El Gobierno defiende la derogación del 525 del Código Penal: «Creencias no son titulares de derechos fundamentales»

enero 25, 2026

El Ejecutivo subraya que la modificación propuesta responde a la necesidad de adaptar normas vigentes sobre libertad de expresión a la jurisprudencia española y europea, al tiempo que enfatiza que otros artículos ya garantizan protección frente a ataques religiosos.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños | Matias Chiofalo – Europa Press – Archivo
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Fuente: Infobae

En septiembre de 2024, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comunicó una reforma integral del Código Penal que incluye como uno de los ejes principales la eliminación del delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público recogido en el artículo 525. Según informó Europa Press, este anuncio motivó la reacción de diferentes confesiones religiosas que, pese a sus diferencias doctrinales, se unieron para alertar públicamente sobre las posibles consecuencias jurídicas y sociales de retirar dicha protección y solicitaron la apertura de un “diálogo respetuoso” con el Gobierno acerca de la propuesta por considerar que afecta de manera sustancial el derecho a la libertad religiosa.

En este contexto, el Ejecutivo defiende que la iniciativa se fundamenta en la necesidad de alinear las normas españolas sobre libertad de expresión con la jurisprudencia nacional y europea vigente, manteniendo garantías legales frente a atentados contra la dignidad y la libertad religiosa de las personas, según detalló Europa Press.

El Gobierno expuso en una respuesta escrita a la consulta del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán Higueras, que el argumento central de la reforma radica en que las «ideas o creencias no son titulares de derechos fundamentales», subrayando que estos derechos solo protegen a las personas.

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El Grupo Parlamentario Sumar registra preguntas al Gobierno ante su reiterada negativa a facilitar información completa sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica | Nota de prensa

diciembre 2, 2025

El pasado 26 de noviembre el Grupo Parlamentario Sumar, por iniciativa de la Coordinadora Recuperando, registró preguntas al Gobierno relativas a la reiterada negativa del Gobierno a facilitar la información completa necesaria para identificar las fincas regístrales inmatriculadas por la Iglesia Católica con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, para su respuesta por escrito[1]

Imagen Wikipedia
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Fuentes: Grupo Parlamentario Sumar-Coordinadora Recuperando, 2 de noviembre de 2025

Tras la exposición de motivos, en el escrito registrado por el diputado Rafael Cofiño y los portavoces adjuntos del Grupo Parlamentario Sumar Enrique Santiago y Jorge Pueyo, se planteaban dos cuestiones:

«¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de España no ha cumplido aún con la PNL 161/001437, aprobada por el Congreso en 2017, y no haya facilitado la totalidad del informe emitido por el Colegio de Registradores, incluida la información de las fincas registrales inmatriculadas por la Iglesia Católica, con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria?»

«¿Por qué el Gobierno no facilita las Notas Simples Regístrales que, tal y como especificó el Colegio de Registradores en su comunicación al Ministerio de Justicia el 21 de diciembre de 2017, acompañaron al Informe del Colegio de Registradores sobre los bienes que desde 1998 inclusive hubiesen sido matriculados en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia Católica, a pesar de tratarse de información pública que obra en poder del Gobierno y de que el Consejo de Transparencia y Buen gobierno haya avalado su entrega a cualquier persona interesada?

A propósito del registro, el Grupo Parlamentario emitía hoy, 2 de noviembre, una nota de prensa:

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El Gobierno afirma que no hay antecedentes para cuestionar la actual titularidad registral de la Mezquita de Córdoba

noviembre 3, 2025

Las respuestas oficiales se producen tras las preguntas enviadas por Enrique Santiago, a raíz del incendio ocurrido el 8 de agosto en la Mezquita de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Mezquita de Córdoba | Fuente foto
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Andalucía Información/ Cordópolis (Alfonso Alba), 3 de noviembre de 2025

Una pregunta del diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, al Gobierno de España a través del Congreso parece haber zanjado definitivamente el debate sobre si el Ejecutivo va a reclamar la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba. La contundencia de la respuesta del Ejecutivo concluye que no: El Gobierno de España ha confirmado que no existen antecedentes que pongan en duda la titularidad registral de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que corresponde al Cabildo Catedral de Córdoba.

1.- Contexto y preguntas del diputado Enrique Santiago

Las respuestas oficiales se producen tras las preguntas enviadas por Enrique Santiago, a raíz del incendio ocurrido el 8 de agosto en la Mezquita de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Santiago lanzó una pregunta al Gobierno de España después del incendio de este pasado mes de agosto en una de las capillas de la Mezquita Catedral de Córdoba. Además de plantearle cuestiones sobre la investigación del fuego. La pregunta se formuló por escrito el pasado 15 de septiembre. Santiago, secretario general del PCE y uno de los principales líderes de Sumar, que comparte Gobierno con el PSOE, preguntó por el incendio, por el uso de una capilla como almacén de enseres y por si el Ejecutivo tenía previsto reclamar la titularidad pública del monumento.

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Expertos sobre la Cartuja de Jerez: «La Iglesia ha hecho con los bienes del monasterio lo que ha querido»

junio 25, 2025

Denuncian que la Diócesis es «responsable de todo lo que ha pasado en la Cartuja» y reclaman que devuelva las piezas que ha trasladado a la Catedral y al Obispado. Sumar había exigido al Gobierno de España el listado de bienes de la Cartuja de Jerez ante un posible expolio

San Bruno, de José de Arce, del siglo XVII, una de las piezas que se encontraba en la Cartuja y que fue trasladada a la Catedral / Pascual
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A.C. Diario de Jerez, 25 de junio de 2025

La Iglesia es la usufructuaria, pero no la dueña, por lo que no puede hacer y deshacer respecto a los objetos que hay en la Cartuja porque no son de ella, son del Estado. Fue cedida en 1980 a los Cartujos y posteriormente, en 2003, al Obispado de Asidonia-Jerez durante 75 años mediante una orden ministerial.

Una historia que viene de lejos. Las grietas y el mal estado en general de la Cartuja de Jerez es una situación que se viene denunciando «desde hace mucho tiempo» por parte de profesionales en patrimonio, así como asociaciones. Quejas a las que se añade «el traslado de piezas desde el monumento por parte del Obispado a destinos diferentes como la Catedral de Jerez».

Un debate que se vuelve a abrir a raíz de la respuesta dada ahora por el Gobierno de España a una serie de preguntas formuladas por Sumar[1]el pasado mes de febrero al Congreso de los Diputados sobre la situación de la Cartuja de Jerez, impulsados por la inquietud que genera el estado de dicho monumento tanto en la asociación ‘Amigos de la Cartuja’, como en el propio seno del partido político. Entonces, el grupo parlamentario denunciaba desprotección de la Cartuja por parte de la Diócesis y pedía al Gobierno que revocara su contrato con el Obispado «por no permitir la entrada gratuita al edificio», entre otros asuntos.

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Sumar exige al Gobierno que revise los acuerdos con la Iglesia tras su «intromisión» para pedir adelanto electoral

junio 24, 2025

Quiere que se estudien todos los bienes inmatriculados de la Iglesia y cancelar el convenio para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Enrique Santiago: «La Iglesia ha entrado en una operación de desestabilización».

Enrique Santiago, Congreso de los Diputados, sesión plenaria, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España).- Carlos Luján – Europa Press
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Europa Press / Religión Digital, 24 de junio de 2025

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este martes en el Congreso varias preguntas dirigidas al Gobierno para saber si piensa revisar los convenios económicos con la Iglesia Católica, iniciar una nueva investigación sobre sus bienes inmatriculados, retirar privilegios fiscales o anular el acuerdo sobre la resignificación del Valle de Cuelgamuros, tras las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, abogando por un adelanto electoral. El texto registrado, va firmado por Enrique Santiago, Fèlix Alonso, Toni Valero, Engracia Rivera, Nahuel González y Francisco Sierra

«Creemos que hay una operación de desestabilización, la Iglesia también ha entrado en esa operación. Es realmente inaceptable que la Iglesia Católica esté pidiendo elecciones, una institución que en 2.000 años no ha convocado una consulta ni unas elecciones en ningún lugar», ha indicado Santiago.

Así se ha manifestado el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, en declaraciones en la Cámara Baja, pocos días después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, reclamara la convocatoria de elecciones.

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Denuncian incumplimiento de la Diócesis en el mantenimiento y protección de la Cartuja de Jerez

febrero 15, 2025

La Cartuja de Santa María de la Defensión fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1856. Es propiedad de Patrimonio del Estado, pero mantiene vigente un convenio entre el Gobierno y la Diócesis Asidonia-Jerez, en virtud del cual se otorga el uso y disfrute de la Cartuja a dicha Diócesis siempre y cuando cumpla unos requisitos. Sumar pide la revocación del convenio por incumplimiento.

Visita guiada a la Cartuja / Miguel Ángel González
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A.C. Diario de Jerez, 15 de febrero de 2025

Sumar pide al Gobierno que revoque su contrato con la Diócesis por no permitir la entrada gratuita que exige la ley y por no proteger el monumento.

«¿Qué pasa con la Cartuja?» Sumar ha presentado al Congreso de los Diputados una serie de preguntas sobre la situación de la Cartuja de Jerezimpulsados por la inquietud que genera el estado de dicho monumento tanto en la asociación ‘Amigos de la Cartuja’,[2]como en el propio seno del partido político.

Sumar recuerda que la Cartuja de Santa María de la Defensión fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1856. La Cartuja es propiedad de Patrimonio del Estado, «pero en la actualidad está vigente un convenio[1]entre el Gobierno y la Diócesis Asidonia-Jerez, en virtud del cual se otorga el uso y disfrute de la Cartuja a dicha Diócesis, condicionándose dicho convenio a que una orden religiosa habite la Cartuja».

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Compromís pregunta al Gobierno si los 8.000 metros de suelo público inmatriculados en Xàtiva se incluyen en la negociación con el Vaticano

septiembre 25, 2024

El grupo parlamentario pregunta en el Congreso si el Gobierno va a reclamar los terrenos de los que la parroquia se apropió y por los que el ayuntamiento va a litigar

La zona aledaña a la ermita de Sant Josep que la iglesia de Xàtiva puso a nombre del Arzobispado
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Laura Martínez, El Diario, 24 de septiembre de 2024

El grupo parlamentario de Compromís-Sumar pregunta al Gobierno si piensa mediar entre la Iglesia Católica y el Ayuntamiento de Xàtiva por la inmatriculación de 8.000 metros cuadrados que la parroquia se autoadjudicó. El diputado Alberto Ibáñez ha registrado una serie de iniciativas para conocer el interés del Ejecutivo central en “recuperar los bienes usurpados”, entre los que figura la parcela que rodea la ermita de Sant Josep y el mirador Bellveret, dos espacios emblemáticos del municipio.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para demandar a la Iglesia y recuperar los 8.000 metros cuadrados de suelo público que el abad responsable en 2004 inscribió como terrenos eclesiásticos. Una parte de la superficie se alquila a un restaurante, mientras que de la manutención del resto se encarga el consistorio, gobernado por el PSOE. Se considera que la actuación del abad de Xàtiva en 2004, Arturo Climent Bonafé, no fue acorde a la legalidad y los terrenos eran del pueblo y no de la Iglesia.

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El Gobierno responde a Sumar que la participación del Ejército en actos religiosos es voluntaria y pagada por cofradías o entidades que la solicitan

junio 9, 2024

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Gijón 2023, Jueves Santo. Procesión escoltada por militares del Regimiento Príncipe III / Marcos León
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9 de junio de 2024

Sumar había registrado este pasado abril una serie de preguntas escritas al Gobierno en las que cuestiona la participación de militares uniformados en procesiones de Semana Santa, por la vulneración que ésta pudiera suponer de la aconfesionalidad del Estado.

Tras la exposición de motivos, el el grupo parlamentario preguntaba al Gobierno si las unidades militares que participan en las procesiones «incluyen estas actividades en su calendario de servicio anual» y en «las hojas de servicio» de los participantes, y si «existe algún convenio o acuerdo firmado con la Iglesia católica que recoja las condiciones y obligaciones de las partes para realizar estos servicios».

Sumar también quería saber si el personal que participa es «personal franco de servicio que acude de modo personal o su participación se considera acto de servicio», si «recibe alguna remuneración extraordinaria por la participación en estos actos» y si «las armas reglamentarias que se utilizan portan munición real, de fogueo o no llevan munición».

Texto en PDF
Fuente Observatorio del Laicismo

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Sumar cuestiona la participación de militares uniformados en procesiones de Semana Santa

abril 25, 2024

Registra una serie de preguntas escritas al Gobierno sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en actos religiosos como procesiones de Semana Santa

Traslado del Cristo de las Ánimas a cargo de la BRIPAC en Málaga | Fuente
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Fuentes: La Vanguardia, Defensa y Aviación.info, 25 de abril de 2024

Sumar ha registrado una serie de preguntas escritas al Gobierno en las que cuestiona la participación de militares uniformados en procesiones de Semana Santa, por la vulneración que ésta pudiera suponer de la aconfesionalidad del Estado.

En la exposición de motivos de las preguntas, firmadas por el secretario general del grupo parlamentario de Sumar, Txema Guijarro, y los diputados de Izquierda Unida Enrique Santiago y Félix Alonso, se atestigua que, en imágenes de las procesiones, militares uniformados «se ven entremezclados con pasos procesionales y el resto de los celebrantes de la festividad religiosa».

Además, se denuncia una «presencia militar que se realiza mediante la sutil variante de una asistencia y supuesta participación voluntaria del militar, pero quedando en entredicho la debida neutralidad de las Fuerzas Armadas, o lo que es lo mismo, la aconfesionalidad del Estado». Sumar entiende que «la participación de los ejércitos en actos ideológicos (religiosos) no deja de constituirse en una anomalía democrática de un país declarado constitucionalmente aconfesional».

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Y no se hable más · Rafael Sanmartín

abril 11, 2024

Nos encontramos, al parecer por obra y gracia de una decisión del Ministerio de Bolaños, con que las leyes y normas de la dictadura se mantienen por encima de la Constitución

El ministro Bolaños en una reciente intervención en el Congreso
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Rafael Sanmartín, La Voz del Sur, 11 de abril de abril de 2024

Porque esa es su decisión. No considera necesario continuar después de su última palabra, que para algo es la última. Quien lo dice es ‘solamente’ Secretaria de Estado del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presidido por Félix Bolaños.

Lo afirma una respuesta escrita tan tajante como equívoca, a una pregunta sobre inmatriculaciones, donde tan alto cargo afirma «el gobierno no tiene obligación alguna a elaborar un listado con las inmatriculaciones de la Iglesia entre los años 1945 y 1998». Equívoca y atrevida afirmación, excusarse de informarse e informar consecuentemente de las apropiaciones indebidas de bienes del común por la jerarquía eclesiástica, y eso pese a que el PSOE, su propio partido entonces en la oposición, había reclamado lo mismo al gobierno de Rajoy, aunque referido a los años 1998 a 2015. El estudio, terminado por el propio Gobierno de Sánchez en 2022, descubría que en ese período la Iglesia Católica había inmatriculado 34.961 bienes, entre ellos muchos lugares no dedicados al culto religioso.

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