Enrique Ruiz del Rosal, Laicismo.org, 30 de mayo de 2019
A medida que se acerca cada año el mes de junio arrecia por tierra, mar y aire la campaña de publicidad y propaganda de la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) para intentar justificar la cuantiosa subvención pública recibida por la casilla del IRPF, principalmente para mantener a 116 obispos y cardenales, 18.164 sacerdotes, seminarios, congresos, 23.000 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, más alguna otra “cosilla”: 277,83 M€ correspondientes a la renta de 2017, declarada en 2018.
Desde el mes de febrero hasta junio, que se publica la Memoria Anual de actividades, la Iglesia católica (Ic, en adelante) se asegura de estar permanentemente en los medios de comunicación con la vehemencia agitativa que le permiten los casi 5 M€ que recibe de fondos públicos para tales menesteres.
A lo que está obligada la Ic desde el ignominioso acuerdo de 2006 con un gobierno socialista (aunque ya venía obligada por el Acuerdo concordatario sobre asuntos económicos de 1979) es a elaborar una Memoria que justifique las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria. Y los gobiernos de turno deberían exigírselo. Todo ello sin contar con la rendición de cuentas que debería reclamársele por las cuantiosas subvenciones directas (subvenciones) e indirectas (exenciones fiscales) y las transmisiones patrimoniales recibidas de la Administración Pública: no menos de 11.000 M€ anuales.
Por el contrario, se dedican a expeler nubes de negra tinta, cual calamar gigante, publicitando cuánto “invierte” en la sociedad, calculando el supuesto impacto económico de toda su actividad (patrimonio inmobiliario, actividades pastorales, fiestas religiosas, o actividad asistencial…), con la jerga economicista al uso (retorno social de la inversión, impacto en términos de PIB, cash flow). Read the rest of this entry »