La iniciativa de Sumar también plantea cambiar el enaltecimiento del terrorismo por un agravante contra vejaciones a víctimas
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Demócrata, 15 de junio de 2026
PSOE y Sumar han optado por reactivar la tramitación de la reforma del Código Penal destinada a suprimir los llamados delitos de opinión, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos del Estado. Esta fue la primera propuesta que el grupo plurinacional llevó al Pleno en la actual legislatura y, desde diciembre de 2023, permanecía «congelada» en la Comisión de Justicia.
Ahora, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias, las dos formaciones que integran el Ejecutivo de coalición han acordado que la Mesa del Congreso, donde cuentan con mayoría, cierre por fin el plazo de presentación de enmiendas al proyecto.
La previsión es que este martes el órgano de gobierno de la Cámara adopte formalmente la decisión. En caso de que algún grupo registre una enmienda de totalidad, deberá aportar un texto alternativo y, si estas son rechazadas, se pasarán a debatir las enmiendas parciales.
Posteriormente se convocará la ponencia encargada de estudiar las enmiendas y, a continuación, se reunirá la Comisión de Justicia. Al tratarse de una modificación del Código Penal mediante ley orgánica, su aprobación en el Pleno exigirá mayoría absoluta.
Un pacto previo que no llegó a culminarse
En julio de 2024, Sumar y el PSOE ya hicieron público un acuerdo para derogar estos delitos de opinión, ligado a otra modificación de la Ley Orgánica que regula el derecho al honor, con el objetivo de introducir una «reparación pública» en aquellos procedimientos judiciales prolongados que finalmente no concluyen en apertura de juicio oral y que provocan un daño reputacional a la persona afectada.
En ese marco, ambas fuerzas del Gobierno consensuaron suprimir el delito contra los sentimientos religiosos, al considerar que el vigente artículo 525 del Código Penal ha dado pie a querellas promovidas por colectivos como Abogados Cristianos contra representantes del ámbito cultural y de los medios de comunicación.
También plantearon entonces la derogación de los delitos contra la Corona (490.3 y 491), que han supuesto condenas para humoristas, así como de las injurias a las altas instituciones del Estado (504), entre ellas el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o las Fuerzas Armadas.
Pese a ese anuncio, en aquel momento no se llegó a desbloquear la proposición de ley de Sumar, que, según avanzan ahora, se pondrá de nuevo en marcha. Esa iniciativa incluye igualmente la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo para evitar condenas a intérpretes y creadores, sustituyéndolo por un agravante en el artículo que regula la alevosía en las vejaciones a las víctimas, con la intención de reforzar su protección.
En la legislatura anterior ya se admitieron a trámite dos proposiciones de ley sobre estas cuestiones, que no llegaron a culminar su recorrido parlamentario. Por ello, Sumar volvió a plantear ambas materias al comienzo de la legislatura actual.
Protección de la Casa Real y de las instituciones
El grupo plurinacional sostiene que debe dejar de aplicarse el delito contra los sentimientos religiosos o el escarnio público a las confesiones por ser «innecesario», al estar las creencias amparadas por otros preceptos, como la libertad religiosa, y favorecer así una «crítica civilizada».
El mismo razonamiento esgrimido se aplica a las injurias a la Corona, que han dado lugar a resoluciones condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España. Subrayan que su eliminación no provocará «indefensión» a la Casa Real, que seguirá amparada, como cualquier ciudadano, por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del derecho al honor.
El texto contempla igualmente la eliminación del delito de ultrajes a la patria y la supresión de las injurias a la nación, figura vinculada a actos dirigidos contra órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional y que apenas ha tenido aplicación. Al igual que con la Corona, Sumar argumenta que estas instituciones ya disponen de la cobertura de los delitos de injurias, calumnias y de la normativa sobre el honor.
Revisión del enaltecimiento del terrorismo
En cuanto al enaltecimiento del terrorismo, se persigue su revisión tras el endurecimiento de esta figura en 2015, coincidiendo con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando organizaciones como ETA o los GRAPO ya no estaban activas.
Según remarcan, esta tipificación ha originado condenas que ponen en cuestión la libertad de expresión, como las que afectaron a cantantes (entre ellos los raperos Pablo Hasél o Valtónyc) y al caso de los «titiriteros» en Madrid. Recuerdan además que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la condena al vocalista del grupo «Def con Dos», César Strawberry.
Sumar incluye también en su proposición la modificación del artículo 538 del Código Penal, que prevé la inhabilitación de entre seis y diez años para agentes de la autoridad o funcionarios que, fuera de los supuestos permitidos por la ley, requisen libros y publicaciones o suspendan contenidos en Internet o emisiones de radio y televisión. A ello se suma la inhabilitación para el personal público que obstaculice el ejercicio colectivo de la libertad de expresión por vincular a personas con organizaciones sindicales.
