¿Está fracasando la Ley de Memoria Democrática con los bebés robados? | Olmo Gómez Aldaz

agosto 7, 2026

El Ministerio confirma que, desde 2022, solo ha reconocido la condición de víctima a un hijo sustraído sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores.

Fuente foto

Olmo Gómez Aldaz, 7 de agosto de 2026

Nota de prensa

Olmo Gómez Aldaz, el único hijo reconocido hasta ahora por la Ley de Memoria Democrática como víctima de una sustracción sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores, considera que su adopción encubre esa sustracción y está demandando judicialmente su nulidad. «La adopción en España es irrevocable», lamenta.

La confirmación procede de una respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, fechada el 28 de julio de 2026. Según el documento, la única Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal concedida a un hijo sustraído sin el consentimiento libre y legítimo de sus progenitores es la de Olmo Gómez Aldaz, firmada el 19 de febrero de 2026.

«Al ser el único hijo reconocido, siento una responsabilidad especial: visibilizar lo ocurrido y contribuir a que otras víctimas puedan encontrar respuestas y reclamar su reparación», afirma Olmo Gómez Aldaz.

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«DOGA 2025. La batalla por mi identidad» | Olmo Gómez Aldaz

julio 27, 2026

Su autor, Olmo Gómez Aldaz, bebé robado, tras años de pelea por recuperar su identidad de origen, en febrero de este año recibió la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal: «ha quedado acreditado que […] padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista.» | «en 1971 fue sustraído y adoptado sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores.» | «su circunstancia le hace ser considerado como “víctima” según lo contemplado en el artículo 3.1 de la Ley 20/2022.»

Imagen a partir de la portada del libro
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Asturias Laica, 27 de julio de 2026

El título: DOGA: es el acrónimo de la Declaración de Olmo Gómez Aldaz, el nombre que dio al documento de declaración personal ante las instituciones de Memoria para que el Estado reconociera que encajaba en la Ley de Memoria Democrática que describe como niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores (bebés robados). El mismo reconocimiento le llegaría también de Euskadi, de dónde eran sus padres adoptivos.

Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Víctimas

1. A los efectos de esta ley se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y en particular a:

[…] h) Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas.

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Bebés Robados en España: El Caso de Olmo Gómez Aldaz y la Lucha por el Reconocimiento Institucional

julio 18, 2026

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Foto del 6 de agosto de 1940. Imagen del Auxilio Social. En la foto, habitación de uno de los centros de maternidad | © Efe – Fuente
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Miguel Espinoso, Agencia 6 | Olmo Gómez Aldaz, 18 de julio de 2026

Un reconocimiento histórico con décadas de retraso

Dos reconocimientos oficiales:

El 19 de febrero de 2026, el Gobierno de España emitió una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal conforme a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. En ella declaró acreditado que Olmo Gómez Aldaz padeció persecución durante la dictadura franquista, que en 1971 fue sustraído y adoptado sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores y que debía ser considerado víctima.

El 6 de julio de 2026, Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos) emitió una segunda resolución administrativa que reconoce su condición de víctima del golpe militar y de la dictadura franquista al amparo de la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

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Una sentencia inédita devuelve la filiación biológica a un hombre adoptado a través de una trama de bebés robados

julio 4, 2025

La Audiencia de Pamplona ratifica una resolución que anula los efectos de una adopción de 1971 y ordena  al Registro Civil que corrija la filiación de un hombre de 54 años, una vez que ha descubierto quiénes son sus progenitores biológicos. Su madre fue una de las mujeres que pasó su embarazo en los ‘pisos-cuna’ de Mercedes de Gras, uno de los nombres clave del negocio de las adopciones irregulares en el franquismo.

Olmo Gómez Aldaz, con su padre adoptivo, a principios de  1972 / Cedida por S. G. A.
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Ana María Pascual, Público, 4 de julio de 2025

Santiago González Rueda ahora es Santiago Gómez Aldaz, aunque se hace llamar desde hace años Olmo, como el árbol robusto y resistente, en un rechazo del nombre de pila que le impusieron al nacer. Este profesor de matemáticas, a punto de cumplir los 54 años, se ha convertido posiblemente en el único español que ha logrado que un juez deje sin efecto su adopción, de 1971, y ordene al Registro Civil el cambio de filiación respecto a sus verdaderos progenitores, pese a la oposición del padre biológico. Su abogado considera que la sentencia es «inédita».

Olmo llevaba mucho tiempo intentando que la justicia resolviera un grave error del pasado, un «crimen» del pasado, corrige por teléfono desde su casa, en un pueblo de Valladolid. Y ahora la Audiencia Provincial de Navarra le ha dado la razón y ha confirmado una sentencia pionera del Juzgado de Primera Instancia 9 de Pamplona, que en noviembre de 2024 declaró, a la luz de las pruebas de ADN, que era hijo biológico de José Ramón Gómez, hijo a su vez de un reputado coronel franquista, destinado, en 1965, a la Fiscalía de Pamplona.

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