___________________
_______________
Marcha Republicana de Asturias (MRA), Facebook, 18 de febrero de 2021
En la entrada del Colegio de la Inmaculada en Gijón, continúa el monumento dedicado a los llamados “Héroes del Simancas”, en referencia a los sublevados que participaron en el levantamiento militar de 1936 contra la Segunda República. Para algunos, se trata de un vestigio histórico; para muchos otros, representa la exaltación de quienes protagonizaron el golpe que dió paso a una dictadura de casi cuarenta años bajo el régimen de Franco.
La polémica no es nueva. Movimientos memorialistas, Asociaciones republicanas y Colectivos ciudadanos llevan años solicitando su retirada, apelando no solo a la sensibilidad democrática, sino también al cumplimiento de la legislación vigente, como la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, que instan a eliminar símbolos que supongan exaltación del golpe militar o de la dictadura.
No es borrar la historia, es resignificarla.
Uno de los argumentos más repetidos contra la retirada es que hacerlo supondría “borrar la historia”. Nada más lejos de la realidad. La historia no desaparece cuando se retira un monumento; al contrario, se estudia, se contextualiza y se explica con mayor rigor cuando se libera de la función de homenaje.
El golpe de 1936 no fue un episodio neutral. Supuso el inicio de una guerra civil y de una represión sistemática que dejó miles de víctimas, muchas de ellas aún hoy en fosas comunes. En Asturias, y especialmente en Gijón, la memoria de aquellos hechos sigue viva en familias que continúan buscando a sus desaparecidos. Mantener un monumento que glorifica a uno de los bandos responsables de la quiebra del orden constitucional no puede considerarse un gesto inocuo ni meramente patrimonial.
Democracia y símbolos: una cuestión de coherencia.
España se define constitucionalmente como un Estado social y democrático de derecho. En una democracia consolidada, los espacios públicos deben ser lugares de encuentro, no de confrontación ni de agravio permanente para parte de la ciudadanía.
En pleno siglo XXI, mantener símbolos que ensalzan el franquismo resulta incoherente con los valores democráticos que defendemos. No se trata de una cuestión de izquierdas o derechas, sino de respeto institucional y de dignidad colectiva. La retirada de otros monumentos similares en distintas ciudades españolas demuestra que es posible abordar estos procesos desde la legalidad y el consenso.
El componente político y la responsabilidad institucional.
La discrepancia entre el Ayuntamiento de Gijón -gobernado por Foro, PP y Vox- y el Gobierno del Principado de Asturias evidencia que el debate tiene una dimensión política evidente. Sin embargo, convertir la memoria en un campo de batalla partidista solo prolonga el conflicto.
Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de situarse por encima de la confrontación ideológica y actuar conforme a la ley y al interés general. Y el interés general no puede ignorar el dolor de miles de ciudadanos/as ni la obligación de cumplir la normativa estatal en materia de memoria democrática.
Propuestas para una solución constructiva.
Lejos de plantear una retirada abrupta o simbólicamente destructiva, existen vías que pueden combinar respeto histórico y sensibilidad democrática:
– Retirada del espacio público y traslado a un museo
El monumento podría ser retirado de su ubicación actual y trasladado a un espacio museístico donde sea contextualizado históricamente, explicando el golpe de 1936 y sus consecuencias.
– Creación de un espacio de memoria inclusivo.
En su lugar podría erigirse un memorial dedicado a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en Asturias.
– Comisión técnica independiente
Constituir una comisión formada por historiadores, juristas y representantes de asociaciones memorialistas que evalúe la situación conforme a la legislación vigente y emita un dictamen público.
– Proceso participativo ciudadano
Abrir un proceso de consulta o foros de debate donde la ciudadanía de Gijón pueda expresar su opinión, fomentando la pedagogía democrática y el diálogo social.
– Programas educativos específicos
Aprovechar la controversia para impulsar iniciativas educativas en centros escolares sobre memoria democrática, derechos humanos y cultura de paz.
Una oportunidad para fortalecer la democracia.
La retirada del monumento no sería un acto de revancha ni de imposición ideológica. Sería, más bien, una afirmación de principios: que en democracia no se homenajea a quienes la destruyeron; que la memoria de las víctimas merece respeto; y que el espacio público debe reflejar los valores constitucionales actuales.
Gijón tiene la oportunidad de convertir una controversia en un ejercicio ejemplar de madurez democrática. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender de él. Y aprender implica también reconocer que algunos símbolos ya no representan a una sociedad que quiere avanzar, convivir y cerrar heridas desde la verdad y la justicia y la reparación.
Porque la memoria no es un obstáculo para la democracia: es uno de sus pilares fundamentales
