Esta reflexión, a modo de carta abierta, va dirigida al (nuevo) Gobierno, cuando se configure, a los partidos y coaliciones que están negociando para la investidura de la presidencia, al poder legislativo, emanado de las elecciones del mes de abril y a las gobernanzas municipales y autonómicas.
Francisco Delgado, Nueva Tribuna, 26 de junio de 2019
En las campañas electorales de 2019 apenas se ha hablado o debatido sobre “laicidad de las instituciones y de sus representantes”. Ello preocupa a una gran parte de la sociedad. También en los programas y documentos electorales apenas aparece la cuestión de los Derechos Humanos en lo que afecta a la libertad de conciencia o la obligada laicidad de las instituciones públicas y de los poderes del Estado, como principio constitucional.
Existe una enorme deuda con la historia y con una gran parte de la ciudadanía de los diversos pueblos que constituyen el Estado español. Durante décadas y siglos, salvo en muy cortos espacios de tiempo, el catolicismo, como religión de Estado, ha sido impuesto, incluso -durante siglos- se prohibía cualquier otra religión o convicción no religiosa, pagando con hasta la muerte quienes no se declaraban católicos. No debemos olvidar que la última incruenta dictadura fue nacional católica y fascista. Muriendo decenas de miles de personas por defender la democracia y, junto a ello, principios republicanos y el derecho a la libertad de conciencia.
La Constitución vigente proclama, con más o menos claridad, la laicidad del Estado. No hay lugar a dudas: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Es cierto que no se proclama estrictamente el Estado laico y que se contempla que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Esa posiblemente fue la coartada para la firma del Concordato y otros Acuerdos. Pero ello, en ningún caso, debería de significar una tutela católica de las instituciones del Estado.
La realidad ha sido muy otra: Los diferentes gobiernos y los poderes legislativo y judicial se han ido “echando en brazos de los obispos” en multitud de temas y ocasiones: educación, servicios sociales, fiscalidad, patrimonio, folclore religioso y han ido retrasando ciertos derechos civiles.
Mantener relaciones de cooperación con cualquier entidad privada, sea religiosa, empresarial, sindical, fundación, etc., no significa que esa cooperación tenga que romper el principio constitucional de laicidad o el principio del artículo 14, de que todos y todas somos iguales ante la ley o el artículo 10 en cuanto al cumplimiento de la DUDH o el 27, al pleno desarrollo de la personalidad humana. Como así está siendo. Read the rest of this entry »
Posted by asturiaslaica 
