Adoctrinamiento en las aulas

junio 3, 2022

«La enseñanza privada y concertada es un desierto de libertades donde, por definición, los profesores pueden ser despedidos o no contratados por filtros ideológicos al margen de todo control público, y donde los alumnos tienen negado el acceso a la verdadera diversidad de su sociedad. Es el reino de las sectas y el adoctrinamiento y si lo que se quiere combatir es eso, lo primero que habría que hacer es suprimir la enseñanza concertada y limitar lo más posible la privada»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la clausura del VIII Foro Guadarrama este jueves en Madrid / EFE/ Juan Carlos Hidalgo

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Carlos Fernández Liria, Público, 3 de junio de 2022

Las declaraciones de Díaz Ayuso sobre su voluntad de combatir el adoctrinamiento sectario en la enseñanza seguramente caerán en saco roto, pero el problema de fondo seguirá ahí. Se trata de uno de los sofismas más profundamente enraizados en la conciencia de nuestras democracias, una trampa a la que el pensamiento de izquierdas también ha sucumbido en no pocas ocasiones, de tal forma que siempre puede volver a aflorar incólume, movilizando evidencias colectivas que no por ser falsas dejan de resultar convincentes. Todo depende de un olvido fundamental que está a la base del problema. Lo que se olvida es que la escuela pública es el más precioso de los dispositivos que ha inventado la humanidad para combatir el sectarismo y el adoctrinamiento ideológico.

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Financiar casos de pederastia con fondos públicos, por Nuria Alabao

abril 28, 2022

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Los familiares de las víctimas de los Maristas se manifestaron en febrero del 2016, después de que se destapara el caso / PERE VIRGILI

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Nuria Alabao, ARA, 28 de abril de 2022

Ha tenido que ser la prensa la que ponga en evidencia la inacción de la Iglesia católica española frente a las acusaciones de abusos sexuales perpetrados por sus miembros durante décadas. De hecho, el Estado español es uno de los escasos países occidentales –junto con Italia– donde todavía no se han realizado investigaciones exhaustivas y procesos de reparación de las víctimas. Hoy, forzadas por la prensa –El Periódico, el ARA, El País–, se han lanzando varias iniciativas que las asociaciones de víctimas consideran insuficientes. La comisión parlamentaria liderada por el Defensor del Pueblo es una de ellas: será a puerta cerrada y aparentemente sin poder coercitivo para obligar al clero a colaborar. Parece que el poder de la Iglesia todavía es capaz de sujetar a buena parte de la clase política. Resuena en este caso, como en otros recientes, el pacto de “no agresión” con el PSOE para poder llevar adelante una legislatura tranquila por ese flanco.

Una investigación de varias universidades ha denunciado la gravedad de la situación y las secuelas que dejan estos abusos. No hay cifras claras, pero se han corroborado al menos 614 casos y 1.264 víctimas –aunque las estimaciones incrementan esta cifra al menos en varios miles más–. En otros países, pueden ascender a cientos de miles. Aunque el grueso de las denuncias parece concentrado entre los 50 y los 80, algunos de estos casos no tienen ni tres años. 

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