Iceta entierra la Ley de Patrimonio tras las quejas por invasión de competencias de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía

octubre 14, 2021

La figura del Bien Mundial, bandera del anterior ministro de Cultura, fue el veneno que hizo fracasar la reforma, acompañada de la falta de consulta ciudadana

Vista de la fachada del Salón Rico del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba / EFE/ Rafa Alcaide

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Fuentes. Alfonso Alba, El Diario / Peio H. Riaño, El Diario,

La Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), vigente desde 1985, está obsoleta. Ha resistido el paso del tiempo, ha esquivado intervenciones y nadie se ha interesado demasiado por la norma que regula la protección del legado histórico y artístico del país. No previene ni combate ni sanciona con eficacia las prácticas de expolio, no reconoce la consideración de nuevos patrimonios como el cinematográfico, el paisajístico, el industrial o el subacuático. Las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes sin seguir un patrón y, además, se mantiene la segregación de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, que en 2015 aprobó el PP para proteger la tauromaquia, sin el consenso del resto de grupos políticos. Es decir, la Ley de Patrimonio se ha convertido en un desaguisado que nadie atiende.

Había que adecentar la norma para hacerla competente en la actualidad y había que hacerlo de manera urgente. El primer anuncio de los trabajos se hizo en 2018, con José Guirao al frente de la cartera de Cultura; el testigo lo recogió José Manuel Rodríguez Uribes y en ambos equipos hubo un muñidor que fue fraguándola en el silencio de su despacho, el secretario general de Cultura, Javier García Fernández. La primera reforma de la anciana ley se aprobó como anteproyecto a finales de junio. Dos semanas más tarde Uribes y su equipo fueron despedidos por el presidente Pedro Sánchez. Hace unos días Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deportes, anunció en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados que retiraba el anteproyecto porque “había nacido muerto”.

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Cultura renuncia ahora a la Ley de Patrimonio que afecta a la Mezquita-Catedral de Córdoba

octubre 8, 2021

El ministro Miquel Iceta tumba el intento de su antecesor para controlar los bienes Unesco

Visitantes en el interior de la Mezquita

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Javier Macías, ABC, 8 de octubre de 2021

Es una ley que nace muerta». Así, con estas palabras, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, enterraba hace unos días el anteproyecto de la Ley del Patrimonio que presentó su antecesor en el cargo, José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo contenido adelantó ABC y que suponía una intromisión en las competencias que tienen los titulares de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, como es el caso de la Mezquita-Catedral. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se opuso a la «invasión competencial» que suponía este anteproyecto con el que el Gobierno de Sánchez pretendía apropiarse de la administración de los principales monumentos.

El boceto de la futura Ley del Patrimonio, que venía a sustituir a la que está vigente desde 1985, incluía un apartado que, de haberse aprobado, hubiera permitido al Ejecutivo central intervenir en los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, que mediante real decreto podrían ser declarados Bienes de Interés Mundial (BIM), una categoría superior a la de Bien de Interés Cultural que compete a las comunidades autónomas. Además, obligaría a sus propietarios a crear un patronato liderado por el Ministerio, de manera que se apropiaría de la gestión de monumentos de titularidad autonómica, municipal o privada.

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Ley de Patrimonio, en Domingos Laicos (Podcast)

septiembre 5, 2021

Domingos Laicos, 5 de septiembre de 2021

Domingos Laicos de Paradigma Radio, es un programa, como sabemos, en el que se trata el laicismo como base de la democracia real y de la libertad de conciencia y que presentan Ana Baragaña y José Antonio Naz, -miembros del colectivo Córdoba Laica, perteneciente a Europa Laica-, está dedicado este domingo al recientemente aprobado en Consejo de Ministros Anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico Español.

A partir de su aprobación, se abrió un periodo para presentar alegaciones que finalizó el 19 de julio. En plazo tanto Europa Laica como la Coordinadora Recuperando y otras Plataformas de defensa del patrimonio han presentado alegaciones.

Por su parte, también algunos obispos han reaccionado de forma airada ante dicha propuesta, presentando a su vez sus alegaciones y haciendo declaraciones muy duras sobre la misma, especialmente el obispo de Córdoba.

A tratar de conocer las razones de esta reforma, sus líneas básicas y sus objetivos, así como las alegaciones de la asociación laicista y las de defensa del Patrimonio, está dedicado este programa de Domingos Laicos

Para ello contó con Antonio Gómez Movellán, hasta hace poco presidente de Europa Laica y quien ha coordinado la elaboración de las alegaciones de este colectivo y Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Plataforma estatal Recuperando y responsable a su vez de las alegaciones presentadas por aquella.

Audio

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La nueva Ley de Patrimonio augura una dura pugna con la Iglesia por la gestión de los monumentos de la Unesco

agosto 28, 2021

El proyecto prevé que los bienes del Patrimonio Mundial sean dirigidos por un patronato, al que los obispos tachan de “invasivo” y “expropiatorio”. El reciente revés judicial por la Mezquita de Córdoba refuerza las posiciones del Gobierno mientras los colectivos patrimonialistas exigen declarar los bienes culturales de dominio público.

mezquita

Turistas ante la mezquita, julio de 2020 / Cristina Quicler – AFP

Aristóteles Moreno, Público, 28 de agosto de 2021


La reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que prepara el Ministerio de Cultura presagia nubarrones en las siempre complejas relaciones con la Iglesia católica. El texto del anteproyecto, que acaba de ser sometido a exposición pública, prevé la creación de un patronato que gestione los bienes culturales catalogados como Patrimonio Mundial por la Unesco, parte de los cuales están en posesión de la jerarquía católica.

Hasta ahora, la inmensa mayoría de los monumentos de alto valor cultural en España de carácter religioso cuentan con la gestión directa de la Iglesia católica, aunque bajo la estrecha supervisión del Estado, que tiene por ley la tutela y vigilancia del patrimonio histórico. Con la reforma planeada, todos los bienes culturales Patrimonio Mundial de la Unesco serán regidos por un patronato, en el que, según el texto, “participen las Administraciones autonómicas y locales afectadas y las entidades privadas que ostenten derechos sobre esos bienes”. El patronato, añade el anteproyecto, estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura, “que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno respectivo“.

La reacción de la jerarquía católica ha sido inmediata y particularmente hostil. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, no ha dudado en tildar la normativa como “propia de países dictatoriales”. En su opinión, se trata de una “ley invasiva”, que no tiene en cuenta la “libertad religiosa”. El prelado carga contra la nueva figura de Bien de Interés Mundial (BIM), que el Ministerio de Cultura tiene previsto crear para otorgar un especial amparo a los monumentos reconocidos por la Unesco. Esa nueva figura “expropia a todos los demás”, porque, según estima el obispo, las competencias del conjunto monumental las tendrá una “comisión gestora con mayoría de la administración civil”. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, también ha arremetido contra los términos de la reforma de la Ley. “Se deben evitar injerencias de las administraciones en instituciones privadas al servicio de la sociedad”, declaró hace unos días.

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Por una gestión pública del patrimonio histórico de raíz religiosa, por Antonio Gómez Movellán

julio 27, 2021

Pórtico de la Gloria, catedral de Santiago de Compostela / Fuente foto

Antonio Gómez Movellán, Observatorio del Laicismo -Europa Laica, 27 de julio de 2021

El Gobierno ha sometido a consulta pública una reforma de la ley del patrimonio histórico que, desde diversos ámbitos, solo cabe saludar ya que defender nuestro patrimonio histórico artístico es una de las cosas que, a partir de los años 80, en España podemos estar bastante orgullosos, por lo que reforzar y ampliar la protección solo puede ser bienvenido.

Sin embargo, existe una asignatura pendiente que requeriría una atención más sosegada del gobierno y de los legisladores ya que la reforma de la ley abre la oportunidad para plantear una reforma en profundidad de la gestión del patrimonio histórico de raíz religiosa, algo que, aunque se ha venido abordado relativamente bien por Comunidades Autónomas y Gobierno todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, es curioso que, en la ley del año 85, los bienes muebles en poder de la iglesia católica, declarados de interés cultural, tenían una cláusula de salvaguardia para no poder enajenarse y sin embargo los bienes inmuebles no. Eso ha dado pie a muchas compraventas y a operaciones inmobiliarias bastante oscuras sobre parte de este patrimonio que ha afectado a todo tipo de inmuebles históricos y donde el resultado de estas compraventas-algunas por las propias administraciones públicas- se va a ese saco sin fondo de oscuridad y opacidad que son las finanzas de las órdenes religiosas.

La asociación Europa Laica ha planteado al gobierno, en este trámite de consulta publica, una verdadera alternativa y es hacer que este patrimonio histórico quede en posesión del ámbito público y que sean las administraciones competentes en los asuntos culturales las que gestiones el mismo. Pensar que la Catedral de Burgos o la Mezquita de Córdoba sean propiedad de la iglesia no resiste la prueba ni de la historia ni de la realidad. La Iglesia católica, a través del absurdo proceso de inmatriculacionesse ha querido apropiar de los principales monumentos de nuestro país bajo la impasible abstención del gobierno y de otras administraciones; también esta reforma puede abrir la oportunidad para cerrar este sinsentido jurídico de las inmatriculaciones de la mayor parte de nuestro monumento de raíz religiosa.

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Arzobispo de Sevilla: “La Iglesia no se ha apropiado de ningún bien que no sea suyo y ha actuado con rigor

julio 23, 2021

La inmatriculación “es algo muy serio en el que hay que aportar la documentación pertinente para que ese bien concreto sea inmatriculado”

Arzobispo de Sevilla: La iglesia no se ha apropiado de ningún bien que no sea suyo. AUDIO:

20 minutos, 23 de julio de 2021

Inmatriculaciones – IBI

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha afirmado en relación al proceso de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica -entre 1985 y 2015- que la institución “no se ha apropiado de ningún bien que no sea suyo” y que si hay algún caso “que revista duda, se puede revisar sin ningún problema”.

En una entrevista concedida a Europa Press, monseñor Saiz ha afirmado que el tema de las inmatriculaciones -proceso que consiste en la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad- “es algo muy serio en el que hay que aportar la documentación pertinente para que ese bien concreto sea inmatriculado”.

“La Iglesia ha seguido con rigor todo ese proceso y ha registrado aquellos bienes que son de su propiedad. En el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal y del Obispado se puede seguir y consultar todo el desarrollo”, ha asegurado.

La Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla contraria a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia Católica, -295 bienes en el caso de la provincia, según los datos aportados-, insiste en que en la gran mayoría de casos se ha llevado a cabo “exclusivamente” mediante una certificación eclesiástica, merced a la reforma de la Ley Hipoctecaria promovida por el entonces Ejecutivo central que presidía José María Aznar.

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Anteproyecto de Ley de Patrimonio: El obispado de Córdoba presenta alegaciones por considerar la Ley “propia de países dictatoriales”

julio 15, 2021

El obispo considera que la norma que prepara el Gobierno “no tiene en cuenta la libertad religiosa”.

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El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el director del Secretariado Diocesano de Patrimonio Cultural, Jesús Daniel Alonso / A.J. GONZÁLEZ

Diario de Córdoba, 15 de julio de 2021

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha anunciado este jueves que la Diócesis y el Cabildo Catedral de Córdoba, titular de la Mezquita-Catedral de dicha ciudad, presentarán, en el plazo previsto para ello, que concluye el próximo lunes, alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio planteado por el Gobierno de la Nación, pues “no tiene en cuenta la libertad religiosa” y “se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración”.

 A este respecto y en rueda de prensa, Demetrio Fernández ha explicado que “se trata de una ley invasiva, es decir, con una mentalidad de: el Estado soy yo y soy el propietario de todo, y a partir de ahí legisló sobre todo lo humano y lo divino”, actuando el Gobierno de la Nación “sin tener en cuenta a los propietarios”, ni el hecho de que “el 80 por ciento del patrimonio cultural en España es propiedad de la Iglesia Católica”.

En consecuencia, “estamos ante una ley de Patrimonio, de esas que, de un tirón, te despluman de todo, porque te dicen”, en cuanto a los bienes declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que pasarán a ser “Patrimonio Mundial, que es una figura nueva que expropia a todos los demás”, ya que las competencias para decidir sobre ese bien las “tendrá una comisión gestora”, en la que tendrá “mayoría la Administración civil”.

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Europa Laica presenta ante el Ministerio de Cultura alegaciones para la defensa de lo público sobre la Ley de Patrimonio Histórico Español en curso de tramitación

julio 14, 2021

Europa Laica ante la consulta sobre la Ley de Patrimonio Histórico

14 de julio de 2021

El Consejo de Ministros del pasado 21 de junio, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, ha tomado conocimiento hoy del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Tras pasar por el Consejo de Ministro sólo queda someter el texto a audiencia e información pública y recabar los informes correspondientes, con carácter previo a su aprobación como Proyecto de ley y remisión a Cortes: el 29 de junio se abría el período para enviar aportaciones al Anteproyecto, siendo la fecha límite de presentación el 19 de julio.

Fuente Observatorio del Laicismo – Europa Laica

Europa Laica ha presentado ante el Ministerio de Cultura varias propuestas para que se incorporen en el anteproyecto en curso de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Esta iniciativa se enmarca dentro del periodo de consulta pública sobre el contenido de esta Ley.

Entre las propuestas de Europa Laica, y por su especial importancia, está la de incluir un título especifico en esta Ley que contemple el tema de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica de forma que los bienes del patrimonio histórico eclesiástico pasen a  estar afectados al dominio publico que es donde les corresponde estar.

Europa Laica, que forma parte de la Coordinadora estatal Recuperando, manifiesta su voluntad de proseguir en la defensa del patrimonio histórico. En este sentido, se dirigirá igualmente a los grupos parlamentarios y a la ciudadanía en general, para que la Ley contemple estas y otras propuestas relacionadas con la defensa de lo público, del interés general.

PROPUESTAS

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Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

junio 30, 2021

Se abre el periodo de aportaciones

22-junio-21

Consejo de Ministros del 22 de junio de 2021

30 de junio de 2021

El Consejo de Ministros del pasado 21 de junio, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, ha tomado conocimiento hoy del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

El objetivo del proyecto, como recoge la web del Ministerio de Cultura y Deporte, es actualizar y mejorar la legislación de Patrimonio Histórico Español, garantizando su conservación y conocimiento, así como el ejercicio de la competencia constitucional del Estado en la defensa del Patrimonio Histórico contra la expoliación, y enriquecer y ampliar igualmente la noción de patrimonio cultural inmaterial, para una mejor acción de salvaguardia.

Tras pasar por el Consejo de Ministro sólo queda someter el texto a audiencia e información pública y recabar los informes correspondientes, con carácter previo a su aprobación como Proyecto de ley y remisión a Cortes:

– Fecha de inicio de aportaciones: 29/06/2021

– Fecha límite para la presentación de aportaciones: 19/07/2021

– Remisión de aportaciones a:

 gabinete.secretariogeneral@cultura.gob.es

Anteproyecto

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El Gobierno fija en una nueva ley que el Estado cooperará para “enriquecer” y “conservar” el patrimonio de la Iglesia

junio 22, 2021

La cooperación, sujeta en la ley a la “función social” del patrimonio, se extiende al resto de confesiones “si poseen los necesarios valores culturales”. El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Patrimonio Histórico ha sido aprobado esta mañana en Consejo de Ministros.

Ángel Munárriz, InfoLibre, / Agencia EFE, 22 de junio de 2021

El Gobierno de España establece en una nueva ley que el Estado cooperará con la Iglesia para “enriquecer” y “conservar” el patrimonio histórico eclesiástico. Así lo recoge el último borrador del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley del Patrimonio Histórico Español, que está previsto que llegue este martes al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre.

El texto, redactado por el Ministerio de Cultura y Deporte y que aún debe pasar por toda la tramitación parlamentaria, recoge lo siguiente en una disposición adicional: “La Administración General del Estado cooperará en la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Histórico eclesiástico, garantizando siempre el cumplimiento de su función social”

La colaboración patrimonial de la Iglesia con el Estado topaba en ocasiones con dificultades técnicas, a pesar de estar recogida en el acuerdo sobre asuntos culturales con la Santa Sede de 1979, señala una fuente autorizada del Ministerio de Cultura y Deporte, que afirma que la reforma legal pretende superar estas dificultades.

¿Qué dificultades, concretamente? “A veces resulta complicado cooperar. Por ejemplo, si quieres ayudar [a una institución religiosa] a arreglar una iglesia que se está cayendo, hay dudas sobre cuál es el título jurídico necesario. Si se está cayendo un ábside de la catedral de Palencia, ¿podemos ayudar? Hay funcionarios que tienen sus dudas y alegan que podría hacer falta un acuerdo con la diócesis”, añade. Del mismo modo, continúa, hay interventores que ahora, a la hora de fiscalizar un gasto, piensan que no es posible establecer la cooperación económica con la Iglesia sin “un título jurídico adicional”. Con la redacción del anteproyecto, la colaboración es más sencilla. Queda tallado en la piedra del BOE que “la Administración General del Estado cooperará”. Fuera dudas.

La Iglesia católica es considerada la mayor propietaria de patrimonio histórico de España, país en el que tiene una implantación secular. La institución acumula 22.993 parroquias, 87 catedrales y 639 santuarios, según la última memoria de la Conferencia Episcopal, que suele alegar –ante las críticas por la aportación de dinero público a su funcionamiento– que su patrimonio tiene un impacto total en el PIB de 22.620 millones de euros y supone 225.000 empleos de manera directa, indirecta e inducida. Los críticos con el apoyo del Estado a la Iglesia, como Europa Laica, denuncian que entre subvenciones, ayudas, asignación vía casilla de la Iglesia en el IRPF, exenciones y salarios, las arcas públicas benefician a la institución religiosa con miles de millones de euros al año.

La institución católica no es la única que se beneficia de la redacción de la nueva ley, que también establece que la cooperación para “enriquecer” y “conservar” su patrimonio histórico se extiende a otras confesiones religiosas “si poseen los necesarios valores culturales”. Las otras tres confesiones con acuerdos de cooperación con el Estado son la judía, la evangélica y la islámica.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Reforma del la ley de Patrimonio Histórico

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, a petición del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico con el que pretende poner al día la ley del año 1985 y adecuarla, junto a la ley de 2015 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en un único texto normativo que integre todas las modificaciones legislativas que se han hecho a lo largo de los últimos años.

Según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte, el anteproyecto pasará ahora a los ministerios implicados antes de volver “en unas semanas” al Consejo de Ministros, para iniciar a continuación su tramitación parlamentaria.

Los principales puntos que propone el texto son los siguientes:

— Proteger el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico y las Filmotecas como archivos que guardan bienes culturales.

— Reconocer los Patrimonios Industrial, Inmaterial, Subacuático y Cinematográfico y Audiovisual.

— Regular una nueva categoría de Bienes de Interés Mundial que se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

— Crear la figura de los Planes de Salvaguardia para los monumentos.

— Prohibir a la Iglesia enajenar los bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Públicas.

— Dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España.

— Hacer obligatoria la conservación preventiva para que los bienes culturales no se deterioren.

— Prohibir el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos.

— Definir y regular qué es un Paisaje Cultural.

— Regular el entorno de los monumentos.

— Establecer que los estándares de protección que define la Ley estatal para los Bienes de Interés Culturales son obligatorios para las Comunidades Autónomas.

— Solventar disfunciones en el traslado de una Bien de Interés Cultural de una Comunidad Autónoma a otra.

— Hacer obligatorias las reglas sobre el uso de cables y rótulos en los conjuntos históricos.