El robo de bebés en España es un drama cuyas consecuencias seguimos padeciendo a día de hoy y constituye uno de los episodios más espeluznantes de nuestra historia reciente, por su extensión en el tiempo, porque se produjo en todos los rincones del Estado, y porque afectó a miles de personas de la manera más cruel imaginada.
La tóxica falta de ruptura con el régimen anterior ha impedido que en nuestra democracia se acceda a la Verdad, a la Justicia (la impunidad es la tónica) y a la Reparación de las víctimas; a pesar de que los organismos de derechos humanos en repetidas ocasiones han recordado a España la necesidad de investigar de manera exhaustiva estos crímenes, y de que el propio Parlamento Europeo emitió un Informe en noviembre de 2017 con 31 recomendaciones para hacer efectiva la labor que sigue sin realizarse en nuestro Estado.
Abordar este drama es acuciante, ya que estamos ante una procrastinación perversa en la que el tiempo corre en contra de las víctimas, no solo porque fallecen, sino también porque la prolongación de este sufrimiento lo acrecienta y ha sido equiparado por el TEDH a la tortura y a los malos tratos; y además impide que llegue a ajusticiarse a los victimarios.
El exministro Jorge Fernández Díaz pide al Vaticano que verifique las presuntas apariciones marianas en el pueblo cántabro donde unas monjas sin acreditación oficial impulsan la construcción de una iglesia
Conchita, Mari Cruz, Mari Loli y Jacinta cuando aseguraron haber visto a la Virgen (entre 1961 y 1965) / Fuente ________________
Olga Agüero
Mientras otros pueblos del ámbito rural en Cantabria han sucumbido al silencio y al olvido, en San Sebastián de Garabandal todavía viven un centenar de vecinos y se mantiene abierto el bar del pueblo, un hotel, tres posadas y otras tantas tiendas de recuerdos. El peculiar antídoto contra la despoblación de este rincón de montaña es que se ha convertido en un lugar de peregrinaje religioso desde que en los años sesenta cuatro niñas dijeron que se les apareció la Virgen. El presunto milagro no está siquiera reconocido oficialmente por la Iglesia católica, pero eso no ha sido obstáculo para que lleguen autobuses repletos de peregrinos procedentes en su mayoría de países como Estados Unidos, México o Filipinas.
Curiosamente todo esto sucede ante la indiferencia de los propios cántabros. En el pueblo hay un centro de atención al peregrino que el año pasado recibió a 9.000 personas en su mayoría extranjeros de los cinco continentes. Llegan muchos más, pero esta oficina solo contabiliza los que entran para pedir información. Una intensa afluencia de turistas religiosos y muchas excursiones organizadas que visitan además otros santuarios como Santo Toribio de Liébana provoca a diario atascos y problemas de aparcamiento.
Asturias Laica. Fuente: Sintonía Laica, 23 de febrero de 2025
En el programa de hoy Miguel Campillo toca fundamentalmente dos temas: laicismo e inmatriculaciones.
El primero de ellos -y en plena campaña «Por una Escuela Laica. Religión fuera de la Escuela«-, la laicidad en la escuela, a partir de un texto[1] de Catherine Kintzler. Así, el programa, tras una breve intervención de Andrés Carmona aclarando algunos conceptos -laicismo/laicidad; laicidad positiva/aconfesionalidad…-, se inicia en «Antología Laica» con la lectura de un texto (en esta ocasión en la voz Esperanza Alcaide) de la filósofa francesa, correspondiente a su libro La República en preguntas (2005), que comentará Andrés Carmona, con el que Miguel Campillo conversará, además, sobre temas de laicidad y educación.
Las plataformas censuran las trabas que impiden reclamar las propiedades que pudieron ser inscritas de manera irregular por la institución católica: aseguran que se les niegan datos o son demasiado genéricos y sesgados
Basílica de Santa María del Mar / Ajuntament de Barcelona ___________________
José María Sadia, El Diario, 22 de febrero de 2025
Cuatro años después de la publicación de la lista de casi 35.000 inmatriculaciones llevada a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, las asociaciones y plataformas siguen exigiendo al Gobierno saber qué bienes han sido registrados durante el último siglo, y se quejan de la falta de avances ante una situación que parece estar casi como al principio. “No hay manera de saber cuáles son los bienes inmatriculados con la firma de un obispo”, resume José María Rosell,presidente de la plataforma Recuperando, que aglutina a diferentes colectivos que reclaman toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, calculan, fueron inscritos por la institución eclesiástica entre 1946 y 2015.
Sin esos datos es imposible efectuar reclamaciones en caso de apropiaciones irregulares. Y son miles los inmuebles y fincas sobre los que no se facilita información, o sobre los que se ofrecen descripciones demasiado genéricas que impiden saber a qué se refieren, o inscripciones de una propiedad que en realidad aglutinan múltiples elementos. Y no es algo que achacar solo a la Iglesia. Recuperando apunta también a los registradores de la propiedad.
La Iglesia ha pedido perdón por los abusos de un religioso sobre Forns, pero ni las monjas Adoratrices ni el Estado han reparado el año que la mujer pasó sometida a tratamiento psiquiátrico y trabajos forzados en el Patronato
María Fons / Kike Rincón _____________________
Oriol Solé Altimira, El Diario, 22 de febrero de 2025
“Cuando entré en el Patronato con 16 años, no sabía lo que era el Patronato. Hoy todavía no sé si lo he digerido todo”. Más de medio siglo después, Maria Forns puede hablar de su internamiento en el Patronato de Protección a la Mujer, la cárcel franquista para adolescentes. Durante mucho tiempo, el año que pasó allí fue “un tiempo muerto” en su vida, en definición de la propia Forns. “Me quisieron destruir”.
Forns es una de las víctimas, en su mayoría olvidadas por casi todas las instituciones, del Patronato, la institución franquista que, con la colaboración de varias órdenes religiosas, lavaba el cerebro y maltrataba a jóvenes para implantar en ellas la represión y moral nacionalcatólica. No hay una cifra oficial de los miles de mujeres que pasaron por los centros, pero algunas supervivientes se han organizado para reclamar un reconocimiento y una reparación.
Un hombre se enfrenta a cuatro años de cárcel por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por impedir el paso a la capilla ubicada en una parcela de Torrent, que era propiedad de su padre
El cambio de cerradura de la ermita María Asunta Al Cielo de Torrent, por parte del propio propietario de la parcela en la que se construyó en 1970 el citado templo, con permiso de la abuela del ahora acusado, podría salirle bien caro a su legítimo heredero. El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión para este vecino de Torrent por un delito contra los sentimientos religiosos por haber impedido con su acción que los feligreses pudieran celebrar la misa de todos los domingos. Las acusaciones particulares, ejercidas por el párroco como persona física y por la asociación de vecinos El Pantano de Torrent, también aprecian un delito de coacciones.
Por su parte, la defensa del acusado entiende que no hay delito alguno y que su representadoel 22 de marzo había informado por burofax al Arzobispado de Valencia comunicándoles su intención de recuperar la posesión de la parcela, propiedad de su padre, fallecido recientemente, lo que llevó al encausado a tratar de recuperarla, después de décadas de cesión voluntaria. Además, no hay dolo ni un interés en ofender los sentimientos religiosos de los feligreses, cuando él mismo es católico practicante.
La asociación “Europa Laica” entabló una demanda con el Ayuntamiento de Cádiz en el año 2017 por imponer éste la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario. El tribunal contencioso administrativo en primera instancia y el tribunal superior de Sevilla, en segunda, sancionaron que la medalla de oro estaba bien puesta y condenó en estrafalarias costas a la asociación “Europa Laica”.
Mientras la magistratura y la fiscalía de este país siga colonizada por el Opus Dei y sectas parecidas no tenemos nada que hacer los que impugnamos, en nuestro país, actuaciones de las administraciones contrarias al laicismo. Porque imponer a una Virgen la medalla de oro de la ciudad es violar claramente la aconfesionalidad de las instituciones públicas además de una ridiculez ya que el Reglamento de honores de la ciudad de Cádiz solo contempla dar medallas de oro a personas físicas vivas.
La Congregación, una de las órdenes religiosas que gestionó el Patronato franquista de Protección a la Mujer, obtuvo 1,5 millones en 2023 del Ministerio de Igualdad en favor de su obra social para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata.
Una “reconversión” tras la muerte del dictador, sin una investigación oficial sobre los malos tratos a los que habían sido sometidas las menores en los conventos, señala la investigadora Consuelo García Cid, superviviente del Patronato.
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Oriol Solé Altamira-Victòria Oliveres, El Diario, 21 de febrero de 2025
Las Religiosas Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad, una de las congregaciones religiosas que participó en la represión de adolescentes a través de la institución franquista del Patronato, presenta a día de hoy una amplia actividad en España centrada en programas sociales de ayuda a la mujer. Muchos de ellos, subvencionados por fondos públicos que ascienden a 18 millones de euros desde 2021, según el análisis realizado por elDiario.es.
Entre las ayudas recientes más cuantiosas que ha recibido la Congregación, destacan los 1,5 millones de euros obtenidos en 2023 a través de una subvención nominativa (esto es, directa) del Ministerio de Igualdad en favor de su obra social “para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y contextos de prostitución” en siete comunidades autónomas.
Icomos suena en Córdoba a vigilancia y en concreto a estar muy encima del proyecto de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral, la que tenía que facilitar la carrera oficial que pasaba por el gran monumento. El organismo se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en España desde el año 1980.
Fiel a ello y a su condición de asesor de la Unesco[1], permaneció vigilante ante el proyecto de la retirada de la celosía de Rafael de La-Hoz, y en 2015 su entonces presidenta, Begoña Bernal, incluso aseguró que la estación de penitencia de las cofradías de Córdoba podía ser perjudicial para la conservación. Sin embargo, en septiembre de 2016, dieron el visto bueno al proyecto de abrir la segunda puerta, que se hizo realidad en la Semana Santa siguiente.
Ahora, tras un encuentro institucional mantenido el pasado domingo entre el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina Gaitán, quedó formalizada la incorporación del Cabildo Catedral al organismo como miembro institucional para colaborar en iniciativas conjuntas que redunden en la conservación de la Mezquita-Catedral
Ha registrado este miércoles en el Congreso una reforma legal para extender a las confesiones con notorio arraigo el régimen fiscal establecido para la Iglesia católica, rescatando la propuesta y el acuerdo al que había llegado el Gobierno en 2023 con esas confesiones
Vista por fuera de la catedral Santa María Magdalena de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Madrid / Gustavo Valiente – Europa Press – Archivo ____________________
El PSOE ha registrado este miércoles en el Congreso una reforma legal para extender a las confesiones con notorio arraigo –mormones, budistas, testigos de Jehová, la Iglesia ortodoxa y la Fe bahá’í– el régimen fiscal establecido para la Iglesia católica y el resto de confesiones que tienen firmados Acuerdos con el Estado –musulmanes, judíos y evangélicos–, para que todas ellas estén exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Se trata de una de las 37 enmiendas que el PSOE ha registrado al proyecto de Ley de Función Pública que actualmente tramita el Congreso y con la que se rescata la propuesta que los socialistas ya defendieron hace dos años y acodaron con las propias confesiones religiosas, pero que se frustró por el adelanto de las elecciones generales.
En concreto, los socialistas proponen añadir una disposición final nueva a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Ley de Mecenazgo).