La Coordinadora RECUPERANDO insta al Gobierno a cumplir la PNL de 2017 sobre bienes inmatriculados. Pide a Pedro Sánchez una solución de Estado al expolio de los bienes inmatriculados
Imagen base, Religión Digital ____________________
El 30 de noviembre de 2025, la Coordinadora estatal RECUPERANDO ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su preocupación por la apropiación masiva de bienes comunales y de dominio público inmatriculados por la Iglesia católica, y para reclamar una respuesta de Estado a este problema.
El escrito parte de los últimos avances en Navarra, donde una investigación impulsada por el Gobierno foral, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ha dejado claro que la Iglesia ha inscrito a su nombre un número muy significativo de bienes de naturaleza comunal y pública.
RECUPERANDO subraya que no se trata de casos aislados, sino del resultado de un mecanismo legal e inconstitucional —la certificación eclesiástica— que durante décadas permitió registrar bienes sin título escrito y sin control imparcial.
Una investigación impulsada por el Gobierno foral y la Federación Municipios y Concejos ha realizado un primer análisis de los bienes inmatriculados y ha detectado 79 que son “susceptibles” de reclamar su titularidad pública
Reunión informativa celebrada este pasado miércoles en la sede de la MCP para dar a conocer a las entidades los resultados del trabajo | Captura de pantalla __________________
El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar 21 bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1900 y 2021. Se trata de casos en los que se ha podido acreditar su titularidad pública tras haber recabado pruebas en los archivos municipales. La idea inicial del Ejecutivo era buscar un acuerdo con la Iglesia para que los devolviera sin necesidad de acudir a los tribunales, pero hace unos meses el arzobispo de Pamplona, Lorenzo Roselló, declaró que solo los devolvería si un juez así lo dictaminaba.
Estos son solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021, el más detallado realizado hasta la fecha en España, y serán los primeros que la Administración navarra tratará de recuperar. “No vamos a esperar a tener toda la información disponible para plantear una demanda, sino que tenemos que valorar a partir de ahora aquellos elementos que nos permitan plantear una demanda en el corto plazo, independientemente de que sigamos avanzando a través del convenio y de los convenios que podamos reeditar en el futuro”, ha explicado el consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi.
Se desestima la demanda de la Hermandad de Ánimas, que decía estar en propiedad de tres inmuebles inmatriculados por la Iglesia y construidos por los feligreses
A la derecha, parroquia de las Nieves de Topares; a la izquierda, los locales de la polémica | Google Maps ______________________
En enero del año 2022, un pequeño rincón de la provincia de Almería se convertía en un polvorín por una disputa con el Obispado: un grupo de habitantes de Topares, pedanía perteneciente a Vélez-Blanco, peleaba contra la Diócesis de Almería por la propiedad de unos locales situados junto a la parroquia de Nuestra Señora de las Nievescuyo alquiler gestionaba (y cobraba) la Hermandad de Ánimas de Topares, presidida por Alfonso Serrano.
Esta situación motivó concentraciones y protestas por parte de vecinos de esta pequeña pedanía perteneciente a Vélez-Blanco, que se resistían a dejar en manos que no fueran las propias unas dependencias que, según defendían, habían sido levantadas con aportaciones de los feligreses. La ruptura de relaciones llegó a tal punto que numerosos vecinos dejaron de ir a misa en su propia parroquia. No querían relacionarse con el entonces párroco, Miguel Joaquín Martín Romero, a quien señalaban como responsable de una situación que, finalmente, acabó en demanda. La Hermandad de Ánimas de Topares denunció al Obispado de Almería.
El TSJA respalda el registro de unos terrenos de Hornachuelos a favor de su legítima propietaria, una empresa ganadera, después de que el Tribunal Supremo fallara que la entidad religiosa nunca pudo probar su titularidad
Vista aérea de Hornachuelos | Madero Cubero ___________________
Alejandra Luque, Cordópolis, 10 de septiembre de 2025
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha puesto fin al último intento del Obispado de Córdoba en su pugna por una finca de Hornachuelos al desestimar el recurso que había presentado contra la inscripción catastral a favor de la ganadería titular de los terrenos. Según la sentencia la que ha accedido este medio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera ajustada a derecho la alteración catastral aprobada por la Gerencia del Catastro de Córdoba y rechaza los argumentos del Obispado, que ya había perdido en los tribunales la titularidad de los terrenos.
El conflicto tiene más de una década de recorrido. En 2006, la empresa ganadera compró la finca en cuestión, que se encuentra en el término municipal de Hornachuelos. En 2018, el Obispado de Córdoba reclamó como suya una porción de esos terrenos e inició un procedimiento judicial para que se le reconociera la propiedad.
El Cabildo se apropió de la Mezquita de Córdoba en 2006 aprovechando un privilegio franquista que equiparaba a la Iglesia católica con la Administración y a los obispos con notarios
La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo junto a representantes del Cabildo en la Mezquita de Córdoba ________________
Desgraciadamente, no es la primera vez que arde la Mezquita de Córdoba. En mayo de 1910, un rayo provocó un incendio en el crucero de la Catedral, el corazón católico del monumento. Un guarda municipal fue el primero en subir al tejado y avisar a los bomberos. Después acudieron los concejales, los directores del Museo Provincial y de la Escuela de Artes, el arquitecto municipal y el gobernador civil. El alcalde coordinaba el operativo. Todos estuvieron presentes en la tragedia menos el obispo.
Un diario católico justificó su ausencia porque el asunto “no es incumbencia del clero”. A preguntas del redactor del Diario Córdoba, que tuvo que desplazarse al Palacio Episcopal para entrevistarlo, el obispo manifestó “que siempre ha sido partidario de que se adoptaran en nuestra Mezquita las medidas preventivas de los pararrayos, como los tiene el Palacio Episcopal y el Seminario, que son de su incumbencia, pero él no podía hacer nada en ese sentido referente a la Catedral, que era de incumbencia del Estado”. Así pues, quede claro desde ya que a comienzos del siglo XX el obispo de Córdoba reconocía públicamente que la Mezquita no era suya, y denunciaba al Gobierno como el único responsable de lo ocurrido al atribuirle la titularidad y la competencia exclusiva sobre la gestión del monumento.
El cementerio de Barbate ha sido explotado económicamente por la iglesia durante décadas. El Ayuntamiento había cedido hace un siglo su gestión a la parroquia de San Paulino y el obispo de Cádiz, Rafael Zorzona, lo inscribió a su nombre en 1983 gracias a un privilegio franquista inconstitucional[1]
Algunas de las pintadas de protesta junto a la entrada del cementerio. El descontento de los usuarios por el incremento de precios en los servicios, los cierres en festivos o fines de semana y el deficiente mantenimiento provocaron manifestaciones y protestas en 2024 / Juan Carlos Toro ________________
En agosto del año 2023, el Obispado de Cádiz que aún preside de forma interina Rafael Zornoza, se hizo con el control del cementerio de Barbate en lugar de la parroquia local de San Paulino que lo había ejercido siempre.
Cuando habían transcurrido varias semanas de ese cambio que parecía ser un mero ajuste administrativo, un acuerdo entre instituciones, comenzó a crecer un notable malestar entre los usuarios, entre los familiares de los finados que realizaban visitas frecuentes o los que se veían obligados a enterrar a un pariente.
Subida de precios de todos los servicios, cambios de horario con cierres inesperados en festivos y fines de semana, falta de mantenimiento, choques con el minúsculo equipo de trabajadores… Los conflictos se acumularon durante meses hasta que llegó la catarsis.
Pintadas de tono agresivo en los muros blancos y gritos de protesta en el silencio del cementerio fueron el siguiente paso. Hasta que llegó una pequeña pero insólita manifestación.
Un centenar de vecinos se reunió el lunes 2 de septiembre de 2024 frente al Ayuntamiento de Barbate con carteles, eslóganes ensayados, gritos y megáfono. Una protesta en toda regla, como Dios manda.
Algunos de los que se concentraban hablaban de subidas del 300% en la venta de nichos y otros servicios esenciales. Los problemas de iluminación o los bruscos cierres en jornadas propicias para la visita eran otros de los reproches.
El incremento de precio de nichos y mantenimiento era uno de los motivos de queja / Juan Carlos Toro ________________
El alcalde andalucista, Miguel Molina[2], se vio obligado a sentarse con el Obispado para transmitir el enfado creciente y abrir una negociación que ha culminado ocho meses después. El camposanto pasa a ser gestionado por la administración municipal.
El malestar era tanto que el cambio de propiedad recibe un apoyo plenario unánime de AxSí, Partido Popular y PSOE
La sesión plenaria del pasado miércoles 4 de junio daba un respaldo unánime (AxSí, PSOE y PP) al convenio «de cesión gratuita» mediante el cual el Ayuntamiento asume la «titularidad plena del cementerio municipal, así como su gestión y explotación económica».
Cesión gratuita de todos los derechos
El acuerdo contempla «la cesión gratuita de todos los derechos» que pudieran corresponder tanto a la Diócesis como a la parroquia barbateña de San Paulino» responsable hasta 2023 sobre la finca donde se ubica el cementerio actual.
También se incluye la entrega al Ayuntamiento de «la posesión de la finca de dominio público en la que se realizó la ampliación del antiguo cementerio, así como la cesión de la totalidad de los bienes, instalaciones y documentos de gestión asociados».
«Este convenio supone que el cementerio queda integrado en el patrimonio municipal, como servicio público esencial al que se vincularán todos los derechos y deberes derivados de su administración», concluye el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, aliviado tras meses de protestas: «El acuerdo garantiza una gestión directa, eficiente y adecuada»
Como parte del proceso, se procede a la subrogación del personal laboral[3]que actualmente presta servicio en el cementerio, garantizando así los derechos de los trabajadores.
Una vez formalizado el convenio en escritura pública, se inscribirá en el Registro de la Propiedad y en el Inventario Municipal de Bienes. Asimismo, se informará al Departamento de Urbanismo para su inclusión en el planeamiento del municipio.
Desde el Ayuntamiento «se valora muy positivamente este acuerdo, que resuelve la situación de la titularidad del camposanto local y garantiza una gestión directa, eficiente y adecuada a las necesidades de la ciudadanía, cumpliéndose el compromiso adoptado por el equipo de gobierno con la ciudadanía».
Texto: Barbate incorpora oficialmente el cementerio a su patrimonio municipal.
Formalizada la cesión del cementerio de Barbate al Ayuntamiento por parte del Obispado de Cádiz
El Ayuntamiento de Barbate ha firmado el lunes 7 de julio en Notaría la cesión gratuita del Cementerio Municipal, consolidando así la titularidad plena del mismo por parte del Consistorio. Un acto histórico que marca un antes y un después en la gestión de este servicio público esencial para la ciudadanía.
La firma formaliza el acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno municipal celebrado el pasado 4 de junio, en el que todos los grupos políticos respaldaron el borrador del convenio de cesión gratuita entre el Ayuntamiento de Barbate, la Diócesis de Cádiz-Ceuta y la Parroquia de San Paulino. ______________________
[1] Un pueblo gaditano descubre que la Iglesia se ha apropiado del monte público sobre el que se construyó su cementerio (2023) El Ayuntamiento de Barbate cedió hace un siglo la gestión del camposanto a la parroquia de San Paulino y el obispo de Cádiz lo inscribió a su nombre en 1983 gracias a un privilegio franquista inconstitucional. […] Lo llamativo es que el registrador de la propiedad hubiera admitido en 1983 la inscripción de la necrópolis a nombre de la Iglesia católica cuando la finca era de naturaleza pública y la titularidad recaía en los ayuntamientos de Barbate y Vejer de la Frontera…
[3] Pedro Álvarez, el barbateño que ha vencido al Obispado en su lucha por la dignidad del cementerio (2025) [Citado en el vídeo del Ayuntamiento entre los trabajadores que continuarán en el cementerio municipal] Pedro Álvarez fue apartado del camposanto de Barbate, -después de la entrada directa de la Diócesis en su gestión en agosto de 2023-, donde llevaba trabajando 20 años, y logra ahora que la Inspección de Trabajo reconozca el acoso sufrido bajo la gestión eclesiástica.
Los vecinos de Monterde, en Zaragoza, mantienen una disputa con el alcalde de la localidad debido a las casi 200 inmatriculaciones “ilegales” que este ha realizado en parcelas de habitantes del municipio. Las inmatriculaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tal y como descubrieron los afectados en 2023 tras el fallecimiento de una vecina. Unos años antes, en 2020, se solicitó al Departamento de Medioambiente que emitiera informe acerca de la solicitud del Ayuntamiento de Monterde de inmatricular a su favor 185 parcelas catastrales rústicas, y cuatro parcelas catastrales urbanas.
Ahora el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha confirmado que se opuso expresamente a la inscripción por parte del Ayuntamiento de Monterde de parcelas ajenas a los Montes de Utilidad Pública (MUP) del municipio, y asegura que, a día de hoy, no consta que el consistorio haya remitido la documentación acreditativa de las inmatriculaciones realizadas, tal y como se le requirió en marzo de 2021 por parte del entonces Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (hoy, de Medio Ambiente y Turismo) de Zaragoza.
El concejal, Rubens Ascanio, señala como «escándalo» si se confirma que la plaza mencionada es del Obispado mientras que el ayuntamiento sigue realizando servicios públicos de mantenimiento
El concejal de Unidas se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, frente a la plaza anexa de la iglesia de La Concepción / Cedida ____________________
El concejal y coportavoz de Unidas se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, ha informado de la petición de aclaraciones ante lo sucedido en la última Noche en Blanco, cuando el Obispado ordenó la retirada de carpas destinadas a actividades infantiles de la plaza elevada ubicada entre Doctor Olivera y el templo de La Concepción, alegando la propiedad de esta.
Así lo hará en el próximo Pleno ordinario, para el que ha registrado la pregunta a raíz de las quejas publicada en las redes sociales por los hechos.
No es la primera vez que Ascanio lleva una cuestión al pleno[1]por la plaza de la Concepción, aunque sí lo es por esta plaza elevada a pie de los muros de la histórica iglesia lagunera.
El Ayuntamiento de Xàtiva realizó numerosas obras de acondicionamiento en el entorno de la ermita de Sant Josep y le compró al clero local en 1986 parte de los terrenos que ahora son del Arzobispado de Valencia
Obras del ayuntamiento en 1981 sobre la terraza ahora alquilada a un restaurante __________________
Según avanzan las pesquisas sobre la inmatriculación de 8.000 metros cuadrados de suelo en los alrededores de la ermita de Sant Josep de Xàtiva por parte de la Iglesia católica más en evidencia queda que la operación fue un robo a los ciudadanos de la capital de la Costera. Según la fotos históricas a las que ha tenido acceso elDiario.es, el Ayuntamiento de Xàtiva realizó constantes obras de mantenimiento y acondicionamiento de la zona que ahora se alquila a un restaurante y por la que la Seu -Iglesia local- cobra un alquiler. Además, en 1986, el municipio compró a la Seu parte de los terrenos para poder realizar unas catas arqueológicas, puesto que en esa zona se encuentra la muralla romana. En 2004, el exbad de Xàtiva Arturo Climent Bonafé se apropió de todos los terrenos gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar.
La primeras obras de acondicionamiento de la zona ahora propiedad de la Iglesia fueron en 1980 y las realizó el ayuntamiento con una subvención de 90.000 pesetas del Gobierno Civil. Un año después y ante el gran uso que se daba a la ermita de Sant Josep, el consistorio consideró hacer obras de pavimentación y arreglo de los muros de contención. En el 1982, el ayuntamiento llegó pagar hasta la restauración de la cruz gremial de Sant Josep que preside la zona y que realizó una empresa especializada.
El alcalde del municipio, Roger Cerdà, intentará negociar con el Arzobispado y la iglesia local “dentro de las buenas relaciones que mantenemos” para evitar llegar a los tribunales
El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en una reunión de trabajo / Ajuntament de Xàtiva ___________________________
Sergi Pitartch, El Diario, 23 de septiembre de 2024
El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para demandar a la Iglesia y recuperar los 8.000 metros cuadrados de suelo público en los alrededores de la ermita de Sant Josep y el conocido mirador Bellveret. Según han confirmado fuentes del Consistorio a elDiario.es, la intención es llegar a un acuerdo “amistoso” con la iglesia local y el Arzobispado “dentro de las buenas relaciones que mantenemos”, aunque se ha activado el protocolo para empezar a redactar la demanda de rescate del suelo, que también ocupa viales públicos. Se considera que la actuación del abad de Xàtiva en 2004, Arturo Climent Bonafé, no fue acorde a la legalidad y los terrenos eran del pueblo y no de la congregación.
Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, en el año 2004 el exabad de Xàtiva puso a nombre del Arzobispado los terrenos públicos aprovechando un privilegio que proviene del franquismo y que equiparaba a la Iglesia católica con la administración, y a los obispos con notarios. Una ley del Gobierno de José María Aznar validó esta prerrogativa en democracia. Gracias a esa usurpación de la propiedad del suelo, la iglesia ha tenido más fácil comercializar un local anejo a la ermita de Sant Josep que ahora es un gran restaurante. Parte de la terraza del mismo ocupa ahora suelo que debería ser público, pero que alquila la Seu de Xàtiva. Una importante fuente de ingresos para la iglesia local.
Posted by asturiaslaica 
