Valencia Laica denuncia el “concordato a la valenciana” de Ximo Puig

diciembre 2, 2022

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el pasado lunes el decreto, iniciativa unilateral de Ximo Puig, de una Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la iglesia valenciana

Ximo Puig con el cardenal Cañizares este jueves en la reunión de la recién creada Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la iglesia valenciana / Fuente foto Valencia Plaza
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2 de diciembre de 2022

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado el pasado lunes 28 el decreto(1) por el cual se crea la Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y las diócesis de Valencia, de Orihuela-Alicante, de Segorbe-Castelló de la Plana y de Tortosa (en la parte del territorio que está ubicada en la Comunitat).

La comisión, adscrita a la Presidencia de la Generalitat, se constituirá como un órgano colegiado, de composición paritaria, al que le corresponde el asesoramiento y la consulta en materia de patrimonio cultural, enseñanza y educación, asistencia sanitaria en centros hospitalarios del Sistema Valenciano de Salud, asistencia social y justicia, recoge el Decreto.

Tras haberse comprometido a la creación de la Comisión Mixta de Cooperación en octubre, el jefe del Consell intentó tramitar el impulso a la misma a través de un acuerdo del pleno del Gobierno valenciano. Sin embargo, sus socios del Botànic -Compromís y Unides Podem- frenaron la propuesta por distintas reticencias basadas, no sólo en la oportunidad de la medida, sino también por cuestiones de contenido de la misma, señala Valencia Plaza

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La Generalitat Valenciana prepara un decreto para obligar a la Iglesia a abrir sus archivos sobre bebés robados

abril 6, 2022

El borrador de proyecto de decreto que desarrolla la ley autonómica de memoria democrática también regula el censo de víctimas y el banco de ADN que almacena las muestras genéticas

Manifestación por bebés robados / EFE

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Lucas Marco, El Diario, 6 de abril de 2022

“Con prontitud y diligencia”. Así pretende la Generalitat Valenciana obligar a las instituciones o congregaciones religiosas a abrir sus archivos en materia de bebés robados, según el borrador de proyecto de decreto que desarrolla la ley autonómica de memoria democrática al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que dirige Rosa Pérez Garijo, “garantizará” el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en peticiones sobre “personas desaparecidas con ocasión de la Guerra Civil y el franquismo”. Además, el borrador pretende garantizar “el derecho de toda persona a conocer sus orígenes así como el pleno acceso a los datos que conciernen a su propia vida”.

El Ejecutivo autonómico responde así a las demandas sobre acceso a archivos eclesiásticos de las asociaciones de víctimas del robo de bebés. Unos archivos relevantes dada la participación de la Iglesia en la sustracción de recién nacidos desde la posguerra, en un contexto marcado por las teorías sobre el supuesto ‘gen rojo’ del psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera.

Así, las instituciones o congregaciones religiosas tendrían un plazo máximo de un mes para atender las peticiones, “sin que pueda existir más oposición en esta solicitud que las causas recogidas en la ley”. El borrador, dadas las peculiares características del robo de bebés en clínicas y prisiones durante la dictadura y hasta bien entrada la democracia, también prevé el acceso a archivos privados “cuando exista relación directa acreditada entre la información contenida” y la persona “desaparecida o sustraída”, todo ello garantizando la “adecuación” a la legislación sobre protección de datos.

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El Micalet a nombre de la iglesia desde 2014

junio 9, 2021

La Iglesia aprovechó la ley de Aznar para poner a su nombre en 2014 la torre del Micalet en València pese a su histórico uso civil

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Fotograma reportaje de Zoom, Á Punt

Laura Martínez, El Diario / À Punt, 9 de junio de 2021

En 2014, en vísperas de concluir el periodo legal, la Iglesia incluyó en su lista uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad de Valencia: la torre del Micalet. El programa de investigación Zoom de À Punt Media, que abordó las inmatriculaciones eclesiásticas en la Comunidad Valenciana, reprodujo este pasado lunes el documento del registro en el que se inscribe “la torre campanario, denominada Miguelete”, un edificio que tradicionalmente ha unido su uso religioso y civil. El histórico campanario construido a finales del siglo XIV sirvió de torre vigía, de advertencia ante la llegada de barcos a la ciudad, para marcar el toque de queda a los habitantes de murallas hacia dentro y de alerta antiaérea durante la Guerra Civil.

Subir los 214 escalones de uno de los edificios emblemáticos de València cuesta dos euros que se han de pagar en efectivo. Multiplicar esa cifra por los miles de visitantes que la torre recibe al año y aplicarle los impuestos correspondientes supondría no solo un ingreso para el Estado, sino equiparar las posesiones eclesiásticas con las del resto de los mortales.

Más allá del debate sobre la propiedad de un inmueble anexo a un edificio religioso, cabe recordar que la construcción de la torre fue un proyecto compartido del Consell de la ciudad y el cabildo de la catedral, se erigió sobre suelo municipal y estaba inicialmente aislado hasta que una ampliación del conjunto catedralicio lo absorbió. Es decir, que se pagó con dinero público.

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València no ve argumentos jurídicos para reclamar a la Iglesia 39 inmuebles inmatriculados

mayo 12, 2021

El Ayuntamiento encargó un informe para estudiar los diferentes casos, pero ha concluido que no hay ninguno que sea susceptible de ser recuperado

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La Catedral vista desde la plaza de la Reina.

Carlos Navarro Castelló, El Diario, 12 de mayo de 2021

El Gobierno central hizo público el pasado mes de febrero el informe de los bienes inmuebles que la Iglesia católica inmatriculó gracias a una ley impulsada por José María Aznar en 1998 que permitió registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.

En la lista figuran 34.961 bienes e inmuebles en toda España, de los que 912 se encuentran en la Comunitat Valenciana y tan solo en 123 casos existe algún tipo de título que acredite que la Iglesia es la propietaria.

Tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de València anunciaron que examinarían el listado con el objetivo evaluar qué propiedades eran de uso público y por tanto debían revertirse a la ciudadanía.

En el caso del Consistorio, el alcalde Joan Ribó anunció que solicitaría un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado, con especial interés en las viviendas, almacenes y otras dependencias que aparecen en la lista, que alcanza los 39 bienes en la ciudad.

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La Generalitat Valenciana y los registradores estudian la reversión de inmuebles públicos inscritos por la Iglesia

febrero 23, 2021

El Gobierno valenciano comienza a explorar las vías legales para recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la iglesia católica

Rosa Pérez Garijo, consellera de Transparencia y Calidad Democrática / Fuente foto

Público, 23 de febrero de 2021

La consellera de Transparencia y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, se ha reunido con representantes del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana para poner en marcha acciones que permitan la reversión de inmuebles públicos que se encuentren en el listado de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

En el encuentro, los representantes de los registradores han informado de las vías para reclamar inmuebles que puedan estar inscritos indebidamente, además de constatar que los ayuntamientos son los legitimados para realizar estas reclamaciones.

Por ello, Pérez Garijo ha anunciado que su departamento colaborará con ellos para detectar qué inmuebles constan en los inventarios de bienes públicos y preparar la documentación necesaria, informa la Generalitat en un comunicado.

También pretende reunirse con la dirección general del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, para comprobar las circunstancias y características de cada propiedad y determinar así si son susceptibles de reclamación. Read the rest of this entry »


Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta que regulariza la apropiación de unos terrenos por parte de la Iglesia

enero 26, 2021

El templo abandonado es uno de los bienes que la Iglesia ofreció al Ayuntamiento de Orihuela en las propuestas de permuta en la que ambos trabajan desde hace un lustro para solventar el problema legal de la ocupación irregular de terrenos de un colegio religioso concertado.

Iglesia de San Agustín de Orihuela, en la Lista Roja de Patrimonio / Fuente

Laura Martínez, El Diario, 26 de diciembre de 2021

La Agencia Antifraude investiga al Ayuntamiento de Orihuela por una permuta entre el consistorio y el obispado que implica ceder a la Iglesia unos terrenos que se apropió de forma irregular hace 20 años. El ayuntamiento, uno de los baluartes del PP en la Comunitat Valenciana, buscaba con la permuta resolver el incumplimiento de un acuerdo suscrito en 1999 entre el consistorio y la diócesis para la ampliación de un colegio concertado y evitar un juicio con la Iglesia. La apropiación irregular, denunciada por la oposición, se remonta al mandato de la hoy secretaria general del PP de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, entonces concejala de Urbanismo y Patrimonio en Orihuela, bajo cuya gestión venció el acuerdo que desencadenó una serie de reclamaciones cruzadas.

El Ayuntamiento de Orihuela suscribió en 1995 un acuerdo con la diócesis de Orihuela-Alicante y la Universidad de Alicante para crear un campus en el municipio de La Vega Baja, según el informe municipal al que ha tenido acceso elDiario.es. Cuatro años después, en 1999, un centro educativo religioso –el colegio diocesano Santo Domingo– solicitó una cesión de los terrenos enmarcados en el primer acuerdo, a la vez que el centro educativo pasó a ser concertado con el visto bueno de la Generalitat. Los terrenos contiguos al colegio fueron cedidos a cambio de que la diócesis se comprometiera a urbanizar y edificar en el plazo máximo de cinco años. En caso contrarío debería retornarlos. Además, en 2004, otro colegio diocesano –el Oratorio Festivo San Miguel– ocupó unos terrenos del ayuntamiento sin autorización para construir unas pistas deportivas, terrenos que el ayuntamiento ha incluido en la propuesta de permuta. El ayuntamiento popular, denuncia la oposición, no levantó ni un acta por infracción urbanística. Read the rest of this entry »


El Gobierno facilitará a la Generalitat Valenciana la lista de los bienes de los que se adueñó la Iglesia y se ofrece a mediar para recuperarlos, una vez se haya llevado el informe definitivo al Congreso

noviembre 19, 2020

Desde Vicepresidencia comunican a la Conselleria de Transparencia que llevarán el informe definitivo sobre las inmatriculaciones al Congreso sin precisar un plazo concreto, y que posteriormente facilitarán todos los datos relativos a la Comunitat Valenciana

Palacio Arzobispal de Valencia

La insistencia de la Generalitat Valenciana parece ir dando frutos. Todavía ayer era noticia que ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia, el Gobierno valenciano estudiará la apertura de una nueva vía para obtener la relación de los inmuebles u otras posesiones de las que se hubiera podido apropiar la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana entre los años 1996 y 2015:  pedir a los registradores la lista de los bienes que se apropió la Iglesia ante el silencio del Gobierno

Hoy, la noticia, es la respuesta del Gobierno.

Carlos Navarro Castelló, El Diario, 19 de noviembre de 2020

El listado de bienes o inmuebles que pudo adueñarse la Iglesia entre los años 1996 y 2015 en la Comunitat Valenciana sin ningún título que lo acredite mediante la figura de las inmatriculaciones está más cerca de hacerse público.

La insistencia al respecto de la Conselleria de Transparencia ha dado sus frutos y según informan fuentes del departamento que dirige Rosa Pérez a elDiario.es, tras contactar con vicepresidencia del Gobierno les aseguran que tienen previsto presentar el informe completo en el Congreso, aunque sin concretar el plazo.

Así, se comprometen a facilitar a la Generalitat toda la información relativa al territorio valenciano una vez se haga público el informe e incluso a hacer de mediadores si hubiera alguna propiedad pública afectada por las inmatriculaciones susceptible de ser recuperada por la administración.

Como ha informado este diario, Transparencia venía reclamando la información al Ministerio de Justicia, que desde el año 2018 cuenta con un informe que no ha hecho público del Colegio de Registradores, según el cual las autoridades eclesiásticas llevaron a cabo 34.984 inmatriculaciones en toda España entre 1998 y 2015. Del total de fincas, 18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos. Read the rest of this entry »


La Generalitat Valenciana pedirá a los registradores la lista de los bienes que se apropió la Iglesia ante el silencio del Gobierno

noviembre 18, 2020

El Colegio de Registradores facilitó un informe al Gobierno central, que no ha hecho público desde el año 2018, según el cual las autoridades eclesiásticas llevaron a cabo 34.984 inmatriculaciones en toda España entre 1998 y 2015

Iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia | Wikipedia

Iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia | Wikipedia / Fuente imagen

Carlos Navarro Castelló, El Diario, 19 de noviembre de 2020

El Gobierno valenciano estudiará la apertura de una nueva vía para obtener la relación de los inmuebles u otras posesiones de las que se hubiera podido apropiar la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana entre los años 1996 y 2015.

Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia, tanto a una carta remitida por la Conselleria de Transparencia como a una reunión solicitada recientemente para abordar la cuestión, fuentes del departamento que dirige la consellera Rosa Pérez han informado a elDiario.es que solicitarán la información directamente al Colegio de Registradores, siguiendo el mismo procedimiento que llevó a cabo la Generalitat de Catalunya para obtener los datos relativos a su territorio.

Y es que, la entidad colegial facilitó un informe al Gobierno central en el año 2018 según el cual las autoridades eclesiásticas llevaron a cabo 34.984 inmatriculaciones en toda España entre 1998 y 2015. Del total de fincas, “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”. Esto quiere decir que solo la mitad de los inmuebles que han pasado a engrosar el patrimonio de la Iglesia son estrictamente religiosos; el resto pueden ser fincas, garajes o edificios de viviendas.

Pese a todo, el Gobierno, que en el caso de los socialistas lleva en su programa electoral la recuperación de los bienes registrados como propios indebidamente por la Iglesia, se resiste a hacer pública la lista, puesto que estos datos que salieron a la luz hace un año los hizo públicos el propio Colegio de Registradores tras una resolución del Consejo de Transparencia, en respuesta a un requerimiento de Maldita.es. Read the rest of this entry »


El Gobierno central oculta a Transparencia el patrimonio público del que pudo adueñarse la Iglesia en territorio valenciano entre 1996 y 2015

noviembre 9, 2020

La consellería solicita al Ministerio de Justicia una reunión al no responder a la carta en la que se solicitaba la relación de bienes inmatriculados por las autoridades eclesiásticas en la Comunitat Valenciana para estudiar su legitimidad y la recuperación de su propiedad

Palacio Arzobispal de València

Palacio Arzobispal de València

Carlos Navarro Castelló, El Diario, 9 de noviembre de 2020

Silencio absoluto. Esta ha sido la estrategia que ha adoptado el Ministerio de Justicia tras la carta enviada el pasado mes de agosto por la Conselleria de Transparencia de la Generalitat Valenciana en la que se solicita, en concreto a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la relación de los inmuebles u otras posesiones de las que se hubiera podido apropiar la Iglesia en la Comunitat Valenciana entre los años 1996 y 2015.

Fuentes del departamento que dirige la consellera Rosa Pérez han informado a eldiario.es de que no han recibido respuesta alguna a la misiva y que, ante esta situación, han solicitado una reunión al ministerio de Juan Carlos Campo para conocer toda la información.

Pérez ha explicado que necesitan “esta información para determinar el alcance del expolio de bienes por parte de la Iglesia Católica que deberían engrosar el patrimonio público”.

La consellera ha asegurado que su obligación “es la defensa de los intereses de toda la ciudadanía y, como en otros casos, esto incluye la restitución de cualquier bien o propiedad que se le haya sustraído” y ha recrodado que “se trata, además, de una asignatura pendiente de nuestra historia y de nuestra democracia que no se puede demorar más”.

El objetivo de esta investigación es confirmar que todos esos bienes son legítimos o si en cambio puede haberse dado algún caso de apropiación de bienes cuya titularidad correspondería al patrimonio público, lo que equivaldría a un expolio. Read the rest of this entry »


Bendición judicial para la expansión de la concertada: la Iglesia logra el blindaje del dinero público para sus colegios

octubre 26, 2020

Dos fallos del Supremo, con el juez vinculado al Opus José Luis Requero como ponente, rechazan un recorte de conciertos de la Generalitat valenciana

Una reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en 2019.

Una reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en 2019.

Ángel Munárriz, Infolibre, 24 de octubre de 2020

Espaldarazo judicial a la educación concertada, que tiene motivos para el regocijo, especialmente en la Iglesia católica, la gran dominadora del sector. Ha tropezado con el Tribunal Supremo uno de los intentos más elaborados de poner freno a su expansión, el lanzado en 2017 por el Govern de la Comunitat Valenciana, con PSPV y Compromís, el conocido como Acord del Botànic, un Ejecutivo ampliado esta legislatura a Unides Podem. No es la primera vez que los promotores de la educación privada financiada con fondos públicos salen de los más altos tribunales con sus pretensiones cumplidas. Esta vez, el trofeo es relevante: nada menos que un blindaje de conciertos ya agotados en ciclos postobligatorios, incluso contra la voluntad de la autoridad educativa, lo que ha provocado una visible indignación en la Generalitat valenciana, que clama a través de la vicepresidenta Mónica Oltra por cambios legales a nivel estatal.

A la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 avalando la financiación pública de la educación segregadora por sexos, con el voto del juez perteneciente al Opus Andrés Ollero, se han sumado ahora dos fallos a favor del blindaje de la concertada que han tenido como ponente a otro magistrado vinculado a la Obra, José Luis Requero. Las sentencias del Supremo, de 14 de octubre y firmadas por seis magistrados, tienen al igual que la del Constitucional de 2018 un potencial impacto favorable para el Opus en concreto y la Iglesia en general. A preguntas de infoLibre, Requero señala: “Las sentencias recogen el trabajo de un tribunal plural en el que la decisión es fruto de un debate abierto y una decisión colectiva. La decisión no es caprichosa o voluntarista”.

La Salle y Marianistas

  • El Tribunal Supremo rechaza la revocación de conciertos para enseñanzas no obligatorias, aunque el Govern pueda cubrir las necesidades con la red pública

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