdad en la diferencia de gasto entre autonomías.
Catedral de Santa Maria, en Lugo / Foto Antonio Costa
El partido político valenciano Compromís ha formulado una pregunta parlamentaria sobre el gasto público en concepto del 1,5% cultural dedicado a la Iglesia en los últimos años. La respuesta ha sido un desglose por comunidades autónomas y conceptos de 126 millones de euros en las dos últimas décadas, que muestran un reparto desigual entre territorios, y que suponen una suma que el senador de Compromís Carles Mulet valora como “una cantidad escandalosa de dinero público de todos” que se invierte anualmente en arquitectura religiosa “y se explota sin que se regule o limite el cobro de las entradas”.
En un comunicado, Mulet ha criticado que la Iglesia cobre «seis euros por persona para ver la Catedral de Lugo; 7 la de Cádiz, 12 por contemplar la de Santiago, 5,5 por la de Cuenca, 8 por ver el cáliz sagrado de la Catedral de València, 9 por visitar el monasterio de Vallbona de les Monges o 12 por la visita a la Catedral y Giralda de Sevilla». «Una audioguía puede costar perfectamente 5 euros adicionales en estos sitios. Un suma y sigue por contemplar un patrimonio rehabilitado y mantenido con dinero público, de todos», ha denunciado.
«Es un paso importante pero no suficiente», ha comentado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el diputado de Unidas Podemos, que advierte de que «hay miles de inmuebles que han quedado fuera» del acuerdo
El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez como EH Bildu y Compromís consideran «insuficiente» el acuerdo del Gobierno y la Conferencia Episcopal para regularizar un millar de bienes inmatriculados por parte de la Iglesia católica.
«Es un paso importante pero no suficiente», ha comentado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el diputado de Unidas Podemos, que advierte de que «hay miles de inmuebles que han quedado fuera» del acuerdo.
El Gobierno remitió al Congreso de los Diputados en febrero del año pasado un listado de 34.961 inmuebles de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abría la posibilidad de reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.
Comisión de Cultura y Deporte, Senado, ayer 20 de enero / Fuente foto
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21 de enero de 2022
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha comparecido ayer en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado, a petición propia, para explicar las líneas generales de su departamento ante la Comisión de Cultura y Deporte.
En el desarrollo de la sesión, entre las distintas intervenciones, el senador Carles Mulet (Grupo Parlamentario Izquierda Confederal), solicitó información acerca de las intenciones y previsiones del Ministerio para reclamar los bienes inventariados como patrimonio histórico de raíz religiosa que aparecen en el listado publicado por el Gobierno, con el fin de afectarlos al patrimonio público.
La pregunta apenas mereció más respuesta que un «cada uno debe vigilar su huerta». «Estamos revisando uno a uno los que pudieran ser de titularidad estatal. Pero los Ayuntamientos también pueden levantar el dedo y decir: Oiga este bien está en disputa. Luego ya veremos quien da o quita razones».
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado las nuevas respuesta del Gobierno en la que se desliga de la propuesta que hizo el PSOE en 2017 de instar al Gobierno a reclamar la titularidad de todos los bienes inmatriculados irregularmente por la Iglesia Católica “ El PSOE en la oposición hace propuestas que es incapaz de cumplir cuando está en el Gobierno”.
Mulet ha vendido denunciando que que el listado publicado en febrero por el Gobierno sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica entre 1998 y 2015 llega muy tarde y muy mal, para acabar amparando las 34.961 inscripciones que gracias a las modificaciones en ley Hipotecaria durante el mandato de Aznar, les permitió inscribir masivamente, sin títulos de propiedad, con un simple certificado a emitir por la propia iglesia.
El senador ha recordado que este listado llega incompleto después de aprobarse en el Congreso una PNL en 2017, presentada por el PSOE; que pedía elaborar un estudio en el que se recogieran todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, y que se proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.
El Institut d´estudis politics («fundación valenciana que busca e impulsa estudios, investigaciones y actividades de carácter público impulsadas para alcanzar el desarrollo de la libertad, la igualdad y la justicia social»), ha organizado, este lunes 26 de abril, vía telemática, un evento público con el fin de difundir entre la ciudadanía el problema de las inmatriculaciones, el gran saqueo llevado a cabo o por la Iglesia bajo las legislaciones y los gobiernos que hasta hoy lo permitieron, y debate sobre los mecanismos políticos y legales que se deben poner en marcha para lograr su propio reversión.
Para esto, se contó con la participación:
– Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando – José Ignacio Pérez Rico, Director General de Calidad Demócrata en la Comunidad Valenciana – Martina Velarde Gómez, diputada de UP – Carles Mulet García, senador de Compromís
Posted by asturiaslaica 
