La fiscalización de la relación económica del Estado con la Iglesia, que dejó fuera el dinero de comunidades, diputaciones y ayuntamientos y el grueso de sus ventajas en el terreno fiscal, educativo y patrimonial, tampoco ha forzado cambios a fondo en la justificación de los fondos públicos asignados vía IRPF

Ángel Munárriz, InfoLibre, 13 de julio de 2021
La Iglesia mantiene intacto su privilegiado estatus económico en España, que ha salvado el desafío puntual del histórico examen del Tribunal de Cuentas. Casi un año después de la publicación del informe de fiscalización, una especie de auditoría de las relaciones económicas del Estado con la Iglesia, la evaluación de la situación evidencia que el alcance de los trabajos dejaba fuera el grueso de las ventajas económicas, fiscales, educativas y patrimoniales de la institución católica. Es más, ni siquiera hay cambios significativos respecto a los fondos entregados a la Iglesia vía IRPF.
A la espera de un posible acuerdo reformista entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que negocian discretamente desde hace más de un año, la memoria anual de la Iglesia sigue siendo más publicitaria que justificativa. Mientras tanto, los obispos han logrado el aval del Gobierno a las inmatriculaciones y el anteproyecto de una nueva ley cultural prevé un reforzamiento de la cooperación del Estado con la Iglesia para «enriquecer» su patrimonio.
Un listón bajo
La fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la relación económica del Estado con la Iglesia, aprobada el 28 de julio de 2020, se empezó a realizar tras una campaña de presión que incluyó a fuerzas de izquierdas, como PSOE, Podemos e IU, y a grupos como Europa Laica. A finales de 2016, el Tribunal de Cuentas se había opuesto a realizar este examen, pese a la voluntad de hacerlo de miembros del sector progresista. Finalmente, al año siguiente la institución sí probó la elaboración del informe, que también incluía a las confesiones judía, evangélica y musulmana.
Lee el resto de esta entrada »