La propiedad de la ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Castillo, en el municipio de Alberuela de Tubo, es del Obispado de Huesca, según ha ratificado el Tribunal Supremo (TS) al no haber admitido el recurso que presentó el Consistorio.
De esta manera, se pone fin a un conflicto[1] iniciado en 2018, cuando el Ayuntamiento interpuso una demanda reclamando la titularidad del templo, que en 2015 había inmatriculado la Iglesia. La demanda se vio en mayo de 2021 en el Juzgado de lo Civil número 4 de Huesca, que dictaminó que el Ayuntamiento era titular de la ermita. Sin embargo, en abril de 2024, la Audiencia Provincial revocó esta sentencia del juzgado y la dejó sin efecto al estimar el recurso de apelación que presentó el Obispado. El tribunal reconoció la inmatriculación del templo a favor del Obispado y Alberuela recurrió en casación entonces al Tribunal Supremo.
La Iglesia inscribió a su nombre el jardín de los Reyes Caudillos pese a ser municipal
Según el informe de Patrimonio, el espacio que ocupa el jardín figura como parte de la plaza de la Catedral en 1912 y también en 1935. En 1942 , aprovechando el solar de una de las viejas casas derribadas durante la remodelación del entorno de la Catedral, con motivo del undécimo centenario de Alfonso II El Casto, se decidió crear un espacio al aire libre que sirviera de homenaje a los reyes asturianos. El conjunto, de marcado carácter clasicista, es obra de varios autores|Fuente foto __________________
El Jardín de los Reyes Caudillos es propiedad del Ayuntamiento de Oviedo. Esa es la rotunda conclusión de un informe técnico del servicio de Gestión del Patrimonio Municipal emitido en abril de 2025. El documento ha servido de base a la junta de gobierno para aprobar este mes abrir un expediente de investigación sobre la titularidad del espacio situado entre la Catedral y Las Pelayas. El expediente sigue la estela de otro idéntico abierto en 2013*que caducó sin llegar a ser culminado y busca aclarar definitivamente la titularidad de una zona verde y monumental cuya apertura es gestionada por el Cabildo.
Pese a la contundencia administrativa, el deán de la Catedral, Benito Gallego, ha querido rebajar cualquier atisbo de tensión. Gallego corrobora que el expediente está efectivamente en marcha, pero rechaza que este proceso suponga fricción alguna en las relaciones entre la Iglesia y el Consistorio. «No hay nada que cambie el funcionamiento diario», apunta el deán, quien recuerda que los jardines seguirán abriendo sus puertas «en el mismo horario de la Catedral» para compaginar el disfrute de los turistas con el cuidado de este espacio que sirve de acceso a la capilla.
Una investigación impulsada por el Gobierno foral y la Federación Municipios y Concejos ha realizado un primer análisis de los bienes inmatriculados y ha detectado 79 que son “susceptibles” de reclamar su titularidad pública
Reunión informativa celebrada este pasado miércoles en la sede de la MCP para dar a conocer a las entidades los resultados del trabajo | Captura de pantalla __________________
El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar 21 bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1900 y 2021. Se trata de casos en los que se ha podido acreditar su titularidad pública tras haber recabado pruebas en los archivos municipales. La idea inicial del Ejecutivo era buscar un acuerdo con la Iglesia para que los devolviera sin necesidad de acudir a los tribunales, pero hace unos meses el arzobispo de Pamplona, Lorenzo Roselló, declaró que solo los devolvería si un juez así lo dictaminaba.
Estos son solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021, el más detallado realizado hasta la fecha en España, y serán los primeros que la Administración navarra tratará de recuperar. “No vamos a esperar a tener toda la información disponible para plantear una demanda, sino que tenemos que valorar a partir de ahora aquellos elementos que nos permitan plantear una demanda en el corto plazo, independientemente de que sigamos avanzando a través del convenio y de los convenios que podamos reeditar en el futuro”, ha explicado el consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi.
Las respuestas oficiales se producen tras las preguntas enviadas por Enrique Santiago, a raíz del incendio ocurrido el 8 de agosto en la Mezquita de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Mezquita de Córdoba | Fuente foto _______________________
Una pregunta del diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, al Gobierno de España a través del Congreso parece haber zanjado definitivamente el debate sobre si el Ejecutivo va a reclamar la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba. La contundencia de la respuesta del Ejecutivo concluye que no: El Gobierno de España ha confirmado que no existen antecedentes que pongan en duda la titularidad registral de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que corresponde al Cabildo Catedral de Córdoba.
1.- Contexto y preguntas del diputado Enrique Santiago
Las respuestas oficiales se producen tras las preguntas enviadas por Enrique Santiago, a raíz del incendio ocurrido el 8 de agosto en la Mezquita de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Santiago lanzó una pregunta al Gobierno de España después del incendio de este pasado mes de agosto en una de las capillas de la Mezquita Catedral de Córdoba. Además de plantearle cuestiones sobre la investigación del fuego. La pregunta se formuló por escrito el pasado 15 de septiembre. Santiago, secretario general del PCE y uno de los principales líderes de Sumar, que comparte Gobierno con el PSOE, preguntó por el incendio, por el uso de una capilla como almacén de enseres y por si el Ejecutivo tenía previsto reclamar la titularidad pública del monumento.
Declara nulo el título de posesión inmemorial «por el cual la iglesia había adquirido la propiedad de la finca registral», destacan fuentes del Ayuntamiento
Ermita de San Francisco Náquera | Fuente foto ____________________
El Ayuntamiento de Náquera (Valencia) en 2022, gobernado entonces en coalición por UPdN y PSOE, había pedido al Registro la corrección de la doble inmatriculación de la ermita, la primera a favor del municipio y la segunda a favor de la Iglesia, advirtiendo a la Iglesia de que acudirán a los tribunales si no acepta que el edificio sea de exclusiva propiedad municipal, como finalmente así ha sido.
La ermita, en un terreno cedido en 1886 por el marqués de Boil a la Corporación municipal, según recogía El Diario, figura desde el 25 de febrero de 2010 en el Registro de la Propiedad de Massamagrell; el espacio está inmatriculado a nombre de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Náquera.
El alcalde señalaba que la primera inscripción «correspondió al Ayuntamiento». Posteriormente, y por un error, ya que el Registro no debía haberlo aceptado, la Iglesia acudió para hacer lo propio y se le permitió realizar el trámite que ahora se desea corregir.
El TSJA respalda el registro de unos terrenos de Hornachuelos a favor de su legítima propietaria, una empresa ganadera, después de que el Tribunal Supremo fallara que la entidad religiosa nunca pudo probar su titularidad
Vista aérea de Hornachuelos | Madero Cubero ___________________
Alejandra Luque, Cordópolis, 10 de septiembre de 2025
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha puesto fin al último intento del Obispado de Córdoba en su pugna por una finca de Hornachuelos al desestimar el recurso que había presentado contra la inscripción catastral a favor de la ganadería titular de los terrenos. Según la sentencia la que ha accedido este medio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera ajustada a derecho la alteración catastral aprobada por la Gerencia del Catastro de Córdoba y rechaza los argumentos del Obispado, que ya había perdido en los tribunales la titularidad de los terrenos.
El conflicto tiene más de una década de recorrido. En 2006, la empresa ganadera compró la finca en cuestión, que se encuentra en el término municipal de Hornachuelos. En 2018, el Obispado de Córdoba reclamó como suya una porción de esos terrenos e inició un procedimiento judicial para que se le reconociera la propiedad.
El cementerio de Barbate ha sido explotado económicamente por la iglesia durante décadas. El Ayuntamiento había cedido hace un siglo su gestión a la parroquia de San Paulino y el obispo de Cádiz, Rafael Zorzona, lo inscribió a su nombre en 1983 gracias a un privilegio franquista inconstitucional[1]
Algunas de las pintadas de protesta junto a la entrada del cementerio. El descontento de los usuarios por el incremento de precios en los servicios, los cierres en festivos o fines de semana y el deficiente mantenimiento provocaron manifestaciones y protestas en 2024 / Juan Carlos Toro ________________
En agosto del año 2023, el Obispado de Cádiz que aún preside de forma interina Rafael Zornoza, se hizo con el control del cementerio de Barbate en lugar de la parroquia local de San Paulino que lo había ejercido siempre.
Cuando habían transcurrido varias semanas de ese cambio que parecía ser un mero ajuste administrativo, un acuerdo entre instituciones, comenzó a crecer un notable malestar entre los usuarios, entre los familiares de los finados que realizaban visitas frecuentes o los que se veían obligados a enterrar a un pariente.
Subida de precios de todos los servicios, cambios de horario con cierres inesperados en festivos y fines de semana, falta de mantenimiento, choques con el minúsculo equipo de trabajadores… Los conflictos se acumularon durante meses hasta que llegó la catarsis.
Pintadas de tono agresivo en los muros blancos y gritos de protesta en el silencio del cementerio fueron el siguiente paso. Hasta que llegó una pequeña pero insólita manifestación.
Un centenar de vecinos se reunió el lunes 2 de septiembre de 2024 frente al Ayuntamiento de Barbate con carteles, eslóganes ensayados, gritos y megáfono. Una protesta en toda regla, como Dios manda.
Algunos de los que se concentraban hablaban de subidas del 300% en la venta de nichos y otros servicios esenciales. Los problemas de iluminación o los bruscos cierres en jornadas propicias para la visita eran otros de los reproches.
El incremento de precio de nichos y mantenimiento era uno de los motivos de queja / Juan Carlos Toro ________________
El alcalde andalucista, Miguel Molina[2], se vio obligado a sentarse con el Obispado para transmitir el enfado creciente y abrir una negociación que ha culminado ocho meses después. El camposanto pasa a ser gestionado por la administración municipal.
El malestar era tanto que el cambio de propiedad recibe un apoyo plenario unánime de AxSí, Partido Popular y PSOE
La sesión plenaria del pasado miércoles 4 de junio daba un respaldo unánime (AxSí, PSOE y PP) al convenio «de cesión gratuita» mediante el cual el Ayuntamiento asume la «titularidad plena del cementerio municipal, así como su gestión y explotación económica».
Cesión gratuita de todos los derechos
El acuerdo contempla «la cesión gratuita de todos los derechos» que pudieran corresponder tanto a la Diócesis como a la parroquia barbateña de San Paulino» responsable hasta 2023 sobre la finca donde se ubica el cementerio actual.
También se incluye la entrega al Ayuntamiento de «la posesión de la finca de dominio público en la que se realizó la ampliación del antiguo cementerio, así como la cesión de la totalidad de los bienes, instalaciones y documentos de gestión asociados».
«Este convenio supone que el cementerio queda integrado en el patrimonio municipal, como servicio público esencial al que se vincularán todos los derechos y deberes derivados de su administración», concluye el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, aliviado tras meses de protestas: «El acuerdo garantiza una gestión directa, eficiente y adecuada»
Como parte del proceso, se procede a la subrogación del personal laboral[3]que actualmente presta servicio en el cementerio, garantizando así los derechos de los trabajadores.
Una vez formalizado el convenio en escritura pública, se inscribirá en el Registro de la Propiedad y en el Inventario Municipal de Bienes. Asimismo, se informará al Departamento de Urbanismo para su inclusión en el planeamiento del municipio.
Desde el Ayuntamiento «se valora muy positivamente este acuerdo, que resuelve la situación de la titularidad del camposanto local y garantiza una gestión directa, eficiente y adecuada a las necesidades de la ciudadanía, cumpliéndose el compromiso adoptado por el equipo de gobierno con la ciudadanía».
Texto: Barbate incorpora oficialmente el cementerio a su patrimonio municipal.
Formalizada la cesión del cementerio de Barbate al Ayuntamiento por parte del Obispado de Cádiz
El Ayuntamiento de Barbate ha firmado el lunes 7 de julio en Notaría la cesión gratuita del Cementerio Municipal, consolidando así la titularidad plena del mismo por parte del Consistorio. Un acto histórico que marca un antes y un después en la gestión de este servicio público esencial para la ciudadanía.
La firma formaliza el acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno municipal celebrado el pasado 4 de junio, en el que todos los grupos políticos respaldaron el borrador del convenio de cesión gratuita entre el Ayuntamiento de Barbate, la Diócesis de Cádiz-Ceuta y la Parroquia de San Paulino. ______________________
[1] Un pueblo gaditano descubre que la Iglesia se ha apropiado del monte público sobre el que se construyó su cementerio (2023) El Ayuntamiento de Barbate cedió hace un siglo la gestión del camposanto a la parroquia de San Paulino y el obispo de Cádiz lo inscribió a su nombre en 1983 gracias a un privilegio franquista inconstitucional. […] Lo llamativo es que el registrador de la propiedad hubiera admitido en 1983 la inscripción de la necrópolis a nombre de la Iglesia católica cuando la finca era de naturaleza pública y la titularidad recaía en los ayuntamientos de Barbate y Vejer de la Frontera…
[3] Pedro Álvarez, el barbateño que ha vencido al Obispado en su lucha por la dignidad del cementerio (2025) [Citado en el vídeo del Ayuntamiento entre los trabajadores que continuarán en el cementerio municipal] Pedro Álvarez fue apartado del camposanto de Barbate, -después de la entrada directa de la Diócesis en su gestión en agosto de 2023-, donde llevaba trabajando 20 años, y logra ahora que la Inspección de Trabajo reconozca el acoso sufrido bajo la gestión eclesiástica.
Al morir Marcelina fue cuando se descubrió el pastel. La familia esta vecina de Monterde, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, fue a tramitar la herencia y se enteró de que su casa ya no le pertenecía: un año atrás, el Ayuntamiento la había inmatriculado como bien municipal. A partir de aquí, otros vecinos descubrieron que este caso no era el único. El consistorio se había apropiado de unas 200 fincas; terrenos baldíos, pajares, eras, pero también bodegas y casas donde viven algunas familias desde hace dos o tres generaciones. «Si no es porque la pobre Marcelina se murió, ni nos enteramos», denuncia apenada Angelines, otra de las vecinas afectadas.
El argumento del Ayuntamiento parece claro. Su alcalde, José Gracia, del Partido Popular, afirma que las fincas inmatriculadas se encuentran en un terreno considerado monte de utilidad pública. Este programa, sin embargo, se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para corroborar esta información, y la administración autonómica niega que el monte público afecte a estas viviendas inmatriculadas.
Durante décadas, distintas asociaciones y generaciones han reclamado la demolición de esta construcción, adosada a la iglesia de San Bartolomé, como paso imprescindible para recuperar la configuración original de la plaza, un espacio comunal hasta 1929, año en que el obispado lo inmatriculó a su nombre en el Registro de la Propiedad.
Casa del cura e iglesia de San Bartolomé en la plazade Tejina| | E.D. – Fuente foto ________________
La Asociación de Vecinos «Las Tres Calles de Tejina» ha hecho pública su firme posición ante los últimos acontecimientos relacionados con la casa parroquial y la ampliación de la plaza del pueblo. A través de varias acciones -como la recogida y entrega de firmas, así como una reunión mantenida recientemente con el nuevo obispo de Tenerife, D. Eloy Santiago-, la Asociación ha trasladado su preocupación y su desacuerdo con las decisiones adoptadas hace unos meses por el Obispado. Y es que el clero sigue sin escuchar a la mayoría de tejineros y tejineras, que desea que se derribe la ruinosa casa del cura para devolver al pueblo un espacio que siempre fue suyo. Muy al contrario, la Diócesis, estando en sede vacante, visó un proyecto en noviembre pasado para rehabilitarla, en lugar de esperar y respaldar la resolución del proceso administrativo que cambiará el estatus jurídico de dicho inmueble y que fue anunciado por el Ayuntamiento de La Laguna en agosto de 2024[1]
Durante décadas, distintas asociaciones y generaciones han reclamado la demolición de esta construcción, adosada a la iglesia de San Bartolomé, como paso imprescindible para recuperar la configuración original de la plaza, un espacio comunal hasta 1929, año en que el Obispado lo inmatriculó a su nombre en el Registro de la Propiedad[2]
Los vecinos de Monterde, en Zaragoza, mantienen una disputa con el alcalde de la localidad debido a las casi 200 inmatriculaciones “ilegales” que este ha realizado en parcelas de habitantes del municipio. Las inmatriculaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tal y como descubrieron los afectados en 2023 tras el fallecimiento de una vecina. Unos años antes, en 2020, se solicitó al Departamento de Medioambiente que emitiera informe acerca de la solicitud del Ayuntamiento de Monterde de inmatricular a su favor 185 parcelas catastrales rústicas, y cuatro parcelas catastrales urbanas.
Ahora el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha confirmado que se opuso expresamente a la inscripción por parte del Ayuntamiento de Monterde de parcelas ajenas a los Montes de Utilidad Pública (MUP) del municipio, y asegura que, a día de hoy, no consta que el consistorio haya remitido la documentación acreditativa de las inmatriculaciones realizadas, tal y como se le requirió en marzo de 2021 por parte del entonces Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (hoy, de Medio Ambiente y Turismo) de Zaragoza.
Posted by asturiaslaica 
