La mayoría de comunidades autónomas no han aportado datos sobre las indemnizaciones regionales destinadas a víctimas del Franquismo y la Guerra Civil.
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Fuentes Público (Laura Prieto Gallego) | El País (Natalia Junquera) | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, 21 de junio de 2026
Este pasado jueves se han publicado los tres informes de las comisiones de Memoria Democrática: sobre la persecución del pueblo gitano, cuantificación de las ayudas económicas a víctimas del Franquismo y vulneración de los Derechos Humanos en la Transición.
Los tres órganos colegiados se convocaron en 2024, siguiendo con las directrices marcadas por la ley. Sus miembros han tenido un año para elaborar un documento que reflejase la información recabada, así como para desarrollar un listado de propuestas con los que avanzar en base a los principios de «verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición».
Reconocimiento e indemnizaciones a víctimas por la defensa de la democracia
La comisión para el estudio de las reparaciones económicas a víctimas comprendidas entre 1936 y 1978 ha contabilizado 611.828 indemnizados por los diferentes gobiernos de la democracia. La cifra final que arroja el estudio de dicha comisión refleja un acumulado desde 1976 hasta diciembre de 2024 de 22.160 millones de euros, si bien, el Ministerio de Memoria Democrática estima que la cifra real podría ascender a los 25.000 millones, ya que no se ha conseguido recabar información sobre las indemnizaciones a funcionarios republicanos. Se trata de las víctimas y represaliados del bando republicano, ya que las que el bando vencedor de la Guerra Civil ya fueron reparadas durante la dictadura.
Este estudio ha detallado cada uno de los decretos orientados a compensar económicamente a víctimas republicanas y familiares de las mismas. De igual manera, se ha evaluado el grado de cobertura alcanzado, a qué colectivos se ha beneficiado y los posibles déficits a subsanar.
El grueso de las pensiones e indemnizaciones han sido aportadas desde los ministerios y han tenido como destinatario a los afectados o a sus familiares directos. Los principales perfiles beneficiarios son: personas mutiladas, militares y funcionarios republicanos, fallecidos y desaparecidos, ex presos políticos, niños de la guerra y personas perseguidas por su orientación sexual.
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Aunque no se conoce en detalle cuál fue el presupuesto destinado a este fin año a año, los datos referidos a 2024 (el último del que hay cifras) dan una aproximación. En esos doce meses todavía había 10.632 ciudadanos vivos recibiendo una pensión a causa de la Guerra o la Dictadura, a quienes en cómputo total se les ingresó 89.250.812 euros.
En cuanto a Comunidades
La mayoría han complementado las prestaciones a las víctimas con otra serie de decretos ley. A excepción de Galicia y las dos ciudades autónomas, se ha podido confirmar que este ha sido el modo de actuación más habitual. Aun así, el cuadro con la información facilitada muestra un régimen de reparaciones muy desigual de una autonomía a otra y muy inferior al programa estatal. Los autores de este informe sólo han obtenido datos cuantitativos de Catalunya, Navarra, Andalucía, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha. El Gobierno trató de recabar información de todas las comunidades autónomas para detallar esos datos en cada territorio, pero la mayoría de las del PP no colaboraron.
El cuadro con la información facilitada muestra un régimen de reparaciones muy desigual de una autonomía a otra y muy inferior al programa estatal:
Así, el total de beneficiados en las seis comunidades de las que hay información asciende a 26.231, siendo 61 de Canarias; 983 de Asturias; 22.152 de Cataluña y 2.522 en Andalucía. En cuanto a las cantidades, las autoridades catalanas han otorgado 52,7 millones de euros; las andaluzas, 9,4 millones; las asturianas, 3,4 millones; las castellano manchegas 3.2 millones; las navarras algo más de 495.000 euros y las canarias, cerca de 325.000. El total de las seis autonomías supera 69,7 millones de euros.
Euskadi no ha podido aportar cifras a este respecto porque se encuentra aún consolidando su información regional. A pesar de ello, el Eusko Jaurlaritza ha aportado información detallada sobre las diferentes normativas que han dado lugar a la reparación económica de un amplio espectro de víctimas. El resto de regiones no han facilitado ningún tipo de información.
| COMUNIDADES | BENEFICIADOS/AS | CANTIDAD por COMUNIDAD |
| Canarias | 61 | 325.000 euros |
| Asturias | 983 | 3,4 millones |
| Cataluña | 22.152 | 52,7 millones |
| Andalucía | 2.522 | 9,4 millones |
| Navarra | 425.000 euros | |
| Castilla La Mancha | 3,2 millones |
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Con esta información, se concluye que se ha indemnizado de alguna manera a 26.231 ciudadanos, con un total de 69.722.448 euros.
Un Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia, amplía los derechos reconocidos e introduce una serie de novedades
Más allá de centralizar los datos sobre compensaciones económicas, este equipo de expertos tenía como misión encontrar las «lagunas» legislativas. La comisión señala la conveniencia de “promover nuevas líneas de estudio para determinar posibles subsanaciones o, al menos, aumentar el grado de conocimiento” sobre los siguientes colectivos: “mujeres internadas en los reformatorios franquistas del Patronato de Protección de la Mujer; Víctimas de represión por motivos de creencia religiosa; militares represaliados en el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas; personas represaliadas por su orientación sexual y personas represaliadas a través de la psiquiatría franquista”. Además, el Ministerio de Igualdad apuntó como “posibles colectivos a reparar”, entre otros, a las mujeres víctimas de violencia sexual durante la Guerra Civil y la posguerra; maestras de la república represaliadas y mujeres víctimas del robo de niños durante el franquismo y parte de la dictadura.
Informe Comisión Técnica para el estudio de reparación de medidas económicas | En PDF
Fuente Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
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Una deuda histórica con el pueblo gitano
El Gobierno también publica el informe final de la “comisión de trabajo sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano”, que acaba de cumplir seis siglos de presencia en España. El documento recorre la historia de persecución y discriminación del colectivo, incluida la conocida como “gran redada” de 1749, diseñada por el Marqués de la Ensenada (Zenón de Somodevilla) y definida en el texto como “un intento de exterminio burocrático”. El Marqués de la Ensenada aún cuenta con calles a su nombre en el país, algo que el Ejecutivo, según fuentes de la secretaría de Estado de Memoria Democrática, pretende revertir.
«Durante siglos se buscó el control, la asimilación y desaparición cultural de esta etnia«, concluye el informe destinado a investigar la discriminación estructural del pueblo gitano en España. Es, de lejos, el más extenso y documentado de los tres.
Expertos y representantes de diferentes asociaciones gitanas han participado en la elaboración de este texto, que resume más de 600 años de persecución y exclusión. Una historia de Memoria Democrática que la mayoría de españoles desconocen y que aún muchas comunidades no han implantado en sus currículos educativos.
Con la victoria de Franco en la Guerra Civil empezó, según el estudio, “una de las etapas más duras de represión cultural”, ya que el régimen concebía la diversidad como una amenaza a la “unidad nacional católica”. Los archivos policiales de la época acumulan “centenares de fichas abiertas a familias gitanas enteras” a las que en muchos casos describen como “bandas nómadas” o “elementos subversivos” sin acusaciones concretas. La Guardia Civil tenía órdenes específicas de “vigilar gitanos”. Fuentes de la secretaría de Estado de Memoria Democrática aseguran, una vez finalizado el informe de la Comisión, que ha quedado demostrado que “el antigitanismo es algo estructural” y que sus consecuencias perviven hoy y quedan en evidencia en datos como que el 85,9% viva en riesgo de pobreza o que más del 60% del alumnado no termine la ESO o que según el último Eurobarómetro sobre Discriminación, más de la mitad de los españoles no se sentirían cómodos si sus hijos tuvieran un compañero de clase gitano y el 33% sentiría esa misma incomodidad si tuviera contacto diario con gitanos en el trabajo.
Para reparar esta invisibilización, se han desarrollado varias recomendaciones. Se propone incluir esta materia en las 18 cátedras de Memoria; o formar en diversidad al profesorado y a los funcionarios públicos, especialmente a los Cuerpos de Seguridad. Una de las grandes propuestas de este informe aboga por organizar un acto de Estado con presencia de todas las instituciones que reconozca la discriminación estructural que han sufrido y sufren los gitanos.
Informe sobre las medidas necesarias para aplicar los principios de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España | En PDF
Fuente. Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática
