La Iglesia Católica no solo mantiene la titularidad de este patrimonio expoliado, sino que genera ingresos millonarios mediante su explotación.
Ricardo Guerrero, Nueva Revolución, 23 de agosto de 2026
En España, la Iglesia Católica ha acumulado durante décadas un vasto patrimonio de terrenos, edificios y propiedades que, en muchos casos, fueron adquiridos mediante prácticas cuestionables o directamente ilegales. Este proceso, conocido como ‘inmatriculación’, permitió a la jerarquía eclesiástica registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de demostrar su titularidad, amparada por leyes franquistas y reformas posteriores que facilitaron este expolio. Se trata de un escándalo que los sucesivos gobiernos han evitado abordar con determinación, mirando para otro lado mientras la Iglesia sigue lucrándose con la explotación de estos bienes.
Un expolio amparado por el poder
La inmatriculación masiva se intensificó durante el franquismo, cuando la Iglesia, aliada del régimen, obtuvo privilegios extraordinarios. La Ley Hipotecaria de 1946 permitió a los obispados registrar propiedades como propias con la mera certificación de un párroco, sin necesidad de pruebas fehacientes. Este mecanismo, que se mantuvo vigente hasta 2015, resultó en la apropiación de miles de inmuebles: desde ermitas y cementerios hasta terrenos agrícolas, viviendas e incluso plazas públicas. Según el informe del Gobierno de 2021, la Iglesia inmatriculó al menos 34.961 bienes entre 1998 y 2015, aunque se estima que el número total podría superar los 100.000.
Este proceso no solo fue un abuso de poder, sino un robo descarado al patrimonio colectivo. Muchas de estas propiedades eran de dominio público o pertenecían a comunidades locales que, de la noche a la mañana, se vieron despojadas de su derecho histórico. Ejemplos como la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Zaragoza, registrados como propiedad eclesiástica, ilustran la magnitud de esta apropiación.
El lucro continuo de un patrimonio robado
Lejos de ser un mero problema histórico, la apropiación de estos bienes tiene consecuencias actuales. La Iglesia Católica no solo mantiene la titularidad de este patrimonio, sino que genera ingresos millonarios mediante su explotación. Alquila terrenos agrícolas, cobra entrada a monumentos históricos, gestiona viviendas y obtiene beneficios fiscales gracias a su estatus privilegiado. Mientras tanto, los costes de mantenimiento de muchos de estos bienes, como catedrales o iglesias, recaen a menudo en las arcas públicas, en un doble agravio para la ciudadanía.
Según asociaciones como Europa Laica, el valor de los bienes inmatriculados podría ascender a miles de millones de euros, una riqueza que, de revertirse al dominio público, podría destinarse a políticas sociales, educación o sanidad.
La inacción de los gobiernos: una complicidad silenciosa
A pesar de la gravedad del asunto, los gobiernos españoles han mostrado una pasividad alarmante. Aunque en 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un listado de bienes inmatriculados y prometió revisar su legalidad, las medidas concretas han sido insuficientes. La falta de voluntad política para enfrentarse a la poderosa jerarquía católica, combinada con los acuerdos con la Santa Sede de 1979, ha paralizado cualquier intento de revertir este expolio.
Esta inacción contrasta con la urgencia de la situación. La apropiación de bienes por parte de la Iglesia no solo es un problema de justicia histórica, sino una cuestión de ética y equidad. Permitir que una institución privada siga beneficiándose de un patrimonio robado es una afrenta a los principios democráticos y al interés general.
La solución: expropiación forzosa sin indemnización
La única vía para corregir este agravio pasa por una acción contundente: la expropiación forzosa y sin indemnización de todos los bienes inmatriculados ilegalmente. Estos bienes, que nunca debieron salir del dominio público o de las comunidades locales, deben ser devueltos a la ciudadanía. La idea de indemnizar a la Iglesia por devolver lo que robó es inaceptable; sería como recompensar a un ladrón por devolver lo sustraído.
El proceso debe ser acompañado de una auditoría exhaustiva para identificar todos los bienes inmatriculados, así como de una reforma legislativa que anule los privilegios fiscales y legales de la Iglesia. Además, es crucial desvincular las decisiones políticas de los acuerdos con el Vaticano, que actúan como un corsé para la soberanía del Estado.
La apropiación masiva de bienes por parte de la Iglesia Católica es un capítulo oscuro de la historia de España que sigue teniendo repercusiones en el presente. No se trata solo de una cuestión legal, sino de una herida abierta en la memoria colectiva de un país que merece recuperar lo que le fue arrebatado. La ciudadanía no puede seguir soportando que una institución privada se lucre con un patrimonio que pertenece a todos.
Es hora de que el Gobierno actúe con valentía y ponga fin a esta injusticia. La expropiación de los bienes inmatriculados no es solo una medida necesaria, sino un imperativo moral. Solo así se podrá cerrar esta página de expolio y construir una España más justa, donde el patrimonio común sea un derecho de todos, y no el privilegio de unos pocos.
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Nota Asturias Laica
La Ley Hipotecaria de 1946 (durante el franquismo) permitía a la Iglesia registrar ciertos bienes, pero excluía expresamente los templos dedicados al culto.
El Gobierno de José María Aznar aprobó en 1998 un Real Decreto que modificó el Reglamento Hipotecario. Esta norma permitió a la Iglesia Católica inscribir a su nombre bienes y lugares destinados al culto (como ermitas, iglesias o catedrales) mediante un certificado emitido por los propios obispos, sin necesidad de aportar títulos previos de propiedad.
Esta posibilidad, como se indica en el texto, se mantuvo vigente hasta 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy la suprimió, aunque desde que se anunció hasta que apareció en el BOE transcurrió el tiempo suficiente para que siguieran llevándose a cabo, y con prisas, inmatriculaciones: En total, transcurrieron 14 meses entre el anuncio inicial y su obligatoriedad legal.
–11 de abril de 2014 (Se anuncia): El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy dio luz verde al Anteproyecto de Ley que reformaba la Ley Hipotecaria. Ese mismo día se anunció públicamente que se eliminaría de forma definitiva el privilegio de la Iglesia católica para registrar bienes mediante certificación eclesiástica.
–13 de junio de 2014: El Gobierno aprobó el texto como Proyecto de Ley y lo remitió a las Cortes Generales para iniciar su debate y votación parlamentaria.
-24 de junio de 2015: Tras una larga tramitación en Congreso y Senado que duró un año, la norma fue aprobada de forma definitiva como la Ley 13/2015.
–26 de junio de 2015 (Entrada en vigor): Justo al día siguiente de su publicación en el BOE, el veto a las inmatriculaciones eclesiásticas empezó a aplicarse
