Políticos y representantes de organizaciones antiabortistas, de ultraderecha, cristianas y antifeministas internacionales se reunieron este lunes, con el visto bueno del PP, en la Cámara alta durante 12 horas
José Antonio Kast y Jaime Mayor Oreja en el Senado, este lunes / Álvaro García ______________________
Fuentes: El País (Isabel Valdés, Álvaro Ruiz, Ángel Munárriz) / InfoLibre (Sabela Rodríguez), 3 de diciembre de 2024
Todavía no son las ocho de la mañana y la única iluminación en las calles de Madrid es la que nace de las farolas. El Monasterio de la Encarnación, en el corazón de la ciudad, cierra sus puertas al público los lunes, pero este 2 de diciembre hace una excepción: el templo se erige solemne para dar la bienvenida a medio centenar de invitados. La misa, oficiada por el nuncio Bernardito Auza, que va a empezar es en realidad el punto de partida de la gran cumbre antiabortista que celebrada este lunes en la Cámara Alta.
Apenas veinte minutos después de que la misa haya dado comienzo, el eco de unas voces se desliza dentro de la iglesia. En torno a una docena de mujeres corea en las inmediaciones que el aborto es un derecho sagrado y que no hay cabida en la sede de la soberanía popular para los «grupos antielección».Portan pancartas, pañuelos verdes y se dejan la voz para intentar que sus proclamas atraviesen las paredes del monasterio. Su propósito surte efecto: pronto miembros de la organización dejan momentáneamente atrás la misa para asomarse a comprobar la dimensión de la protesta. En algún tramo de esa última media hora se ha hecho de día y la policía comienza a identificar a quienes allí se concentran.
Un alto cargo del Gobierno cántabro del PP será ponente y uno de los “anfitriones” de un evento donde destaca la presencia de afines de Orbán y Meloni
Varias mujeres con carteles durante una concentración, frente al Monasterio de la Encarnación, este lunes / Matías Chiofalo (Europa Press) ____________________
El Senado se convertirá este lunes en la sala de reuniones de una cita intercontinental de extrema derecha cristiana. Pero también habrá representantes de esa otra familia política que suele llamarse derecha tradicional, o moderada, o liberal-conservadora, o democristiana. El rechazo al aborto y a la agenda feminista demuestra con la cumbre del grupo Red Política de Valores su capacidad para reunir a figuras de distintas corrientes de la derecha europea. El PP, que con su mayoría absoluta en la Mesa del Senado ha permitido —rechazando las peticiones de suspensión— que se celebre este encuentro en una de sus salas, ha tratado de marcar distancias ante la radicalidad de algunos implicados en la cumbre. No obstante, finalmente estará representado. Javier Puente, consejero de Red Política de Valores, exsenador y alto cargo en el Gobierno de Cantabria, militante del partido, será ponente y uno de los anfitriones de la cumbre, según confirma la organización.
Por la Cámara Alta desfilarán líderes ultra de todo el globo que incluso defienden medidas tan disparatadas como castrar a las personas homosexuales
El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP) / Fuente foto ______________________
Sabela Rodríguez Álvarez, InfoLibre, 11 de noviembre de 2024
Hace un mes, celebraban con una calculada sobriedad haber ganado la batalla: el Senado ratificaba que sus puertas estarían abiertas al Political Network for Values (o la Red Política de Valores), la organización que a principios de diciembre aterrizará en Madrid para celebrar su cumbre antiabortista. La entidad lo tiene todo preparado: la polémica se ha ido disipando, el programa está ya cincelado y más de cinco decenas de nombres desfilarán por la institución pública a lo largo de las doce horas que durará la cumbre ultra. El elenco está conformado por voces ancladas en el antifeminismo, la homofobia y la defensa ultracatólica de la institución familiar.
Al frente, un conocido español: Jaime Mayor Oreja, quien ejerce en nuestras fronteras como el referente con mayor influencia para la organización, en cuyo seno ostenta la presidencia de honor. El exministro del Interior del PP, hoy presidente de la antiabortista Fundación Neos, forma parte también del Consejo Asesor de la red y participará en la cumbre junto a otros destacados militantes ultras. A su lado, el pinochetista José Antonio Kast, presidente de la red. El también fundador del Partido Republicano de Chile habla sin tapujos de «dictadura gay», se posiciona en defensa de líderes de extrema derecha como Jair Bolsonaro e incluso elogia a genocidas como el peruano Alberto Fujimori. Por supuesto, el líder chileno tilda al aborto de «asesinato a sangre fría», carga contra lo que denomina «feminismo extremo» y se opone al matrimonio igualitario.
La Red Política de Valores, presidida por el ultraderechista chileno José Antonio Kast y que tilda de “asesinato” la interrupción del embarazo, celebrará un encuentro mundial en la Cámara alta en diciembre
El presidente de la Red Política de Valores, José Antonio Kast, interviene durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en Madrid / A. Pérez Meca / Europa Press ______________________
Fuentes: El Diario (Marta Borraz) / El País (Ángel Munárriz) / Público, 1 de octubre de 2024
Después de pasar por Nueva York, Budapest o Bogotá, la Red Política de Valores, uno de los actores más activos en la cruzada internacional contra el aborto o el matrimonio igualitario, celebrará en Madrid la sexta edición de su Cumbre Transatlántica. Lo hará el próximo 2 de diciembre y no en un espacio cualquiera. La jornada, cuyo lema será “por la libertad y la cultura de la vida”, transcurrirá en el Senado.
La Red Política de Valores, una organización multinacional de extrema derecha contra el aborto, el “feminismo radical” y la “ideología de género”, ha elegido Madrid para la sexta edición de su llamada “cumbre transatlántica”, que tendrá lugar dentro de dos meses. Una institución pública, concretamente el Senado, dará acogida al evento, lo que según los organizadores convierte a la Cámara alta en “entidad colaboradora” de una asociación que considera el aborto un “asesinato de inocentes” y apoya la aprobación de las “leyes de latido fetal”. Estas normas, que en Estados Unidos impulsan los Estados republicanos más radicales, prohíben la interrupción del embarazo a partir del momento en que puede detectarse actividad cardíaca en el embrión, en torno a la sexta semana, cuando muchas mujeres no saben ni siquiera que están embarazadas.
El Senado ha rechazado los vetos de las derechas y las más de 500 enmiendas presentadas, por lo que la norma ya no tendrá que volver al Congreso y enfila su entrada en vigor.
Representantes de asociaciones memorialistas en el Pleno del Senado / Fuente foto
La ley de Memoria Democrática superó el pasado mes de agosto en el Congreso su prueba definitiva por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. El nuevo proyecto memorialista, que busca actualizar y mejorar la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, ha pasado al Senado que al rechazar los vetos y enmiendas presentadas no necesitará volver al Congreso con lo que los trámites parlamentarios han finalizado y la Ley ha sido definitivamente aprobada (sesión plenaria nº 56, del 5 de octubre). Entrará en vigor en los próximos días cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero el texto se da un plazo de hasta un año para que algunos de sus preceptos sean llevados a la práctica: es el caso de la reforma de la ley de asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo o el mandato al Gobierno para que realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. También habrá un año de plazo para realizar el estudio que evalúe qué reparaciones económicas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora, ya que la ley no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización.
La nueva ley de Memoria ha salido adelante en una votación que ha durado más de una hora y a la que han asistido asociaciones memorialistas, que han aplaudido en pie el resultado de la votación, con 128 votos a favor. Por el contrario, 113 senadores han votado en contra, y ha habido 18 que se han abstenido.
Así lo ha confirmado el ministro Iceta en respuesta a una pregunta del senador Carles Mulet (Vídeo). Iceta, además, ha defendidola importancia de la Iglesia en la conservación de determinados lugares religiosos
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha descartado el pasado martes 28 de junio que el estado pueda establecer un tope a los precios de las entradas para visitar iglesias y catedrales en España, porque «se podría cometer alguna injusticia o atropello».
«Yo que soy muy amante de lo público sé que para mantener las cosas a veces hay que pedir una aportación. Efectivamente, nada es gratis, pero aquí se está mezclando lo que son subvenciones para la recuperación patrimonial con el funcionamiento cotidiano de esas instituciones», ha explicado el ministro durante una Comisión de Cultura en el Senado.
Iceta ha respondido de esta manera al senador de Compromís Carles Mulet, quien ha cuestionado los «altos precios» que cobran algunos monumentos religiosos para acceder a ellos a pesar de que se hayan producido inversiones del Estado para su mantenimiento.
Comisión de Cultura y Deporte, Senado, ayer 20 de enero / Fuente foto
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21 de enero de 2022
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha comparecido ayer en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado, a petición propia, para explicar las líneas generales de su departamento ante la Comisión de Cultura y Deporte.
En el desarrollo de la sesión, entre las distintas intervenciones, el senador Carles Mulet (Grupo Parlamentario Izquierda Confederal), solicitó información acerca de las intenciones y previsiones del Ministerio para reclamar los bienes inventariados como patrimonio histórico de raíz religiosa que aparecen en el listado publicado por el Gobierno, con el fin de afectarlos al patrimonio público.
La pregunta apenas mereció más respuesta que un «cada uno debe vigilar su huerta». «Estamos revisando uno a uno los que pudieran ser de titularidad estatal. Pero los Ayuntamientos también pueden levantar el dedo y decir: Oiga este bien está en disputa. Luego ya veremos quien da o quita razones».
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado las nuevas respuesta del Gobierno en la que se desliga de la propuesta que hizo el PSOE en 2017 de instar al Gobierno a reclamar la titularidad de todos los bienes inmatriculados irregularmente por la Iglesia Católica “ El PSOE en la oposición hace propuestas que es incapaz de cumplir cuando está en el Gobierno”.
Mulet ha vendido denunciando que que el listado publicado en febrero por el Gobierno sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica entre 1998 y 2015 llega muy tarde y muy mal, para acabar amparando las 34.961 inscripciones que gracias a las modificaciones en ley Hipotecaria durante el mandato de Aznar, les permitió inscribir masivamente, sin títulos de propiedad, con un simple certificado a emitir por la propia iglesia.
El senador ha recordado que este listado llega incompleto después de aprobarse en el Congreso una PNL en 2017, presentada por el PSOE; que pedía elaborar un estudio en el que se recogieran todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, y que se proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.
La senadora de Vox, Yolanda Merelo, también acusó a EH Bildu de «atacar la libertad religiosa, la religión que profesa la abrumadora mayoría de los españoles» con esta moción…
El Pleno del Senado rechazó este miércoles por la noche una moción del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herría Bildu por la que instaba al Gobierno a realizar los cambios legales necesarios para revertir las inmatriculaciones de la Iglesia católica.
En la moción, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, PP, Vox y PNV, y a favor de EH Bildu, Esquerra Republicana, Compromís y Geroa Bai, también se pedía declarar nulos los acuerdos firmados entre el Gobierno de España y la Santa Sede en 1979 por «anticonstitucionales» y declarar de dominio público y excluir del tráfico jurídico privado el patrimonio cultural de carácter religioso porque «es una obligación de la administración cuidarlo».
En la defensa de la moción, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren criticó que la Iglesia católica «ha gozado de distintos privilegios, como la inmatriculación de bienes» y ha precisado que «no es suficiente publicar la lista de inmatriculaciones y abrir vías para que cada uno emprenda la batalla legal» siendo «muy difícil contar con una prueba documental para presentarla ante un juez». «Los errores políticos requieren soluciones políticas», remarcó.
El senador del PSOE José Aurelio Aguilar avanzaba en su intervención que no iban a apoyar la moción por la «discutible prosperabilidad» de la misma en lo que propone «desde el punto de vista jurídico», aunque defendió que es «absolutamente legítimo revisar» estas inmatriculaciones y ha precisado que «en modo alguno supone un ataque a los sentimientos religiosos».
Acabar con los privilegios de la Iglesia e iniciar un proceso de regularización de todas las propiedades inmatriculadas. Ese es el objetivo principal de la moción que defenderá EH Bildu en la sesión plenaria del Senado el próximo miércoles, 10 de marzo. La formación soberanista vasca quiere que el Gobierno español revierta en la mayor brevedad posible todos los bienes inmatriculados por la Iglesia de manera irregular desde 1946, poniendo fin a los privilegios que la Iglesia ha gozado desde hace décadas.
Para ello, llama a habilitar los mecanismos pertinentes y a «acometer los cambios legales y jurídicos necesarios», para que los legítimos titulares recuperen sus bienes sustraídos durante décadas. La regularización, según destaca EH Bildu, se realizaría en los mismos términos y condiciones que marca la Ley para cualquier persona o institución. «Es urgente que el Estado revierta las situaciones irregulares y asuma la responsabilidad de recuperar el patrimonio a través de mecanismos oportunos que posibiliten la reclamación de los legítimos titulares», explica la senadora Idurre Bideguren.
En esa misma línea, la iniciativa de EH Bildu reclama que se declaren nulos los acuerdos firmados entre el Gobierno español y la Santa Sede en el año 1979, mediante los cuales se reformó el concordato vigente desde 1953. Esa medida respondería a la condición aconfesional del Estado español. La senadora Bideguren cree que se debe «deshacer lo malhecho y hacer lo que no se hizo en su día» que es cancelar de oficio todos los asientos practicados con una simple certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho: «Un procedimiento análogo». Read the rest of this entry »