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Francisco Delgado, Nueva Tribuna, 27 de octubre de 2022
Cada año, entre los meses de marzo a junio, al hacer la declaración de la renta anual, en el impreso o pantalla, aparecen dos casillas para señalarlas o dejarlas en blanco. Se trata de indicar si queremos que de la recaudación total anual del IRPF, un 0,7% vaya a las “arcas de los obispos”, directamente desde Hacienda (unos 300 millones de euros cada año…) y, en su caso, otro 0,7% vaya a entidades sociales en general, cantidad que -por cierto- una gran parte determinan las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos, es decir que -evidentemente- los contribuyentes que señalan esa casilla no deciden a que entidad social desean que se les asigne. Por cierto, un porcentaje sustancial van a parar también a las arcas de entidades “controladas” por los obispos.
Si, a pesar de la “presión” (oculta y expresa) que ejerce la Agencia Tributaria o el organismo de recaudación vasco, decides no señalar ninguna casilla o sólo una de ellas, ese dinero forma parte de la recaudación total del IRPF, que el Estado destina a los servicios públicos (bienestar social, sanidad, educación, obra pública, etc. etc.) que utilizamos toda la ciudadanía. Esa sería la lógica tributaria de este impuesto muy importante (junto al IVA) de los ingresos del Estado.
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