Recuperando lamenta la suspensión de la nueva Ley de Patrimonio

noviembre 9, 2021

El ministro Miquel Iceta paró la norma y el colectivo patrimonialista propone un título específico sobre monumentos religiosos, que impida su privatización y los proteja como bienes de dominio público

Concentración en Zaragoza / Foto Recuperando

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AraInfo, 9 de noviembre de 2021

La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 30 colectivos ciudadanos, lamenta la brusca suspensión de la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, impulsada por el anterior ministro de Cultura y bloqueada por Miquel Iceta tras su toma de posesión.

Recuperando considera que urge modificar la ya obsoleta norma de 1985 para desarrollar nuevos instrumentos de protección del inmenso legado cultural, gravemente amenazado tras la privatización masiva perpetrada en virtud de las inmatriculaciones eclesiásticas.

Los colectivos patrimonialistas creen que el anteproyecto ahora paralizado introducía algunos “elementos positivos” en interés de una mejor conservación del patrimonio histórico, pero, sobre todo, abría la puerta a un debate participado, que ya había concitado un aluvión de alegaciones y propuestas por parte de numerosas asociaciones ciudadanas, algunas de ellas integradas en Recuperando.

El texto contemplaba, por ejemplo, la creación de una nueva figura de protección para los Bienes de Interés Mundial (BIM), declarados por la Unesco, lo que permitiría un mayor control por parte del Gobierno español y la implantación de un patronato como órgano de gestión plural, que permitiría la corresponsabilidad de municipios, territorios, universidades y colectivos ciudadanos. También incluía como novedad la prohibición expresa a la Iglesia de enajenar bienes de interés cultural a terceros y limitar su transmisión únicamente al Estado.

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Iceta entierra la Ley de Patrimonio tras las quejas por invasión de competencias de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía

octubre 14, 2021

La figura del Bien Mundial, bandera del anterior ministro de Cultura, fue el veneno que hizo fracasar la reforma, acompañada de la falta de consulta ciudadana

Vista de la fachada del Salón Rico del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba / EFE/ Rafa Alcaide

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Fuentes. Alfonso Alba, El Diario / Peio H. Riaño, El Diario,

La Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), vigente desde 1985, está obsoleta. Ha resistido el paso del tiempo, ha esquivado intervenciones y nadie se ha interesado demasiado por la norma que regula la protección del legado histórico y artístico del país. No previene ni combate ni sanciona con eficacia las prácticas de expolio, no reconoce la consideración de nuevos patrimonios como el cinematográfico, el paisajístico, el industrial o el subacuático. Las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes sin seguir un patrón y, además, se mantiene la segregación de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, que en 2015 aprobó el PP para proteger la tauromaquia, sin el consenso del resto de grupos políticos. Es decir, la Ley de Patrimonio se ha convertido en un desaguisado que nadie atiende.

Había que adecentar la norma para hacerla competente en la actualidad y había que hacerlo de manera urgente. El primer anuncio de los trabajos se hizo en 2018, con José Guirao al frente de la cartera de Cultura; el testigo lo recogió José Manuel Rodríguez Uribes y en ambos equipos hubo un muñidor que fue fraguándola en el silencio de su despacho, el secretario general de Cultura, Javier García Fernández. La primera reforma de la anciana ley se aprobó como anteproyecto a finales de junio. Dos semanas más tarde Uribes y su equipo fueron despedidos por el presidente Pedro Sánchez. Hace unos días Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deportes, anunció en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que retiraba el anteproyecto porque «había nacido muerto».

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Cultura renuncia ahora a la Ley de Patrimonio que afecta a la Mezquita-Catedral de Córdoba

octubre 8, 2021

El ministro Miquel Iceta tumba el intento de su antecesor para controlar los bienes Unesco

Visitantes en el interior de la Mezquita

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Javier Macías, ABC, 8 de octubre de 2021

Es una ley que nace muerta». Así, con estas palabras, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, enterraba hace unos días el anteproyecto de la Ley del Patrimonio que presentó su antecesor en el cargo, José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo contenido adelantó ABC y que suponía una intromisión en las competencias que tienen los titulares de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, como es el caso de la Mezquita-Catedral. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se opuso a la «invasión competencial» que suponía este anteproyecto con el que el Gobierno de Sánchez pretendía apropiarse de la administración de los principales monumentos.

El boceto de la futura Ley del Patrimonio, que venía a sustituir a la que está vigente desde 1985, incluía un apartado que, de haberse aprobado, hubiera permitido al Ejecutivo central intervenir en los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, que mediante real decreto podrían ser declarados Bienes de Interés Mundial (BIM), una categoría superior a la de Bien de Interés Cultural que compete a las comunidades autónomas. Además, obligaría a sus propietarios a crear un patronato liderado por el Ministerio, de manera que se apropiaría de la gestión de monumentos de titularidad autonómica, municipal o privada.

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Inmatriculaciones: ¿y ahora qué?

septiembre 8, 2021

La bandera, la de las organizaciones patrimonialistas, sigue en pie: nulidad de las inmatriculaciones y blindaje de todos los bienes culturales de dominio público.

Aristóteles Moreno, Éxodo, 8 de septiembre de 2021

La espinosa cuestión de las inmatriculaciones eclesiásticas ha registrado este primer semestre de 2021 dos hechos decisivos. El primero representa un éxito del movimiento ciudadano que lleva más de una década luchando por su nulidad. Nos referimos a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Con casi tres años de retraso, el gobierno de Sánchez entregó en febrero pasado al Congreso de los Diputados un catálogo incompleto y parcial. Solo incluía los inmuebles inscritos por los obispos entre 1998 y 2015, y aportaba de ellos una información claramente deficiente, que impedía de facto su correcta identificación.

La mera publicación, no obstante, ya es una victoria sin paliativos del creciente movimiento patrimonialista que suma a día de hoy casi 30 colectivos de toda España. El segundo hecho decisivo venía cosido a la misma publicación del inventario. En el preámbulo, un informe jurídico del gobierno admitía que las inscripciones episcopales adolecían de una más que probable inconstitucionalidad, toda vez que equiparaban a la Iglesia con el Estado y a los obispos con fedatarios públicos. Y, sin embargo, no anunciaba medidas de carácter legislativo ni legal para tratar de cancelar las inmatriculaciones.

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Ley de Patrimonio, en Domingos Laicos (Podcast)

septiembre 5, 2021

Domingos Laicos, 5 de septiembre de 2021

Domingos Laicos de Paradigma Radio, es un programa, como sabemos, en el que se trata el laicismo como base de la democracia real y de la libertad de conciencia y que presentan Ana Baragaña y José Antonio Naz, -miembros del colectivo Córdoba Laica, perteneciente a Europa Laica-, está dedicado este domingo al recientemente aprobado en Consejo de Ministros Anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico Español.

A partir de su aprobación, se abrió un periodo para presentar alegaciones que finalizó el 19 de julio. En plazo tanto Europa Laica como la Coordinadora Recuperando y otras Plataformas de defensa del patrimonio han presentado alegaciones.

Por su parte, también algunos obispos han reaccionado de forma airada ante dicha propuesta, presentando a su vez sus alegaciones y haciendo declaraciones muy duras sobre la misma, especialmente el obispo de Córdoba.

A tratar de conocer las razones de esta reforma, sus líneas básicas y sus objetivos, así como las alegaciones de la asociación laicista y las de defensa del Patrimonio, está dedicado este programa de Domingos Laicos

Para ello contó con Antonio Gómez Movellán, hasta hace poco presidente de Europa Laica y quien ha coordinado la elaboración de las alegaciones de este colectivo y Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Plataforma estatal Recuperando y responsable a su vez de las alegaciones presentadas por aquella.

Audio

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La nueva Ley de Patrimonio augura una dura pugna con la Iglesia por la gestión de los monumentos de la Unesco

agosto 28, 2021

El proyecto prevé que los bienes del Patrimonio Mundial sean dirigidos por un patronato, al que los obispos tachan de «invasivo» y «expropiatorio». El reciente revés judicial por la Mezquita de Córdoba refuerza las posiciones del Gobierno mientras los colectivos patrimonialistas exigen declarar los bienes culturales de dominio público.

mezquita

Turistas ante la mezquita, julio de 2020 / Cristina Quicler – AFP

Aristóteles Moreno, Público, 28 de agosto de 2021


La reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que prepara el Ministerio de Cultura presagia nubarrones en las siempre complejas relaciones con la Iglesia católica. El texto del anteproyecto, que acaba de ser sometido a exposición pública, prevé la creación de un patronato que gestione los bienes culturales catalogados como Patrimonio Mundial por la Unesco, parte de los cuales están en posesión de la jerarquía católica.

Hasta ahora, la inmensa mayoría de los monumentos de alto valor cultural en España de carácter religioso cuentan con la gestión directa de la Iglesia católica, aunque bajo la estrecha supervisión del Estado, que tiene por ley la tutela y vigilancia del patrimonio histórico. Con la reforma planeada, todos los bienes culturales Patrimonio Mundial de la Unesco serán regidos por un patronato, en el que, según el texto, «participen las Administraciones autonómicas y locales afectadas y las entidades privadas que ostenten derechos sobre esos bienes». El patronato, añade el anteproyecto, estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura, «que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno respectivo«.

La reacción de la jerarquía católica ha sido inmediata y particularmente hostil. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, no ha dudado en tildar la normativa como «propia de países dictatoriales». En su opinión, se trata de una «ley invasiva», que no tiene en cuenta la «libertad religiosa». El prelado carga contra la nueva figura de Bien de Interés Mundial (BIM), que el Ministerio de Cultura tiene previsto crear para otorgar un especial amparo a los monumentos reconocidos por la Unesco. Esa nueva figura «expropia a todos los demás», porque, según estima el obispo, las competencias del conjunto monumental las tendrá una «comisión gestora con mayoría de la administración civil». El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, también ha arremetido contra los términos de la reforma de la Ley. «Se deben evitar injerencias de las administraciones en instituciones privadas al servicio de la sociedad», declaró hace unos días.

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Por una gestión pública del patrimonio histórico de raíz religiosa, por Antonio Gómez Movellán

julio 27, 2021

Pórtico de la Gloria, catedral de Santiago de Compostela / Fuente foto

Antonio Gómez Movellán, Observatorio del Laicismo -Europa Laica, 27 de julio de 2021

El Gobierno ha sometido a consulta pública una reforma de la ley del patrimonio histórico que, desde diversos ámbitos, solo cabe saludar ya que defender nuestro patrimonio histórico artístico es una de las cosas que, a partir de los años 80, en España podemos estar bastante orgullosos, por lo que reforzar y ampliar la protección solo puede ser bienvenido.

Sin embargo, existe una asignatura pendiente que requeriría una atención más sosegada del gobierno y de los legisladores ya que la reforma de la ley abre la oportunidad para plantear una reforma en profundidad de la gestión del patrimonio histórico de raíz religiosa, algo que, aunque se ha venido abordado relativamente bien por Comunidades Autónomas y Gobierno todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, es curioso que, en la ley del año 85, los bienes muebles en poder de la iglesia católica, declarados de interés cultural, tenían una cláusula de salvaguardia para no poder enajenarse y sin embargo los bienes inmuebles no. Eso ha dado pie a muchas compraventas y a operaciones inmobiliarias bastante oscuras sobre parte de este patrimonio que ha afectado a todo tipo de inmuebles históricos y donde el resultado de estas compraventas-algunas por las propias administraciones públicas- se va a ese saco sin fondo de oscuridad y opacidad que son las finanzas de las órdenes religiosas.

La asociación Europa Laica ha planteado al gobierno, en este trámite de consulta publica, una verdadera alternativa y es hacer que este patrimonio histórico quede en posesión del ámbito público y que sean las administraciones competentes en los asuntos culturales las que gestiones el mismo. Pensar que la Catedral de Burgos o la Mezquita de Córdoba sean propiedad de la iglesia no resiste la prueba ni de la historia ni de la realidad. La Iglesia católica, a través del absurdo proceso de inmatriculacionesse ha querido apropiar de los principales monumentos de nuestro país bajo la impasible abstención del gobierno y de otras administraciones; también esta reforma puede abrir la oportunidad para cerrar este sinsentido jurídico de las inmatriculaciones de la mayor parte de nuestro monumento de raíz religiosa.

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El Gobierno rechaza transferir 1,3 millones a los monjes del Valle de los Caídos por su negativa a mostrar sus cuentas

julio 23, 2021

Patrimonio Nacional lleva desde 2018 sin ingresar los 340.000 euros anuales de asignación a la Fundación de la Santa Cruz a través de la que financia a los monjes

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, fue uno de los protagonistas de la exhumación de Franco / Europa Press / Pool

Irene Castro, Jesús Bastante, El Diario, 23 de julio de 2021

El Gobierno tiene claro que no quiere a los monjes benedictinos en el futuro próximo del Valle de los Caídos. No entra en el plan de resignificar ese lugar e intentar eliminar todas las rémoras del franquismo. Y esa orden religiosa está estrechamente vinculada al mausoleo que diseñó el dictador. Pero, a la espera de que se tramite la ley de Memoria Histórica que será el paraguas para expulsarles, el Ejecutivo ha cerrado el grifo a esa orden que encabezó sin éxito la rebelión contra la exhumación de Francisco Franco y ha dejado de ingresar la subvención anual que le canaliza a través de Patrimonio Nacional. 

En total, los 15 benedictinos (sin contar a profesos o novicios) que residen en Cuelgamuros han ‘perdido’ 1,3 millones de euros. El Gobierno decidió en 2018 no transferir los 340.000 euros desde la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –cuyo patronato controla a través de Patrimonio Nacional– ante la falta de transparencia en sus cuentas. Fuentes de la institución que hasta ahora presidía Llanos Castellanos y que este martes pasó a manos de Ana de la Cueva explican que los monjes solo justificaban los gastos de esa subvención, pero no la totalidad de los mismos, que era superior. 

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Nota de prensa de Andalucía Laica sobre la reforma de la Ley de Patrimonio

julio 23, 2021

José Antonio Naz Velverde, Andalucía Laica / Observatorio del Laicismo– Europa Laica, 23 de julio de 2021

El 19 de julio terminó el plazo de presentación de alegaciones al borrador de reforma de la ley de Patrimonio. Andalucía Laica apoya las alegaciones presentadas por Europa Laica, por la plataforma Recuperando, y por otras asociaciones y plataformas de defensa del Patrimonio, como la Plataforma Andaluza, la de Sevilla, Jerez, y la Plataforma Mezquita-Catedral.

Entendemos que la reforma de la ley de Patrimonio es necesaria para intentar evitar que se pueda atentar contra los bienes de interés cultural, que en un 80 %, debido a la franquista Ley Hipotecaria de 1946 y a la reforma inconstitucional de esa Ley realizada por el gobierno de Aznar, junto a la avaricia de la jerarquía de la Iglesia Católica, están inscritos a nombre de esta institución religiosa. España es el único país cuyo inmenso Patrimonio ha pasado a manos de una institución privada, que además tiene su sede en un Estado extranjero.

Andalucía Laica comparte la idea de que el Estado, en sus distintas instancias, debe tener a su cargo la gestión de todos los BIC, independientemente de los acuerdos sobre su uso. Entiende que, dada la importancia y el número de bienes de patrimonio eclesiástico, la ley de Patrimonio debe contemplar un artículo específico que regule dichos bienes, contemplando, entre otras cosas: que todos los BIC sean declarados de dominio público y afectados a las administraciones públicas, que se gestionen por consorcios públicos, que se convenie con las instituciones eclesiásticas el uso litúrgico de los bienes de culto, que los museos diocesanos se incorporen a los sistemas de archivos, bibliotecas y museos del Estado, y que en ningún caso puedan venderse.

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Anteproyecto de Ley de Patrimonio: El obispado de Córdoba presenta alegaciones por considerar la Ley «propia de países dictatoriales»

julio 15, 2021

El obispo considera que la norma que prepara el Gobierno «no tiene en cuenta la libertad religiosa».

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El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el director del Secretariado Diocesano de Patrimonio Cultural, Jesús Daniel Alonso / A.J. GONZÁLEZ

Diario de Córdoba, 15 de julio de 2021

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha anunciado este jueves que la Diócesis y el Cabildo Catedral de Córdoba, titular de la Mezquita-Catedral de dicha ciudad, presentarán, en el plazo previsto para ello, que concluye el próximo lunes, alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio planteado por el Gobierno de la Nación, pues «no tiene en cuenta la libertad religiosa» y «se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración».

 A este respecto y en rueda de prensa, Demetrio Fernández ha explicado que «se trata de una ley invasiva, es decir, con una mentalidad de: el Estado soy yo y soy el propietario de todo, y a partir de ahí legisló sobre todo lo humano y lo divino», actuando el Gobierno de la Nación «sin tener en cuenta a los propietarios», ni el hecho de que «el 80 por ciento del patrimonio cultural en España es propiedad de la Iglesia Católica».

En consecuencia, «estamos ante una ley de Patrimonio, de esas que, de un tirón, te despluman de todo, porque te dicen», en cuanto a los bienes declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que pasarán a ser «Patrimonio Mundial, que es una figura nueva que expropia a todos los demás», ya que las competencias para decidir sobre ese bien las «tendrá una comisión gestora», en la que tendrá «mayoría la Administración civil».

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