La Generalitat Valenciana y los registradores estudian la reversión de inmuebles públicos inscritos por la Iglesia

febrero 23, 2021

El Gobierno valenciano comienza a explorar las vías legales para recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la iglesia católica

Rosa Pérez Garijo, consellera de Transparencia y Calidad Democrática / Fuente foto

Público, 23 de febrero de 2021

La consellera de Transparencia y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, se ha reunido con representantes del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana para poner en marcha acciones que permitan la reversión de inmuebles públicos que se encuentren en el listado de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

En el encuentro, los representantes de los registradores han informado de las vías para reclamar inmuebles que puedan estar inscritos indebidamente, además de constatar que los ayuntamientos son los legitimados para realizar estas reclamaciones.

Por ello, Pérez Garijo ha anunciado que su departamento colaborará con ellos para detectar qué inmuebles constan en los inventarios de bienes públicos y preparar la documentación necesaria, informa la Generalitat en un comunicado.

También pretende reunirse con la dirección general del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, para comprobar las circunstancias y características de cada propiedad y determinar así si son susceptibles de reclamación. Lee el resto de esta entrada »

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Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta que regulariza la apropiación de unos terrenos por parte de la Iglesia

enero 26, 2021

El templo abandonado es uno de los bienes que la Iglesia ofreció al Ayuntamiento de Orihuela en las propuestas de permuta en la que ambos trabajan desde hace un lustro para solventar el problema legal de la ocupación irregular de terrenos de un colegio religioso concertado.

Iglesia de San Agustín de Orihuela, en la Lista Roja de Patrimonio / Fuente

Laura Martínez, El Diario, 26 de diciembre de 2021

La Agencia Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta entre el consistorio y el obispado que implica ceder a la Iglesia unos terrenos que se apropió de forma irregular hace 20 años. El ayuntamiento, uno de los baluartes del PP en la Comunitat Valenciana, buscaba con la permuta resolver el incumplimiento de un acuerdo suscrito en 1999 entre el consistorio y la diócesis para la ampliación de un colegio concertado y evitar un juicio con la Iglesia. La apropiación irregular, denunciada por la oposición, se remonta al mandato de la hoy secretaria general del PP de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, entonces concejala de Urbanismo y Patrimonio en Orihuela, bajo cuya gestión venció el acuerdo que desencadenó una serie de reclamaciones cruzadas.

El Ayuntamiento de Orihuela suscribió en 1995 un acuerdo con la diócesis de Orihuela-Alicante y la Universidad de Alicante para crear un campus en el municipio de La Vega Baja, según el informe municipal al que ha tenido acceso elDiario.es. Cuatro años después, en 1999, un centro educativo religioso –el colegio diocesano Santo Domingo– solicitó una cesión de los terrenos enmarcados en el primer acuerdo, a la vez que el centro educativo pasó a ser concertado con el visto bueno de la Generalitat. Los terrenos contiguos al colegio fueron cedidos a cambio de que la diócesis se comprometiera a urbanizar y edificar en el plazo máximo de cinco años. En caso contrarío debería retornarlos. Además, en 2004, otro colegio diocesano –el Oratorio Festivo San Miguel– ocupó unos terrenos del ayuntamiento sin autorización para construir unas pistas deportivas, terrenos que el ayuntamiento ha incluido en la propuesta de permuta. El ayuntamiento popular, denuncia la oposición, no levantó ni un acta por infracción urbanística. Lee el resto de esta entrada »

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El Gobierno facilitará a la Generalitat Valenciana la lista de los bienes de los que se adueñó la Iglesia y se ofrece a mediar para recuperarlos, una vez se haya llevado el informe definitivo al Congreso

noviembre 19, 2020

Desde Vicepresidencia comunican a la Conselleria de Transparencia que llevarán el informe definitivo sobre las inmatriculaciones al Congreso sin precisar un plazo concreto, y que posteriormente facilitarán todos los datos relativos a la Comunitat Valenciana

Palacio Arzobispal de Valencia

La insistencia de la Generalitat Valenciana parece ir dando frutos. Todavía ayer era noticia que ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia, el Gobierno valenciano estudiará la apertura de una nueva vía para obtener la relación de los inmuebles u otras posesiones de las que se hubiera podido apropiar la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana entre los años 1996 y 2015:  pedir a los registradores la lista de los bienes que se apropió la Iglesia ante el silencio del Gobierno

Hoy, la noticia, es la respuesta del Gobierno.

Carlos Navarro Castelló, El Diario, 19 de noviembre de 2020

El listado de bienes o inmuebles que pudo adueñarse la Iglesia entre los años 1996 y 2015 en la Comunitat Valenciana sin ningún título que lo acredite mediante la figura de las inmatriculaciones está más cerca de hacerse público.

La insistencia al respecto de la Conselleria de Transparencia ha dado sus frutos y según informan fuentes del departamento que dirige Rosa Pérez a elDiario.es, tras contactar con vicepresidencia del Gobierno les aseguran que tienen previsto presentar el informe completo en el Congreso, aunque sin concretar el plazo.

Así, se comprometen a facilitar a la Generalitat toda la información relativa al territorio valenciano una vez se haga público el informe e incluso a hacer de mediadores si hubiera alguna propiedad pública afectada por las inmatriculaciones susceptible de ser recuperada por la administración.

Como ha informado este diario, Transparencia venía reclamando la información al Ministerio de Justicia, que desde el año 2018 cuenta con un informe que no ha hecho público del Colegio de Registradores, según el cual las autoridades eclesiásticas llevaron a cabo 34.984 inmatriculaciones en toda España entre 1998 y 2015. Del total de fincas, 18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos. Lee el resto de esta entrada »

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La Generalitat Valenciana pedirá a los registradores la lista de los bienes que se apropió la Iglesia ante el silencio del Gobierno

noviembre 18, 2020

El Colegio de Registradores facilitó un informe al Gobierno central, que no ha hecho público desde el año 2018, según el cual las autoridades eclesiásticas llevaron a cabo 34.984 inmatriculaciones en toda España entre 1998 y 2015

Iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia | Wikipedia

Iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia | Wikipedia / Fuente imagen

Carlos Navarro Castelló, El Diario, 19 de noviembre de 2020

El Gobierno valenciano estudiará la apertura de una nueva vía para obtener la relación de los inmuebles u otras posesiones de las que se hubiera podido apropiar la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana entre los años 1996 y 2015.

Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia, tanto a una carta remitida por la Conselleria de Transparencia como a una reunión solicitada recientemente para abordar la cuestión, fuentes del departamento que dirige la consellera Rosa Pérez han informado a elDiario.es que solicitarán la información directamente al Colegio de Registradores, siguiendo el mismo procedimiento que llevó a cabo la Generalitat de Catalunya para obtener los datos relativos a su territorio.

Y es que, la entidad colegial facilitó un informe al Gobierno central en el año 2018 según el cual las autoridades eclesiásticas llevaron a cabo 34.984 inmatriculaciones en toda España entre 1998 y 2015. Del total de fincas, “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”. Esto quiere decir que solo la mitad de los inmuebles que han pasado a engrosar el patrimonio de la Iglesia son estrictamente religiosos; el resto pueden ser fincas, garajes o edificios de viviendas.

Pese a todo, el Gobierno, que en el caso de los socialistas lleva en su programa electoral la recuperación de los bienes registrados como propios indebidamente por la Iglesia, se resiste a hacer pública la lista, puesto que estos datos que salieron a la luz hace un año los hizo públicos el propio Colegio de Registradores tras una resolución del Consejo de Transparencia, en respuesta a un requerimiento de Maldita.es. Lee el resto de esta entrada »

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El Gobierno central oculta a Transparencia el patrimonio público del que pudo adueñarse la Iglesia en territorio valenciano entre 1996 y 2015

noviembre 9, 2020

La consellería solicita al Ministerio de Justicia una reunión al no responder a la carta en la que se solicitaba la relación de bienes inmatriculados por las autoridades eclesiásticas en la Comunitat Valenciana para estudiar su legitimidad y la recuperación de su propiedad

Palacio Arzobispal de València

Palacio Arzobispal de València

Carlos Navarro Castelló, El Diario, 9 de noviembre de 2020

Silencio absoluto. Esta ha sido la estrategia que ha adoptado el Ministerio de Justicia tras la carta enviada el pasado mes de agosto por la Conselleria de Transparencia de la Generalitat Valenciana en la que se solicita, en concreto a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la relación de los inmuebles u otras posesiones de las que se hubiera podido apropiar la Iglesia en la Comunitat Valenciana entre los años 1996 y 2015.

Fuentes del departamento que dirige la consellera Rosa Pérez han informado a eldiario.es de que no han recibido respuesta alguna a la misiva y que, ante esta situación, han solicitado una reunión al ministerio de Juan Carlos Campo para conocer toda la información.

Pérez ha explicado que necesitan “esta información para determinar el alcance del expolio de bienes por parte de la Iglesia Católica que deberían engrosar el patrimonio público”.

La consellera ha asegurado que su obligación “es la defensa de los intereses de toda la ciudadanía y, como en otros casos, esto incluye la restitución de cualquier bien o propiedad que se le haya sustraído” y ha recrodado que “se trata, además, de una asignatura pendiente de nuestra historia y de nuestra democracia que no se puede demorar más”.

El objetivo de esta investigación es confirmar que todos esos bienes son legítimos o si en cambio puede haberse dado algún caso de apropiación de bienes cuya titularidad correspondería al patrimonio público, lo que equivaldría a un expolio. Lee el resto de esta entrada »

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Bendición judicial para la expansión de la concertada: la Iglesia logra el blindaje del dinero público para sus colegios

octubre 26, 2020

Dos fallos del Supremo, con el juez vinculado al Opus José Luis Requero como ponente, rechazan un recorte de conciertos de la Generalitat valenciana

Una reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en 2019.

Una reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en 2019.

Ángel Munárriz, Infolibre, 24 de octubre de 2020

Espaldarazo judicial a la educación concertada, que tiene motivos para el regocijo, especialmente en la Iglesia católica, la gran dominadora del sector. Ha tropezado con el Tribunal Supremo uno de los intentos más elaborados de poner freno a su expansión, el lanzado en 2017 por el Govern de la Comunitat Valenciana, con PSPV y Compromís, el conocido como Acord del Botànic, un Ejecutivo ampliado esta legislatura a Unides Podem. No es la primera vez que los promotores de la educación privada financiada con fondos públicos salen de los más altos tribunales con sus pretensiones cumplidas. Esta vez, el trofeo es relevante: nada menos que un blindaje de conciertos ya agotados en ciclos postobligatorios, incluso contra la voluntad de la autoridad educativa, lo que ha provocado una visible indignación en la Generalitat valenciana, que clama a través de la vicepresidenta Mónica Oltra por cambios legales a nivel estatal.

A la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 avalando la financiación pública de la educación segregadora por sexos, con el voto del juez perteneciente al Opus Andrés Ollero, se han sumado ahora dos fallos a favor del blindaje de la concertada que han tenido como ponente a otro magistrado vinculado a la Obra, José Luis Requero. Las sentencias del Supremo, de 14 de octubre y firmadas por seis magistrados, tienen al igual que la del Constitucional de 2018 un potencial impacto favorable para el Opus en concreto y la Iglesia en general. A preguntas de infoLibre, Requero señala: “Las sentencias recogen el trabajo de un tribunal plural en el que la decisión es fruto de un debate abierto y una decisión colectiva. La decisión no es caprichosa o voluntarista”.

La Salle y Marianistas

  • El Tribunal Supremo rechaza la revocación de conciertos para enseñanzas no obligatorias, aunque el Govern pueda cubrir las necesidades con la red pública

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En Valencia el patrimonio inmobiliario de la Iglesia se reduce por primera vez en 14 años

octubre 6, 2020

València lidera el retroceso tras un aumento constante durante la crisis

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Catedral de Valencia

Sergio Gómez, Levante, 6 de octubre de 2020

1.380 templos católicos pueblan la Comunitat Valenciana de norte a sur, sumando solo parroquias e iglesias no parroquiales. Pero este no es, ni mucho menos, el único patrimonio inmobiliario escriturado a nombre de los estamentos eclesiásticos. Viviendas, fincas rústicas, centros educativos, pisos sociales o residencias engrosan un listado de propiedades que la última actualización del Catastro -el único balance fiable a falta de un registro oficial- sitúa en 2.487 bienes valorados en 652,4 millones de euros. La cotización de los haberes en manos de la Iglesia ha crecido a un ritmo constante en los últimos años a pesar de la crisis económica de 2008, hasta el punto de alcanzar un incremento acumulado de 205 millones entre esa fecha y 2018. La tendencia al alza, sin embargo, se rompió de forma drástica en 2019: el primer ejercicio en 14 años -desde que el Ministerio de Hacienda ofrece datos- en el que el patrimonio inmobiliario religioso se redujo en términos económicos. La merma, concretamente, fue de 889.000 euros respecto al año anterior. Es el resultado de haberse desprendido de más de medio centenar de propiedades (56) que han cambiado de tipología.

En 2019, el volumen de bienes eclesiásticos únicamente descendió en cinco comunidades autónomas. La valenciana lideró la clasificación, seguida de Galicia, donde se perdieron 29 propiedades religiosas. Aunque son provisionales, los datos catastarales correspondientes a este 2020 reflejan un ligero repunte en la Comunitat Valenciana con la incorporación de siete nuevos inmuebles, si bien el acumulado de los dos últimos años sigue siendo negativo en casi medio centenar de propiedades valoradas en 378.000 euros. Lee el resto de esta entrada »

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Les Corts valencianas aprueban, a propuesta de Compromís, que la Iglesia pague el IBI de edificios que no son para el culto

septiembre 29, 2020

Hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos o residencias, serán los inmuebles afectados. La iniciativa de Compromís insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Les Corts aprueban que la Iglesia pague el IBI de edificios que no son para el culto - Levante-EMV

Diputada Nathalie Torres, Compromís

Levante / Compromís, 29 de septiembre de 2020

La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, ha aprobado hoy con los votos a favor de Compromís, PSPV y Unides Podem, y los votos en contra de PP, Cs y VOX, una iniciativa de Compromís con la que se insta al gobierno central a que reforme en profundidad y de manera urgente la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Según la diputada Torres, “el objetivo es que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios que dedica a actividades que no son para el culto. Hablamos de edificios destinados a actividades económicas como hospitales privados, universidades privadas, hoteles, oficinas, aparcamientos públicos, residencias, entre otros, con una evidente finalidad lucrativa, que gozan de exenciones fiscales como si se tratara de lugares de culto, y entran en clara competencia desleal con otras unidades de negocio que pagan sus impuestos “. Lee el resto de esta entrada »

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El Sindic de Greuges estudia de oficio las inmatriculaciones de la Iglesia catalana

agosto 21, 2020

De los 3.722 bienes inmatriculados por la iglesia católica dados a conocer en Cataluña sólo sólo la mitad son lugares de culto, según la Generalitat

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Plano general de la ermita de Sant Pere de Vallhonesta, en Sant Vicenç de Castellet, construida en una finca, propiedad de la familia de Joan Casadona desde el s. XI, inmatriculada por la iglesia / Foto: ACN / Fuente imagen

Sindic, / Religión Digital, 21 de agosto de 2020

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha abierto una actuación de oficio, que da continuidad a las actuaciones iniciadas previamente a partir de quejas de la ciudadanía, para hacer el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en relación con las inscripciones de la Iglesia realizadas con el procedimiento extraordinario de inmatriculación registral.

En el marco de la legislación vigente hasta hace pocos años, la Iglesia católica inscribió a su favor en el Registro de la Propiedad fincas, terrenos y edificaciones, mediante un procedimiento extraordinario y excepcional de inmatriculación registral, que permitía inscribir la propiedad de inmuebles con una certificación de titularidad emitida por cargo o autoridad de la propia Iglesia.

El Departamento de Justicia hizo públicos el pasado mes de julio datos sobre las inmatriculaciones a favor de la Iglesia católica hechas con este procedimiento excepcional en Cataluña. Más allá de los datos publicados, el Síndic ha vuelto a solicitar recientemente al Departamento información específicamente sobre el estudio de inmatriculaciones que debe elaborar en cumplimiento de la Resolución del Parlamento de Cataluña 491/XII, de 4 de julio de 2019, y sobre otras actuaciones que haya llevado a cabo en relación con esta cuestión. Lee el resto de esta entrada »

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El Gobierno valenciano, tras la pista de las inmatriculaciones de la Iglesia

agosto 10, 2020

En una misiva enviada a finales de julio, la Conselleria de Transparencia solicita al Gobierno de España un listado de los bienes inmatriculados por las autoridades eclesiásticas en el País Valenciano. El objetivo: la recuperación del patrimonio público expoliado. Movimientos ciudadanos siguen denunciando los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Catedral de Valencia

Catedral de Valencia

Héctor Serra, Público, 10 de agosto de 2020

Un listado de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica en territorio valenciano desde 1996 hasta 2015. La demanda es clara y la firma la Generalitat Valenciana. A través de una carta dirigida a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, encuadrada en el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Transparencia del Gobierno valenciano solicita una relación de los bienes inmuebles y patrimonio histórico del que se hayan podido apropiar las instituciones eclesiásticas.

En la misiva, el departamento dirigido por la consellera Rosa Pérez Garijo advierte que “durante el período democrático entre 1996 y 2015 el patrimonio público de la Comunitat Valenciana ha podido verse afectado bajo preceptos presumiblemente inconstitucionales, privando a las valencianas y valencianos de su uso, y en su caso, de la rentabilidad patrimonial que pudiera derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas”.

“Es totalmente inexplicable que esto haya podido pasar y es fruto de la situación privilegiada que ha vivido la institución eclesiástica en este país; aún nos falta mucho para ser una democracia”, declara para este artículo Pérez Garijo. La consellera espera cuanto antes una respuesta por parte del Ministerio con el propósito de poder determinar posibles apropiaciones ilegítimas y retornar estos bienes a su propiedad original.

“Deberíamos ver los casos que afectan a los ayuntamientos para que las administraciones locales pudieran emprender también las acciones que consideraran necesarias. En el caso de las propiedades autonómicas, nos pondremos en contacto con la Abogacía de la Generalitat para abordar una hoja de ruta que marque acciones legales con el objetivo de recuperar esos bienes”, detalla la consellera.

La opacidad como constante

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