El Arzobispado de Barcelona ha empezado a pagar este mes las primeras indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, según publicado el ‘ARA’ y han confirmado al ACN fuentes de la institución.
Se trata de propuestas de indemnización que llegan de la Comisión Asesora de Reparación Integral de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que estudió los expedientes de personas que denunciaron haber sufrido abusos en el seno de la Iglesia católica en España y que pidieron una indemnización.
Cada obispado recibe unos dictámenes, pero es el obispo quien decide en última instancia aceptar la propuesta de indemnización hecha. Según el Arzobispado de Barcelona, el arzobispo Joan Josep Omella ha aceptado todas las propuestas recogidas en los dictámenes.
El vicario del párroco de San Félix Africano, un testigo clave, confirmó todo antes de morir tras la denuncia de una víctima, a la que la diócesis ha ocultado la verdad durante más de un año
José Mariné Jorba, párroco de la iglesia de San Félix Africano de Barcelona, acusado de abuso de menores en los años setenta __________________
El arzobispado de Barcelona ha admitido un grave escándalo de pederastia oculto durante décadas en la iglesia de San Félix Africano, un caso desvelado por EL PAÍS tras una acusación de abusos al párroco, José Mariné Jorba, en los años setenta. Uno de sus antiguos monaguillos, Aurelio Álvarez, lo denunció en 2023 en el arzobispado, que ahora le ha informado de que la investigación canónica abierta ha desvelado un escenario de horror que describe una red de pederastia organizada en torno a los niños de la parroquia, situada en el barrio Ciutadella-Vila Olímpica: el cura disponía de un piso donde llevaba a los monaguillos para agredirlos sexualmente, una vivienda gestionada por otro cura más joven por donde pasaban otros adultos, que acudían incluso con una contraseña.
Así lo ha confirmado un testigo clave, el vicario parroquial, Pere Muñoz, que había guardado silencio hasta ahora tras asistir durante años a sus abusos ―Mariné, que antes pasó por Santa Coloma de Gramenet, fue párroco en este lugar hasta 1990―. El arzobispado ha permitido a Álvarez leer su declaración, según ha relatado a este diario.
“Miremos adelante dejando el pasado en manos de Dios”. Así se despidió el cardenal Juan José Omella de la presidencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que ha ocupado durante los últimos cuatro años, en un discurso con citas de Juan Pablo II y la afirmación solemne «cum Petro et sub Petro”. Dejaba clara así su adhesión al Papa Francisco cuando no fue así en el cumplimiento de sus directrices imperativas en relación con los agresiones sexuales a menores en la Iglesia católica. La CEE fue una de las conferencia episcopales más reticentes y retrasadas en las investigaciones.
En el discurso no se refirió ni una sola vez el “crimen vil” de la pederastia, como lo ha calificado el papa Francisco, ni a las víctimas ni a sus depredadores. ¿Se protegía así de toda responsabilidad en su muy criticada gestión de la pederastia por propios y extraños, sobre todo por las víctimas, dejando el juicio en manos de Dios con la confianza de no ser castigado por tamaño pecado de complicidad?
Cinco de las siete personas atendidas en la oficina del cardenal Omella, presidente de los obispos y que marca la pauta en la respuesta a la pederastia, muestran su descontento: no se informa, no se indemniza y no se hacen públicos los casos
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en una misa en marzo de 2023 / KIike Rincón – Europa Press _________________
La Conferencia Episcopal Española (CEE) recibió hace casi dos años, en diciembre de 2021, el primer informe de EL PAÍS sobre pederastia en el clero con 251 casos inéditos, para que pudiera investigarlos y atender a las víctimas. Este dosier, entregado también al Papa, imprimió un giro total en la cuestión en la Iglesia española, que hasta entonces siempre había negado el problema: el presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se reunió por primera vez con las víctimas y ordenó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, cuya entrega se espera en breve. Luego siguieron otros tres informes en dos años, un total de más de 700 testimonios.
Entretanto, la otra cuestión pendiente es cómo se está atendiendo a esas víctimas. En Barcelona, la diócesis de Omella, el balance es de decepción y descontento, según cinco personas que acudieron a la diócesis por mediación de este diario. En total, la comisión de atención del episcopado dice haber atendido a siete en dos años. “Salí de allí llorando”, llega a decir Mercedes P. A., de 70 años, que denuncia abusos en su infancia en un colegio de Hospitalet.
En su discurso ante el pleno de los obispos, el cardenal de Barcelona afirma que ha detectado un auge de la fe en las ciudades y llama a los fieles a significarse a favor de la familia, la vida y la educación concertada
Los discursos episcopales rara vez dejan espacio para la improvisación. Van preparados al detalle, calculados en sus términos y sus consecuencias. La correspondencia entre lo previsto y lo finalmente pronunciado es total, a diferencia de lo que ocurre en política, donde siempre hay margen para un giro (o una ocurrencia). Esta medición al milímetro es aún más marcada en el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) ante la asamblea plenaria de los obispos, que se cuenta entre los más importantes del año. Este martes comenzó en Madrid su 121ª edición. Y tomó la palabra Juan José Omella, que es quien ostenta la presidencia del órgano coordinador de las diócesis.
¿Qué dijo? Omella animó a los fieles a votar con el aborto y la eutanasia en mente y, aún más, a implicarse en la vida pública en defensa de la familia, la vida y la educación concertada. Un mensaje de calado político en pleno año electoral.
Tres hechos justifican el título: inmatriculaciones, privilegios de la iglesia católica que conceden los Acuerdos con el Vaticano y la asignación tributaria, por lo demás, ausentes del discurso inaugural del cardenal Omella en la apertura de la 119 Asamblea Plenaria de la CEE.
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en Madrid presidida este lunes por el cardenal Juan Jose Omella / JAIME VILLANUEVA
¿Neoliberalismo episcopal? Quizá más de una persona habrá puesto en interrogante el título de este artículo por considerarlo un oxímoron. ¿Cómo pueden ser neoliberales los obispos españoles cuando Jesús de Nazaret, de quien se dicen seguidores, declaró incompatibles el amor a Dios y al dinero? ¿Cómo pueden ponerse del lado del neoliberalismo cuando el papa Francisco, a quien reconocen como representante de Cristo en la tierra, es uno de los críticos más severos y contundentes del neoliberalismo como teoría y práctica económicas? ¿Van a desobedecer al Papa en un tema de tanta trascendencia en el terreno ético?
Decía Pedro Casaldáliga, uno de los símbolos más luminosos del cristianismo de liberación, que el neoliberalismo “es la gran blasfemia del siglo XXI”. ¿Habrán caído los obispos españoles en tamaño pecado y estarán pronunciando tamaña blasfemia?
Tres son los hechos que justifican el título. El primero son las inmatriculaciones. Según el listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en febrero de 2021, de 1998 a 2015 la Iglesia católica inscribió a su nombre 3.4961 bienes en el Registro de la Propiedad tras la reforma del Reglamento Hipotecario que impulsó el Gobierno de Aznar en 1998 a partir de un decreto de la dictadura de 1946.
En el combate contra los clérigos pederastas, algunos de muy alto rango, siempre ha habido en la Iglesia católica dos partidos: los partidarios de lavar la ropa sucia en casa, en la idea de que las informaciones sobre esos escándalos son cosa de anticlericales, y quienes quieren cortar por lo sano de una vez por todas.
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid presidida por Juan Jose Omella, este lunes / JAIME VILLANUEVA
En el combate contra los clérigos pederastas, algunos de muy alto rango, siempre ha habido en la Iglesia católica dos partidos: los partidarios de lavar la ropa sucia en casa, en la idea de que las informaciones sobre esos escándalos son cosa de anticlericales, y quienes quieren cortar por lo sano de una vez por todas. Son dos posiciones irreconciliables; la disputa viene de lejos. Para los prelados desmemoriados, bastaría con recordarles lo que relató el mismísimo papa Francisco en el avión de regreso a Roma desde Panamá, el 27 de enero de 2019. Hablaba de un episodio de encubrimiento, uno de tantos. Dijo a los periodistas: “El papa Benedicto tuvo todos los papeles. Pero había filtros por los cuales no podía llegar al meollo. Con ganas de ver, hizo una reunión. Después, fue allí [a ver a Juan Pablo II] con todos sus papeles. Cuando volvió, dijo a su secretario: ‘Archiva la carpeta, ganó el otro partido”.
En aquel momento, Benedicto XVI era el cardenal responsable de despachar los asuntos de pederastia, con la orden de hacerlo con la máxima discreción. No intervino, no denunció. ¿Disculpable? Por si hubiera dudas, el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el cardenal João Braz, preguntado meses antes sobre aquel asunto, en declaraciones a la revista católica española Vida Nueva (15 de noviembre de 2018) había dicho una frase terrible: “Quienes han encubierto abusos durante 70 años son una mafia; no son Iglesia”. Sin duda, ellos no eran Iglesia. Pero eran el Papa y su policía de la fe y de las costumbres. Cuando ocurrió tan escandalosa situación, se decía una frase aún más extravagante. “No se castiga a un amigo del Papa”. En España, la versión sería: “No se castiga a un amigo del obispo” (pues muchos de los pederastas han sido reputados profesores en seminarios diocesanos o en prestigiosos colegios religiosos).
Los obispos españoles celebran del 25 al 29 de abril su 119º Asamblea Plenaria en la sede la Conferencia Episcopal. La sesión inaugural se abría con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella. Sobre lo dicho en esa apertura escribe José Manuel Vidal, director de Religión Digital.
El mundo es malo y, por eso, ataca a la Iglesia, que es buena. O dicho a lo Omella: “El afeo sistemático de esta gran familia por parte de algunos medios de comunicación y de diversos agentes sociales y políticos contribuye a que no se conozca el verdadero rostro y misión de la Iglesia”. No nos quieren, nos atacan y nos desprestigian: es la eterna cantinela bajo la que intenta taparse la jerarquía eclesiástica cada vez que la opinión pública y publicada intenta servirle de espejo a sus errores, incoherencias y pecados.
La estrategia de la Iglesia como roca asediada por los ‘enemigos’ parecía exclusiva de los tiempos del cardenal Rouco Varela y del Papa Benedicto, pero, en la era del cardenal Omella y del Papa Francisco ha revivido. Y la fortaleza eclesial sitiada se defiende atacando y desautorizando así, en general y globalmente, a los medios de comunicación y a los actores socio-políticos como una especie de malvados y perversos enemigos, cuya misión es perseguir y “afear” el rostro y la misión de la Iglesia. Nada más y nada menos. ¡Cómo si no tuviesen otra cosa que hacer y en qué pensar!
Y con trazo grueso el presidente del episcopado pinta un mundo y una sociedad española llena de sombras y sumida en ‘una larga noite de pedra’, mientras la Iglesia española brilla e ilumina el país con la luz de sus buenas obras. Y eso que, según Omella, “la tentación de los poderes públicos respecto a la Iglesia se ha movido entre dos extremos: verla como un enemigo, o tratar de apoderarse y servirse de ella”.
El presidente de la Conferencia Episcopal pide perdón a las víctimas y anuncia que está dispuesto a llegar “hasta donde haga falta” en la investigación de la pederastia en el clero español
El cardenal Juan José Omella, durante la entrevista con EL PAÍS este jueves en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma / ANTONELLO NUSC
Juan José Omella (Cretas, Teruel, 75 años), cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), baja las escaleras del Colegio Pontificio español, en el barrio romano de Monteverde, vestido ya de gris austero. Ha dejado en el armario el atuendo cardenalicio que llevaba en la visita al Papa hecha una hora antes junto al cardenal Carlos Osoro y al secretario de la CEE, Luis Argüello, para dar cuenta de distintos asuntos, entre los que destacaba el proceso de investigación de abusos a menores en el que se ha embarcado la Iglesia. Omella, durante la entrevista que concede a EL PAÍS, cuenta que Francisco ha aprobado el tipo de comisión que la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades& Calvo-Sotelo. “El Papa lo ha visto bien y nos anima a seguir en esa línea. Es una comisión independiente, pero queremos colaborar y esperamos que aporte una buena síntesis”, apunta en una conversación de unos 30 minutos.
Cerca de cuatro meses después de la publicación del dosier de EL PAÍS que incluía 251 casos que afectaban a 31 diócesis y 31 órdenes religiosas, la Iglesia no ha llegado a ninguna conclusión, y muchas víctimas todavía no han sido contactadas. Pero la institución ha dado un importante giro en su acercamiento a la cuestión. Omella, en un tono conciliador, después de haberse reunido con varias asociaciones de afectados, explica algunos de los motivos de este cambio y asegura que está dispuesto a llegar “hasta donde haga falta”. Pero también hay matices. Se abrirán los archivos, apunta, hasta donde permita el respeto a la ley. Y solo aceptarán entrar en la comisión de investigación coordinada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, cuando conozcan la metodología y los objetivos.
El presidente de la Conferencia Episcopal, en una reunión con Infancia Robada, no ha detallado en qué grado colaborarán con la investigación del Defensor ni si indemnizarán a las víctimas
El cardenal Juan José Omella recibe a varias víctimas de pederastia clerical en la sede de la CEE, este miércoles en Madrid / VICTOR SAINZ
La sede del poder de los obispos ha recibido el miércoles 23 la visita de Ana Cuevas, madre de una víctima de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei. El centro educativo continúa sin reconocer la culpabilidad del docente, pese a la condena judicial. También ha acudido Emiliano Álvarez, de quien con tan solo 10 años abusó sexualmente un sacerdote. Ellos y en torno a otra decena de víctimas se han reunido este miércoles con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, en la sede de la institución en Madrid. Una de las principales conclusiones de la reunión es que el presidente de la CEE ha afirmado que “estudiará” la posibilidad de ofrecer a las víctimas “vías alternativas” al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para intermediar con ellas en la auditoría interna de la Iglesia, dada la escasa confianza que el bufete despierta en el colectivo, según fuentes de la asociación a la que pertenecen la mayoría de los afectados que han acudido, Infancia Robada. Preguntada por esta posibilidad, la CEE indica que no comentan “nada” sobre la reunión. “Las víctimas merecen tener todo el respeto”, añade un portavoz.
“Esta asociación”, ha comentado Cuevas al término de la reunión de cuatro horas, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades & Calvo-Sotelo debido a la existencia de intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro destacado del Opus Dei, cuya conducta se ha basado en una postura negacionista y el silencio cómplice. Exigimos una rectificación”. Todas las asociaciones de víctimas han desechado la utilidad de esta auditoría, presentada hace un mes por el propio Omella. La portavoz de Infancia Robada cree que el presidente de la CEE “ha entendido que si nosotros no confiamos en ese despacho, no puede ser realmente un mediador válido”. “Entonces tendrán otro tipo de recursos para atender a víctimas”, ha añadido.
El presidente del despacho, Javier Cremades, defendió en una entrevista en EL PAÍS la capacidad de su bufete para emprender esta tarea: “Comprendo perfectamente [esas acusaciones] y lo vamos a solucionar con un trabajo bien hecho. Solo hay dos opciones: o está bien hecho y ofrece una solución, o está mal y es un fracaso”.
La iniciativa investigadora en la que buena parte de las víctimas tienen puestas sus esperanzas no es la que desarrolla internamente la Iglesia, sino la que dirigirá el Defensor del Pueblo. “Le hemos pedido que colabore con el Defensor, en el que las víctimas depositamos nuestra confianza. Es el modelo adecuado para una investigación neutral y transparente”, ha comentado Cuevas. “La colaboración firme de la Iglesia no se pide en aras de acabar con ella, sino de salvarla de una actitud obstruccionista”, ha dicho.
Cuevas ha notado una actitud “positiva” en Omella: “Nos ha escuchado. No es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano y eso le ha llegado. Espero que a partir de ahora haya un antes y un después”. La portavoz de Infancia Robada, además, ha situado al cardenal en la “parte no negacionista de la CEE”, dispuesta a escuchar a las víctimas.
Más allá de declaraciones de intenciones, Omella no ha expresado compromisos concretos, ni sobre el grado de colaboración de la institución que dirige con la investigación del Defensor, ni sobre indemnizar a las víctimas, ni sobre abordar el encubrimiento. Infancia Robada ha transmitido estas peticiones concretas, que la CEE “estudiará”, según ha explicado Cuevas: “Una condena rotunda y sin paliativos de los abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la Conferencia Episcopal y por los jerarcas de todas las congregaciones, órdenes y prelaturas; terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes; ayudas para conseguir un trabajo en el mercado laboral; una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral”. “Nos han dicho que lo van a estudiar, que lo va a hablar con el Papa y estamos a la espera”, ha comentado Cuevas.
Omella no ha respondido a los periodistas, pero sí ha hecho un breve comentario para “agradecer” a las víctimas acudir a la sede de la CEE y “la confianza” con la que han “trabajado”.
Juan Cuatrecasas, uno de los responsables de Infancia Robada, en la puerta de la CEE este miércoles / VICTOR SAINZ
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«Un cambio de rumbo urgente»
Al término de la reunión, la presidenta de Infancia Robada, Ana Cuevas, agradeció al cardenal de Barcelona su “cercanía” y animó a Omella a “dar un paso al frente, con responsabilidad y eficacia, siguiendo la línea del mandato del Papa Francisco”, abriendo los archivos y «depurando» responsabilidades».
«Es lamentable y reprobable que a día de hoy aún se esté debatiendo entre los muros de la CEE si se va a colaborar o no con la comisión del Defensor del pueblo. Por respeto a las víctimas, a todas, hay que exigir un cambio de rumbo urgente, firme e ineludible», recalcó.
“Le instamos a colaborar con la investigación del Defensor del Pueblo, en quien nosotros, las víctimas, depositamos nuestra confianza”, leyó Cuevas, quien pidió “que se reconozca la dignidad que durante años se nos ha robado”.
“Las víctimas vemos en la figura del defensor del pueblo el modelo adecuado para llevar a cabo una investigación neutral, exhaustiva y transparente”. Sin embargo, Omella sólo se comprometió a abordar, junto al resto de obispos, su participación en la misma. «Creemos, sin duda, que la colaboración firme, comprometida y sincera de la Iglesia, no se le pide para acabar con ella, sino para salvarla de una actitud obstruccionista, que algunos jerarcas han venido llevando a cabo durante décadas, comprometidos no con las víctimas, sino con sus verdugos”.
Infancia Robada, además, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades&Calvo Sotelo”, elegido por la CEE, “por intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro del Opus Dei, una prelatura negacionista, donde impera el silencio cómplice y la revictimización”.
«No queremos que se quede en datos estadísticos y un protocolo… y que sigan defendiendo a los agresores, y considerándolos uno de los nuestros, mientras niegan y ningunean a los niños y niñas católicos, hijos de familias católicas», reclamó la asociación, que exigió «una rectificación de la CEE y una solución a los problemas concretos que les presentamos», que se ha de articular en torno a cuatro ejes: «Verdad, justicia, reparación y acompañamiento».
Y cuatro medidas:
-Una condena rotunda y sin paliativos de loa abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la CEE y por los jerarcas de todas las congregaciones, ordenes y prelaturas;
-Terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes
-Ayudas para conseguir un trabajo en el merado laboral
-Una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral
¿Respuestas? «Nos ha dicho que lo van a estudiar, lo va a hablar directamente con el Papa, y estaremos a la espera», respondió Cuevas. «Creo que ha escuchado con interés, no es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano. Esperamos que a partir de ahora haya un antes y un después», culminó la presidenta de Infancia Robada.
Intervención de la portavoz de la Asociación «Infancia Robada», Ana Cristina Cuevas en la rueda de prensa tras la reunión / Europa Press
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Una nueva reunión
No es la primera vez que las víctimas se reúnen con el presidente de la CEE para contar sus historias. En 2019, representantes de Infancia Robada dialogaron con el líder eclesial de entonces, Ricardo Blázquez. La principal reivindicación del colectivo en esa reunión era que la Iglesia española iniciase una investigación sobre los abusos sexuales a menores en su seno. Los obispos no atendieron esa reclamación.
Tres años después, la reunión se celebra en un contexto muy diferente: tras la entrega de EL PAÍS al Vaticano de un dosier con 251 casos inéditos a finales de 2021, el asunto se colocó en el centro del debate político. Hace un mes la CEE anunció el encargo al despacho de abogados de emprender una auditoría y hace dos semanas aportaron por primera vez una contabilidad de denuncias recibidas, recogidas a través de las oficinas para víctimas habilitadas por diócesis y órdenes religiosas por imposición del Papa. Hablaron de 506 denuncias, sin precisar el número de afectados o de abusadores. Según los datos de este periódico, en España hay al menos 613 casos y 1.252 víctimas. Estas cifras están lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos. En un país como Francia la comisión investigadora calculó que había al menos 216.000 víctimas desde mediados del pasado siglo.
Posted by asturiaslaica 
