El Gobierno guarda en un cajón la ley que prohibía a la Iglesia privatizar monumentos

febrero 20, 2023

Cultura mantiene congelada la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que preveía también la creación de patronatos para gestionar los bienes de la Unesco.

Reunión de Pedro Sánchez con el cardenal Omella en enero de 2022 / Fernando Calvo
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Aristóteles Moreno, Público, 20 de febrero de 2023

El Ministerio de Cultura tiene previsto elevar al Consejo de Ministros cuatro proyectos para lo que queda de legislatura. Ninguno de ellos relacionado con la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico. Así lo recoge el Plan Anual Normativo para 2023, que incluye todas las iniciativas legislativas que los ministerios aprobarán en los no más de diez meses que quedan hasta las elecciones generales. Miquel Iceta, por lo tanto, dejará en el tintero el anteproyecto impulsado por sus predecesores, que contemplaba la prohibición total a la Iglesia de vender a terceros los monumentos que mantiene en su posesión.

Hasta hoy, y según la ley vigente de 1985, el Estado se reserva el derecho de tanteo para la adquisición de monumentos protegidos cuando la jerarquía eclesiástica decida venderlos. Si la Administración pública no activa su derecho prioritario de compra, entonces la Iglesia puede transmitirlos a manos privadas. El cambio que introducía el anteproyecto, presentado el pasado año por el exministro José Manuel Rodríguez Uribes, daba un giro radical a la situación jurídica de ese tipo de bienes culturales al establecer una restricción absoluta en su disposición por parte de los obispos.

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La Iglesia se abre a un leve retoque de su bula fiscal tras dar ya por zanjadas las inmatriculaciones

enero 27, 2022

La Conferencia Episcopal admite ante el Gobierno un posible “privilegio” por su exención en un impuesto local sobre construcciones y se declara dispuesta a una modificación acordada sin cambiar el IBI

Félix Bolaños, Juan José Omella, Pedro Sánchez y Luis Argüello, el lunes, en una capilla de la sede de los obispos, donde el presidente de la Conferencia Episcopal pronunció una breve oración /  CEE

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Ángel Munárriz, InfoLibre, 27 de enero de 2022

El lunes fue la primera vez que un presidente del Gobierno en democracia visitaba la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Y el anfitrión solemnizó la ocasión invitándolo a una oración. De modo que el encuentro del lunes entre Pedro Sánchez y su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el presidente de la CEE, Juan José Omella, y su portavoz y secretario general, Luis Argüello, comenzó con un breve rezo en la Capilla de la Sucesión Apostólica. Allí Omella hizo una petición por “todos los gobernantes”, rezando para que se guíen por “el bien común” y “la paz”. Incluyó, claro, una referencia a Ucrania. Sánchez asistió en respetuoso silencio. Al término, agradeció la oración.

Tras el apartado espiritual, llegaron los temas contantes y sonantes.

Así lo explicó este martes Argüello en la Cope, terreno amigo, donde el número dos de la CEE acudió para negar –sin elevar el tono– que el acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre las inmatriculaciones suponga la aceptación de responsabilidad por mala acción alguna de la Iglesia. No se quedó ahí. Argüello también afirmó que el Gobierno no tiene intención de hacer cambios en la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el más controvertido de los beneficios fiscales de la Iglesia. Eso sí, admitió un posible “privilegio” eclesial con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuya modificación se está trabajando en la negociación entre el Gobierno y la CEE.

La Iglesia se abre así por primera vez a un retoque –leve y limitado– de su bula fiscal.

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La venta de un Monumento Nacional en Aragón reabre el debate sobre la protección del legado cultural

diciembre 7, 2021

El anteproyecto de reforma de la Ley del Patrimonio Histórico prevé impedir que la Iglesia privatice bienes de interés cultural (BIC), lo que hubiera imposibilitado la transacción mercantil del Monasterio de Casbas.

Fuente foto

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Aristóteles Moreno, Público, 7 de diciembre de 2021

La venta del Monasterio de Casbas en Aragón, Monumento Nacional desde 1979 y Bien de Interés Cultural, para transformarlo en una hospedería ha vuelto a reactivar el debate sobre el uso y protección del patrimonio histórico, particularmente de los edificios de carácter religioso, tras la polémica de las inmatriculaciones eclesiásticas. La transacción mercantil se produce además apenas seis meses después de que el Ministerio de Cultura hubiera presentado un anteproyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico que prevé prohibir el comercio de monumentos BIC. “Dichos bienes solo podrán ser enajenados o cedidos al Estado o a otras instituciones eclesiásticas”, estipula el apartado 4, artículo 19, del anteproyecto, que se encuentra en tramitación, aunque eventualmente paralizado por orden del nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta.

El Monasterio cisterciense de Casbas, fundado en el siglo XII, fue vendido por las monjas en 2007, tres años después de que lo abandonaran, a la Fundación Progea, vinculada a un grupo empresarial del mismo nombre. Los nuevos propietarios, que compraron el Monasterio por 2,7 millones de euros, anunciaron un paquete de proyectos para reactivar el Monumento Nacional, la mayor parte de los cuales no fueron ejecutados. Es el caso de una polémica escuela taller prevista para su rehabilitación que nunca se llegó a poner en marcha. El Grupo Progea entró en proceso de liquidación en 2013 y la Fundación está en concurso de acreedores desde principios de 2020.

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Recuperando lamenta la suspensión de la nueva Ley de Patrimonio

noviembre 9, 2021

El ministro Miquel Iceta paró la norma y el colectivo patrimonialista propone un título específico sobre monumentos religiosos, que impida su privatización y los proteja como bienes de dominio público

Concentración en Zaragoza / Foto Recuperando

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AraInfo, 9 de noviembre de 2021

La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de 30 colectivos ciudadanos, lamenta la brusca suspensión de la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, impulsada por el anterior ministro de Cultura y bloqueada por Miquel Iceta tras su toma de posesión.

Recuperando considera que urge modificar la ya obsoleta norma de 1985 para desarrollar nuevos instrumentos de protección del inmenso legado cultural, gravemente amenazado tras la privatización masiva perpetrada en virtud de las inmatriculaciones eclesiásticas.

Los colectivos patrimonialistas creen que el anteproyecto ahora paralizado introducía algunos “elementos positivos” en interés de una mejor conservación del patrimonio histórico, pero, sobre todo, abría la puerta a un debate participado, que ya había concitado un aluvión de alegaciones y propuestas por parte de numerosas asociaciones ciudadanas, algunas de ellas integradas en Recuperando.

El texto contemplaba, por ejemplo, la creación de una nueva figura de protección para los Bienes de Interés Mundial (BIM), declarados por la Unesco, lo que permitiría un mayor control por parte del Gobierno español y la implantación de un patronato como órgano de gestión plural, que permitiría la corresponsabilidad de municipios, territorios, universidades y colectivos ciudadanos. También incluía como novedad la prohibición expresa a la Iglesia de enajenar bienes de interés cultural a terceros y limitar su transmisión únicamente al Estado.

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Iceta entierra la Ley de Patrimonio tras las quejas por invasión de competencias de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía

octubre 14, 2021

La figura del Bien Mundial, bandera del anterior ministro de Cultura, fue el veneno que hizo fracasar la reforma, acompañada de la falta de consulta ciudadana

Vista de la fachada del Salón Rico del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba / EFE/ Rafa Alcaide

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Fuentes. Alfonso Alba, El Diario / Peio H. Riaño, El Diario,

La Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), vigente desde 1985, está obsoleta. Ha resistido el paso del tiempo, ha esquivado intervenciones y nadie se ha interesado demasiado por la norma que regula la protección del legado histórico y artístico del país. No previene ni combate ni sanciona con eficacia las prácticas de expolio, no reconoce la consideración de nuevos patrimonios como el cinematográfico, el paisajístico, el industrial o el subacuático. Las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes sin seguir un patrón y, además, se mantiene la segregación de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, que en 2015 aprobó el PP para proteger la tauromaquia, sin el consenso del resto de grupos políticos. Es decir, la Ley de Patrimonio se ha convertido en un desaguisado que nadie atiende.

Había que adecentar la norma para hacerla competente en la actualidad y había que hacerlo de manera urgente. El primer anuncio de los trabajos se hizo en 2018, con José Guirao al frente de la cartera de Cultura; el testigo lo recogió José Manuel Rodríguez Uribes y en ambos equipos hubo un muñidor que fue fraguándola en el silencio de su despacho, el secretario general de Cultura, Javier García Fernández. La primera reforma de la anciana ley se aprobó como anteproyecto a finales de junio. Dos semanas más tarde Uribes y su equipo fueron despedidos por el presidente Pedro Sánchez. Hace unos días Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deportes, anunció en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que retiraba el anteproyecto porque “había nacido muerto”.

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Cultura renuncia ahora a la Ley de Patrimonio que afecta a la Mezquita-Catedral de Córdoba

octubre 8, 2021

El ministro Miquel Iceta tumba el intento de su antecesor para controlar los bienes Unesco

Visitantes en el interior de la Mezquita

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Javier Macías, ABC, 8 de octubre de 2021

Es una ley que nace muerta». Así, con estas palabras, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, enterraba hace unos días el anteproyecto de la Ley del Patrimonio que presentó su antecesor en el cargo, José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo contenido adelantó ABC y que suponía una intromisión en las competencias que tienen los titulares de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, como es el caso de la Mezquita-Catedral. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se opuso a la «invasión competencial» que suponía este anteproyecto con el que el Gobierno de Sánchez pretendía apropiarse de la administración de los principales monumentos.

El boceto de la futura Ley del Patrimonio, que venía a sustituir a la que está vigente desde 1985, incluía un apartado que, de haberse aprobado, hubiera permitido al Ejecutivo central intervenir en los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, que mediante real decreto podrían ser declarados Bienes de Interés Mundial (BIM), una categoría superior a la de Bien de Interés Cultural que compete a las comunidades autónomas. Además, obligaría a sus propietarios a crear un patronato liderado por el Ministerio, de manera que se apropiaría de la gestión de monumentos de titularidad autonómica, municipal o privada.

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Inmatriculaciones: ¿y ahora qué?

septiembre 8, 2021

La bandera, la de las organizaciones patrimonialistas, sigue en pie: nulidad de las inmatriculaciones y blindaje de todos los bienes culturales de dominio público.

Aristóteles Moreno, Éxodo, 8 de septiembre de 2021

La espinosa cuestión de las inmatriculaciones eclesiásticas ha registrado este primer semestre de 2021 dos hechos decisivos. El primero representa un éxito del movimiento ciudadano que lleva más de una década luchando por su nulidad. Nos referimos a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Con casi tres años de retraso, el gobierno de Sánchez entregó en febrero pasado al Congreso de los Diputados un catálogo incompleto y parcial. Solo incluía los inmuebles inscritos por los obispos entre 1998 y 2015, y aportaba de ellos una información claramente deficiente, que impedía de facto su correcta identificación.

La mera publicación, no obstante, ya es una victoria sin paliativos del creciente movimiento patrimonialista que suma a día de hoy casi 30 colectivos de toda España. El segundo hecho decisivo venía cosido a la misma publicación del inventario. En el preámbulo, un informe jurídico del gobierno admitía que las inscripciones episcopales adolecían de una más que probable inconstitucionalidad, toda vez que equiparaban a la Iglesia con el Estado y a los obispos con fedatarios públicos. Y, sin embargo, no anunciaba medidas de carácter legislativo ni legal para tratar de cancelar las inmatriculaciones.

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Ley de Patrimonio, en Domingos Laicos (Podcast)

septiembre 5, 2021

Domingos Laicos, 5 de septiembre de 2021

Domingos Laicos de Paradigma Radio, es un programa, como sabemos, en el que se trata el laicismo como base de la democracia real y de la libertad de conciencia y que presentan Ana Baragaña y José Antonio Naz, -miembros del colectivo Córdoba Laica, perteneciente a Europa Laica-, está dedicado este domingo al recientemente aprobado en Consejo de Ministros Anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico Español.

A partir de su aprobación, se abrió un periodo para presentar alegaciones que finalizó el 19 de julio. En plazo tanto Europa Laica como la Coordinadora Recuperando y otras Plataformas de defensa del patrimonio han presentado alegaciones.

Por su parte, también algunos obispos han reaccionado de forma airada ante dicha propuesta, presentando a su vez sus alegaciones y haciendo declaraciones muy duras sobre la misma, especialmente el obispo de Córdoba.

A tratar de conocer las razones de esta reforma, sus líneas básicas y sus objetivos, así como las alegaciones de la asociación laicista y las de defensa del Patrimonio, está dedicado este programa de Domingos Laicos

Para ello contó con Antonio Gómez Movellán, hasta hace poco presidente de Europa Laica y quien ha coordinado la elaboración de las alegaciones de este colectivo y Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Plataforma estatal Recuperando y responsable a su vez de las alegaciones presentadas por aquella.

Audio

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La nueva Ley de Patrimonio augura una dura pugna con la Iglesia por la gestión de los monumentos de la Unesco

agosto 28, 2021

El proyecto prevé que los bienes del Patrimonio Mundial sean dirigidos por un patronato, al que los obispos tachan de “invasivo” y “expropiatorio”. El reciente revés judicial por la Mezquita de Córdoba refuerza las posiciones del Gobierno mientras los colectivos patrimonialistas exigen declarar los bienes culturales de dominio público.

mezquita

Turistas ante la mezquita, julio de 2020 / Cristina Quicler – AFP

Aristóteles Moreno, Público, 28 de agosto de 2021


La reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que prepara el Ministerio de Cultura presagia nubarrones en las siempre complejas relaciones con la Iglesia católica. El texto del anteproyecto, que acaba de ser sometido a exposición pública, prevé la creación de un patronato que gestione los bienes culturales catalogados como Patrimonio Mundial por la Unesco, parte de los cuales están en posesión de la jerarquía católica.

Hasta ahora, la inmensa mayoría de los monumentos de alto valor cultural en España de carácter religioso cuentan con la gestión directa de la Iglesia católica, aunque bajo la estrecha supervisión del Estado, que tiene por ley la tutela y vigilancia del patrimonio histórico. Con la reforma planeada, todos los bienes culturales Patrimonio Mundial de la Unesco serán regidos por un patronato, en el que, según el texto, “participen las Administraciones autonómicas y locales afectadas y las entidades privadas que ostenten derechos sobre esos bienes”. El patronato, añade el anteproyecto, estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura, “que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno respectivo“.

La reacción de la jerarquía católica ha sido inmediata y particularmente hostil. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, no ha dudado en tildar la normativa como “propia de países dictatoriales”. En su opinión, se trata de una “ley invasiva”, que no tiene en cuenta la “libertad religiosa”. El prelado carga contra la nueva figura de Bien de Interés Mundial (BIM), que el Ministerio de Cultura tiene previsto crear para otorgar un especial amparo a los monumentos reconocidos por la Unesco. Esa nueva figura “expropia a todos los demás”, porque, según estima el obispo, las competencias del conjunto monumental las tendrá una “comisión gestora con mayoría de la administración civil”. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, también ha arremetido contra los términos de la reforma de la Ley. “Se deben evitar injerencias de las administraciones en instituciones privadas al servicio de la sociedad”, declaró hace unos días.

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Por una gestión pública del patrimonio histórico de raíz religiosa, por Antonio Gómez Movellán

julio 27, 2021

Pórtico de la Gloria, catedral de Santiago de Compostela / Fuente foto

Antonio Gómez Movellán, Observatorio del Laicismo -Europa Laica, 27 de julio de 2021

El Gobierno ha sometido a consulta pública una reforma de la ley del patrimonio histórico que, desde diversos ámbitos, solo cabe saludar ya que defender nuestro patrimonio histórico artístico es una de las cosas que, a partir de los años 80, en España podemos estar bastante orgullosos, por lo que reforzar y ampliar la protección solo puede ser bienvenido.

Sin embargo, existe una asignatura pendiente que requeriría una atención más sosegada del gobierno y de los legisladores ya que la reforma de la ley abre la oportunidad para plantear una reforma en profundidad de la gestión del patrimonio histórico de raíz religiosa, algo que, aunque se ha venido abordado relativamente bien por Comunidades Autónomas y Gobierno todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, es curioso que, en la ley del año 85, los bienes muebles en poder de la iglesia católica, declarados de interés cultural, tenían una cláusula de salvaguardia para no poder enajenarse y sin embargo los bienes inmuebles no. Eso ha dado pie a muchas compraventas y a operaciones inmobiliarias bastante oscuras sobre parte de este patrimonio que ha afectado a todo tipo de inmuebles históricos y donde el resultado de estas compraventas-algunas por las propias administraciones públicas- se va a ese saco sin fondo de oscuridad y opacidad que son las finanzas de las órdenes religiosas.

La asociación Europa Laica ha planteado al gobierno, en este trámite de consulta publica, una verdadera alternativa y es hacer que este patrimonio histórico quede en posesión del ámbito público y que sean las administraciones competentes en los asuntos culturales las que gestiones el mismo. Pensar que la Catedral de Burgos o la Mezquita de Córdoba sean propiedad de la iglesia no resiste la prueba ni de la historia ni de la realidad. La Iglesia católica, a través del absurdo proceso de inmatriculacionesse ha querido apropiar de los principales monumentos de nuestro país bajo la impasible abstención del gobierno y de otras administraciones; también esta reforma puede abrir la oportunidad para cerrar este sinsentido jurídico de las inmatriculaciones de la mayor parte de nuestro monumento de raíz religiosa.

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