Porque hay memorias que se protegen y memorias que se entierran
_____________
Juan Cigarría, La Nueva España, 8 de mayo de 2026
Durante casi setenta años, el monumento del Simancas ha seguido ahí. Visible, intocable, presidiendo una de las fachadas del Colegio de la Inmaculada de Gijón como si formara parte natural del paisaje. Como si aquella cruz de piedra y aquella inscripción dedicada a los “caídos por Dios y por la Patria” no fueran una exaltación explícita del golpe militar de 1936 y de quienes instauraron después cuarenta años de dictadura. Eso es, precisamente, lo más revelador del Simancas, no solo lo que representa, sino el tiempo que ha conseguido sobrevivir.
Porque no estamos hablando de una ruina olvidada ni de un vestigio perdido en un almacén. Hablamos de un monumento levantado en pleno franquismo, inaugurado en 1958 con autoridades de la dictadura y concebido para glorificar a los sublevados atrincherados en el antiguo cuartel de Simancas durante la guerra. Propaganda política convertida en piedra. Un relato construido por los vencedores para imponer su memoria sobre todas las demás. Y, sin embargo, ahí ha seguido durante décadas.
Han pasado casi cincuenta años desde la muerte de Franco. Han pasado años desde la aprobación de leyes de memoria democrática que obligan a retirar símbolos de exaltación franquista. Han pasado gobiernos de todos los colores prometiendo reparación, justicia y verdad para las víctimas. Pero el Simancas sigue en pie. No por casualidad, no por descuido, sino porque siempre hubo una razón para no tocarlo.
Que si su valor artístico, que si la protección urbanística, que si era mejor “resignificar” que retirar, que si había que evitar conflictos. Siempre aparece una excusa distinta para llegar al mismo lugar, mantener intacto un símbolo levantado para homenajear a los golpistas. Y eso también dice mucho sobre cómo funciona el poder en este país.
Porque hay memorias que se protegen y memorias que se entierran. Hay víctimas que reciben homenajes institucionales y otras que siguen en las cunetas. Hay símbolos que desaparecen porque incomodan al poder y otros que sobreviven durante décadas porque forman parte de la herencia política y social de quienes han seguido mandando. Por eso la resolución de la Administración asturiana conocida estos días cambia tanto las cosas. Porque, por primera vez en esta legislatura, el Principado ordena retirar un símbolo franquista. Y lo hace además desmontando una por una las justificaciones utilizadas durante años para mantenerlo. La resolución es clara, el monumento constituye exaltación franquista, no existen razones artísticas o arquitectónicas para conservarlo y su significado no puede neutralizarse con placas ni reinterpretaciones.
Durante demasiado tiempo se ha intentado convertir el debate sobre el Simancas en una discusión abstracta, casi académica, como si estuviéramos hablando de patrimonio neutral o de sensibilidades enfrentadas. Pero el problema nunca fue ese. El problema es mucho más simple. ¿Debe seguir ocupando el espacio público un monumento levantado por la dictadura para glorificar a quienes destruyeron la legalidad republicana? Esa es la pregunta real y durante años la respuesta institucional fue mirar hacia otro lado. Ahora ya no es posible esconderse detrás de la ambigüedad. Hay una resolución y hay un plazo de retirada con una advertencia clara, si no se cumple, la administración podrá actuar de forma subsidiaria.
Por eso el conflicto ya gira alrededor del significado del monumento y no alrededor de su protección. Porque cuando la ley deja de ser retórica y empieza a exigir consecuencias concretas, aparece la verdadera posición de cada cual. Ahí terminan los discursos grandilocuentes sobre memoria histórica y empiezan las decisiones reales. Y es entonces cuando vuelven a aparecer las resistencias de siempre. Otra vez el lenguaje técnico, otra vez los obstáculos administrativos, otra vez las llamadas a la prudencia y al consenso. Como si retirar un monumento franquista fuera una medida extrema y no el mínimo democrático exigible después de décadas de impunidad.
Pero el Simancas nunca ha sido solo una piedra en una fachada. Los símbolos cumplen una función política. Señalan qué memoria merece ocupar el espacio público y cuál debe permanecer enterrada. Determinan quién aparece como héroe y quién desaparece de la historia. Por eso el franquismo llenó plazas, iglesias, edificios y calles de monumentos, placas y homenajes. No era decoración, Era poder y era la forma de dejar claro quién había vencido y quién debía bajar la cabeza. Porque el franquismo no fue solamente una dictadura militar, fue también un proyecto de clase. Una reorganización violenta de la sociedad para aplastar al movimiento obrero, destruir las organizaciones populares y garantizar el dominio económico y político de las élites que habían apoyado el golpe. Y muchos de esos poderes nunca desaparecieron, cambiaron de lenguaje, se adaptaron a nuevas instituciones, aprendieron a hablar de democracia mientras conservaban intactas enormes cuotas de poder económico, mediático y social. Y es por eso por lo que cuesta tanto retirar determinados símbolos. Porque no representan únicamente el pasado, representan una continuidad.
El Simancas ha permanecido en pie porque existía una voluntad política, a veces explícita, otras disfrazada de neutralidad institucional, de conservarlo. Porque en España el franquismo nunca fue derrotado políticamente; simplemente se administró su herencia. Por eso este debate no es estético y ni siquiera es únicamente memorialístico, es un conflicto político y de clase. Es la disputa entre quienes consideran que la democracia puede convivir sin problemas con homenajes públicos a los golpistas y quienes entienden que no puede construirse una memoria democrática sobre la base de la impunidad.
Y esta impunidad del franquismo no es abstracta, sino que tiene nombres, instituciones y decisiones concretas. Se sostiene cuando se retrasan procedimientos, cuando se buscan excusas legales para no actuar o cuando se presentan como “equilibrio” posiciones que, en la práctica, solo sirven para mantener intactos los símbolos del franquismo. Por eso resulta tan revelador escuchar de nuevo propuestas de “resignificación”. Porque a estas alturas ya no se trata de buscar soluciones intermedias. La propia resolución deja claro que el significado del monumento no puede neutralizarse. Insistir ahora en mantenerlo con una placa explicativa no es una posición moderada, es defender su permanencia. Y ahí está el fondo de la cuestión.
La lucha por retirar el Simancas nunca ha sido únicamente una disputa local sobre una fachada en Gijón. Es una pelea mucho más amplia contra la normalización del franquismo y contra la idea de que determinados poderes pueden quedar siempre al margen de cualquier revisión histórica real. Porque toda sociedad decide qué honra públicamente y qué decide retirar. Y hoy esa decisión es clara, o se retira el Simancas o se protege, una vez más, la impunidad del franquismo. No hay término medio.
Juan Cigarría es secretario de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR)
