Carles Mulet (Compromís): “El Gobierno es cómplice del saqueo al patrimonio cultural que ha realizado la Iglesia Católica y no cumple con su PNL de 2017”

El senador critica que el PSOE en la oposición proponga medida que cuando llega al Gobierno no se atreve a cumplir.

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Tercera información, 30 de agosto de 2021

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado las nuevas respuesta del Gobierno en la que se desliga de la propuesta que hizo el PSOE en 2017 de instar al Gobierno a reclamar la titularidad de todos los bienes inmatriculados irregularmente por la Iglesia Católica “ El PSOE en la oposición hace propuestas que es incapaz de cumplir cuando está en el Gobierno”.
 
Mulet ha vendido denunciando que que el listado publicado en febrero por el Gobierno sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica entre 1998 y 2015 llega muy tarde y muy mal, para acabar amparando las 34.961 inscripciones que gracias a las modificaciones en  ley Hipotecaria durante el mandato de Aznar,  les permitió inscribir masivamente, sin títulos de propiedad, con un simple certificado a emitir por la propia iglesia.
  
El senador ha recordado que este listado llega incompleto después de aprobarse en el Congreso una PNL  en 2017, presentada por el PSOE; que pedía elaborar un estudio en el que se recogieran todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, y que se proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.

Lejos de ello, el Gobierno en lugar de iniciar los procedimientos para reclamar la titularidad del dominio, adjuntó, sin ser requerido ni preceptivo, un informe de 22 hojas para justificar la inacción y dar carpetazo al asunto, dificultando todavía más a los particulares y administraciones públicas en conflicto con la iglesia poder recuperar la titularidad usurpada.
 
Mulet ha venido  recordando que en el listado de inmatriculaciones sin títulos previos , aparecen además de templos y edificios de usos religiosos, fincas rústicas, casas, locales, almacenes, solares sin usos religiosos, parcelas urbanas, tierras de secano y todo tipo de tipologías de bienes inmuebles, que fueron apuntadas como propiedad de la iglesia en base a certificados elaborados ad hoc de la propia iglesia “con un simple papelito firmado por mí, donde yo afirmo que es mío”.
 
“Queremos remarcar que si bien la reforma de la ley es de 1998, con anterioridad se ha venido produciendo esta práctica de inmatriculaciones de bienes que eran de uso público, edificios que incluso de ser para usos religiosos eran tradicionalmente del municipio (ermitas, campanarios, iglesias, calvarios…etc), que si bien, a partir de esta modificación aceleraron los trámites,  anteriormente ya pasaba; en muchos municipios valencianos se conocen este tipo de prácticas y litigios durante décadas por la titularidad de inmuebles” ha añadido
 
En muchos casos se puede entender como algo simbólico, pero carece de sentido el interés por acumular propiedades por una entidad privada, para después exigir a la administración pública que invierta en un su mantenimiento y adecuación “son incapaces de mantener dignamente el patrimonio histórico, pero corren para atesorar como propios los inmuebles. Y luego vienen los problemas y conflictos. Y más injustificablemente es cuando se inscriben miles de inmuebles y propiedades sin uso religioso”.
 
Mulet ha afirmado que obviamente en muchos de estos casos se pueden tratar de inmatriculaciones legítimas, “pero no se puede hacer tabula rasa y justificar todas como ha hecho el Gobierno. El Congreso no le exigió eso, sino lo contrario, que reclamase las inmaticulaciones hechas sin título previo, incidiendo en el  patrimonio cultural de dominio público”.
 
Para el senador, este listado blindado con un informe a la carta deja a los pequeños ayuntamientos a los pies de los caballos y desamparados “es por todos conocidos casos de litigios históricos de pequeños ayuntamientos de la España rural que ha visto este tipo de casos, donde el obispado se autoinscribe como propios edificios , de usos religiosos o no, que siempre han sido del pueblo. Ahora, a los ayuntamientos con presupuestos y recursos muy limitados, solamente les queda acudir a los tribunales, y seguramente muchos no van a tener tal capacidad. Mulet ha recordado que “no se trata de una iniciativa anticlerical, ni mucho menos”, sino el viejo debate sobre el propio patrimonio. Si la iglesia, una vez puestos a su nombre los inmuebles, tuviera la capacidad de mantener este inmenso patrimonio cultural y patrimonial en perfecto estado de conservación y con garantías de ser visitable y utilizado también como elemento turístico que revierta en los municipios, el malestar sería menor, ha indicado. 

Ahora, de nuevo el Gobierno evita cumplir con este acuerdo del Congreso que le instaba a reclamar la titularidad y rechaza cualquier tipo de apoyo a los pequeños ayuntamientos para poder litigar por sus bienes usurpados:

PREGUNTA ESCRITA (Artículo 160 del Reglamento del Senado) MULET GARCÍA, CARLES 6/06/2021

A la pregunta: ¿va a ofrecer algún tipo de apoyo a particulares, ayuntamientos o entidades que quieran reclamar alguna de estas propiedades o se va a dejar de nuevo desamparados y sujetos a que puedan sufragar o no los litigios judiciales.

El Gobierno contesta.

En relación con las iniciativas de referencia, se señala remitido a las Cortes el estudio elaborado en relación con la Proposición no de Ley de fecha 4 de abril de 2017, relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática informa de que la concreción a la que hace referencia la pregunta formulada por Su Señoría no estaba contemplada en la Proposición No de Ley de 4 de abril de 2017, de manera que las entidades públicas y privadas y particulares podrán utilizar las vías legales para reivindicar la propiedad de aquellos bienes sobre los que consideren tienen mejor derecho, incluidas las previsiones relativas a la justicia gratuita

27 de agosto de 2021

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Algunas preguntas presentadas por escrito por Carles Mulet / Respuestas del Gobierno

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