Ya es público que desde la revista Mongolia nos hemos querellado contra la Fundación Española de Abogados Cristianos y su presidenta Polonia Castellanos. La querella en cuestión, presentada en los juzgados de Mataró, es por denuncias falsas, delito que conlleva una pena de entre seis meses y dos años de prisión.
Y lo hemos hecho gracias a una campaña de micromecenazgo que nos ha permitido afrontar el gasto que implica gracias a más de 1.600 mecenas que la han hecho posible y con la que pretendemos pararle los pies a este grupo ultrarreligioso que utiliza la justicia para imponer su censura a todos los que osamos cuestionar sus ideas, aprovechándose de un anacronismo de nuestro código penal –el artículo 525 que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos– que sobrevive al paso del tiempo a pesar de que gran parte de la esfera jurídica lo considera de difícil –por no decir imposible– encaje con el derecho a la libertad de expresión garantizado en nuestra Constitución.
Hay organizaciones expertas en mil cosas pero el Opus Dei se ha especializado en una particularidad muy singular, como es la ‘disociación cognitiva’, es decir, el rechazo a reconocer la realidad tal como es por la naturaleza frustrante o decepcionante (o culpabilizadora) de ese reconocimiento. Su objetivo es “la creación de una realidad alternativa que le permite no afrontar los abusos cometidos entre sus filas”, según explica en este artículo el autor de un excepcional libro sobre la Obra, ‘Opus’ (Crítica)
En las instalaciones BRAFA de Barcelona, Escrivá dirige la buena nueva a su público, año 1972 / Álbum/archivo ABC _________________________
A finales de septiembre, el Opus Dei envió un memorándum confidencial a sus “directores locales”, los de más confianza entre sus denominados miembros numerarios -los hombres y las mujeres que han dedicado la vida al Opus Dei- y quienes tienen a su cargo la supervisión de las delegaciones locales. Memorándums así están lejos de ser poco comunes: las “notas internas” son el medio preferido de la jefatura en Roma para comunicarse con sus directores sobre el terreno. Escritas en clave y descifradas con ayuda de un manual que se guarda bajo llave, son un método eficiente para transmitir órdenes de manera encubierta y segura.
Pero esta última misiva era insólita. Por lo general, las notas abordan cuestiones sumamente prácticas e internas: especifican qué empresas pantalla deben figurar como beneficiarias en los testamentos de los miembros, estipulan el número de niños que debe fijar como objetivo de captación cada centro, o emiten nuevos dictados acerca de la edad a la que se permite a las numerarias dejar de dormir en tablas de madera (los numerarios duermen en colchones). Excepcionalmente, este memorándum trataba sobre algo del mundo exterior, en concreto un nuevo libro que iba a publicarse en unas semanas.
Daniel Valero / Fuente foto _______________________
Daniel Valero «Tigrillo», InfoLibre, 5 de diciembre de 2025
Vaya por delante que doy por hecho que todos entendemos que lo de la estampita de la vaquilla del Grand Prix de Lalachus en las campanadas de Televisión Española es una polémica inexistente. Falsa. Fabricada. Ideada desde sectores ultraconservadores con el suficiente poder, dinero y, sobre todo, tiempo libre para, en palabras del sociólogo Iago Moreno, realizar “campañas para crear bases de datos”, “lawfare a discreción para cultivar autocensura y disciplinar” y “ensayar nuevas formas de activar campañas de acoso digital”.
La gente no es tonta. La gente en sus casas no está indignada ni cabreadísima por esta tontería, y son perfectamente conscientes del ridículo que están haciendo los sectores ultraderechistas que enarbolan la bandera de su santo favorito (“San Enfadao”. Perdón por el chiste) para asegurar que la foto de una vaca de peluche es la prueba definitiva de que “volverán a matar. Lo necesitan”, como ha asegurado desde Vox Herman Tertsch (que siempre se empeña en demostrar que puede hacer el ridículo un poco más). Supongo que cuando ha sido Isabel Díaz Ayuso quien ha acabado con su cara encajada en una imagen de la virgen (con lo que se ha hecho hasta merchandising) o posando en fotos emulando a la Virgen de los Dolores como hizo en esa famosa sesión para El Mundo, ya no es una burla al cristianismo ni quiere decir que se vaya a matar a nadie. Irónico cuanto menos en este caso particular.
Desde 2013 el número de declaraciones ha caído casi 5 puntos y los ciudadanos que se declaran católicos han caído 20 puntos desde 2013, cuando había un 37,4% más de bodas por la iglesia, bautizos y comuniones.
Una persona sostiene un rosario, en la plaza Sant Jaume de Barcelona / EP __________________
No parece haber tope en la cantidad de dinero público que recibe la Iglesia católica en España. Desde 2020, el año del covid que trastocó prácticamente todas las estadísticas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) no ha dejado de batir sus propios récords. El último, en 2023. Ese año, la Iglesia ingresó en su caja 382,4 millones de euros procedentes de las declaraciones del IRPF de los contribuyentes, un 55% más que hace una década. Precisamente cuando los españoles y españolas no sólo se consideraban bastante más católicos que ahora, sino que también lo mostraban más.
Los datos se extraen de las memorias anuales que la institución publica cada diciembre y cuyas últimas cifras se presentaron este martes en rueda de prensa. Es un ejercicio que, no obstante, no han hecho siempre. En 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a un acuerdo con la jerarquía católica por el que la institución explicaría a qué destinaba lo percibido por cada equis marcada en la declaración de la renta a cambio de ver incrementada esa asignación de un 0,5239% a un 0,7%. Un porcentaje que, según critican desde Europa Laica, pagan en realidad todos los contribuyentes. Es decir, no sólo quienes marcan la famosa casilla de la Iglesia. Ateos, agnósticos o creyentes de cualquier otra religión también lo hacen.
Políticos y representantes de organizaciones antiabortistas, de ultraderecha, cristianas y antifeministas internacionales se reunieron este lunes, con el visto bueno del PP, en la Cámara alta durante 12 horas
José Antonio Kast y Jaime Mayor Oreja en el Senado, este lunes / Álvaro García ______________________
Fuentes: El País (Isabel Valdés, Álvaro Ruiz, Ángel Munárriz) / InfoLibre (Sabela Rodríguez), 3 de diciembre de 2024
Todavía no son las ocho de la mañana y la única iluminación en las calles de Madrid es la que nace de las farolas. El Monasterio de la Encarnación, en el corazón de la ciudad, cierra sus puertas al público los lunes, pero este 2 de diciembre hace una excepción: el templo se erige solemne para dar la bienvenida a medio centenar de invitados. La misa, oficiada por el nuncio Bernardito Auza, que va a empezar es en realidad el punto de partida de la gran cumbre antiabortista que celebrada este lunes en la Cámara Alta.
Apenas veinte minutos después de que la misa haya dado comienzo, el eco de unas voces se desliza dentro de la iglesia. En torno a una docena de mujeres corea en las inmediaciones que el aborto es un derecho sagrado y que no hay cabida en la sede de la soberanía popular para los «grupos antielección».Portan pancartas, pañuelos verdes y se dejan la voz para intentar que sus proclamas atraviesen las paredes del monasterio. Su propósito surte efecto: pronto miembros de la organización dejan momentáneamente atrás la misa para asomarse a comprobar la dimensión de la protesta. En algún tramo de esa última media hora se ha hecho de día y la policía comienza a identificar a quienes allí se concentran.
La Comunidad de Madrid ha firmado otra prórroga del convenio que mantiene con los obispos de sus diócesis para la prestación de «asistencia religiosa». El acuerdo contempla 230.000 euros anuales, más que lo que se dedicará a «promoción económica, cultural y educativa» en todo el año 2025
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Iglesia de la Concepción Real de Calatravas / EP _____________________
Otros 230.000 euros. La Comunidad de Madrid ha prorrogado por cuarta ocasión consecutiva el convenio de colaboración que mantiene con los obispos de las diócesis de la región para ofrecer «asistencia religiosa católica» en las residencias públicas. Desde 2020, año de la pandemia y durante el cual fallecieron 9.470 residentes sólo entre marzo y abril, Isabel Díaz Ayuso ha dedicado 920.000 euros a esta cuestión. Dicho de otro modo: la conservadora ha gastado casi un millón de euros en garantizar la celebración de misas en los 25 geriátricos adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) desde la crisis del covid. Y seguirá asegurada por ahora, y como mínimo, hasta el 29 de diciembre de 2025.
Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) que se publicó este miércoles, en el que se defiende que existe una «necesidad de prestar el servicio de asistencia religiosa católica» y que ésta «se mantiene» desde hace cuatro años, cuando se suscribió por primera vez el acuerdo actual. Era entonces plena pandemia y el Ejecutivo conservador ya había decidido que reduciría el importe que le dedicaba. Porque antes era mayor. En 2015, cuando Cristina Cifuentes llegó a la Puerta del Sol, se desembolsaron 362.567 euros. En los dos años posteriores, esta cantidad se incrementó ligeramente: 353.480 euros en 2016 y 381.575 euros en 2017. Y en 2018 alcanzó los 420.453 euros.
El Defensor del Pueblo presentó su informe sobre la violencia sexual perpetrada por los sacerdotes y urge a un pacto entre los obispos y el Estado para proceder a la inmediata reparación de estos crímenes. Sumar, ERC y Bildu reclaman que la jerarquía eclesiástica pague las indemnizaciones.
Ángel Gabilondo durante la presentación del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, este jueves en el Congreso / EFE __________________________
Ángel Gabilondo, ha reclamado colaboración y coordinación entre Iglesia y Estado para dar ya una respuesta concreta a las víctimas de abusos, y anteponer la reparación «a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia». «Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue», ha asegurado el defensor, quien considera que llegado este momento «es imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos«.
La Conferencia Episcopal evita colaborar con el Estado y sigue aferrada a un plan de reparación propio que se apoya en una comisión nombrada por ellos. «Es como poner al zorro a cuidar a las gallinas», apunta Miguel Hurtado, un referente entre las víctimas de los abusos en la Iglesia
Las manos del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello / EP _______________________
Álvaro Sánchez Castillo, InfoLibre, 19 de noviembre de 2024
«Las víctimas ya no pueden esperar más». Así de contundente se mostró el pasado otoño el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una abarrotada sala del Congreso. Durante la presentación de la primera gran investigación oficial sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que recogió centenares de testimonios, el exministro avisó de que íbamos tarde en la reparación a quienes habían sufrido en sus propias carnes esta lacra. E hizo una serie de recomendaciones para intentar cerrar una herida que lleva décadas abierta. Pero un año después, sin embargo, las víctimas siguen esperando. La Conferencia Episcopal insiste en su propio mecanismo de reparación. Un plan que aún no se ha concretado y que no cuenta con el respaldo de los afectados.
El Alto Comisionado de las Cortes encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas planteó como «opción más deseable» para compensar a las víctimas el establecimiento de un «modelo mixto» entre Iglesia y Estado. En este sentido, proponía la puesta en marcha de un «órgano especial de carácter temporal» que tenga como finalidad la reparación en aquellos casos en que, por prescripción o por defunción del victimario, no se hubiese podido seguir un procedimiento penal. La propuesta se inspira en el Centro de Arbitraje belga, del que la Iglesia asumió dos tercios de sus costes –además de las indemnizaciones acordadas por el órgano–.
Por la Cámara Alta desfilarán líderes ultra de todo el globo que incluso defienden medidas tan disparatadas como castrar a las personas homosexuales
El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP) / Fuente foto ______________________
Sabela Rodríguez Álvarez, InfoLibre, 11 de noviembre de 2024
Hace un mes, celebraban con una calculada sobriedad haber ganado la batalla: el Senado ratificaba que sus puertas estarían abiertas al Political Network for Values (o la Red Política de Valores), la organización que a principios de diciembre aterrizará en Madrid para celebrar su cumbre antiabortista. La entidad lo tiene todo preparado: la polémica se ha ido disipando, el programa está ya cincelado y más de cinco decenas de nombres desfilarán por la institución pública a lo largo de las doce horas que durará la cumbre ultra. El elenco está conformado por voces ancladas en el antifeminismo, la homofobia y la defensa ultracatólica de la institución familiar.
Al frente, un conocido español: Jaime Mayor Oreja, quien ejerce en nuestras fronteras como el referente con mayor influencia para la organización, en cuyo seno ostenta la presidencia de honor. El exministro del Interior del PP, hoy presidente de la antiabortista Fundación Neos, forma parte también del Consejo Asesor de la red y participará en la cumbre junto a otros destacados militantes ultras. A su lado, el pinochetista José Antonio Kast, presidente de la red. El también fundador del Partido Republicano de Chile habla sin tapujos de «dictadura gay», se posiciona en defensa de líderes de extrema derecha como Jair Bolsonaro e incluso elogia a genocidas como el peruano Alberto Fujimori. Por supuesto, el líder chileno tilda al aborto de «asesinato a sangre fría», carga contra lo que denomina «feminismo extremo» y se opone al matrimonio igualitario.
Fernando Huidobro Polanco, jesuita, capellán de la Legión a las órdenes de Yagüe / [La imagen base es la estampa publicada con motivo de su proceso de canonización] / Fuente: web del Ejército de Tierra _____________________
Carlos Ardid-Jiménez, InfoLibre, 29 de agosto de 2024
Un grupo de cuatro legionarios, al paso de la oca, transporta un féretro seguidos por un arzobispo, el de Madrid, que, con báculo, mitra y toda la parafernalia propia de su cargo, reparte bendiciones a diestro y siniestro. Otros legionarios uniformados rinden honores. Al acto asisten, al menos, dos militares de alto rango en activo.
La escena no está sacada del NODO, ocurrió hace apenas un mes, el 19 de julio, un día después del aniversario del golpe militar fascista que desencadenó la guerra civil. Se trataba del traslado de los restos del capellán de una de las unidades golpistas más sanguinarias, la cuarta bandera de la legión, Fernando Huidobro, al que la iglesia va a canonizar, a un emplazamiento más accesible dentro de la misma iglesia donde está enterrado, la de los jesuitas de la calle Serrano en Madrid.
Sin duda, Huidobro es un personaje interesante, y su historia es conocida. Sus quejas por las atrocidades que cometían los sublevados en su avance hacia Madrid, ante los cabecillas de la columna, cayeron, obviamente, en saco roto, pero junto a sus sermones sobre no ir con prostitutas seguramente le costaron la vida si, en lugar del obús gubernamental, fue un tiro por la espalda el que acabó con su vida.
Posted by asturiaslaica 
