Antonio Manuel Rodríguez, portavoz Coordinadora Recuperando: ‘Hay unos 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde época franquista’. Quedarían por revisar a fondo otros 34 mil bienes que la Iglesia registró a su nombre desde 1998 sin demostrar su propiedad y más de 100 mil desde 1946.
Fuente: Tercera información, 28 de enero de 2022
La coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de organizaciones ciudadanas, ha tachado de «escandaloso» el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia sobre los bienes inmatriculados y ha reclamado que se declare la «nulidad» de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.
«El Gobierno incumple así su compromiso programático, expresado solemnemente en el Congreso de los Diputados por el presidente Sánchez en su investidura, cuando anunció que promovería una reforma legislativa para ‘revertir las inmatriculaciones’ practicadas por la Iglesia católica, por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional», ha denunciado la coordinadora.
A su juicio, «lejos de cumplir su promesa electoral», el Gobierno ha negociado «en la más absoluta opacidad» con los obispos la «salida en falso» de «un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad».
Por ello, Recuperando pide «declarar la nulidad de todas las inscripciones episcopales por inconstitucionalidad manifiesta sobrevenida». Y si después la Iglesia dispone de documento acreditativo de propiedad, propone que se someta al mecanismo de inscripción registral «en las mismas condiciones jurídicas que cualquier ciudadano».
No son 35 mil, sino más de cien mil. Y no desde la reforma de Aznar que privatizó los templos de culto, sino desde que Franco le concedió a la Iglesia el privilegio de inscribir propiedades sin aportar prueba alguna. Sin duda, el mayor escándalo inmobiliario de la historia. https://t.co/L1nZgAg8x4
— Antonio Manuel ۞ (@antoniomanuel__) January 26, 2022
De forma paralela, reclama una reforma legislativa de la Ley de Patrimonio Histórico «para identificar, sin ningún género de duda, qué bienes del legado cultural tienen la consideración de dominio público y deberían, por tanto, ser protegidos de manera especial y salir fuera del tráfico mercantil».
Esto es, según precisa, lo que sucede en países como Francia y Portugal, «cuyo tesoro monumental de carácter religioso pertenece al Estado, aunque se mantiene su uso litúrgico sin restricción alguna».
Recuperando también lamenta la «exclusión» en las negociaciones de todas las asociaciones patrimonialistas que, desde hace 15 años, trabajan para la recuperación del patrimonio inmatriculado indebidamente por la Iglesia.
Por su parte, el portavoz de la plataforma ciudadana ‘Mezquita-Catedral de Córdoba: Patrimonio de Tod@s’, Miguel Santiago, afirma que es muy significativo que la Iglesia haya reconocido que ha inmatriculado indebidamente un millar de bienes en España, pero, a la vez, recalca, que «es un disparate que la Mezquita-Catedral de Córdoba se encuentre fuera de esta restitución de la inmatriculación». Recuerda que la Mezquita de Córdoba es un bien singular, con más de 1.200 años y que la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad, de manera que pertenece, como dominio público, al pueblo de Córdoba.
