Fuente: Laicismo.org, (Por Comisión de Laicidad de CCBM / Fuente: Redes Cristianas)
15 de marzo de 2020
¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”, decía el Papa Francisco en 2013, al comienzo de su pontificado. Y qué distante queda ese deseo de las prácticas y el espíritu dominante entre la jerarquía española. Entre las lindezas que estamos acostumbrados a escuchar de nuestros jerarcas con ocasión de la formación del nuevo Gobierno PSOE-PODEMOS, (cómo olvidar el reclamo del cardenal Cañizares: ”En esta hora crucial ¡orad por España!”), no podemos dejar pasar una que nos parece especialmente hiriente y vergonzosa. El portavoz de la Conferencia Episcopal ha denunciado que “Pedir conocer qué bienes ha inmatriculado la Iglesia crea un «clima de desamortización encubierta”. Un lamentable recurso al victimismo por parte de quien se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario de este país y que, desde el final de la guerra civil, se ha apropiado de no menos de 100.000 inmuebles, sin título de propiedad en la mayoría de los casos.
Ello tiene que ver con la vigencia de una ley hipotecaria franquista, aprobada en 1946, que reconoce que «tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones [‘de propiedad] serán expedidas por los diocesanos respectivos, es decir por los obispos o arzobispos de cada diócesis”. Según esa ley bastaba con que cualquier obispo certificara como propio cualquier bien, para que, aún sin aportar ningún título de la propiedad, fuera inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad. Sólo se exceptuaban los templos destinados al culto, porque los templos se habían entendido históricamente como bienes de dominio público, como lo son las calles, plazas o ríos. En 1998, el gobierno de Aznar amplió las facultades de la Iglesia, permitiendo también la inmatriculación de cualquier templo o lugar de culto. Ello provocó que, sólo en el período 1998-2015 (en 2015 se deroga la citada ley) las inmatriculaciones alcancen los 35 ó 40.000 registros inmobiliarios. (Cfr. https://vientosur.info/spip.php?article14599).
Pero el negocio no termina ahí, pues se complementa con los privilegios fiscales subsiguientes. Ni los inmuebles destinados al culto ni los otros inmuebles pagan impuestos, a pesar de que en muchos casos la Iglesia obtiene beneficios importantes, por actividades lucrativas diversas, por inversiones financieras o por ingresos de visitas turísticas, como la Mezquita de Córdoba y otras. Según la Memoria económica elaborada por la Conferencia Episcopal (CEE), las diócesis españolas consiguieron en 2017122.5 millones de euros, como «ingresos del patrimonio y de actividades económicas diversas», es decir, ingresos provenientes del alquiler de inmuebles (edificios, garajes, campos de labranza…) e inversiones varias. Lee el resto de esta entrada »
Escrito por asturiaslaica 
