El reconocimiento por parte de la Iglesia de una mínima parte de las inmatriculaciones pone sobre la mesa varios debates, pero, sobre todo, repite una evidencia: el inmenso poder que continúa teniendo la jerarquía católica en España.
_________________________
Olivia Carballar, La Marea, 27 de enero de 2022
“Tómelo como una corrección de quien siendo su alcalde no está bajo la autoridad de su ilustrísima”, le dijo Julio Anguita al que fuera obispo de Córdoba José Antonio Infantes Florido a propósito de una decisión municipal con la que la Iglesia no estaba de acuerdo. “Usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde”, fue traducido después. Y esa frase del histórico dirigente es la que recupera hoy, muchos años después, el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez a propósito del reciente “acuerdo” entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal a cuenta de las inmatriculaciones de la Iglesia: “Eso es lo que tendría que decir Pedro Sánchez: ustedes no son mis obispos, pero yo sí soy su presidente”.
El reconocimiento por parte de la Iglesia de una mínima parte de inmuebles que no le pertenecen vuelve a poner sobre la mesa varios debates, pero, sobre todo, repite una evidencia constatable a diario –solo hay que mirar las aulas– en muchos ámbitos: el inmenso poder que continúa teniendo la jerarquía católica en España. “El Gobierno está negociando con algo que no puede negociar. Es una negociación bilateral Iglesia-Estado sobre algo que no se puede negociar. Ese es el punto de partida, que es gravísimo. Desde 1978, las inmatriculaciones son nulas por inconstitucionales; es algo que todo el mundo tiene que entender y tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico. No hubo una norma expresa para derogar esa ley, pero las leyes que van contra la Constitución son nulas. Imagina que siguiera habiendo una norma que prohíbe matricularse a las mujeres en la Universidad sin el consentimiento de los maridos. Sería inconstitucional desde 1978. Antes de ese año, la Iglesia podría ser una Administración pública y los obispos, funcionarios públicos, pero desde el 78 no. Por tanto, la nulidad y la inconstitucionalidad no se negocian”, explica Rodríguez.
Read the rest of this entry »
Posted by asturiaslaica 
