La agrupación en defensa de este derecho, reconocido por ley desde hace cinco años, ha mostrado su preocupación por un «desequilibrio territorial» en su aplicación.
________________
Público, 26 de junio de 2026
La presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Loren Arseguet, ha manifestado en el quinto aniversario de la ley de eutanasia que la muerte asistida «debe ser accesible, equitativa y eficaz», algo que, aunque la norma lo reconoce como un derecho, se «sigue sin cumplir», motivo por el que ha reclamado un protocolo asistencial para agilizar este proceso y evitar «obstáculos» en el mismo.
«Nos preocupa el desequilibrio territorial», por lo que «proponemos estandarizar la práctica de la eutanasia, que se implante un protocolo asistencial de eutanasia en todas las comunidades autónomas», ha indicado, al tiempo que ha concretado que «serían directrices estandarizadas para guiar a los profesionales en la tramitación de eutanasias».
Según ha expuesto Arseguet, el objetivo es «minimizar la variabilidad», para lo que se indicaría «cómo atender una solicitud en cada centro». «Es necesario apoyar el trabajo de los profesionales», por lo que «reclamamos, en cada comunidad autónoma, una unidad de eutanasia», ha sumado, aunque ha reconocido su existencia en algunos territorios.
Las funciones de esta área «serían de información a la ciudadanía» y «de apoyo operativo a los profesionales para facilitar la tramitación de la prestación», ha continuado, para añadir que es necesario «instaurar en todas las comunidades el modelo de profesionales referentes», que «serían expresamente formados para ayudar a sus colegas» y «el médico no se sentiría solo».
Los protocolos asistenciales propuestos por la asociación son directrices adaptadas a cada centro sanitario, que guían a los profesionales de la salud ante decenas de situaciones clínicas. Esta propuesta aclara aspectos como qué hacer cuando un paciente solicita la eutanasia, a quién se entrega la solicitud firmada por un profesional sanitario que es objetor de conciencia, cómo proceder ante el riesgo de muerte en semanas o quiénes son los profesionales referentes en eutanasia en cada centro.
«La unidad también registraría la trazabilidad de todas las solicitudes», ha declarado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que la misma serviría para reconocer a los profesionales sanitarios implicados «liberando agenda y compensando el exceso de jornada».
Un manual de buenas prácticas para julio
La máxima representante de DMD ha indicado que estas propuestas entran dentro del paquete de las que no han sido tomadas en consideración para ser incluidas en la actualización del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, cuyo borrador se presentó en abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y que se espera que sea oficial «en julio».
Este documento tampoco incluye otras demandas, como que el rechazo de tratamiento no se traduzca en «denegación de eutanasia», ha expresado. «Pedimos también que se añadan a los informes los motivos de denegación» y «que, en la tramitación por trastorno mental, se elaboren recomendaciones para la interpretación de los requisitos», y es que «muchos» de estos últimos «son interpretables», ha señalado, reclamando, junto a ello, que el Comité Técnico creado hace un año, y que agrupa a sociedades científicas, expertos y asociaciones, tenga actividad real.
No obstante, ha asegurado que sí se han incorporado a este manual otras medidas aportadas para que «esta ley funcione y lo haga lo mejor posible», como «la mejora de los informes de evaluación, que exista un modelo común de informe para todas las comunidades autónomas para tener datos comparables, un mejor calidad de datos para poder evaluar el funcionamiento de la ley» y que los análisis del Ministerio de Sanidad se publiquen «en un tiempo razonable».
Precisamente en relación con los datos disponibles a día de hoy, ha manifestado que el «más inquietante de todos» es el que se traduce en «desigualdad territorial» y «acceso desigual al derecho». «Nos preocupa que en nueve comunidades autónomas, la tasa de eutanasia ha decrecido entre 2024 y 2025, y no sabemos por qué», ha expresado, para agregar que, «sin embargo, en otras comunidades, el crecimiento importante que se ha producido explica el nivel de crecimiento a nivel estatal». Solo el 3% se realizan en la sanidad privada.
Solo el 3% se realizan en la sanidad privada
La eutanasia en la Sanidad Privada es un «problema», ha señalado, por otra parte, Arseguet, quien ha asegurado que «la mayoría de las eutanasias se están realizando en la Pública». «Solo el 3 por ciento de las eutanasias se realizaron en la Privada en 2024» y «en 2025, no tenemos las cifras», ha aseverado.
A su juicio, «las Administraciones deberían actuar para que la Sanidad Privada cumpla también con la Ley de Eutanasia». Esta «tiene patente de corso y la Ley Orgánica no va con la Privada», ha señalado al respecto el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, quien considera que esta «incumple la ley sistemáticamente y no pasa nada».
Para finalizar, este último se ha referido al hecho de que el Pleno del Congreso de los Diputados haya dado recientemente su apoyo a la toma en consideración de una proposición de ley del Parlament de Catalunya que propone acortar a un máximo de 25 días los plazos judiciales en los casos de eutanasia. «Somos pesimistas» al respecto de su aprobación, ha afirmado, asegurando que la Cámara Baja «está en descomposición» y «no parece que esté el horno para muchos bollos».
Rueda de Prensa
Fuente: canal Youtube DMD
En julio de 2026 se cumplen cinco años desde la aprobación de la ley de eutanasia en España. DMD presenta su análisis del informe oficial del Ministerio de Sanidad y sus propuestas concretas para que la ley funcione de forma equitativa en todo el territorio.
En esta rueda de prensa presentamos:
→ El análisis de los datos oficiales de 2024 / 2025
→ Por qué solo la mitad de quienes solicitan la eutanasia llegan a ejercerla
→ Nuestras 4 demandas para mejorar la ley
