Sectas, diócesis y violencia en nombre de dios: las terapias de conversión tienen los días contados
Fuentes El País | Congreso de los Diputados (Comisión de Igualdad) | Infolibre | Público, 17 de junio de 2026
Si el profesor de un colegio religioso se dirige a su grupo de alumnos advirtiéndoles de la amenaza que entraña sentir atracción hacia personas de su mismo género, prometiéndoles redirigir su deseo e instándoles a cortar sus relaciones íntimas, es posible que a ojos de la justicia no sea autor de un delito. Tampoco quien en una misa vincule la transexualidad con el infierno, el mal y la inmoralidad. Ni aquellos que promocionen remedios sin aval científico para aliviar los supuestos males que colman el corazón de los homosexuales.
La Comisión de Igualdad del Congreso, con los votos en contra de PP y VOX, ha decidido este miércoles poner remedio a esta situación, tipificando las mal llamadas terapias de conversión como un delito en la legislación española.
En febrero del año pasado, llegaron dos iniciativas al Congreso. La primera partía de los colectivos sociales y fue rubricada por todos los grupos parlamentarios de la izquierda, salvo el Partido Socialista. Los de Pedro Sánchez decidieron semanas después registrar su propia iniciativa, dirigida a introducir las terapias de conversión en el Código Penal. Esta última fue dando pasos hasta aterrizar este miércoles en la Comisión de Igualdad, Comisión que ha aprobado tramitar la penalización de las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+. Este paso ―necesario para debatir en la Cámara la inclusión de estas prácticas en el Código Penal, cuya votación está programada para el 25 de junio― llega casi un año después de que se tomara en consideración la propuesta legislativa. PP y Vox han votado en contra de iniciar la tramitación. “Hay que reconocer a la gente como es, mirar a los ojos a las personas y aceptarlas como son. No intentar cambiar a nadie porque nadie tiene por qué ser cambiado”, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la Cámara baja.
Sectas diócesis y centros de enseñanza
Estas prácticas, descritas como “tortura” por la ONU, están sancionadas administrativamente desde 2023, según estableció la Ley trans (la 4/2023). Sin embargo, desde entonces no se han impuesto multas. En los últimos tres años, el ministerio ha recibido 23 denuncias, individuales o colectivas, entre ellas una que apuntaba a siete diócesis españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y Málaga).
En la Comunitat Valenciana, cinco exalumnos denunciaron al que fuera su profesor en el colegio concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs. Aseguraban que el religioso había mantenido a lo largo de los años una estrategia milimétricamente pensada para corregir la orientación sexual de los adolescentes a los que se dirigía, también en su puesto en el centro diocesano de orientación familiar Mater Misericordia. La Fiscalía abrió diligencias en julio de hace ahora dos años y, meses después, denunció al profesor, al entender que los hechos podían ser constitutivos de un delito de odio.
En enero del año pasado, el Ministerio de Igualdad anunció su intención de abrir un expediente contra siete diócesis por por promocionar cursos y talleres que prometían «recuperar» la heterosexualidad tras «encuentros» con Jesucristo. Así lo decidió después de una denuncia interpuesta por la asociación que preside Castro. Se trata de la primera denuncia al amparo de la ley trans estatal. Igualdad todavía no ha iniciado expediente sancionador, afirma el abogado, porque al tratarse de una norma de nueva implantación, los tiempos no son todo lo ágiles que sería deseable.
En Navarra, el centro Vida Nueva ha sido denunciado después de que el diario Newtral destapara las prácticas ejercidas en el seno de lo que las víctimas han acertado a calificar como secta, marcada por un clima de control y anulación de la voluntad, la práctica de supuestas terapias para infligir tortura sobre las internas y la eventual realización de exorcismos para liberarlas de los «demonios» de la homosexualidad.
Y a principios del presente mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la investigación de Elena Lorenzo, conocida como coach de identidad, por toda una serie de artículos y vídeos en los que no solo patologiza la homosexualidad, sino que promociona acciones correctivas. «El auto es importante, porque indica que cualquier acompañamiento que proponga una corrección de la homosexualidad es inherentemente contrario a la dignidad de las personas y, por tanto, podría ser delito», afirma Saúl Castro, abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.
De esas 23 denuncias, tres se encuentran “en fase de actuaciones previas”. “Esta misma semana se ha incoado un expediente sancionador”, ha detallado la ministra. Las otras 20 han sido archivadas, pues Igualdad carece de las competencias para tramitarlas. Al estar castigadas con una sanción administrativa (con multas de hasta 150.000 euros), las denuncias son gestionadas en última instancia por las Comunidades Autónomas. “Éstas actúan de acuerdo con los intereses políticos y directrices ideológicas del partido titular del Gobierno autonómico”, han alertado desde No es terapia, la principal asociación española en contra de estas prácticas.
Según esta organización, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid han archivado las denuncias que han presentado “sin dar explicación, sin permitirnos recurrirlas o señalando, incorrectamente, que carecen de las competencias para tramitarlas”. De ahí que lleven años pidiendo que se incluyan en el Código Penal: “Se trata de una violencia que se perpetra en un entorno alejado del escrutinio público y de imposible tutela sin intervención judicial; solo la jurisdicción penal puede encargarse de una instrucción efectiva”.
La propuesta inicial, presentada por el PSOE en junio de 2025, planteaba modificar el Código Penal -introduciendo el artículo 173.bis- para establecer condenas de cárcel de entre seis meses y dos años al que “aplique o practique” falsas terapias que busquen “modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género”. Entonces, la toma en consideración de ese cambio contó con el apoyo de todos los partidos, incluido el PP, excepto el de la extrema derecha de Vox, que se opuso, y UPN, que se abstuvo.
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En la Comisión celebrada este miércoles se han debatido enmiendas y propuestas de los grupos parlamentarios para asegurar que el jueves que viene salga adelante la votación en el Congreso. Una de las enmiendas aceptadas este miércoles ha sido incluir una multa de ocho a 24 meses a quien las aplique sobre una persona, aunque cuente con el consentimiento de esta, o de su representante legal.
Justamente, la diputada de Compromís Agueda Micó, había pedido al PSOE que incorporase al texto algunas de las enmiendas planteadas teniendo en cuenta que “la mayoría de las víctimas son menores de edad, sometidos a esas prácticas por sus propias familias, de las que dependen económicamente”. “Queremos que esta ley sea útil, que se tipifique en el Código Penal el delito de tortura por terapias de conversión, pero también que se establezcan alternativas habitacionales y ayudas económicas para quienes lo necesitan”, añadió Micó.
Para la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, “estas torturas son una violenta expresión de odio y deben sancionarse con cárcel, antecedentes e inhabilitación a quienes las promuevan o practiquen”. De ahí que haya celebrado que se avance en su penalización: “Es un paso importante en la protección de las personas LGTBI+ y una pequeña semilla en la reparación de la dignidad de quienes han sido víctimas de ellas”.
La Organización Mundial de la Salud recomienda a los Gobiernos “terminar” con estas pseudoterapias, pues las personas que las sufren, en muchas ocasiones empujadas a ellas por su entorno social más cercano, tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud mental, depresión y estrés postraumático. Además, exhiben un aumento de pensamientos e intentos suicidas, según un estudio de The Lancet Psychiatry publicado el año pasado.
«Vista para sentencia»
La ley queda, con todo, vista para sentencia. En poco más de una semana, el Pleno decidirá si aprueba el dictamen de la comisión y si incorpora algunas de las enmiendas que han quedado vivas, es decir, que no se han añadido a dicho texto, pero que los grupos se niegan a echar a perder. Han sido, por ejemplo, todas las que ha tratado de introducir el PP o algunas que han firmado conjuntamente el grupo de Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Compromís para incluir en la ley la reparación económica para las víctimas y una alternativa habitacional.
Vídeo Comisión de Igualdad
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En la web del Congreso
