La izquierda española, al aceptar que la tribuna parlamentaria se convierta en un púlpito, ha abandonado definitivamente el laicismo como principio esencial de cualquier democracia
La anunciada visita del Papa a España no es un simple acto religioso. Es, sobre todo, una visita deseada por el Gobierno de España y, en parte, impulsada por el influyente lobby católico que existe dentro del PSOE bajo las siglas de “Cristianos Socialistas”. Este grupo está encabezado por la veterana política Rosa Aguilar, quien, desde sus distintas responsabilidades de gobierno -tanto en la alcaldía de Córdoba como en la Consejería de Cultura de Andalucía-, ha favorecido siempre los intereses de la Iglesia católica. Otro político alineado con estos intereses es el vicepresidente del Gobierno, Bolaños, que desde hace tiempo viene preparando este golpe de efecto: la visita del Papa, que ahora pretende presentar como un éxito político tanto ante su partido como ante el propio Gobierno.
En realidad, se trata de una operación de marketing político-electoral y de una clara traición al laicismo. El objetivo es proyectar la imagen de un gobierno moderado y centrado, ahora legitimado por la púrpura vaticana.
Imagen de archivo de el Papa León XIV saludando a los fieles durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano |DPA vía Europa Press _________________
Juan Antonio Aguilera Mochón, Público, 18 de marzo de 2026
La próxima visita del papa -líder supremo de un Estado y una Iglesia contrarios a los derechos de mujeres, LGTBI+ e infancia- debería aprovecharse para comunicarle el fin de los privilegios eclesiásticos en España. Su discurso-homilía en el Parlamento el 8J es una ofensa confesional que debe cancelarse
Unos días después de conmemorar el 45 aniversario del 23F, nos anuncian que el próximo 8J habrá un nuevo «asalto» al Parlamento. Esta vez será pacífico, con todos los honores de Estado, y protagonizado no por un guardia civil con tricornio y pistola, sino por el papa de Roma con solideo y crucifijo. Todo un «golpe» de efecto contra la laicidad y la democracia.
Esperábamos que el PP adoptara una postura coherente, votando lo mismo en el Congreso y en el Parlamento europeo. Nos decepciona que no haya sido así
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña en Riaza (Segovia) | Pablo Martín (EFE) ____________________
Miguel Hurtado Calvo, Manuel Barbero, Esther Pujol, El País, 13 de marzo de 2026
Estimado señor Feijóo, nos dirigimos a usted públicamente como supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia católica. Aunque nuestros agresores fueron depredadores sexuales que abusaron de multitud de menores durante décadas, no se les pudo juzgar porque, cuando tuvimos la fortaleza de denunciar los hechos, estos habían prescrito.
Las instituciones que tenían la obligación moral y legal de cuidarnos y defendernos decidieron amparar y proteger a nuestros verdugos, encubriendo de forma generalizada y sistemática los hechos, más preocupadas por su poder, prestigio y patrimonio que por nuestra dignidad. Nuestros casos demuestran que la institución jurídica de la prescripción, cuando se aplica a los delitos de pederastia, es la gran aliada de los depredadores y encubridores, garantizándoles una impunidad que no merecen, y la gran enemiga de las víctimas, negándonos el acceso a la tutela judicial efectiva a la que tenemos derecho.
Esta tarde en la Sala Segarra -Congreso de los Diputados- se ha llevado a cabo la jornada «El Patronato de Protección a la Mujer. La represión franquista más allá de la dictadura», organizad por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
Tras la introducción de Mar González, coportavoz federal de Verdes Equo-Partido Verde, y que sería la encargada de moderar el acto, la apertura correría a cargo de Verónica Barbero, portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar quien en su intervención señalaría, entre otras cuestiones, que la Ley de Memoria Democrática no habla del Patronato de Protección a la Mujer y que su grupo parlamentario había presentado una moción para modificarla de manera que las mujeres que pasaron por el Patronato fueran también reconocidas como víctimas de esa institución franquista.
Denuncia la «claudicación del Estado», pide boicotear la presencia del Papa en el Congreso de los Diputados y que no se le reconozca como «jefe de Estado»
Congreso de los Diputados _________________
Fuente Europa Laica-Observatorio del Laicismo, 5 de marzo de 2026
La organización laicista considera que la sesión conjunta de las Cortes del 8 de junio vulnera gravemente la aconfesionalidad constitucional y solicita a los grupos parlamentarios que no participen en un acto de «exaltación religiosa» en pleno corazón de la soberanía popular.
Ante el reciente anuncio del acuerdo entre el Vaticano y la Mesa del Congreso para que el Papa León XIV intervenga en una sesión extraordinaria de las Cortes Generales el próximo 8 de junio, Europa Laica manifiesta su más absoluto rechazo a lo que considera una vulneración flagrante del principio constitucional de aconfesionalidad.
El pasado 26 de noviembre el Grupo Parlamentario Sumar, por iniciativa de la Coordinadora Recuperando, registró preguntas al Gobierno relativas a la reiterada negativa del Gobierno a facilitar la información completa necesaria para identificar las fincas regístrales inmatriculadas por la Iglesia Católica con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, para su respuesta por escrito[1]
Tras la exposición de motivos, en el escrito registrado por el diputado Rafael Cofiño y los portavoces adjuntos del Grupo Parlamentario Sumar Enrique Santiago y Jorge Pueyo, se planteaban dos cuestiones:
«¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de España no ha cumplido aún con la PNL 161/001437, aprobada por el Congreso en 2017, y no haya facilitado la totalidad del informe emitido por el Colegio de Registradores, incluida la información de las fincas registrales inmatriculadas por la Iglesia Católica, con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria?»
«¿Por qué el Gobierno no facilita las Notas Simples Regístrales que, tal y como especificó el Colegio de Registradores en su comunicación al Ministerio de Justicia el 21 de diciembre de 2017, acompañaron al Informe del Colegio de Registradores sobre los bienes que desde 1998 inclusive hubiesen sido matriculados en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia Católica, a pesar de tratarse de información pública que obra en poder del Gobierno y de que el Consejo de Transparencia y Buen gobierno haya avalado su entrega a cualquier persona interesada?
A propósito del registro, el Grupo Parlamentario emitía hoy, 2 de noviembre, una nota de prensa:
La historia de España bajo el régimen franquista está marcada por profundas heridas y silencios. Entre los capítulos menos explorados, y sin embargo de vital importancia para la memoria democrática, se encuentra la represión ejercida específicamente sobre las mujeres. Recientemente, se ha reavivado el debate sobre la necesidad de reconocer como víctimas de este periodo a aquellas mujeres que fueron internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución que operó con un férreo control moral y social durante décadas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en el Pleno del Congreso celebrado el miércoles 26, que el Gobierno estudiará la posibilidad de incluir como víctimas del franquismo a las mujeres encarceladas en el Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985, condicionando este supuesto a lograr una mayoría parlamentaria en las Cortes.
«Estamos abiertos a todas las posibilidades de mejora de la Ley de Memoria Democrática. (…) Precisamos mayoría parlamentaria», ha respondido en el Pleno del Congreso a una pregunta formulada por la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Etna Estrems, antes de insistir en su «compromiso» con las víctimas del Patronato.
El Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer, -organismo creado en la dictadura franquista, gestionado por monjas y que estuvo activo hasta 1985-, pidió este martes que las victimas supervivientes que estuvieron en centros vinculados al patronato tengan mayor reconocimiento, reparación de daños e indemnizaciones por haber vivido “violaciones de sus derechos”, así como que se haga un análisis en profundizar sobre la actividad del patronato y la “represión”.
En los centros del Patronato, miles de jóvenes fueron “encarceladas, castigadas y sometidas a abusos por salirse del modelo nacionalcatólico de ‘buena mujer’” y estas representantes buscan avanzar en la “verdad, justicia y reparación”, así como para incorporar una perspectiva de género en las políticas de memoria histórica
A través de la proposición, Sumar insta al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer
Centro de las Oblatas de Alaquàs en 1966 | Archivo personal de María Palau (1) ______________________
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley de Sumar (2) por la que insta al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer, institución gestionada por órdenes religiosas de monjas, creada en 1941, y que continuó activa hasta 1985. Ha contado con el apoyo de Sumar, Podemos y ERC, el rechazo de Vox y la abstención de PSOE y PP.
En la iniciativa, Sumar pide que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre los abusos que tuvieron lugar en estos centros en los que fueron recluidas contra su voluntad para «impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica».
La coordinadora Recuperando denuncia «la ocultación sistemática» de datos por parte del Gobierno central. Rafael Cofiño, diputado por Asturias de Sumar, se ha comprometido a reclamar información detallada en la Cámara Baja. En Asturias se han contabilizado hasta la fecha 1.350 inscripciones «de patrimonio público que debe recuperarse»
El diputado Rafael Cofiño, en primer término, y José María Rosell, tras la reunión sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica | J. Simal ____________________
Representantes de la coordinadora estatal Recuperando, de Asturias Laica y del Grupo de Inmatriculaciones de la región se reunían este miércoles con el diputado Rafael Cofiño, del grupo parlamentario de Sumar, para transmitirle su «indignación» por «la ocultación sistemática» de información «esencial» sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Pese a disponer desde 2018 de un informe oficial del Colegio de Registradores, que contiene datos imprescindibles para la identificación y verificación de bienes, «el Gobierno sigue denegándonos una parte de los datos», denunciaba José María Rosell tras la reunión.
La plataforma Recuperando aglutina a diferentes colectivos con un objetivo común: reclamar toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, según calcula, fueron inscritos por la institución eclesiástica a partir de 1946. «Se trata de patrimonio público que debe recuperarse», sostienen. Un empeño que les ha llevado a recurrir incluso al Defensor del Pueblo ante lo que consideran «un fraude de ley» por parte del Gobierno central y un quebranto de «los principios básicos de transparencia».
Posted by asturiaslaica 
