El borrador de proyecto de decreto que desarrolla la ley autonómica de memoria democrática también regula el censo de víctimas y el banco de ADN que almacena las muestras genéticas

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Lucas Marco, El Diario, 6 de abril de 2022
“Con prontitud y diligencia”. Así pretende la Generalitat Valenciana obligar a las instituciones o congregaciones religiosas a abrir sus archivos en materia de bebés robados, según el borrador de proyecto de decreto que desarrolla la ley autonómica de memoria democrática al que ha tenido acceso elDiario.es.
La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que dirige Rosa Pérez Garijo, “garantizará” el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en peticiones sobre “personas desaparecidas con ocasión de la Guerra Civil y el franquismo”. Además, el borrador pretende garantizar “el derecho de toda persona a conocer sus orígenes así como el pleno acceso a los datos que conciernen a su propia vida”.
El Ejecutivo autonómico responde así a las demandas sobre acceso a archivos eclesiásticos de las asociaciones de víctimas del robo de bebés. Unos archivos relevantes dada la participación de la Iglesia en la sustracción de recién nacidos desde la posguerra, en un contexto marcado por las teorías sobre el supuesto ‘gen rojo’ del psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera.
Así, las instituciones o congregaciones religiosas tendrían un plazo máximo de un mes para atender las peticiones, “sin que pueda existir más oposición en esta solicitud que las causas recogidas en la ley”. El borrador, dadas las peculiares características del robo de bebés en clínicas y prisiones durante la dictadura y hasta bien entrada la democracia, también prevé el acceso a archivos privados “cuando exista relación directa acreditada entre la información contenida” y la persona “desaparecida o sustraída”, todo ello garantizando la “adecuación” a la legislación sobre protección de datos.
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