Europa Laica calcula que en España «hay 312 alcaldesas perpetuas, la mayoría vírgenes, 58 alcaldes, la mayoría cristos, 103 medallas de oro y 28 títulos, honores o cargos civiles o militares a entes religiosos»
Juan Manuel Moreno Bonilla, con la Esperanza de Triana el 18 de octubre de 2025 | Europa Press _______________________
«No es algo habitual. Me siento muy honrado de presidir este momento», dijo entonces. El presidente destacó además «el fervor popular» y «las profundas tradiciones de gran calado que marcan la vida de los andaluces», según recoge Europa Press.
Los periódicos sevillanos publicaron también en esas fechas una fotografía de Isabel Rodríguez (PSOE), ministra de Vivienda, junto a la misma imagen. En su caso, según indicaron fuentes ministeriales a Público, se trató de una visita privada, fuera de su agenda oficial, a instancias de sus compañeros de partido, entre los que estaban el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el exalcalde de Sevilla, hoy líder de la oposición local, Antonio Muñoz.
Ayer jueves 18, en la sede del Club de Amigos de la Unesco (CAUM), tuvo lugar la charla “Las iglesias no pagan impuestos ¿Por qué? Privilegios en contra de la laicidad del Estado”, a cargo de Juanjo Picó, presidente de Europa Laica.
El acto, organizado conjuntamente por el Club de Amigos de la Unesco y Europa Laica, fue presentado y moderado por María Trapiello.
La aprobación en la Comisión de Hacienda del Congreso, el pasado 26 de abril 2023, de equiparar a todas las confesiones religiosas en el mismo tratamiento fiscal que gozaba la Iglesia católica, ha suscitado de nuevo uno de los problemas principales que en España se nos presenta a todos, creyentes o no creyentes, es decir, el determinar qué relaciones deben existir entre el Estado español y las confesiones religiosas, particularmente la católica.
El art 16 de nuestra Constitución de 1978 regula estas relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español. En él «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades» (&1).«Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias» (&2) y «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones» (&3). Según los autores, aquí se define el concepto de laicidad, que comprende tres notas: Neutralidad religiosa; Separación entre Estado y confesiones religiosas y Cooperación estatal con ellas (GARCÍA MAURIÑO; MORENO DE LA FUENTE 2012: 145). Las dos primeras son propias de una Estado laico, la tercera, en cambio, es objeto de diversas interpretaciones, según sea la clase de cooperación existente entre el Estado y las confesiones religiosas.
Las Comunidades Cristianas Populares denuncian «el falso laicismo del PSOE»
Bolaños, con los representantes del resto de confesiones / Ministerio de la Presidencia __________
Comunidades Cristianas Populares, Religión Digital, 1 de mayo de 2023
La Coordinadora Estatal de las Comunidades Cristianas Populares (CCP), a través de este comunicado denuncian –indignadas- el nuevo ardid del PSOE que, en un mero afán electoralista, nos anuncia como avance lo que eufemísticamente llaman “laicismo inclusivo” demostrando que sigue siendo rehén de la Iglesia Católica y que nunca denunciará el Concordato, ni los acuerdos preconstitucionales con la SS.
La noticia -que no ha tenido demasiado eco en los medios del régimen que nos marcan interesadamente lo que es noticia y lo que no- supone que ortodoxos, budistas, mormones y testigos de Jehová, estarán exentos de pagar el IBI, el impuesto de sociedades, el IAE o las plusvalías, como así ya lo estaban evangélicos, judíos, musulmanes y la misma iglesia católica.
El colmo del cinismo, que en literatura se conoce como gatopardismo -por la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa-, se expresa en esta cita: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Parece contradictorio, pero suele ocurrir. La cita en italiano es más elegante: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. No hay que descartar que los obispos y el ministro Bolaños la reciten en latín, con sonido vaticano, pero acaban de dar una muestra excelsa de gatopardismo. Resumo la estrategia: Extendiendo (en realidad, dispersando) algunos poquitos privilegios a otras religiones, apenas ocho, damos la impresión de estar quitándoselos a la Iglesia romana.
No es verdad. Los privilegios del catolicismo español están regulados por un Tratado Internacional con rango especialísimo (al mismo nivel que una Ley Orgánica). Se trata de los Acuerdos (un concordato en toda regla, aunque queme el término), negociados en Roma 1976 y 1978 y aprobados por las Cortes en 1979. Ningún llamado “canje de notas” entre el ministro de Cultos y el Nuncio del Pontífice romano puede modificarlos.
Las expectativas despertadas por la llegada al poder en 2018 de Pedro Sánchez en cuanto a la relación Iglesia-Estado quedan lejos de cumplirse.
Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal (segundo por la derecha), junto a tres obispos en el Palau Episcopal de Barcelona, en de febrero de este año / Europa Press _____________
Analizada aisladamente, la extensión del régimen fiscal de la confesión católica a laIglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová resulta comprensible desde una elemental igualdad de trato. ¿Por qué va a estar exenta del IBI la casa de un cura y no la de un ministro de otra confesión? Así que también estas otras confesiones menores disfrutarán de exenciones –IBI, Sociedades, IAE, Plusvalías– y de desgravaciones para quienes les hagan donativos. La decisión del Gobierno, teniendo en cuenta que no sólo las entidades católicas sino también las islámicas, judías y evangélicas disfrutan de estos beneficios, parece razonable. Las dudas, desde una perspectiva laica, surgen al observar la medida en el contexto de los privilegios de la Iglesia católica. Y, sobre todo, al interrogarnos sobre cómo la persistencia de estos privilegios nos dispone ante el reto de la integración de la pluralidad religiosa en una sociedad rápidamente cambiante.
El Ministerio de Educación abona las retribuciones de los docentes de esta asignatura en centros de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla: el 95% imparten religión católica. En el resto de las comunidades la retribución corre a cargo de los ejecutivos autonómicos.
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Laura Galaup – Ana Orgaz, El Diario, 8 de agosto de 2022
El Gobierno destinó 115,9 millones de euros a pagar el sueldo de docentes de Religión en los cursos de Infantil y Primaria en 2021, el último año del que existen datos. Es la cantidad más elevada desembolsada por el Ejecutivo central en los últimos diez años, a pesar de que en este periodo el número de profesores se ha ido reduciendo.
A lo largo de la última década, los fondos públicos destinados a estos profesores han oscilado entre los 94,3 millones de euros en 2012 y los 115,9 de 2021. El número de personal contratado también ha oscilado entre 3.281 en el curso 2011/12 y 2.827 en el último periodo escolar, que terminó en el mes de junio.
Una reflexión sobre la oposición a Obstetricia y Ginecología de la Generalitat Valenciana retrasada por la petición de una ‘adventista del séptimo día’ después de que el TSJCV estimara recientemente la petición que obligaría a organizar su examen una vez pasada la puesta de sol.
En la novela ‘Rebelión en la granja’, de George Orwell, los animales son todos iguales, pero los cerdos son ‘más iguales’, parodiando los privilegios que persistían y persisten en las sociedades presuntamente democráticas. Debe ser por eso, que los que profesan alguna religión son ‘más iguales’ que los que no profesan ninguna. Esto acaba de demostrarse en las oposiciones a Obstetricia y Ginecología de la Generalitat Valenciana: la Consellería competente ha acogido la petición de una ‘adventista del séptimo día’ de cambiar la fecha de las pruebas del sábado al domingo porque claro, ellos los sábados no pueden hacer nada.
«Nos preguntamos si alguien que profesara una devoción especial por el Alcoyano F.C., podría aducir tal fe para eximirle de acudir a su puesto de trabajo los días que su equipo juega un partido de liga»
El próximo sábado 28 de mayo, cuando miles de aspirantes se jueguen su futuro laboral en apenas unas horas, una mujer será diferente a todos ellos. Mientras todos ellos estén contestando a un examen que decidirá si obtienen una de las 61 plazas de especialista en oftalmología en la administración pública valenciana, una aspirante estará aislada en una habitación, y no será hasta la noche cuando se pondrá a hacer el examen. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado la medida cautelar pedida por la mujer: en respeto a sus creencias religiosas, los sábados no puede trabajar. Como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los examinadores deberán esperar a que se ponga el sol para hacerle el examen. Dice el TSJV que no se puede constreñir a una persona «a optar entre la fidelidad a sus convicciones religiosas y la oportunidad de ingreso en la administración».
Nadie está cuestionando ninguna creencia, ni ningún culto, no se trata aquí de quién crea que, ni de la fe que practique, ni al dios que rece, ni en el que esa mujer crea. Lo que se está planteando es qué ventajas podría tener esa persona trabajando en la administración pública. Ventajas sobre sus propios compañeros oftalmólogos. Si sigue los preceptos de su culto, no hará guardias los sábados, no trabajará ese día de la semana porque los miembros de esta iglesia no pueden efectuar ningún tipo de actividad laboral en sábado, su día de culto y oración.
Comparecencias en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para realizar aportaciones al proyecto de centros de culto y diversidad religiosa, 4 de octubre
Intervendrían en la sesión el Defensor del Pueblo, representantes de los obispados vascos, la asociación Euskadi Laica y profesorado:
-Manu Lezertua, Defensor del Pueblo -Eduardo Javier Ruiz Vieytez, profesor de la Universidad de Deusto -Adoración Castro Jover, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado UPV/EHU –Mikel González Sola, representante de la Asociación Euskadi Laikoa -Gaspar Martínez Fernández y Jorge Canarias Fernández-Cavada, representantes de los obispados vascos
Posted by asturiaslaica 
