Las víctimas de abusos, sobre la investigación de la Iglesia: “El mayor favor que puede hacer Cremades es dimitir

abril 12, 2022

La mayoría de las asociaciones de afectados por casos de pederastia en el clero da la espalda a la auditoría que los obispos encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, pues no consideran imparcial a su presidente por pertenecer al Opus Dei

Miembros de la asociación ANIR se abrazan en el acto de recibimiento a víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en marzo / Foto: ISABEL INFANTES (EUROPA PRESS)

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Julio Núñez, El País, 12 de abril de 2022

La mayoría de las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia advierte de que la auditoría que los obispos españoles encargaron el pasado febrero al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo es una investigación que “nació muerta” desde el momento en el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) decidió poner al frente del equipo de trabajo a Javier Cremades, consejero delegado del bufete. “La decisión de la Iglesia de buscar la verdad nos parece un paso adelante. Lo que no nos parece un paso adelante es la persona en la que ha recaído esta investigación. Es un hombre muy relacionado con el Opus Dei, una prelatura que ha atacado directamente a las víctimas. No me parece el medio más adecuado para llevar a cabo una investigación que debería ser neutral”, explica Ana Cuevas, representante de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR).

Su hijo sufrió abusos de un profesor entre 2008 y 2010 en el colegio Gaztelueta (en Leioa, Bizkaia), un centro de enseñanza perteneciente al Opus Dei que aún no ha reconocido la culpabilidad del agresor pese a una condena judicial dictada por el Tribunal Supremo. “El mayor favor que puede hacer Cremades en esta causa es dimitir”, dice Cuevas. El líder del bufete siempre ha reconocido que es miembro del Opus Dei y ha subrayado que su pertenencia no influirá en el trabajo. “Me juego mi prestigio”, ha repetido en varias ocasiones. La madre que le acusa de no ser imparcial, insiste: “Lo primero que debería haber hecho es condenar el delito y la actuación de acoso del colegio contra mi hijo”.

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Omella se abre a ofrecer a las víctimas de pederastia vías alternativas a acudir al despacho de abogados Cremades

marzo 23, 2022

El presidente de la Conferencia Episcopal, en una reunión con Infancia Robada, no ha detallado en qué grado colaborarán con la investigación del Defensor ni si indemnizarán a las víctimas

El cardenal Juan José Omella recibe a varias víctimas de pederastia clerical en la sede de la CEE, este miércoles en Madrid / VICTOR SAINZ

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El País (Emilio Sánchez Hidago) / Religión Digital (Jesús Bastante) 24 de marzo de 2022

La sede del poder de los obispos ha recibido el miércoles 23 la visita de Ana Cuevas, madre de una víctima de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei. El centro educativo continúa sin reconocer la culpabilidad del docente, pese a la condena judicial. También ha acudido Emiliano Álvarez, de quien con tan solo 10 años abusó sexualmente un sacerdote. Ellos y en torno a otra decena de víctimas se han reunido este miércoles con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, en la sede de la institución en Madrid. Una de las principales conclusiones de la reunión es que el presidente de la CEE ha afirmado que “estudiará” la posibilidad de ofrecer a las víctimas “vías alternativas” al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para intermediar con ellas en la auditoría interna de la Iglesia, dada la escasa confianza que el bufete despierta en el colectivo, según fuentes de la asociación a la que pertenecen la mayoría de los afectados que han acudido, Infancia Robada. Preguntada por esta posibilidad, la CEE indica que no comentan “nada” sobre la reunión. “Las víctimas merecen tener todo el respeto”, añade un portavoz.

“Esta asociación”, ha comentado Cuevas al término de la reunión de cuatro horas, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades & Calvo-Sotelo debido a la existencia de intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro destacado del Opus Dei, cuya conducta se ha basado en una postura negacionista y el silencio cómplice. Exigimos una rectificación”. Todas las asociaciones de víctimas han desechado la utilidad de esta auditoría, presentada hace un mes por el propio Omella. La portavoz de Infancia Robada cree que el presidente de la CEE “ha entendido que si nosotros no confiamos en ese despacho, no puede ser realmente un mediador válido”. “Entonces tendrán otro tipo de recursos para atender a víctimas”, ha añadido.

El presidente del despacho, Javier Cremades, defendió en una entrevista en EL PAÍS la capacidad de su bufete para emprender esta tarea: “Comprendo perfectamente [esas acusaciones] y lo vamos a solucionar con un trabajo bien hecho. Solo hay dos opciones: o está bien hecho y ofrece una solución, o está mal y es un fracaso”.

La iniciativa investigadora en la que buena parte de las víctimas tienen puestas sus esperanzas no es la que desarrolla internamente la Iglesia, sino la que dirigirá el Defensor del Pueblo. “Le hemos pedido que colabore con el Defensor, en el que las víctimas depositamos nuestra confianza. Es el modelo adecuado para una investigación neutral y transparente”, ha comentado Cuevas. “La colaboración firme de la Iglesia no se pide en aras de acabar con ella, sino de salvarla de una actitud obstruccionista”, ha dicho.

Cuevas ha notado una actitud “positiva” en Omella: “Nos ha escuchado. No es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano y eso le ha llegado. Espero que a partir de ahora haya un antes y un después”. La portavoz de Infancia Robada, además, ha situado al cardenal en la “parte no negacionista de la CEE”, dispuesta a escuchar a las víctimas.

Más allá de declaraciones de intenciones, Omella no ha expresado compromisos concretos, ni sobre el grado de colaboración de la institución que dirige con la investigación del Defensor, ni sobre indemnizar a las víctimas, ni sobre abordar el encubrimiento. Infancia Robada ha transmitido estas peticiones concretas, que la CEE “estudiará”, según ha explicado Cuevas: “Una condena rotunda y sin paliativos de los abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la Conferencia Episcopal y por los jerarcas de todas las congregaciones, órdenes y prelaturas; terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes; ayudas para conseguir un trabajo en el mercado laboral; una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral”. “Nos han dicho que lo van a estudiar, que lo va a hablar con el Papa y estamos a la espera”, ha comentado Cuevas.

Omella no ha respondido a los periodistas, pero sí ha hecho un breve comentario para “agradecer” a las víctimas acudir a la sede de la CEE y “la confianza” con la que han “trabajado”.

Juan Cuatrecasas, uno de los responsables de Infancia Robada, en la puerta de la CEE este miércoles / VICTOR SAINZ

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«Un cambio de rumbo urgente»

Al término de la reunión, la presidenta de Infancia Robada, Ana Cuevas, agradeció al cardenal de Barcelona su “cercanía” y animó a Omella a “dar un paso al frente, con responsabilidad y eficacia, siguiendo la línea del mandato del Papa Francisco”, abriendo los archivos y «depurando» responsabilidades».

«Es lamentable y reprobable que a día de hoy aún se esté debatiendo entre los muros de la CEE si se va a colaborar o no con la comisión del Defensor del pueblo. Por respeto a las víctimas, a todas, hay que exigir un cambio de rumbo urgente, firme e ineludible», recalcó.

“Le instamos a colaborar con la investigación del Defensor del Pueblo, en quien nosotros, las víctimas, depositamos nuestra confianza”, leyó Cuevas, quien pidió “que se reconozca la dignidad que durante años se nos ha robado”.

“Las víctimas vemos en la figura del defensor del pueblo el modelo adecuado para llevar a cabo una investigación neutral, exhaustiva y transparente”. Sin embargo, Omella sólo se comprometió a abordar, junto al resto de obispos, su participación en la misma. «Creemos, sin duda, que la colaboración firme, comprometida y sincera de la Iglesia, no se le pide para acabar con ella, sino para salvarla de una actitud obstruccionista, que algunos jerarcas han venido llevando a cabo durante décadas, comprometidos no con las víctimas, sino con sus verdugos”.

Infancia Robada, además, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades&Calvo Sotelo”, elegido por la CEE, “por intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro del Opus Dei, una prelatura negacionista, donde impera el silencio cómplice y la revictimización”.

«No queremos que se quede en datos estadísticos y un protocolo… y que sigan defendiendo a los agresores, y considerándolos uno de los nuestros, mientras niegan y ningunean a los niños y niñas católicos, hijos de familias católicas», reclamó la asociación, que exigió «una rectificación de la CEE y una solución a los problemas concretos que les presentamos», que se ha de articular en torno a cuatro ejes: «Verdad, justicia, reparación y acompañamiento».

Y cuatro medidas:

-Una condena rotunda y sin paliativos de loa abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la CEE y por los jerarcas de todas las congregaciones, ordenes y prelaturas;

-Terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes

-Ayudas para conseguir un trabajo en el merado laboral

-Una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral

¿Respuestas? «Nos ha dicho que lo van a estudiar, lo va a hablar directamente con el Papa, y estaremos a la espera», respondió Cuevas. «Creo que ha escuchado con interés, no es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano. Esperamos que a partir de ahora haya un antes y un después», culminó la presidenta de Infancia Robada. 

Intervención de la portavoz de la Asociación «Infancia Robada», Ana Cristina Cuevas en la rueda de prensa tras la reunión / Europa Press

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Una nueva reunión

No es la primera vez que las víctimas se reúnen con el presidente de la CEE para contar sus historias. En 2019, representantes de Infancia Robada dialogaron con el líder eclesial de entonces, Ricardo Blázquez. La principal reivindicación del colectivo en esa reunión era que la Iglesia española iniciase una investigación sobre los abusos sexuales a menores en su seno. Los obispos no atendieron esa reclamación.

Tres años después, la reunión se celebra en un contexto muy diferente: tras la entrega de EL PAÍS al Vaticano de un dosier con 251 casos inéditos a finales de 2021, el asunto se colocó en el centro del debate político. Hace un mes la CEE anunció el encargo al despacho de abogados de emprender una auditoría y hace dos semanas aportaron por primera vez una contabilidad de denuncias recibidas, recogidas a través de las oficinas para víctimas habilitadas por diócesis y órdenes religiosas por imposición del Papa. Hablaron de 506 denuncias, sin precisar el número de afectados o de abusadores. Según los datos de este periódico, en España hay al menos 613 casos y 1.252 víctimas. Estas cifras están lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos. En un país como Francia la comisión investigadora calculó que había al menos 216.000 víctimas desde mediados del pasado siglo.

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Las víctimas de abusos responden a la Conferencia Episcopal: “No podemos permitir que se mienta y se engañe”

octubre 2, 2021

La Asociación Nacional Infancia Robada critica las declaraciones del portavoz de los obispos de que no tienen una actitud “proactiva” para investigar los abusos de menores en la Iglesia

Una víctima de abusos posa en el interior de la iglesia de la abadía de Montserrat, en la provincia de Barcelona / SUSANA VERA

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El País (Lucía Firaster Garriga) / Religión Digital (Jesús Bastante), 2 de octubre de 2021

Las víctimas vuelven a decir «basta» y responden a las últimas manifestaciones del portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en las que lamentaba la «pena de muerte» y el «sambenito» social contra los curas abusadores.

“Hirientes y revictimizantes” para las víctimas de los delitos de pederastia en el ámbito eclesiástico. Así ha tildado este viernes la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) las declaraciones que realizó el jueves el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, de que la Iglesia española no realizará una indagación “proactiva” de los casos de abusos del pasado. “No vamos a hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general”, reiteró el jueves. ANIR, a través de una nota de prensa, muestra su disgusto. ”No podemos permitir que se mienta, engañe y ultraje la integridad de las víctimas”, han sentenciado en la misiva. Además de exigir una investigación general de los abusos, la entidad lucha desde 2019 para que la Iglesia atienda a las víctimas y a sus familias, les pida perdón y las indemnice. La Conferencia Episcopal sigue resistiéndose.

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