Convocan una Asamblea Plenaria Extraordinaria el 9 de julio para aprobar el plan PRIVA, que no tiene en cuenta la auditoría Cremades, las propuestas del Defensor del Pueblo ni las peticiones de los supervivientes. El plan debe ser aprobado por dos tercios de los presentes en la reunión.
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Fuentes: Jesús Bastante, El Diario–Religión Digital / Julio Núñez, El País, 5 de julio de 2024
No habrá indemnizaciones para todas las víctimas, solo para aquellas cuyos casos estén prescritos y si no hay intervención judicial. La Conferencia Episcopal española dio un nuevo paso atrás en la lucha contra los abusos sexuales a menores y dejó para la semana que viene, en una Asamblea Plenaria extraordinaria, la aprobación del PRIVA (Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho), que en ningún caso será de obligado cumplimiento y en el que no han participado, al menos directamente, las víctimas de abusos.
El portavoz de la CEE, César García Magán, ha apuntado en rueda de prensa que el futuro texto, caso de ser aprobado, “está orientado a la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, principalmente en los que ha fallecido el victimario o el caso ha prescrito, para ofrecer una reparación adecuada que responda a la demanda que cada paso particular requiere”. Sí, habrá reparación económica, aclaró Magán, aunque no para todas las víctimas.
No entran en números
“El PRIVA no entra en el número de cifras, sino que se activa un protocolo de actuación, un camino para que las víctimas puedan acudir allí”, apuntó Magán, que admitió que el plan no atenderá a todas las víctimas, sino solo a “aquellos casos en los que no es posible seguir por una vía judicial, pero sí una obligación moral para salir al encuentro”.
¿Qué ha pasado con todos los informes encargados y recibidos, desde la auditoría de Cremades al informe del Defensor, pasando por las peticiones de las víctimas? Magán salió por la tangente para apuntar que todo “está integrado” en el Para dar luz, un polémico informe que ha sido duramente criticado por las víctimas de abusos que llegaron a exigir su retirada.
El plan, añadió Magán, “implicará una personalización de la misma, escuchando a cada víctima”, sin descartar ningún tipo de materia, “también un apoyo económico a las víctimas”. Según la nota de prensa del episcopado, la Permanente “ha estudiado el Plan y ha realizado diversas aportaciones que se han incorporado al texto”.
El PRIVA ha sido elaborado por el Servicio de Asesoramiento de las Oficinas para la protección de menores, y ha ido incorporando las observaciones de los obispos en sus distintas reuniones; las ideas recogidas en el Mensaje al Pueblo de Dios «Enviados a acoger, sanar y reconstruir» (Plenaria noviembre 2023); las indicaciones del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos; del órgano de Compliance de la Conferencia Episcopal; y de la CONFER. Nada se dice, en dicha nota, de la participación de las víctimas.
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Los obispos fijan este plan sin haber tenido en cuenta a las principales asociaciones de víctimas, a pesar de acordar con ellas hace meses crear una agenda conjunta de trabajo para abordar cómo sería el pago de indemnizaciones y la renovación de los sistemas de protección y prevención. El presidente de los obispos, Luis Argüello, anunció a finales de junio durante la visita de la cúpula de la CEE al papa Francisco en el Vaticano que el plan de reparación estaría listo “en unas semanas”. Las principales asociaciones de víctimas mostraron su sorpresa: Argüello aún no se había reunido con ninguna de ellas, como había prometido. Las organizaciones de afectados rompieron entonces con la CEE. “Han preferido defender a los pederastas”, dijeron las asociaciones en un comunicado conjunto.
Sobre ellas, el portavoz de la CEE señaló que “ha habido encuentros con las víctimas, algunos han trascendido y otros no”, sin precisar si se invitará a las víctimas a esta plenaria extraordinaria. “Nunca vamos a decir lo que las víctimas han dicho aquí. Es un terreno sagrado el que pisa. Se les invita siempre a esos encuentros, cada una opta y su asistencia o no, que es legítima, respetamos y nada que comentar”.
Una factura millonaria
La cuantía de lo que puede llegar a pagar la Iglesia se desconoce de momento, aunque se estima que puede ser millonaria. La media en otros países católicos donde los obispos ya han pagado es de unos 35.000 euros por víctima. Basta con analizar el número de las víctimas registradas en España para hacerse una idea del monto que podría desembolsar la Iglesia. La base de datos de EL PAÍS contabiliza al menos 2.735 personas que acusan de pederastia a 1.532. No obstante, este dato solo hace referencia a los casos que han salido a la luz, la punta de un iceberg gigantesco. El cálculo sobre el escándalo publicado por el Defensor del Pueblo en el informe que hace dos años le encargó el Congreso de los Diputados es que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos eclesiásticos, un porcentaje que equivale a unas 440.000 personas, según los cálculos de este diario.
Los obispos siempre se habían negado a elaborar un plan de indemnizaciones. De hecho, siempre habían esquivado con ambigüedades las preguntas de la prensa sobre el tema. Cuando el Defensor del Pueblo dio a conocer en su informe la necesidad de reparar a las víctimas, fue cuando los obispos se comprometieron a trabajar para repararlas, aunque matizaron, ante la propuesta del Defensor de establecer un fondo común, que no se iba a someter a una comisión independiente que fiscalizase la entrega de las indemnizaciones.
La futura aprobación del documento de los obispos también es un mensaje para el Gobierno de que no va a participar en el plan del Ministerio de Presidencia y Justicia, presentado en abril, para indemnizar a las víctimas de pederastia eclesial cuyos casos estén prescritos penalmente. El proyecto está en línea con las recomendaciones que presentó el Defensor de Pueblo y que consiste en crear un órgano especial e independiente, integrados por especialistas, de carácter temporal para fijar la reparación de cada víctima y que “exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones”.
El mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobó el plan, los obispos publicaron un comunicado en el que se negaban a colaborar si los resarcimientos no incluyen a todos los afectados, no solo a los de ámbito religioso.
Más información: Así es ‘PRIVA’ el plan de reparación integral de CEE y CONFER, Religión Digital
