Obispos y Gobierno ya negocian el modelo de financiación de la Iglesia para implementar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas

noviembre 26, 2020

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, lo ha anunciado durante la Comisión Constitucional en el Senado en respuesta a una pregunta del senador Carles Mulet / Vídeo y texto de la pregunta.

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Religión Digital, 26 de noviembre de 2020

Una mayor transparencia del destino de los fondos, clarificar el reparto del dinero de la Renta o acordar qué hacer con los superávits de la CEE, objetivos del grupo de trabajo formado por técnicos del Ejecutivo y de la Conferencia Episcopal

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, ha informado de que un grupo de trabajo formado por representantes de la Iglesia Católica y del Gobierno estudian “desde hace unas semanas” cómo implementar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la Iglesia Católica.

“A partir de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, hace unas semanas se ha constituido un grupo trabajo entre el Gobierno y la Iglesia para abordar estas cuestiones, ver cómo se puede llevar a cabo, cómo implementar estas recomendaciones establecidas en el informe del Tribunal de Cuentas”, ha precisado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.

Así lo ha indicado Montilla este miércoles 25 de noviembre durante la Comisión Constitucional en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador Carles Mulet de Compromís  sobre “si el Gobierno tiene la voluntad de auditar las cuentas de la Iglesia católica española”.

Autofinanciación y Acuerdos Iglesia-Estado

En concreto, Mulet ha interrogado al Gobierno sobre si va a auditar si la Iglesia Católica española ha “cumplido su compromiso” de “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, como expresamente comprometió con su firma en el Acuerdo Económico”. Lee el resto de esta entrada »


Les Corts valencianas aprueban, a propuesta de Compromís, que la Iglesia pague el IBI de edificios que no son para el culto

septiembre 29, 2020

Hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos o residencias, serán los inmuebles afectados. La iniciativa de Compromís insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Les Corts aprueban que la Iglesia pague el IBI de edificios que no son para el culto - Levante-EMV

Diputada Nathalie Torres, Compromís

Levante / Compromís, 29 de septiembre de 2020

La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, ha aprobado hoy con los votos a favor de Compromís, PSPV y Unides Podem, y los votos en contra de PP, Cs y VOX, una iniciativa de Compromís con la que se insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Según la diputada Torres, “el objetivo es que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios que dedica a actividades que no son para el culto. Hablamos de edificios destinados a actividades económicas como hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos, residencias, entre otros, con una evidente finalidad lucrativa, que gozan de exenciones fiscales como si se tratara de lugares de culto, y entran en clara competencia desleal con otras unidades de negocio que pagan sus impuestos “. Lee el resto de esta entrada »


El Gobierno “paraliza” por la pandemia el informe de los bienes inmatriculados por la Iglesia

junio 10, 2020

En enero explicó que estaba elaborando dicho informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sobre la base de los listados solicitados a los Registradores de la Propiedad

En Madrid a 28 de abril de 2020. – Marta Fernández Jara – Europa Press – Archivo

Cordópolis, / Jesús Bastante, Religión Digital, 10 de junio de 2020

El Gobierno ha “paralizado” la elaboración del informe sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica debido a la pandemia del coronavirus Covid-19, según informa el Ejecutivo en una respuesta a una pregunta escrita del senador de Compromís Carles Mulet.

Carles Mulet quería que se publicaran oficialmente los datos, después de que el Colegio de Registradores adelantara que el registro hablaba de 18.535 templos católicos y otros 15.171 inmuebles con otros destinos, que no han sido determinados

“En relación con el estado de elaboración del informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, se informa que el mismo se encuentra paralizado por la gestión de la crisis sanitaria producida por el Covid-19”, señala el Gobierno en su respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha del 3 de junio de 2020.

Según precisa la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, “la prioridad absoluta actual del Gobierno es la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, para lo que se declaró el Estado de Alarma el pasado día 14 de marzo”. Así responde el Gobierno a la pregunta del senador de Compromís sobre el estado de elaboración del informe. Lee el resto de esta entrada »


El Gobierno deriva a las autonomías obligar a los obispados a retirar la simbología franquista de los templos religiosos

abril 13, 2020

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet presentó una pregunta escrita al Gobierno: «Ante la negativa de muchos obispados por eliminar la simbología franquista o elementos de exaltación del régimen genocida, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno al respecto?».

Escudo franquista en la fachada de una iglesia. AEP

Escudo franquista en la fachada de una iglesia / AEP

Tercera información, 13 de abril de 2020

La respuesta del Gobierno simplemente enumera que la Ley 52/2007 establece, con carácter general, que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. “ En este sentido, son varias las Comunidades Autónomas que han regulado la retirada de estos elementos contrarios a la memoria democrática, estableciendo en su caso un régimen sancionador para los supuestos de incumplimiento.

Por su parte, cabe señalar que el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, establece, como una de las funciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la proposición y, en su caso, acuerdo, en el ámbito de competencias de dicho Ministerio, sobre la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva de la guerra civil o de la dictadura y, de acuerdo con las administraciones competentes, la adopción de las medidas necesarias para su ejecución.

Para Mulet, esta respuesta se limita a derivar la responsabilidad a otras administraciones “ todavía hoy en día, 13 años después de aprobar la ley, se demuestra esta fue insuficiente puesto que existen casos sangrantes, de incumplimientos  en cientos de casos, y el Gobierno no tiene instrumentos para actuar; donde exista una autonomía vanguardista en la ley existirá un régimen sancionador, y donde no, pues total impunidad, ¿Qué ley estatal es esta, pues?. Lee el resto de esta entrada »


Compromís: El Gobierno de PSOE-Unidas Podemos partidario de mantener los privilegios económicos de la Iglesia Católica.

marzo 27, 2020

El Gobierno ha dejado sin respuesta varias preguntas formuladas en el Senado por Carles Mulet, acerca de los Acuerdos con el Vaticano y la financiación de la iglesia católica. Compromís considera que el Gobierno es partidario de mantener los privilegios económicos de la iglesia católica

Entrevista Carmen Calvo- Cardenal Parolín

Coalició Compromís / Senado, 27 de marzo de 2020

Texto de la pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet

La Constitución Española de 1978 configura a España como un Estado aconfesional. Textualmente, el artículo 16 dispone que «ninguna confesión podrá tener carácter estatal».  Y añade que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones religiosas” , citando expresamente a la Iglesia católica.

Obviamente esta referencia se realiza dentro del artículo que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de todos los españoles. Por tanto, su contenido se debe enmarcar dentro de la regulación del derecho constitucional a la libertad religiosa. Todo ello, teniendo en cuenta que el precepto citado no habla de cooperación económica, sino de cooperación a secas, por lo que, en definitiva, el texto constitucional ni exige la cooperación económica con las confesiones religiosas, ni la prohíbe.

Dice el punto 5 del Art. 2 del IV ACUERDO sobre los Asuntos Económicos de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado” Lee el resto de esta entrada »