El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983. La comisión prevista en la Ley de Memoria para estudiar vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 excluye a asesinados por los GAL. Según el PP, pretendía blanquear a ETA
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Fuentes El País (Natalia Junquera) | El Diario, 18 de junio de 2026
El Ejecutivo publica los informes previstos por la Ley de Memoria Democrática, que analizan vulneraciones de derechos humanos desde la aprobación de la Constitución, la represión del pueblo gitano y el alcance de la reparación económica a los republicanos
El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978.
Informe sobre vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia
Félix Domínguez, trabajador de la fábrica de Uralita, su esposa, Florencia Martín de la Fuente, y su hijo Juan Félix regresaban a su casa en Cedillo del Condado (Toledo) después de haber pasado el sábado en la vivienda de un familiar donde vieron El diablo sobre ruedas, de Steven Spielberg. En la carretera, en un cruce próximo a Valmojado, observaron una linterna a lo lejos. Félix pensó que eran “unos gamberros” que salían de una discoteca cercana tirando piedras y pasó de largo. El coche en el que viajaba con su familia fue tiroteado y una de las balas alcanzó a Juan Félix, que iba en el regazo de su madre, también herida. Agentes de la Guardia Civil habían dispuesto un control de carretera mal señalizado y al ver que el vehículo no se detenía, dispararon contra él. El pequeño, que acababa de cumplir dos años, murió. Era 19 de febrero de 1983.
El suyo es el último nombre en el listado de víctimas elaborado por la comisión que el Gobierno constituyó, en cumplimiento de la Ley de Memoria democrática, para analizar las violaciones de derechos humanos cometidas desde la entrada en vigor de la Constitución Española (diciembre de 1978) hasta el 31 de diciembre de 1983. El primero de la lista es José Luis Muñoz Pérez, un chaval de 15 años, muerto también por disparos de Guardia Civil en otro control, en este caso, en Navalcarnero (Madrid) el 6 de enero de 1979, día de Reyes.
Cuando se aprobó la Ley de Memoria Democrática (2022), que incluía en una de sus disposiciones adicionales el compromiso de constituir esa comisión, la derecha se apresuró a decir que era una imposición de EH Bildu para incluir a asesinados por los GAL como víctimas del franquismo y para blanquear al entorno de ETA. José María Aznar sostuvo que era una norma “hecha por terroristas y pactada con terroristas”. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, lo desmintió en este periódico, lo que no evitó que la derecha insistiera en su versión.
El informe final de la comisión técnica, integrada por catedráticos de Derecho penal e Historia contemporánea, entre otros especialistas, enumera 63 casos de muerte a manos de grupos de extrema derecha o de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado entre diciembre de 1978 y diciembre de 1983. Durante el debate sobre el proyecto de la ley, el PSOE y Unidas Podemos plantearon una enmienda al texto para ampliar la extensión temporal de ese estudio, como reclamaban varias asociaciones memorialistas. En un principio se barajó poner 1982 como tope, pero para que no les acusaran de dejar fuera al primer Gobierno socialista, decidieron extenderlo hasta 1983, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El informe de la comisión explica que “quedan expresamente excluidas” del informe “las muertes de personas integradas en organizaciones terroristas, que participaran en actividades orientadas a subvertir el orden constitucional mediante el uso de la violencia o fallecieran como consecuencia de la manipulación de explosivos o armas con fines ilícitos”. Ni “los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español o del GAL”, especifica, están incluidos.
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Tras un intenso debate, la comisión decidió ceñirse a los casos de muerte, excluyendo torturas o daños psicológicos, por la mayor disponibilidad de documentación fiable. De esas 63 víctimas contabilizadas, 22 corresponden a fallecidos en 1979; 28 en 1980; 9 en 1981; tres en 1982 y una en 1983. Y del total, el 76% son víctimas de grupos de extrema derecha y el resto, de abusos policiales.
El texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes actores -entre ellos, ETA, que fue el que más -personas mató-, pero específicamente se detiene en aquellas prácticas “antidemocráticas” que tenían por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En este marco, el estudio comprende las muertes cuya “causa directa” sea la actuación de agentes policiales mediante el “uso ilegal de la fuerza” y de grupos de extrema derecha que “pretendían frenar el avance democrático mediante el uso del terror”, muchas veces con la “tolerancia” de las autoridades.
El informe asume que la aprobación de la Constitución “no bastó por si sola” para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la Transición fue “un espacio gris” en el que siguieron produciéndose intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones, protestas, comisarías, controles… El conocido como “gatillo fácil” es atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que permitió que, ya en democracia, “se mantuvieran” este tipo de prácticas.
Contiene una ficha individual de cada caso. En la del niño Juan Félix Domínguez se incluyen sendos editoriales de este periódico sobre el suceso. El primero, titulado El orden público, la continuidad y el cambio, planteaba: “¿Ha establecido el ministro del Interior [José Barrionuevo, del PSOE] cambios en lo que se refiere a la adecuada proporción entre las infracciones de orden público y la eventual respuesta de los cuerpos de seguridad? ¿O se ha limitado simplemente a dar por buenas las costumbres del pasado?“. El segundo editorial, Dos días de febrero, publicado en el segundo aniversario del 23-F, criticaba “la asombrosa falta de sensibilidad” del Gobierno al no enviar ningún representante al entierro del niño y las declaraciones del entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, quien había culpado al padre de la víctima de lo sucedido: “Nos han devuelto al túnel del tiempo en el que los medios oficiales podían ofender gratuitamente a las víctimas de una equivocada política de orden público”. El agente que disparó al interior del vehículo fue condenado a dos meses y un día de arresto. A raíz del suceso, se modificaron las normas sobre el uso de armas en ese tipo de controles y su señalización.
El listado de víctimas elaborado por la comisión incluye a estudiantes, empleados de fábrica, un artista, un bracero de carga, el propietario de un bar, transportistas, un albañil, un jornalero, una agricultora, un zapatero, un chatarrero, un opositor, varios taxistas… Algunos muy conocidos, como la estudiante Yolanda González, de 19 años, asesinada en 1980 por el ultra Emilio Hellín, que posteriormente fue asesor de la Policía y la Guardia Civil; o Arturo Pajuelo, líder vecinal de Orcasitas, de 33 años, apuñalado por ultraderechistas en la manifestación del Primero de Mayo de 1980. Pero también hay nombres de hombres y mujeres cuyas muertes no tuvieron el mismo eco y que no siempre obtuvieron justicia.
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El ‘caso Almería’
Entre las víctimas figuran tres hombres fallecidos a consecuencia de las torturas de la Guardia Civil tras ser confundidos con miembros de ETA. Los hechos sucedieron en mayo de 1981 en Almería. Juan Mañas, Luis Manuel Cobo y Luis Montero, amigos de Santander, de 24, 29 y 33 años, respectivamente, se dirigían a la primera comunión del familiar de uno de ellos en la localidad de Pechina. Diez horas después de su detención, aparecieron muertos en el interior del vehículo que habían alquilado para el viaje. Los cuerpos estaban mutilados, mostraban signos de tortura e impactos de bala en la cabeza y el resto del cuerpo. EL PAÍS informó de las presiones y amenazas que recibió el abogado de las víctimas, al que llegaron a colocar una bomba en los bajos del coche. También informó este diario, y así lo recuerda la comisión técnica en su informe, de que los agentes implicados cobraron de los fondos reservados al salir de prisión. El jefe de la Guardia Civil de Almería cuando se produjeron los hechos había sido condenado por homicidio a 24 años de cárcel y el teniente y el agente que participaron en el suceso a 15 y 12 años, respectivamente. El primero cumplió 11; cuatro de ellos en régimen abierto; el segundo, siete y el tercero, cinco. En febrero de 2023, es decir, más de cuatro décadas después, la directora general de la Guardia Civil pidió perdón en nombre del Estado en un acto público.
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Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aseguran que, una vez concluido el trabajo de la comisión de estudio, el Gobierno impulsará su “reparación moral” y el “acceso a la verdad judicial mediante los instrumentos de jurisdicción voluntaria que prevé la Ley de Memoria Democrática”. La comisión recomienda abrir “un canal institucional permanente” que permita a familiares y organizaciones de derechos humanos presentar solicitudes documentadas para que otros casos puedan sumarse a listado de víctimas reconocidas por violaciones de derechos humanos y plantea que, “una vez que los listados alcancen un estado de solvencia adecuado”, se consideren “pasos ulteriores” en los pilares de la llamada justicia transicional: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memorialización, tal y como recoge el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Congreso convalidó el pasado marzo el decreto ley de indemnizaciones para víctimas de la represión entre 1968 y 1978. El texto modifica la Ley de Memoria Democrática de 2022 con una nueva disposición adicional que reconoce el derecho a recibir indemnizaciones de 250.000 euros para los familiares de fallecidos entre 1968 y 1978; de 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros en el caso de gran incapacidad, siempre que los afectados no hubieran percibido antes cantidad alguna del Estado por ese motivo. El objetivo, explican fuentes del Gobierno, es equiparar la reparación a la de las víctimas del terrorismo, es decir, “que no haya víctimas de primera y de segunda”.
Informe sobre las vulneraciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983
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Fuente El Diario
