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Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 18 de julio de 2026
El golpe que abrió las puertas al fascismo: Consecuencias, memoria y lecciones para el presente
Cuando en la tarde del 17 de julio de 1936 las primeras unidades del Ejército de África se sublevaron en Melilla, culminaba un proceso conspirativo que se había gestado durante años. La insurrección militar no fue el fruto de un arrebato provocado por el deterioro del orden público durante la primavera de 1936, ni la respuesta inevitable a una supuesta revolución en marcha. Fue la consecuencia de la decisión adoptada por una parte del Ejército, respaldada por importantes sectores económicos, políticos, religiosos y sociales, de impedir por la fuerza la continuidad de un régimen democrático cuya legitimidad emanaba de las urnas.
La historia posterior ha demostrado que el objetivo inicial de los conspiradores no consistía en desencadenar una guerra prolongada. Su propósito era reproducir el modelo clásico del pronunciamiento militar español: ocupar los centros de poder, detener a las autoridades republicanas, controlar las principales ciudades y constituir un gobierno de excepción que liquidara el orden constitucional. No lo consiguieron.
El golpe fracasó en una parte sustancial del territorio gracias a la resistencia de numerosos militares leales a la legalidad republicana, de miembros de las fuerzas de seguridad que permanecieron fieles a su juramento y, sobre todo, de cientos de miles de ciudadanos que decidieron defender las instituciones democráticas. Ese fracaso parcial transformó la sublevación en una larga Guerra de España, una tragedia que marcaría el devenir del país durante casi cuatro décadas de dictadura.
La Guerra de España en el contexto europeo
Durante mucho tiempo se interpretó la Guerra de España como un conflicto exclusivamente interno, producto de la secular división entre «las dos Españas». Esa visión, alimentada tanto por la propaganda franquista como por determinadas interpretaciones simplificadoras, resulta hoy claramente insuficiente. La historiografía contemporánea sitúa el conflicto español dentro de una crisis mucho más amplia: la de las democracias europeas durante el período de entreguerras.
En apenas quince años, Europa había contemplado el ascenso de regímenes autoritarios que cuestionaban abiertamente el parlamentarismo liberal; En Italia, Benito Mussolini había instaurado un régimen fascista basado en el partido único, la militarización de la sociedad y la eliminación de las libertades políticas; En Alemania, Adolf Hitler destruyó en pocos meses las instituciones de la República de Weimar y construyó una dictadura sustentada sobre el racismo biológico, el antisemitismo, la persecución política y el expansionismo militar; En Portugal, António de Oliveira Salazar consolidó el Estado Novo, un sistema autoritario profundamente influido por el nacionalcatolicismo; España no permaneció al margen de aquella transformación.
Las organizaciones fascistas españolas adoptaron buena parte de la estética, la retórica y los métodos desarrollados en Italia y Alemania. El culto al líder, la exaltación de la violencia como instrumento político, el desprecio hacia el parlamentarismo, la identificación del adversario político como enemigo de la nación y la aspiración a construir un Estado corporativo formaban parte del mismo universo ideológico que estaba erosionando las democracias europeas.
En ese contexto, la Guerra de España se convirtió en un laboratorio donde se enfrentaron dos concepciones antagónicas de Europa, por un lado, quienes defendían la continuidad de un sistema democrático, imperfecto sin duda, pero sustentado sobre la legalidad constitucional, por otro, quienes consideraban que la democracia debía ser sustituida por un régimen autoritario capaz de preservar el orden social tradicional mediante la fuerza.
La responsabilidad compartida de las élites
Uno de los principales avances de la investigación histórica ha consistido en superar la interpretación que atribuía el golpe exclusivamente a un reducido grupo de generales. Sin el Ejército, la conspiración difícilmente habría prosperado, pero sin el respaldo de importantes sectores civiles tampoco habría alcanzado la dimensión que finalmente tuvo, los grandes propietarios agrarios aportaron recursos económicos y redes de influencia local. Una parte del mundo financiero facilitó financiación para sostener las actividades conspirativas. Los dirigentes monárquicos realizaron gestiones diplomáticas y buscaron apoyos internacionales. Los requetés proporcionaron miles de combatientes entrenados. La Falange actuó como fuerza de desestabilización y violencia política. Y una parte muy significativa de la jerarquía eclesiástica ofreció posteriormente una legitimación moral que convirtió la sublevación en una supuesta empresa de restauración religiosa.
Ninguno de estos actores explica por sí solo el golpe, pero todos contribuyeron, en mayor o menor medida, a crear las condiciones políticas, económicas e ideológicas que hicieron posible el derrumbe de la legalidad republicana.
La Iglesia y la legitimación del nuevo régimen
Uno de los aspectos más controvertidos continúa siendo el papel desempeñado por la Iglesia católica. Como se ha señalado anteriormente, conviene distinguir entre la jerarquía eclesiástica, el clero y los muchos creyentes que vivían su fe al margen de la confrontación política. Sería históricamente injusto identificar a todos los católicos con la sublevación, sin embargo, también sería un grave error minimizar la implicación de buena parte del episcopado español.
La interpretación de la guerra como una «Cruzada» otorgó al conflicto una dimensión religiosa que contribuyó poderosamente a legitimar la violencia ejercida por el nuevo poder militar. La Carta Colectiva del Episcopado Español [1], impulsada por el cardenal Isidro Gomá y Tomás en 1937, presentó el conflicto como una lucha entre la civilización cristiana y el ateísmo revolucionario. Aquella interpretación fue difundida internacionalmente y proporcionó al bando sublevado un respaldo moral de enorme importancia.
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Por su parte, la Santa Sede mantuvo inicialmente una prudente cautela diplomática. No obstante, conforme avanzó la guerra y resultó evidente la consolidación del poder de Francisco Franco, el Vaticano terminó reconociendo oficialmente a su gobierno en 1938. Ese reconocimiento constituyó un hito fundamental en la legitimación internacional del nuevo régimen y abrió una estrecha relación entre la dictadura y la Iglesia católica que se prolongaría durante décadas.
La victoria militar y el nacimiento de la dictadura
La derrota de la República en 1939 no significó únicamente el final de la Guerra de España, supuso el comienzo de una larga dictadura caracterizada por la concentración absoluta del poder, la eliminación del pluralismo político, la prohibición de partidos y sindicatos, la censura de la prensa, la represión sistemática de los vencidos y la identificación entre Estado, Ejército e Iglesia.
Durante décadas, el régimen presentó la guerra como una consecuencia inevitable del desorden republicano, esa interpretación ocultaba deliberadamente un hecho esencial: la guerra había comenzado porque una parte del Ejército decidió destruir por la fuerza un régimen constitucional.
La dictadura construyó un relato legitimador en el que el golpe aparecía transformado en «Alzamiento Nacional» y la guerra en una «Cruzada de Liberación». La historiografía democrática ha desmontado progresivamente esa narrativa mediante el estudio de miles de documentos militares, diplomáticos, judiciales y administrativos, hoy resulta imposible sostener seriamente que el golpe fuera una reacción improvisada. Las pruebas documentales muestran una preparación política, económica y militar desarrollada durante años.
La memoria democrática como compromiso con la verdad
Hablar hoy del golpe de Estado de 1936 no significa reabrir heridas. Las heridas existen porque nunca desaparecieron completamente. Lo que pretende la historia es comprender, documentar y explicar. La memoria democrática no consiste en sustituir una propaganda por otra. Tampoco en construir un relato de vencedores y vencidos.
Su finalidad es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más exigente: reconocer los hechos, honrar a las víctimas de la violencia política y preservar la verdad frente a la manipulación.
Durante décadas, miles de personas permanecieron en fosas comunes sin identificar. Numerosos archivos permanecieron cerrados o fueron de difícil acceso. Muchas familias crecieron sin conocer el destino de sus padres o de sus abuelos.
La recuperación de esa memoria no persigue alimentar el enfrentamiento, sino completar el conocimiento histórico de un país que todavía convive con las consecuencias de aquella fractura.
Las enseñanzas para el presente
La historia nunca se repite de forma idéntica. La España del siglo XXI no es la de 1936. La consolidación del Estado democrático tras la aprobación de la Constitución española de 1978, la pertenencia a la Unión Europea, la integración en el Consejo de Europa, la protección jurídica derivada del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el reconocimiento internacional de los derechos fundamentales hacen imposible establecer equivalencias mecánicas con la crisis que desembocó en la Guerra de España.
Sin embargo, la historia sí proporciona advertencias. Historiadores como Robert O. Paxton, Emilio Gentile, Ian Kershaw, Timothy Snyder, Enzo Traverso o Ruth Ben-Ghiat han mostrado que los procesos de degradación democrática rara vez comienzan mediante golpes militares tradicionales. Con frecuencia se desarrollan de forma gradual, debilitando la confianza en las instituciones, desacreditando al adversario político como un enemigo de la nación, difundiendo teorías conspirativas, erosionando la independencia judicial, cuestionando la legitimidad de los procesos electorales y fomentando un clima de polarización permanente.
La experiencia europea del siglo XX ofrece numerosos ejemplos. En Italia, Benito Mussolini llegó al poder tras la Marcha sobre Roma sin abolir inmediatamente el sistema parlamentario. En Alemania, Adolf Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933 y utilizó el Incendio del Reichstag y la posterior Ley Habilitante de 1933 para desmantelar el Estado de derecho desde el interior de la legalidad. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha impulsado desde 2010 reformas que diversos organismos europeos consideran lesivas para la independencia judicial, el pluralismo mediático y los mecanismos de control institucional. En Polonia, los enfrentamientos entre el anterior gobierno del partido Ley y Justicia y las instituciones europeas por las reformas judiciales evidenciaron igualmente los riesgos que pueden afectar al principio de separación de poderes.
Fuera de Europa también se han producido episodios de deterioro democrático. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, protagonizado por seguidores de Donald Trump tras la difusión de acusaciones infundadas de fraude electoral, mostró hasta qué punto la desinformación y la deslegitimación de los resultados electorales pueden poner en tensión incluso democracias consolidadas. Del mismo modo, el asalto a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 por partidarios de Jair Bolsonaro puso de manifiesto la capacidad movilizadora de narrativas conspirativas contra las instituciones democráticas.
Estos ejemplos no significan que cualquier movimiento conservador, liberal o de derecha sea equiparable al fascismo histórico. La comparación exige rigor metodológico. Como han señalado Robert O. Paxton y Emilio Gentile, el fascismo constituye un fenómeno histórico específico, vinculado a las condiciones políticas, económicas y sociales de la Europa de entreguerras.
Al mismo tiempo, la investigación comparada advierte de que algunos movimientos políticos contemporáneos, tanto en Europa como en América, utilizan estrategias discursivas que recuerdan rasgos característicos de las culturas políticas autoritarias del siglo XX: la identificación de un supuesto «enemigo interno»; la presentación de la prensa independiente como parte de una conspiración; la utilización sistemática de campañas de desinformación; la estigmatización de inmigrantes, minorías étnicas o religiosas y colectivos vulnerables; el cuestionamiento de la legitimidad de los tribunales cuando sus resoluciones resultan desfavorables; y la apelación a un liderazgo fuerte que afirme representar directamente la voluntad del pueblo por encima de los mecanismos de control constitucional.
Como recordó Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, la destrucción de una democracia no comienza necesariamente con la supresión inmediata de las elecciones, sino con la progresiva erosión de la verdad factual, de las instituciones independientes y de la confianza entre los ciudadanos. De manera semejante, Timothy Snyder ha insistido en que las democracias pueden debilitarse cuando la ciudadanía normaliza el deterioro institucional y deja de reaccionar ante la vulneración de las normas constitucionales.
La principal enseñanza de 1936 no consiste, por tanto, en buscar paralelismos simplistas ni en utilizar el pasado como arma arrojadiza en el debate político contemporáneo. Su valor reside en recordar que ninguna democracia está definitivamente asegurada. La experiencia de la Segunda República demuestra que el deterioro deliberado de la convivencia democrática rara vez es fruto de un único acontecimiento. Es el resultado de campañas continuadas de desinformación, de la deslegitimación sistemática del adversario político, de la difusión de rumores y teorías conspirativas, del descrédito de las instituciones representativas y de la normalización del odio como instrumento de movilización política. La historia española enseña que cuando una parte de las élites económicas, mediáticas o políticas deja de aceptar la legitimidad del resultado de las urnas y presenta al Gobierno elegido democráticamente como un enemigo de la nación, la democracia entra en una zona de grave vulnerabilidad.
Desde una perspectiva republicana, la principal lección de 1936 es que la democracia no puede reducirse al acto de votar cada cuatro años. Requiere también una ciudadanía informada, una prensa libre e independiente, un poder judicial imparcial, instituciones sometidas al control público y el compromiso de todas las fuerzas políticas con el respeto al resultado de las elecciones, incluso cuando este les resulta desfavorable.
La historia demuestra que la mentira organizada puede convertirse en un arma política de enorme eficacia. Así ocurrió en los años treinta, cuando amplios sectores de la derecha antirrepublicana difundieron la falsa idea de que la República pretendía destruir la religión, eliminar la propiedad privada o implantar una revolución soviética inminente. Buena parte de aquella propaganda, impulsada desde periódicos, organizaciones patronales y sectores monárquicos, sirvió para justificar socialmente el golpe de Estado de julio de 1936. Las investigaciones de historiadores como Ángel Viñas, Paul Preston, Julián Casanova o Enrique Moradiellos han documentado cómo aquella estrategia de desinformación desempeñó un papel decisivo en la deslegitimación del régimen constitucional.
Las democracias del siglo XXI afrontan desafíos distintos, pero no son inmunes a fenómenos semejantes. La utilización sistemática de noticias falsas, la manipulación emocional, las campañas de intoxicación difundidas a través de determinados medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales, la construcción permanente de enemigos internos, el cuestionamiento sin pruebas de la legitimidad de los gobiernos elegidos democráticamente y la deshumanización del adversario forman parte de estrategias políticas presentes en numerosos países. Diversos estudios sobre comunicación política y desinformación han advertido de que estas prácticas son utilizadas por movimientos de extrema derecha y por corrientes del llamado populismo autoritario para erosionar la confianza en las instituciones democráticas.
En España, el debate público también se ha visto afectado por campañas de desinformación, por la circulación de bulos y por una creciente polarización política. La crítica a cualquier gobierno forma parte de la democracia; la fabricación consciente de falsedades para obtener rédito electoral, no. Cuando determinados actores políticos o mediáticos convierten el bulo, la difamación o la conspiración permanente en herramientas de confrontación, contribuyen a deteriorar la calidad democrática y a debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Del mismo modo, la utilización de recursos públicos para favorecer intereses partidistas o para sostener redes mediáticas afines, resulta incompatible con los principios de igualdad, transparencia y neutralidad que deben regir un Estado democrático.
La mejor herencia de la tradición republicana española no fue únicamente la defensa de una forma de Estado, sino la aspiración a construir una sociedad basada en la igualdad ante la ley, la educación pública, la justicia social, la laicidad, el pluralismo político y la soberanía popular. Defender hoy esos principios significa rechazar cualquier intento de degradar la democracia mediante la mentira organizada, el odio al diferente o la negación de la legitimidad del adversario político. La memoria de 1936 recuerda que ninguna democracia está garantizada para siempre y que la defensa de la verdad, de los derechos sociales y de las libertades públicas constituye una tarea permanente de toda ciudadanía comprometida con los valores democráticos y republicanos..
Epílogo
El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue la culminación de una conspiración cuidadosamente preparada por quienes nunca aceptaron que España pudiera transformarse mediante procedimientos democráticos. La República no cayó por un accidente histórico ni por una explosión inevitable de violencia colectiva. Fue atacada por una alianza de intereses que reunió a una parte del Ejército, a sectores de la oligarquía económica, a organizaciones monárquicas y fascistas, al tradicionalismo carlista y a una parte muy significativa de la jerarquía eclesiástica, contando además con el decisivo apoyo de las dictaduras fascistas europeas.
El fracaso parcial del golpe dio lugar a la Guerra de España. La victoria militar de los sublevados abrió paso a una dictadura de casi cuarenta años, cuyo legado político, social, económico y cultural continúa siendo objeto de estudio y reflexión.
Entre las consecuencias más profundas y duraderas del triunfo franquista figura el exilio de una parte esencial del capital intelectual de España. Decenas de miles de profesores, investigadores, médicos, ingenieros, juristas, escritores, artistas y científicos se vieron obligados a abandonar el país para salvar la vida o escapar de la represión política. Figuras como Juan Negrín, Claudio Sánchez-Albornoz, Américo Castro, María Zambrano, José Gaos, Severo Ochoa —que desarrolló buena parte de su carrera científica en el extranjero y obtuvo el Premio Nobel en 1959—, Pau Casals, Luis Buñuel, Max Aub, Rafael Alberti o Francisco Ayala desarrollaron una parte decisiva de su obra lejos de España.
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Aquella diáspora intelectual benefició extraordinariamente a los países de acogida, especialmente México, Argentina, Chile, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Universidades, hospitales, centros de investigación, editoriales y academias de esos países incorporaron a centenares de profesionales formados en España, que contribuyeron al desarrollo científico, educativo y cultural de sus nuevas sociedades. Lo que aquellas naciones ganaron en conocimiento, innovación y creación fue, en buena medida, una pérdida irreparable para España. Durante décadas, el país quedó privado de varias generaciones de algunos de sus mejores investigadores, docentes y creadores, precisamente cuando el resto de Europa iniciaba la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y apostaba decididamente por la ciencia, la universidad y la modernización.
La dictadura no solo eliminó físicamente a miles de ciudadanos ni únicamente encarceló y depuró a decenas de miles de funcionarios, maestros y profesores; también interrumpió un proceso de modernización intelectual iniciado durante la Segunda República Española. La desarticulación de instituciones como la Junta para Ampliación de Estudios, la depuración de las universidades y la sustitución del mérito académico por la adhesión política provocaron un retraso científico y cultural cuyos efectos se prolongaron durante generaciones. Una parte del talento que habría podido impulsar el desarrollo de España terminó enriqueciendo el patrimonio científico, educativo y cultural de otros países.
En este sentido, una de las mayores victorias de la dictadura no consistió únicamente en imponerse militarmente, sino en privar a España de una parte esencial de su inteligencia colectiva. La reconstrucción democrática iniciada tras 1975 hubo de realizarse sin buena parte de aquella generación excepcional que la violencia, la persecución y el exilio habían dispersado por el mundo. Ese vacío constituye uno de los costes más elevados —y con frecuencia menos visibles— del golpe de Estado de 1936 y de la larga dictadura que le siguió.
Recordar aquel proceso no significa vivir anclados en el pasado. Significa asumir que la democracia no es una concesión permanente, sino una construcción histórica siempre vulnerable. La mejor defensa frente al autoritarismo no reside en el miedo ni en la confrontación estéril, sino en el fortalecimiento de una ciudadanía crítica, informada y comprometida con los valores de la libertad, la igualdad, la justicia social y el respeto a la dignidad humana.
Solo desde ese conocimiento del pasado puede comprenderse plenamente el significado del 18 de julio de 1936: no como el comienzo inevitable de una guerra entre españoles, sino como el día en que una parte de España decidió romper por las armas el pacto democrático que otra parte había construido pacíficamente en las urnas. Ese es, probablemente, el legado histórico más importante que nos dejó la Guerra de España y una de las lecciones cívicas más valiosas que puede ofrecer a las generaciones presentes y futuras.
Salud y República
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Notas Asturias Laica
[1] Carta Colectiva del Episcopado Español
Fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, los que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país».
«Carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero»,
1-VII-1937
Carta en PDF
– En el blog de Asturias Laica:
– La larga conspiración contra la República (I): El camino hacia el golpe de Estado del 18 de julio de 1936
– La larga conspiración contra la República (II): Militares, oligarquía, Iglesia y fascismo: la conspiración toma forma (1933-1936)
– La larga conspiración contra la República (III) | La cuenta atrás hacia el 18 de julio
