Las supervivientes que han asistido al acto reprochan que las congregaciones hayan hecho más hincapié en el contexto histórico que en su verdadero papel en la represión, y han acabado coreando : «Verdad, justicia y reparación»
Acto de petición pública de perdón organizado por la CONFER para las mujeres supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, en la Fundación Pablo VI, en Madrid, el 9 de junio de 2025 / CONFER ___________________
Varias fuentes*, 10 de junio de 2025
Ayer la Confederación que reúne a las agrupaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato de Protección de la Mujer, -organismo creado en 1941 adscrito al Ministerio de Justicia, con el que el régimen franquista oficializó su represión hacia las mujeres para reeducarlas en la moral católica-, pidió disculpas públicamente, pero el gesto no ha servido a las víctimas de la institución, que han coreado “verdad, justicia y reparación” con carteles que rezaban “No” al final del acto.
Las congregaciones religiosas estuvieron al frente de los centros del patronato, donde miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron internadas, entre 1941 y 1985, enviadas por sus padres y hermanos normalmente, o conducidas allí por la Policía, por el simple hecho de mostrar un comportamiento poco recatado. Otras, violadas incluso por sus propios padres, embarazadas, fueron recluidas en aquellos centros como si fueran auténticas delincuentes.
Supervivientes e investigadoras reclaman al Gobierno justicia y una reparación que exponga los abusos en un organismo, el patronato de las mujeres, del Ministerio de Justicia, que funcionó entre 1941 y 1985.
Centro del Patronatoen Sevilla regido por las Terciarias Capuchinas / Junta de Andalucía _______________________
Me meten allí porque soy roja», afirma con toda contundencia en conversación telefónica Paca Blanco, la Brava. Ella es una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, un organismo de sarcástico nombre —cuya presidenta fue Carmen Polo, la Collares, esposa del dictador— adscrito al Ministerio de Justicia y gestionado por órdenes religiosas, de monjas, que desde el año 1941 hasta el 1985, cuando fue disuelto, se dedicó a oprimir a las mujeres y a imponerles los valores del nacionalcatolicismo en un país arrasado. «Podía haber sido abogada, periodista, presidenta del Gobierno… No soy creyente, y la vida que he tenido, me la jodieron por intentar hacer de mí lo que no era. Soy idealista», añade la Brava.
Los métodos empleados en muchos casos por las monjas, bajo la guía y a las órdenes del Estado franquista -e incluso, a partir de 1978, del Estado Constitucional-, implicaban vejaciones que hoy se llamarían sin duda violaciones de los derechos humanos, según han expuesto las supervivientes y han confirmado diferentes investigadoras y académicas en varios volúmenes.
El Archivo Histórico Provincial conserva 2.077 expedientes de jóvenes internadas en el franquista Patronato de Protección a la Mujer entre 1940 y 1984. La mayoría fueron ingresadas contra su voluntad en el Convento de las Adoratrices sin orden judicial y con la mera autorización del padre
Taller del Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla en una imagen de 1960 / Portal de Archivos de Andalucía. Consejería de Turismo ____________________
“Mujer de 19 años. Natural y vecina de un pueblo de Córdoba. Hija de Antonio y Mari Carmen. Instruido expediente por ponerla a disposición de la Junta.
MOTIVO: Inmoralidad. ESCOLARIDAD: Deficiente. HOGAR: Se ignora.
AMBIENTE: Sus padres parecen gente trabajadora pero de gran ignorancia religiosa. La joven hace próximamente un año que se vino a servir y una vez deshonrada se dedicó a la prostitución. Fue denunciada por una señora que dijo haber inducido a su marido al adulterio. Sus padres no deben tener ascendiente ninguno sobre ella.
EXAMEN DE LA JOVEN: Alta, pelo casi rojo, llena de pecas. Parece completamente atolondrada y creo que miente con gran facilidad.
PROPUESTA: Internamiento. Córdoba 3 de enero 1944“.
La organización renueva su dirección y actualiza sus objetivos: «Hay que terminar de una vez con el lastre histórico del nacionalcatolicismo franquista».
Una iglesia en Madrid. Archivo / Europa Press ___________________
Corregir el artículo 16.3 de la Constitución que proclama la confesionalidad del Estado, aprobar una ley de libertad de conciencia que sustituya a la ley de libertad religiosa de 1980, eliminar del Código Penal el artículo que aún castiga la ofensa religiosa, acabar con la financiación estatal de la Iglesia católica y que esta se autofinancie y lograr una escuela libre de religión, pública y laica… Estas son las principales reivindicaciones y objetivos de Europa Laica, una asociación fundada en 2001 que promueve el laicismo y que hace unos días renovó su dirección.
José Antonio Naz, cordobés, hoy jubilado, catedrático de francés, y exdirector de instituto, es su nuevo presidente. La economista Ana Baragaña Asurabarrena ocupa la vicepresidencia. Naz expone a Público que, a su juicio, en este tiempo y en los casi 50 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución, en 1978, «los grandes cambios para llegar al Estado laico siguen sin aparecer».
Es cierto, concede Naz, que se ha progresado «algo en derechos individuales», y enumera los siguientes: ley del aborto, del matrimonio igualitario, de garantía integral de la libertad sexual o eutanasia.
‘El cielo está con nosotros’, de César Rina, documenta el proceso de «fascistización» de la Semana Santa. El franquismo buscaba «convencer de su legitimidad usando los elementos de la religiosidad popular».
La tumba de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena, antes de su exhumación / Europa Press ______________________
«Los ritos religiosos se confundieron con actos fascistas, desfiles militares, juras de bandera y cruces en recuerdo de los caídos. La omnipresencia de las cruces transformó los espacios públicos y privados, vinculando la pasión y muerte de Cristo con el sufrimiento y entrega de los caídos por la salvación nacional».
La anterior es una de las reflexiones, que rezuma alguna ironía —»salvación nacional»— recogidas en el trabajo El cielo está con nosotros, del historiador César Rina, que recibió el premio Arturo Barea, y que acaba de reeditar la editorial Marcial Pons. La investigación documenta el proceso de fagocitación —que él denomina fascistización— de la Semana Santa y otros festejos por las autoridades, que buscaban, según afirma en una conversación telefónica con Público, «convencer a la gente de su legitimidad utilizando los elementos de la religiosidad popular«.
«Los ritos religiosos se confundieron con actos fascistas, desfiles militares, juras de bandera y cruces en recuerdo de los caídos. La omnipresencia de las cruces transformó los espacios públicos y privados, vinculando la pasión y muerte de Cristo con el sufrimiento y entrega de los caídos por la salvación nacional».
El objetivo es «proteger y garantizar la capacidad potencial del hijo menor de autodeterminarse en relación con el hecho religioso una vez alcance la madurez suficiente», falla el TC en una nueva sentencia.
Crucifijos y elementos religiosos en una fábrica de ataúdes / Óscar J. Barroso / Europa Press ____________________
El Tribunal Constitucional, en una nueva sentencia, ha protegido el derecho de un menor ante la tesitura de ser adoctrinado en la religión, en este caso, evangélica, hasta que no cumpla los 12 años de edad. El caso se refería a un niño, nacido en 2016, cuyos padres estaban en desacuerdo «sobre la formación moral y religiosa de su hijo».
La Sala Primera, en una sentencia del magistrado Juan Carlos Campo que ha contado con el aval de sus otros cinco compañeros –tanto conservadores como progresistas–, ha rechazado el recurso de amparo presentado por el padre del niño que cuestionaba las decisiones judiciales que resolvieron el desacuerdo parental sobre la formación moral y religiosa de su hijo común.
El Constitucional avala por unanimidad, según explica en una nota, las decisiones judiciales previas que, «en protección de la identidad religiosa del menor», acordaron otorgar a su madre «el ejercicio exclusivo de la patria potestad respecto [… a] las decisiones de formación religiosa del menor».
La Conferencia Española de Religiosos (Confer) va a pedir perdón. Va a pedir perdón a las mujeres que pasaron por los centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer que regentaban algunas de las órdenes religiosas que, hoy, forman parte de la Conferencia. Puede parecer un poco lío, pero es fácil: la dictadura franquista delegó en algunas órdenes religiosas la responsabilidad de reeducar a niñas y adolescentes rebeldes. ¿Dicho de otra manera? Delegó en las órdenes religiosas la responsabilidad de imponer el nacionalcatolicismo entre las muchachas.
Esto de que el Estado delegue en la Iglesia es, además, muy actual. La Constitución española reconoce la cooperación del Estado con la Iglesia Católica y, todavía hoy, muchas órdenes religiosas gestionan recursos y servicios como albergues, comedores sociales, centros de atención a personas migradas o recursos para víctimas de violencia machista. Llegan, sin duda, a personas y lugares a los que no llega el Estado. ¿Esto qué significa? Que es urgente que se fortalezcan los servicios sociales públicos.
La Iglesia, un auténtico poder fáctico, está en un proceso, hasta ahora imparable, de pérdida de efectivos
(Foto de ARCHIVO) Sacerdotes durante la misa de la celebración del Corpus Christi, a 8 de junio de 2023, en Toledo, Castilla-La Mancha (España) / Mateo Lanzuela / Europa Press ____________________
La Iglesia católica es, hoy aún, un auténtico poder fáctico en España, que recibe millones de euros de dinero público cada año vía impuestos. En su estructura, en el día a día, a pie de calle, trabajan y colaboran casi 150.000 personas, entre sacerdotes, diáconos, religiosos, catequistas, capellanes, misioneros, monjas y monjes de clausura y seminaristas, esto sin contar los más de 36.000 profesores de religión.
Sin embargo, está en un proceso, hasta ahora imparable, de pérdida de miembros, de fuelle en su indispensable arquitectura institucional, según se extrae del análisis de los datos que recoge la Conferencia Episcopal en las memorias que hace públicas cada año.
En el año 2023, último dato disponible, había 15.285 sacerdotes católicos, unos 4.000 menos que en el año 2013 (concretamente, 3.878 menos); 957 seminaristas, 290 menos que en 2016; y 81.080 catequistas, 25.432 menos que en 2013. Hay también 587 diáconos permanentes y 874 capellanes en centros sanitarios y otros 159 en centros penitenciarios.
La Ley de Vagos y Maleantes abrió la veda para que pudiera internarse a hombres no heterosexuales en prisiones donde eran sometidos a todo tipo de torturas, vejaciones y prácticas médicas cuyos efectos fueron, en muchos casos, irreversibles.
Antonio Vallejo-Nájera, a la izquierda, y una calle con su nombre en Madrid __________________
“La homosexualidad como un escape desesperado de una imaginación enferma, como un intento de comunicarse, eternamente condenado al fracaso, de un ser aterrado y solitario, que no sabe o no puede amar”. Así luce la introducción del libro Los homosexuales vistos por sí mismos y por sus médicos (1966), escrito por el doctor Lorenzo Frutos Carabias en pleno tardofranquismo. Un ejemplo paradigmático de la brutal maquinaria de propaganda homófoba que el fascismo puso en marcha durante años con la connivencia de médicos afines al régimen. Durante la dictadura, la sexualidad se encaminará exclusivamente a la reproducción social y a la perpetuación de la familia heteronormativa. De este modo, llegaron a proliferar gran cantidad de obras que aludían reiteradamente al carácter patológico de la homosexualidad. La construcción de una España “depurada” de desviaciones ideológicas, sexuales o identitarias contrarias a la estricta moral católica caminó necesariamente de la mano de la medicina psiquiátrica.
La reforma de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954 introduce por primera vez la consideración de las personas homosexuales como sujetos peligrosos. Más adelante, esta legislación se redondearía con la Ley de Peligrosidad Social, con el fin de “modificar estados como los referentes a quienes realicen actos de homosexualidad, la mendicidad habitual, gamberrismo, la migración clandestina y la reincidencia”.
El Gobierno foral logra identificar documentalmente casi 300 bienes comunales inmatriculados por el Arzobispado de Pamplona y calcula que la cifra final podría ser de más de 1.700.
Un grupo de personas participa en una concentración contra las inmatriculaciones de la Iglesia en Pamplona / Foto de archivo Eduardo Sanz / Europa Press ____________________
Navarra es la única comunidad de España que se ha tomado en serio la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica. Tiene una ventaja respecto al resto del país: cuenta con un inventario pormenorizado de bienes comunales pertenecientes a los municipios. Y además dispone de una ley específica que los protege como terrenos de dominio público. Tras 14 meses de trabajo, la Consejería de Desarrollo Rural ha logrado identificar documentalmente casi 300 bienes comunales inmatriculados por el Arzobispado de Pamplona. Y este tipo de fincas, al igual que las de dominio público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir: si se demuestra fehacientemente su naturaleza comunal, la Iglesia se habría apropiado de parcelas públicas y estaría obligada a devolverlas.
Pero hay más. En un primer rastreo, la Consejería navarra calcula que la cifra final de bienes comunales inscritos por el Arzobispado puede superar los 1.700. Si se confirma el dato, estaríamos hablando del mayor volumen de fincas públicas registradas por la Iglesia desde que estalló el escándalo de las inmatriculaciones hace ya casi veinte años. El hecho confirmaría los peores presagios de las organizaciones patrimonialistas que denuncian la «apropiación masiva» por parte de la jerarquía católica de terrenos y edificios en toda España.
Posted by asturiaslaica 
