Representantes del Grupo han intervenido en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Igualdad del pasado martes.
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Fuentes: Congreso de los Diputados-Comisión de Igualdad / La Vanguardia / El Diario (Oriol Solé), 22 de octubre de 2025
El Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer, -organismo creado en la dictadura franquista, gestionado por monjas y que estuvo activo hasta 1985-, pidió este martes que las victimas supervivientes que estuvieron en centros vinculados al patronato tengan mayor reconocimiento, reparación de daños e indemnizaciones por haber vivido “violaciones de sus derechos”, así como que se haga un análisis en profundizar sobre la actividad del patronato y la “represión”.
En los centros del Patronato, miles de jóvenes fueron “encarceladas, castigadas y sometidas a abusos por salirse del modelo nacionalcatólico de ‘buena mujer’” y estas representantes buscan avanzar en la “verdad, justicia y reparación”, así como para incorporar una perspectiva de género en las políticas de memoria histórica
Así lo expresaron las representantes del grupo de apoyo a las represaliadas Anna María Miñarro Sánchez, (psicóloga clínica, miembro de la Junta de Valoración del Ayto. de Barcelona para el reconocimiento de personas represaliadas en el tardo-franquismo), y María Forns Roca (superviviente del Patronato franquista), en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, donde comparecieron con con el objetivo de visibilizar las graves vulneraciones de derechos sufridas durante el franquismo en centros de reclusión vinculados al Patronato de Protección a la Mujer, donde miles de jóvenes fueron encarceladas, castigadas y sometidas a abusos por salirse del modelo nacional-católico de «buena mujer», para avanzar en verdad, justicia y reparación, así como para incorporar una perspectiva de género en las políticas de memoria histórica, tal y como se recoge en el orden del día relacionado con su comparecencia conjunta.
Introducción-Presentación | Intervención de María Forns
Durante su intervención, Forns Roca pidió que se modifique la Ley de Memoria Democrática, en su tercer artículo, para que se mencione expresamente como víctimas a las mujeres y niñas que vivieron una privación de libertad, trabajos forzados y tortura en los centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer, para que queden incluidas en el esquema de reparaciones que prevé la ley.
Dijo que esa medida serviría para que tengan derecho a indemnizaciones por el tiempo que estuvieron encerradas en esos centros y tengan garantizado el acceso a los recursos terapéuticos necesarios para recuperarse. Igualmente, esa medicación debería contemplar una ampliación temporal, hasta el año 1985, del plazo de afectación como víctimas de estos centros, con el objetivo de incluir a las que fueron víctimas entre 1978 y la disolución del organismo.
La inclusión explícita como víctimas es una propuesta que Forns Roca considera “imprescindible” como un primer acto de reconocimiento y reparación para estas mujeres, que permitiría romper el “silencio” y su “invisibilización y combatir el desconocimiento general respecto a ese organismo”, así como el “estigma que pesa” sobre las que pasaron por él.
Por otro lado, otra demanda de las representantes de este grupo de apoyo fue la creación de una comisión de investigación “amplia e independiente” sobre la actividad del patronato, la privación de libertad “basada en razones morales, el trato abusivo y las violaciones sistemáticas de derechos” de las mujeres y los impactos de estos hechos sobre las víctimas y en sus entornos.
También, se pidió que este análisis profundice en la responsabilidad de la Iglesia y las congregaciones religiosas y de las empresas para las que trabajaban las mujeres en los centros, como participes de esas “violaciones de derechos”.
Al mismo tiempo, las representantes reclamaron que se establezcan los mecanismos necesarios para que esa posible comisión tenga acceso a la documentación de archivos públicos y privados, tanto los de las congregaciones religiosas colaboradoras como los de las empresas implicadas en estas actividades.
Por último, y como culminación de las actuaciones anteriores, Forns Roca pidió que se celebre acto de reconocimiento y reparación al colectivo de afectadas, “una vez modificado el marco jurídico para incluirlas y teniendo en cuenta la información aportada por los trabajos de la comisión de investigación” que solicitó.
Forns Roca recordó que, hace unos meses, algunas congregaciones religiosas organizaron un acto de reconocimiento y petición de perdón, pero supuso una “revictimización de las supervivientes” porque, entre otras razones, el tono fue de “autojustificación más que de verdadera petición de perdón” y por el veto “impuesto a hablar de determinados temas”.
En definitiva, aseguró que un acto de reconocimiento y reparación “real” debe “visibilizar y desestigmatizar al colectivo” de estas mujeres que estuvieron en los centros del patronato porque es “necesario crear el marco jurídico adecuado y saber qué ocurrió” en ellos realmente.
Intervención representantes de grupos políticos
Por orden de intervención: Esther Gil de Reboleño Lastortres (GSUMAR); Etna Estrems Fayos (GR); María de los Reyes Romero Vilches (GVOX); María Adrio Taracido (GS) y Patricia Rodríguez Calleja (GP)
La petición de Forns ha encontrado el apoyo en el grupo parlamentario de Sumar y de ERC. La parlamentaria de Sumar Esther Gil de Reboleño ha tildado el Patronato como “una de las instituciones más crueles y misóginas del franquismo”, mientras que la parlamentaria republicana Etna Estrems ha recordado que ella misma no sabía nada de la institución hasta que en su pueblo se organizó un visionado del documental ‘Els Buits’, de Mariona Roca, otra de las supervivientes.
Por su lado, la diputada socialista María Adrio ha considerado innecesario el cambio legal y la ampliación del ámbito temporal de la ley de Memoria hasta 1985 (año en que se clausuró oficialmente el Patronato) ya que, ha aducido, la norma ya contempla actuaciones de reparación específicas para las mujeres reprimidas durante la dictadura por ser mujeres. Además, ha agregado, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya prepara un gran acto de reparación a las supervivientes del Patronato.
En su línea negacionista de la memoria histórica, la diputada de Vox Reyes Romero ha acusado a las supervivientes del Patronato de “denunciar a toro pasado después de tantos años”. La diputada del PP Patricia Rodríguez Calleja ha pedido reconocer “todas las vulneraciones de derechos humanos sin sesgos ideológicos” y ha aprovechado su turno de palabra para felicitar a la opositora venezolana María Corinna Machado, “una mujer comprometida”.
Intervención de Anna María Miñarro Sánchez,
Se cerraría esta sesión de la Comisión de Igualdad con la intervención de Anna María Miñarro Sánchez, representante también del Grupo de Apoyo a represaliadas del Patronato de Protección a la Mujer.
Anna María Miñarro, ha señalado que «muchísimas» mujeres se suicidaron «porque no tenían la fuerza de carácter suficiente para aguantar tanta indignidad», tras diagnósticos «interesados» en el Patronato. A juicio de Miñarro, la Iglesia y la institución médica «no sólo deben pedir perdón por lo que hicieron, sino también por la impunidad con la que durante tantos años han vivido».
